STC1423-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1423-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-00835-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 9 de julio de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Helman Vladimir Sanabria G\u00f3mez contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Bogot\u00e1\u00b8 el Delegado de la Fiscal\u00eda, el Representante del Ministerio P\u00fablico, las partes y dem\u00e1s intervinientes de la causa penal a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la \u00abdoble instancia\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, en el marco del procedimiento judicial donde result\u00f3 condenado como autor responsable del delito de acceso carnal violento agravado, identificado con el radicado No. 2005-00087-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando \u00abconceder la apelaci\u00f3n ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para que se resuelva la impugnaci\u00f3n a la sentencia condenatoria del Juzgado Veintiuno Penal de Conocimiento de la [misma ciudad] (\u2026); garantizar [su] derecho constitucional y jur\u00eddico al debido proceso aceptando la doble instancia y permitir que la sentencia condenatoria sea revisada por una segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que el 18 agosto de 2010, el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de esta capital lo declar\u00f3 culpable de la citada conducta punible, por lo que lo conden\u00f3 a 180 meses de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n que apel\u00f3 inmediatamente fue dictada, pero su defensor se abstuvo de sustentar el recurso; adem\u00e1s, dos (2) d\u00edas despu\u00e9s de emitido el fallo fue trasladado de la C\u00e1rcel Modelo de Bogot\u00e1 a la Penitenciaria de El Barne en C\u00f3mbita, Boyac\u00e1, de manera que hasta el 4 de octubre de ese a\u00f1o su c\u00f3nyuge solicit\u00f3 al juzgado \u00abprorrogar\u00bb el t\u00e9rmino para apelar, solicitud que \u00e9l reiter\u00f3 el d\u00eda 5 del mismo mes y a\u00f1o, misma calenda en que solicit\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo investigar a su defensor, expuso ante la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n una \u00abserie de inconsistencias a lo largo del proceso\u00bb, y denunci\u00f3 penalmente al Fiscal que conoci\u00f3 su caso; fue as\u00ed que el 22 de noviembre de 2010 el Juzgado de conocimiento se manifest\u00f3 sobre su solicitud de pr\u00f3rroga, y el 1\u00b0 de diciembre siguiente present\u00f3 la alzada; no obstante, el 8 de julio de 2011 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 declar\u00f3 desierto el citado mecanismo, situaci\u00f3n que, en su criterio, hace necesaria la intervenci\u00f3n en el asunto por parte del juez de tutela. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) La Fiscal\u00eda 268 Seccional de Bogot\u00e1, indic\u00f3 que la solicitud de protecci\u00f3n no cumple con el requisito de procedibilidad de la inmediatez. <\/p>\n
b.) La Procuradora 371 Judicial Penal se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n del Tribunal de no tramitar la apelaci\u00f3n del gestor no vulner\u00f3 sus derechos fundamentales, sin que pueda ser de recibo el argumento del gestor consistente en que no pudo sustentar la alzada porque fue trasladado a otro centro de reclusi\u00f3n, ya que en el mismo periodo present\u00f3 quejas contra el delegado de la Fiscal\u00eda y ante el Ministerio P\u00fablico, en vez de proceder a lo de su cargo. <\/p>\n
c.) La Fiscal\u00eda 240 Seccional de Bogot\u00e1 inform\u00f3, que en el sistema misional SPOA el gestor registra ocho condenas por delitos contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexuales. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Especializada en lo Penal de esta Corte neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, tras encontrar incumplido el requisito de procedibilidad de la inmediatez, ya que \u00abla demanda de tutela fue recibida en esta Corporaci\u00f3n el 11 de junio de 2020 y la providencia que, aparentemente, afect\u00f3 los intereses de Helman Vladimir Sanabria G\u00f3mez fue emitida el 8 de junio de 2011 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. Esto es, despu\u00e9s de transcurridos nueve (9) a\u00f1os desde que la gestora tuvo conocimiento de la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De otro lado consider\u00f3, que \u00abla Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (8 de junio de 2011) recalc\u00f3 que el tr\u00e1mite de los recursos en materia penal est\u00e1 ampliamente determinado en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, por tanto, el juez como los dem\u00e1s intervinientes deben ce\u00f1irse a dicha regulaci\u00f3n, que para el caso correspond\u00eda a la Ley 1395 de 2010 de acuerdo al momento procesal que se surt\u00eda la actuaci\u00f3n. M\u00e1s adelant\u00e9, determin\u00f3 que el incumplimiento de la carga procesal de sustentar la alzada dentro de los l\u00edmites temporales impuestos, ten\u00eda como consecuencia ineludible la declaratoria de desierto del recurso\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo observ\u00f3, que \u00abno es de recibo la justificaci\u00f3n que ofrece la parte actora para no presentar la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino, pues aunque Helman Vladimir Sanabria G\u00f3mez hubiera sido trasladado a un centro carcelario distinto al lugar donde se tramitaba el proceso penal en su contra, igual \u00e9ste pudo allegar el escrito con argumentos en contra de la sentencia condenatoria, a trav\u00e9s de las autoridades carcelarias del lugar de reclusi\u00f3n en que se encontraba, sin embargo, no lo hizo\u00bb. <\/p>\n
Finalmente consider\u00f3, \u00aben cuanto a la alegaci\u00f3n de violaci\u00f3n del derecho fundamental a la \u00abdoble instancia\u00bb expresada por el actor, es preciso resultar que la decisi\u00f3n goza de presunci\u00f3n de acierto y legalidad. Asimismo, teniendo en cuenta la fecha de emisi\u00f3n de la sentencia (29 de septiembre de 2010), frente a la misma no hay lugar a discutir la aplicaci\u00f3n de la garant\u00eda de la doble conformidad judicial en los t\u00e9rminos expuestos, \u00fanicamente6, por el magistrado ponente de esta decisi\u00f3n en salvamentos de voto dentro de las tutelas con radicados 107724, 108743 y 109529\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por el promotor, con similares argumentos a los del escrito inicial; a m\u00e1s de agregar, que fue notificado de la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 de no tramitar su alzada hasta el \u00ab8 de agosto de 2019\u00bb, y tard\u00f3 en solicitar la protecci\u00f3n debido a la pandemia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela procede excepcionalmente contra providencias o actuaciones judiciales, s\u00f3lo cuando el funcionario judicial adopta una decisi\u00f3n opuesta al r\u00e9gimen legal aplicable, evento en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, pero solo si el afectado acude al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no dispone o no dej\u00f3 fenecer los medio ordinarios y efectivos para lograr la protecci\u00f3n. <\/p>\n
La Corte ha insistido en la necesidad de verificar los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, como requisito de procedibilidad a cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, a tal punto que la falta de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa que la censura del ciudadano Hellman Vladimir est\u00e1 encaminada, concretamente, frente a la decisi\u00f3n del 8 de junio de 2011 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, de \u00ababstenerse de resolver de fondo el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb que present\u00f3 contra la sentencia del 29 de septiembre de 2010 del Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de la misma ciudad, con que fue condenado como autor del delito de acceso carnal violento agravado, pues seg\u00fan su dicho, no pudo sustentar en tiempo la alzada interpuesta frente a lo resuelto, debido a que fue trasladado a otro centro de reclusi\u00f3n. <\/p>\n
3. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por incumplir con el presupuesto general de procedibilidad de la prontitud, pues como qued\u00f3 visto, la decisi\u00f3n cuestionada data del 8 de junio de 2011, mientras el amparo constitucional s\u00f3lo fue presentado hasta el 11 de junio de 2020, es decir, transcurridos nueve (9) a\u00f1os, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Ciertamente, como el prop\u00f3sito del actor es reprochar la conclusi\u00f3n a que se lleg\u00f3 dentro de la precitada determinaci\u00f3n de la Colegiatura accionada, al ser evidente que su reclamo no guarda razonable cercan\u00eda en el tiempo con la fecha de esa actuaci\u00f3n, queda patente la improcedencia del resguardo solicitado, sin que medie explicaci\u00f3n alguna para que hasta ahora considere que la misma gener\u00f3 la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad de la tutela en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. (CSJ STC703-2020). <\/p>\n
4. Ahora, aunque el actor manifest\u00f3 en su escrito de impugnaci\u00f3n que interpuso la solicitud de protecci\u00f3n hasta ahora, porque se enter\u00f3 de la aludida decisi\u00f3n del Tribunal hasta el 8 de agosto de 2019, ello no es motivo suficiente para la intervenci\u00f3n sobre el particular por parte del juez de tutela, porque esa situaci\u00f3n difiere de la expuesta al presentarse la solicitud de protecci\u00f3n, y por ende, no fue puesta en conocimiento de los accionados para que ejercieran su derecho de contradicci\u00f3n, motivo por el cual no pueden ser sorprendidos con una decisi\u00f3n al respecto; adem\u00e1s, es una afirmaci\u00f3n, no solo desprovista de si quiera un principio de prueba que la respalde, sino tambi\u00e9n contraria a las reglas de la experiencia, que no hacen plausible asimilar que se hubiese presentado una demora de m\u00e1s de ocho (8) a\u00f1os en la notificaci\u00f3n a un recluso de una decisi\u00f3n judicial que podr\u00eda tener el efecto de concederle la libertad, sin que \u00e9ste hubiese formulado reclamo alguno al respecto. <\/p>\n
5. En todo caso, t\u00e9ngase en cuenta que aun con abstracci\u00f3n del incumplimiento del requisito de procedibilidad de la tutela que viene de comentarse, la decisi\u00f3n de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, de abstenerse de resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la decisi\u00f3n con que fue condenado el aqu\u00ed interesado, lejos est\u00e1 de poder ser catalogada como arbitraria o antojadiza, lo que descarta la posibilidad de intervenci\u00f3n sobre la misma por parte del juez de tutela, en tanto se sustent\u00f3 en que el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de aquella ciudad \u00abluego de haber analizado la situaci\u00f3n aludida por el procesado para solicitar la revocatoria de la declaratoria de desierto del recurso, neg\u00f3 la reposici\u00f3n de su decisi\u00f3n. No obstante, en clara contradicci\u00f3n, a rengl\u00f3n seguido, poniendo de presente la intenci\u00f3n del acusado en sustentar, decide reponer el auto impugnado y habilitar cinco d\u00edas m\u00e1s para la presentaci\u00f3n del escrito (\u2026) [e]n ese orden de ideas, estando a lo dispuesto por el a quo en cuanto a la declaratoria de desierto del recurso por ajustarse a la legalidad, la Sala de Decisi\u00f3n no puede entrar a pronunciarse de fondo sobre la apelaci\u00f3n, absteni\u00e9ndose de adicionales pronunciamientos\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular ha se\u00f1alado invariablemente la Sala de tiempo atr\u00e1s que, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC825-2020). <\/p>\n
6. Finalmente, si el reclamo del actor sobre la vulneraci\u00f3n de su derecho a la \u00abdoble instancia\u00bb, apunta a que se verifique la garant\u00eda de la \u00abdoble conformidad\u00bb sobre la condena que le fue impuesta por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Bogot\u00e1 el 29 de septiembre de 2010, al respecto baste con se\u00f1alarse que, a partir de la sentencia STC3684-2020, esta Sala opt\u00f3 por aplicar ese beneficio s\u00f3lo para condenas en firme despu\u00e9s del 14 de octubre de 2014, cuando fue emitida la sentencia C-792 de 2014, ya que \u00abda mayor seguridad a las decisiones que viene tomando en sus fallos constitucionales, frente a esta garant\u00eda, implementada con la aprobaci\u00f3n y entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018, cuando se provey\u00f3 la Sala de juzgamiento de primera instancia en esta Corte. La data de la sentencia C-792 de 2014 representa la recepci\u00f3n oficial por v\u00eda legislativa en el ordenamiento constitucional colombiano y en el procedimiento penal de la garant\u00eda gracias a la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad por omisi\u00f3n legislativa de algunas reglas penales atr\u00e1s rese\u00f1adas, al hallarse nuestro sistema de juzgamiento en contrav\u00eda con m\u00faltiples instrumentos internacionales, y por su definida estructura inconvencional, al apartarse derechamente del art. 8.2 de la Convenci\u00f3n Americana, pacto, al cual se adhiri\u00f3 el Estado colombiano (\u2026) [p]or tanto, la fecha de emisi\u00f3n de la sentencia C-792 de 2014, ser\u00e1, mientras no se expida el correspondiente estatuto normativo, el fundamento, por parte de esta Sala para encarar el an\u00e1lisis y juzgamiento de las acciones constitucionales de amparo que en la materia se formulen \u00bb. <\/p>\n
7. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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