STC1440-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1440-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03230-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Cumplido lo dispuesto por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral en providencia ATL024 del pasado 20 de enero, procede la Corte a resolver la acci\u00f3n de tutela promovida por Gabriel Ortega Meneses contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, extensiva a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali y al Juzgado Quinto Penal del Circuito, la Fiscal\u00eda Cuarenta y Dos Seccional y el Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales, todos de aquella ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso, (\u2026) libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia [sic], (\u2026) prevalencia del derecho sustancial [sic], (\u2026) a la igualdad (\u2026) [y] a la propiedad privada\u00bb. <\/p>\n
2. Dice que, mediante escritura p\u00fablica 1364 de 31 de mayo de 2004, adquiri\u00f3 dos inmuebles (apartamento y parqueadero) ubicados en el conjunto residencial Villa del Sol, Sector IV, de la ciudad de Cali, por compra realizada a Braulio Arturo Ortega, los que fueron afectados con medidas cautelares de suspensi\u00f3n del poder dispositivo ordenada por \u00abCentro de Servicios Judiciales de Santiago de Cali\u2026 por solicitud de la Fiscal\u00eda 42 Seccional Cali\u2026 de la Unidad de Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica\u2026\u00bb dentro del proceso penal 2011-09103, adelantado contra Jos\u00e9 Ancir Palacio D\u00edaz por el delito de fraude procesal. <\/p>\n
Refiere que, mediante sentencia de 26 de julio de 2019, el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, luego de declarar penalmente responsable a la prenombrada persona, orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n del instrumento p\u00fablico 196 de 22 de enero de 2004, as\u00ed como las anotaciones registradas, con posterioridad al 19 de marzo de 2004, en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria de los bienes afectados. <\/p>\n
Se\u00f1ala que la existencia del referido proceso \u00abno le fue notificada\u00bb, am\u00e9n que la compraventa que realiz\u00f3 goza de \u00abpresunci\u00f3n de legalidad y de buena fe exenta de culpa\u00bb, por lo que, a\u00f1ade, \u00ablas conductas de tipo penal o las conductas il\u00edcitas que se le hayan demostrado\u00bb al anterior propietario \u00abno tienen por qu\u00e9 recaer sobre el inmueble de [su] propiedad, toda vez que no [ha] celebrado con ese se\u00f1or ning\u00fan negocio con los inmuebles\u00bb. <\/p>\n
Considera que el juez referido en precedencia, \u00abse extralimit\u00f3 en sus facultades o fue m\u00e1s all\u00e1, como quiera que al imponer la cancelaci\u00f3n de los t\u00edtulos que en s\u00ed no son fraudulentos, al mal considerar que era t\u00edtulos exp\u00fareos [sic], alej\u00e1ndome cada vez m\u00e1s de la posibilidad de ejercer mi derecho a la propiedad; fue m\u00e1s all\u00e1 pues en s\u00ed lo que investig\u00f3 fue una conducta de fraude procesal contra una persona, quien deber\u00e1 responder de ese il\u00edcito, m\u00e1s no tiene porqu\u00e9 [sic] condenar\u2026 a terceros de buena fe como lo hicieron conmigo, pues nada tengo qu\u00e9 [sic] ver con las actuaciones por las cuales se adelant\u00f3 la investigaci\u00f3n\u2026\u00bb <\/p>\n
3. Por lo anterior, solicita \u00abse revoque levante la medida del poder dispositivo inscrita [sic]\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n \u00abse revoque el art\u00edculo quinto de la sentencia\u2026 [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La secretaria del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales Municipales y del Circuito de Cali solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de esa dependencia, habida consideraci\u00f3n que \u00absolo cumple con la funci\u00f3n administrativa de ejecutar las diversas disposiciones que ordenan en sus providencias los honorables magistrados y jueces de la rep\u00fablica, adscritos al Sistema Penal Oral Acusatorio de este distrito judicial\u00bb, de all\u00ed que \u00abno ha incurrido en conculcaci\u00f3n de derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
2. El registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Cali sostuvo que \u00abha enmarcado su actuar dentro del marco legal y los principios que rigen la funci\u00f3n registral sin encontrar argumentos que determinen la violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del accionante\u00bb limit\u00e1ndose estrictamente \u00aba dar cumplimiento a lo establecido en las normas Constitucionales, C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y\u2026 Estatuto de Registro\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal Cuarenta y Dos Seccional, luego de referirse a los hechos que originaron el diligenciamiento penal en el que se adoptaron las determinaciones objeto de la presente queja, resalt\u00f3 que el promotor del resguardo estaba enterado de la existencia de este, al punto que design\u00f3 apoderado que lo representara; empero, nunca se hizo presente a las diferentes audiencias a las que fue citado. <\/p>\n
Se opuso a la prosperidad de las pretensiones \u00aben raz\u00f3n a que la cancelaci\u00f3n de registros fraudulentos obedece a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 101 de la Ley 906 de 2004 en cuanto se demostr\u00f3 la falsedad de los mismos y, por ende, ninguna vulneraci\u00f3n a garant\u00edas y derechos\u00bb puede predicarse que acaeci\u00f3. <\/p>\n
4. El Juez Quinto Penal del Circuito de Cali dijo que no incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n de la que lo sindica el quejoso y que \u00abel mecanismo de la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 dirigido a sustituir las instancias naturales del proceso penal ordinario ni su tr\u00e1mite; por lo que el interesado debe acudir ante las instancias ordinarias\u2026 y formular la respectiva denuncia penal ante el fraude del que tambi\u00e9n fue v\u00edctima\u00bb <\/p>\n
5. El magistrado del Tribunal Superior de Cali, ponente de la sentencia de segundo grado, se limit\u00f3 a informar que, en efecto, mediante prove\u00eddo de 30 de noviembre de 2019 confirm\u00f3 el fallo condenatorio proferido contra Jos\u00e9 Ancir Palacio D\u00edaz. <\/p>\n
6. La Notaria Tercera del C\u00edrculo de Cali solo alleg\u00f3 copia de la escritura p\u00fablica 1364 de 2004 que da cuenta de la compraventa de los inmuebles distinguidos con matr\u00edculas inmobiliarias 370-221792 y 370-244554, sin referirse a los hechos o consideraciones esbozadas por el actor. <\/p>\n
7. La Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, por conducto del magistrado a quien le correspondi\u00f3 la ponencia del recurso extraordinario, se\u00f1al\u00f3 que el asunto fue repartido el pasado 15 de enero, \u00abencontr\u00e1ndose con miras a valorar la idoneidad formal de la demanda incoada\u00bb, raz\u00f3n por la que solicit\u00f3 declarar la improcedencia del resguardo habida consideraci\u00f3n que \u00ablas decisiones\u2026 han sido controvertidas a trav\u00e9s de los instrumentos legales dise\u00f1ados para tal efecto, los que no pueden ser sustituidos por el mecanismo constitucional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde establecer si dentro del proceso penal 2011-09103, seguido contra Jos\u00e9 Ancir Palacio D\u00edaz por el delito de fraude procesal, las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales de Gabriel Ortega Meneses, al disponer la cancelaci\u00f3n de los registros fraudulentos realizados con posterioridad al 19 de marzo de 2004, sobre los inmuebles que dice son de su propiedad. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
3. Improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso. <\/p>\n
Ligado al anterior criterio, se ha destacado que \u00e9ste tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite judicial en curso, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a trav\u00e9s de los instrumentos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, aun cuando esa oportunidad se extienda hasta la sentencia. <\/p>\n
En tal sentido, frente a concretos casos en los que el proceso penal se halla en tr\u00e1mite, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sede constitucional ha precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
De cara a las anteriores consideraciones, la Sala anticipa que no acceder\u00e1 al resguardo reclamado por Ortega Meneses, por cuanto no se satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, se advierte anticipado cualquier pronunciamiento frente a la queja que expone teniendo en cuenta que, seg\u00fan se desprende de lo aportado, el tr\u00e1mite penal a\u00fan se encuentra pendiente de definici\u00f3n, habida consideraci\u00f3n que no ha sido resuelto el recurso de casaci\u00f3n formulado contra la sentencia de segundo grado, oportunidad en la cual el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en su especialidad penal, definir\u00e1 lo concerniente al acierto de la orden de cancelar los registros adoptada por los juzgadores de instancia. <\/p>\n
As\u00ed pues, ser\u00e1 la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal la que inspeccione los contornos y el fondo del debate, an\u00e1lisis que involucra incluso las prerrogativas que alega vulneradas el gestor en relaci\u00f3n con los presuntos desafueros atribuidos a los juzgadores de instancia y cuyo estudio escapa de la \u00f3rbita de esta herramienta extraordinaria. <\/p>\n
Y es que corresponde a la Corte, por conducto de la respectiva Sala Especializada, en virtud de las funciones de interpretaci\u00f3n y unificaci\u00f3n jurisprudencial, efectuar un estudio exhaustivo e integral de los motivos de la queja, circunstancia que convierte el instrumento de impugnaci\u00f3n ya ejercitado, en el mecanismo id\u00f3neo de protecci\u00f3n, tal como la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n penal ha precisado:\u00abY respecto al recurso de casaci\u00f3n, recu\u00e9rdese que la ley adjetiva penal le tiene asignada como finalidad la efectividad del derecho material, entre otras, el respeto de las garant\u00edas de los intervinientes y la reparaci\u00f3n de los agravios inferidos a estos\u00bb (CSJ, STP17202-2014, 16 dic. 2014, rad. 77387). <\/p>\n
\u00abTal realidad descarta por completo la acci\u00f3n constitucional, toda vez que la Corte al resolver el recurso podr\u00e1 estudiar, si existe o no violaci\u00f3n a sus derechos fundamentales, siendo \u00e9ste el mecanismo id\u00f3neo de defensa judicial, e impide que la Sala emita cualquier pronunciamiento sobre la legalidad de las decisiones adoptadas en dicho fallo, so pena de incurrir en manifestaciones de prejuzgamiento, que m\u00e1s adelante podr\u00edan constituir motivos de recusaci\u00f3n o impedimento. <\/p>\n
Ello, por cuanto de conformidad con el art\u00edculo 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, la casaci\u00f3n tiene por fines \u201cla efectividad del derecho material, el respeto de las garant\u00edas de los intervinientes, la reparaci\u00f3n de los agravios inferidos a estos y la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia\u201d. <\/p>\n
Si lo anterior es as\u00ed, surge clara la improcedencia del amparo en tanto no constituye un mecanismo alternativo o supletorio al que las partes puedan acudir el ejercicio de sus derechos. (\u2026)\u00bb (CSJ. Sentencia 4 may. 2010, Rad. T-47710) (Negrillas fuera de texto). <\/p>\n
En suma, el que se encuentre en tr\u00e1mite el recurso extraordinario de casaci\u00f3n convierte, como se viene destacando, en anticipada la salvaguarda; lo que quiere decir que no puede abrirse paso ni siquiera como mecanismo transitorio, ya que, en un evento como el aludido, la persona interesada debe esperar la conclusi\u00f3n del asunto puesto a consideraci\u00f3n del Tribunal de Cierre, encargado de dirimir el fondo del asunto sometido a su juicio. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 el auxilio constitucional porque el amparo rogado resulta improcedente por prematuro, ya que su pertinencia pierde vigor cuando existen v\u00edas jur\u00eddicas a emplear al interior del proceso cuestionado y a\u00fan m\u00e1s cuando las mismas est\u00e1n cursando. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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