STC1424-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1424-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2020-00210-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 de enero de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Atilio Ram\u00f3n Berrocal Casta\u00f1o contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, con ocasi\u00f3n de la sentencia de segunda instancia dictada en el marco del proceso ejecutivo hipotecario que en su contra instaur\u00f3 el Banco Popular S.A., con Rad. 2011-00691-00. <\/p>\n
Reclama entonces, para la protecci\u00f3n de la mentada prerrogativa, que se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Monter\u00eda, \u00abrevo[car] la sentencia de segunda instancia de fecha 10 de julio de 2020 (\u2026) y en su lugar, se confirme la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Monter\u00eda de fecha 7 de marzo de 2018\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que el Banco Popular S.A. instaur\u00f3 en su contra el juicio referido, con el prop\u00f3sito de obtener el pago de \u00ab69.570.2480 UVR\u00bb, equivalente a \u00ab$13\u2019659.571.oo\u00bb, m\u00e1s los intereses de mora, sumas representadas en el pagar\u00e9 No. \u00ab311-15-00056\u00bb y garantizadas con hipoteca \u00ababierta sin l\u00edmite de cuant\u00eda\u00bb sobre el predio identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 140-11574. <\/p>\n
Asegura que el Juzgado Primero Civil Municipal de Monter\u00eda libr\u00f3 orden de apremio por los valores referidos, determinaci\u00f3n frente a la cual formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abpago total de la obligaci\u00f3n, inexistencia de la mora y enriquecimiento sin causa\u00bb, basadas principalmente en que en el pasado se adelant\u00f3 otra ejecuci\u00f3n con base en el mismo pagar\u00e9, la cual culmin\u00f3 por \u00abpago total de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Manifiesta que agotado el tr\u00e1mite legal correspondiente, en sentencia del 7 de marzo de 2018, el a quo desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda y declar\u00f3 probadas las defensas aludidas, tras advertir que no se hab\u00eda acreditado la \u00abreliquidaci\u00f3n\u00bb del cr\u00e9dito objeto de recaudo bajo los par\u00e1metros previstos en la Ley 546 de 1999, determinaci\u00f3n que apel\u00f3 con \u00e9xito la entidad financiera ejecutante, pues en fallo del 10 de julio de 2020, el estrado judicial atacado la revoc\u00f3, para entontes, ordenar la continuaci\u00f3n del cobro compulsivo y disponer la subasta del predio hipotecado, incurriendo as\u00ed, dice, en causal de procedencia del amparo con lo resuelto, habida cuenta que valor\u00f3 indebidamente el dictamen pericial practicado dentro del asunto cuestionado, seg\u00fan el cual la obligaci\u00f3n objeto de cobro se encuentra saldada y la entidad financiera ejecutante pretendi\u00f3 obtener el pago del cr\u00e9dito \u00abpor un monto superior al expresado en el pagar\u00e9\u00bb, pese a que por espacio de \u00ab13 a\u00f1os\u00bb cancel\u00f3 las cuotas del pr\u00e9stamo de vivienda. <\/p>\n
De otro lado, afirma, si para el Juzgado accionado la experticia rendida en el tr\u00e1mite no era suficiente para demostrar las excepciones de fondo, debi\u00f3 decretar un justiprecio de oficio con el fin de infirmar las conclusiones del perito; adem\u00e1s, el ad quem incurri\u00f3 en un \u00abcraso error gramatical\u00bb en la parte resolutiva del fallo de segunda instancia cuestionado, toda vez que se equivoc\u00f3 al identificar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
a.) El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Monter\u00eda se opuso a la prosperidad del amparo, para lo cual aleg\u00f3 que la decisi\u00f3n cuestionada se encuentra ajustada al ordenamiento jur\u00eddico, puesto que \u00abse adopt\u00f3 bajo los par\u00e1metros legales, atendiendo las disposiciones normativas y jurisprudenciales aplicables al caso concreto, adem\u00e1s de un estudio e interpretaci\u00f3n acucioso del esp\u00edritu normativo regulador de la materia\u00bb. <\/p>\n
b.) En el expediente digital remitido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de la localidad aludida, no m\u00e1s obran respuestas de los dem\u00e1s vinculados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, tras advertir que \u00abla acci\u00f3n de tutela se torna improcedente, pues, la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales no pretende sustituir al juez natural y mucho menos discutir aspectos legales ya definidos, como en el caso que nos ocupa, pues se estar\u00eda utilizando la acci\u00f3n de tutela como otra instancia adicional u otro recurso atentando contra la autonom\u00eda e independencia del juez encargado de definir la controversia en una jurisdicci\u00f3n determinada, aun mas, cuando en el proceso ejecutivo el 7 de marzo de 2018, se desat\u00f3 la primera instancia, se interpuso recurso de apelaci\u00f3n; y, mediante prove\u00eddo de 10 de julio de 2020, se resolvi\u00f3 el referido recurso, desatando la segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor replic\u00f3 el anterior fallo, para lo cual utiliz\u00f3 argumentos iguales a los planteados en la demanda de amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Como es sabido, el derecho de amparo previsto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Nacional s\u00f3lo es viable activarlo frente a determinaciones judiciales cuando las mismas incurran en alguna causal de procedencia, es decir, si corresponden arbitrario designio del funcionario, con alcances totalmente alejados de los fines perseguidos por el ordenamiento jur\u00eddico, a condici\u00f3n de que la v\u00edctima no tenga ni haya tenido otros instrumentos efectivos para salvaguardar los derechos fundamentales que tales prove\u00eddos hayan amenazado o puesto en inminente riesgo, debido a que su naturaleza residual le impide operar en presencia de dichos medios. <\/p>\n
2. En el presente caso, el accionante cuestiona, concretamente, la sentencia proferida el 10 de julio del a\u00f1o pasado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Monter\u00eda, que dej\u00f3 sin valor ni efecto el fallo de primer grado proferido por el Juzgado Primero Civil Municipal de la misma localidad, para as\u00ed, acoger las pretensiones de la parte ejecutante y ordenar proseguir con la ejecuci\u00f3n hipotecaria iniciada por el Banco Popular S.A. en contra del gestor. <\/p>\n
3. Sin embargo, se pone al descubierto la improcedencia de la tutela en este espec\u00edfico caso, pues no se observa defecto alguno para dejar sin valor ni efecto la providencia aqu\u00ed censurada, en la medida en que el Despacho accionado expuso unas apreciaciones jur\u00eddicas y probatorias que no lucen caprichosas o antojadizas. <\/p>\n
3.1. En efecto, el Juzgado atacado comenz\u00f3 por destacar, que la ejecuci\u00f3n era procedente debido a que se encontraba demostrada la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito objeto de recaudo conforme lo establecido en el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999: \u00abEn primer lugar, no es cierto como lo adujo el A quo que dentro del presente proceso no existiera reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito conforme lo exige la Ley 546 de 1999 al tratarse de un cr\u00e9dito de vivienda bajo el amparo constitucional otorgado en ese sentido, pues claramente a folios 123 al 126 del cuaderno principal existe la reestructuraci\u00f3n efectuada el 23 de agosto de 2001, luego de que mediante auto del 19 de septiembre el mismo ordenara una relaci\u00f3n del n\u00famero de cuotas y liquidaciones del cr\u00e9dito, de forma, que en ese sentido no ofrec\u00eda mayor discusi\u00f3n pronunciarse en ese sentido\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, abord\u00f3 el estudio de las excepciones de m\u00e9rito planteadas por el deudor, aqu\u00ed gestor, y que denomin\u00f3 \u00ab\u00abpago total de la obligaci\u00f3n, inexistencia de la mora y enriquecimiento sin causa\u00bb, y en cuanto a la primera consider\u00f3, que \u00abla apoderada del demandado se limit\u00f3 a referir que no pod\u00eda existir un saldo en contra de su prohijado por cuanto el mismo hab\u00eda sido demandado en anterior ocasi\u00f3n por el mismo pagar\u00e9 aqu\u00ed ejecutado y en ese momento el proceso hab\u00eda finalizado por pago completo de la obligaci\u00f3n, sin embargo, al verificar las pruebas obrantes, no le asiste raz\u00f3n tampoco en ese sentido a la encartada, pues sin duda alguna, existi\u00f3 un proceso en contra del se\u00f1or y obra desglose en la parte final tanto de la escritura como del pagar\u00e9, fechado 22 de febrero de 2006 y suscrito por el Secretario, quien da fe que el titulo valor se desglosa del proceso ejecutivo hipotecado promovido por el mismo demandante contra el demandado bajo radicado No 00457-04 y termin\u00f3 por pago de la obligaci\u00f3n que se encontraba en mora, pero de forma alguna por pago total de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
En cuanto a las razones del fallador de primera instancia, fundadas en los resultados de la experticia obrante a folios 327 al 338 del cuaderno principal y que constituye la base para declarar probada la excepci\u00f3n de pago total de obligaci\u00f3n incoada por la parte ejecutada, se encuentra que le asiste raz\u00f3n al apelante al expresar que la liquidaci\u00f3n presentada por la contadora no fue realizada en UVR sino en pesos, desconociendo completamente que el pagar\u00e9 fue suscrito en UPAC y por ministerio de la Ley 546 de 1999 fue creado un sistema de financiaci\u00f3n de vivienda atado a la UVR, que sustituy\u00f3 al sistema UPAC, y estableci\u00f3, entre otras condiciones, cr\u00e9ditos con tasa fija de inter\u00e9s durante todo el plazo del pr\u00e9stamo, prohibici\u00f3n de capitalizar intereses, de forma que los saldos vigentes deb\u00edan ser convertidos a UVR y no liquidarse solamente en pesos generando sin duda alguna valores completamente diferentes. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Y es que, al apreciar el dictamen pericial puede observarse, que efectivamente la liquidaci\u00f3n fue realizada en pesos, desconociendo que la obligaci\u00f3n hab\u00eda sido convertida a UVR, tal como fue librada la orden de apremio en el pago, lo que de entrada la deja sin ninguna validez para acreditar el pago total aducido, error grave que sin lugar a dudas se explica en que la perito designada no es especialista en UPAC-UVR como fue inicialmente ordenado, sino por una Contadora sin especialidad sobre el asunto. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se estiman suficientes los argumentos anteriores para dar por sentado que no fueron probadas las excepciones planteadas por la parte demandada, pues de forma alguna qued\u00f3 evidenciado el pago total de la obligaci\u00f3n, conforme fue rese\u00f1ado con anterioridad, mucho menos cuando la \u00fanica prueba que lo sustenta es un dictamen pericial, que salta de bulto, fue realizado de manera incorrecta, adoleciendo del error grave que le endilga la apoderada de la parte ejecutante\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, en lo tocante a la defensa \u00abenriquecimiento sin causa\u00bb, el estrado judicial atacado indic\u00f3 que \u00abal quedarse sin soporte probatorio por desestimarse el dictamen pericial que viene referido y no existir otro medio probatorio que permita acreditarlo con certeza\u00bb; y por \u00faltimo, en referencia a la excepci\u00f3n de fondo llamada \u00abinexistencia de la mora\u00bb, estim\u00f3 que \u00abno aparece evidencia en el dossier que la ejecutada se encontraba al d\u00eda en su obligaci\u00f3n al momento de la presentaci\u00f3n de la demandada y si, precisamente su soporte esta\u0301 relacionado con un cobro en exceso de la obligaci\u00f3n que aqu\u00ed no aparece acreditado, de igual modo esta\u0301 destinada al fracaso\u00bb. <\/p>\n
3.2. Bajo esa perspectiva, la providencia judicial censurada no contiene los defectos que el promotor le endilga, pues el Juzgado accionado llev\u00f3 a cabo una aceptable interpretaci\u00f3n de las normas procesales y sustanciales de cara a los extremos del litigios, senda por la cual lleg\u00f3 al convencimiento de que en la ejecuci\u00f3n hipotecaria se encontraba acreditada la reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999 y que las conclusiones vertidas en el dictamen practicado dentro del cobro coercitivo no pod\u00edan tenerse en cuenta, toda vez que el perito expres\u00f3 sus resultados en un factor de conversi\u00f3n monetaria diferente al contemplado en el pagar\u00e9, circunstancia que imped\u00eda establecer si efectivamente se pag\u00f3 el cr\u00e9dito objeto de cobro. <\/p>\n
3.3. Se aprecia, entonces, que las valoraciones sobre los puntos materia de discordia, sea cual fuere el criterio de cara a las mismas, no fueron irreflexivas o antojadizas, sino basadas en una ponderaci\u00f3n de los elementos demostrativos aportados al asunto cuestionado, de la situaci\u00f3n respectiva y de las normas llamadas a gobernarla, lo que impide la interferencia del juez de tutela, ya que en lo referente a la interpretaci\u00f3n legal y a la evaluaci\u00f3n probatoria, no puede inmiscuirse el juez constitucional porque esos precisos puntos pertenecen al contorno funcional de cada administrador de justicia, por tal raz\u00f3n no deben someterse al escrutinio de la acci\u00f3n de amparo, salvo, se reitera, en situaciones de evidente arbitrariedad, circunstancia que en el sub examine se encuentra descartada, pues como se ha decantado por la jurisprudencia de esta Sala, \u00aben ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal (\u2026), por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial\u00bb (CSJ, STC313-2021). <\/p>\n
4. Ahora bien, el gestor tambi\u00e9n se duele porque el estrado atacado omiti\u00f3 decretar pruebas de oficio con el fin de infirmar las conclusiones de la experticia practicada; no obstante, cabe precisar que esa facultad no es absoluta y tampoco es procedente en todos los casos, por lo que no puede convertirse en un motivo adicional para desconocer, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, la autonom\u00eda del juez natural en el adelantamiento de los procesos judiciales. Sobre el particular, la Corte ha dicho que, \u00abal acudir a un proceso judicial, es deber de las partes en litigio presentar al juez de la causa no solo su versi\u00f3n de los hechos, sino tambi\u00e9n, por v\u00eda general, los elementos probatorios tendientes a demostrar el fundamento de sus aspiraciones o defensas, debiendo soportar consecuencias adversas en caso de no hacerlo. Entonces, exceptuando aquellos eventos donde la pr\u00e1ctica de determinada prueba est\u00e9 prevista como un imperativo legal concreto, conviene precisar que si bien el juez tiene la facultad-deber de decretar pruebas de oficio, la misma no puede interpretarse como un mandato absoluto, o fatalmente impuesto en todos los casos, dado que aqu\u00e9l sigue gozando de una discreta autonom\u00eda en la instrucci\u00f3n del proceso (\u2026) [pues] \u00ab(…) hay eventos en los cuales la actitud pasiva, de la parte sobre quien pesa la responsabilidad de demostrar determinado supuesto de hecho, es la generadora del fracaso, bien de las pretensiones o de las defensas o excepciones, por haber inobservado su compromiso al interior de la tramitaci\u00f3n y en las oportunidades previstas por el legislador, particularmente en aquellos asuntos en los que la controversia versa sobre derechos disponibles\u00bb (criterio reiterado en CSJ STC10179-2019). <\/p>\n
5. En consecuencia, al no estar demostrado el yerro enrostrado al Despacho accionado cuando profiri\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada en este tr\u00e1mite, se impone el fracaso de la protecci\u00f3n excepcional pretendida, por ende, se debe mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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