STC1442-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1442-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00278-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, buen nombre, y \u00abpatrimonio\u00bb, presuntamente conculcadas por las autoridades acusadas (i) al emitir la orden de tutela de 15 de julio de 2020, y (ii) al imponer sanciones por desacato consistentes en multa. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del auxilio: <\/p>\n
2.1. Yeimi Yulieth Madrid Foronda, interpuso solicitud de amparo frente a la Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n de las V\u00edctimas, auxilio que fue denegado por el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Medell\u00edn, el 12 de junio de 2020. <\/p>\n
2.2. El referido fallo fue impugnado por Madrid Foronda, y la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, el 15 de julio anterior, revoc\u00f3 la sentencia del a quo, y concedi\u00f3 el resguardo al derecho de petici\u00f3n \u00ab(\u2026) para lo cual se ordena a la entidad accionada que dentro del te\u0301rmino de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificacio\u0301n de la presente decisio\u0301n proceda a emitir una nueva respuesta a la actora en la que se de aplicacio\u0301n a lo dispuesto en la Resolucio\u0301n 1049 de 2019, concerniente al agendamiento de turno o asignacio\u0301n de una fecha cierta en la cual se le indique el di\u0301a en el que se le hara\u0301 entrega de dicha indemnizacio\u0301n administrativa\u00bb. <\/p>\n
2.3. La gestora del prenombrado auxilio, denunci\u00f3 en dos oportunidades el incumplimiento a la orden de tutela, por lo cual el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Medell\u00edn adelant\u00f3 el tramite incidental, imponiendo sanciones el 24 de agosto y el 5 de noviembre de 2020, determinaciones que fueron confirmadas, en sede de consulta por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, el 31 de agosto y el 2 de diciembre de esa anualidad. <\/p>\n
2.4. La Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n de las V\u00edctimas, solicit\u00f3 en repetidas ocasiones que se inaplicaran las sanciones, aduciendo \u00abla imposibilidad de asignar fecha cierta de pago\u00bb, no obstante, el despacho resolvi\u00f3 desfavorablemente dichas peticiones. <\/p>\n
2.5. Inconforme con lo anterior, Ram\u00f3n Alberto Rodr\u00edguez Andrade, Director General de la Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n de las V\u00edctimas, y quien adem\u00e1s es el destinatario de las sanciones impuestas en virtud del tr\u00e1mite de desacato, acude a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo afirmando que se le han vulnerado sus prerrogativas, \u00abdebido a el fallo de tutela de segunda instancia proferido mediante providencia del 15 de julio de 2020 y providencias proferidas dentro de la accio\u0301n de tutela No. 05001310302220200010600, que no accedieron al levantamiento de las sanciones de multa impuesta, a pesar de haber informado todas las accionantes (sic) encaminadas acreditar el cumplimiento del fallo de tutela proferido dentro de dicha accio\u0301n constitucional\u00bb. <\/p>\n
Afirma, que \u00abla entidad ha gestionado todo su actuar administrativo a fin de poder dar cumplimiento a lo ordenado por parte del Tribunal Superior- Sala Cuarta de Decisio\u0301n civil de Medelli\u0301n y asi\u0301 poder brindarle a la sen\u0303ora YEIMI YULIETH MADRID FORONDA efectiva respuesta\u00bb. <\/p>\n
Destaca, que \u00abse presenta un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente establecido en la Sentencia SU- 034 de 2018 de la Corte Constitucional, que sen\u0303ala expresamente las reglas jurisprudenciales, para que los jueces de tutela de primera instancia, module el cumplimiento del fallo, en especial los que se relacionan con el pago de indemnizacio\u0301n administrativa\u00bb. <\/p>\n
Agrega, que \u00abtambie\u0301n en (sic) se incurrio\u0301 en defecto fa\u0301ctico por valoracio\u0301n defectuosa del material probatorio allegado al proceso, ya que el Juzgado Veintido\u0301s Civil del Circuito de Oralidad de Medelli\u0301n, como tambie\u0301n el Tribunal Superior- Sala Cuarta de Decisio\u0301n civil y Sala Unitaria Civil de Medelli\u0301n al momento de valorar los escritos emitidos por la Unidad para las Vi\u0301ctimas, como tambie\u0301n la resolucio\u0301n que resolvio\u0301 el reconocimiento a la medida indemnizatoria de la actora de la accio\u0301n constitucional de la referencia, valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, sin razo\u0301n valedera da por no probado el hecho del incumplimiento de la sentencia, y adicional no tiene en cuenta las explicaciones manifestadas en distintas oportunidades en relacio\u0301n al debido proceso administrativo gestado en la Resolucio\u0301n 01049 de 2019, respecto a co\u0301mo es el procedimiento para la entrega de la indemnizacio\u0301n administrativa a las vi\u0301ctimas del conflicto armado dentro de un marco de igualdad entre las dema\u0301s vi\u0301ctimas\u00bb; y sostiene, que las convocadas han desconocido el \u00abprecedente constitucional (\u2026) T-1092 de 2007 y T-656 de 2011\u00bb. <\/p>\n
Reitera, que sus derechos han sido vulnerados \u00abpues a pesar de que la Unidad para las Vi\u0301ctimas ha presentado reiterados informes sobre el cumplimiento del fallo de tutela, no ha sido posible obtener el levantamiento de la sancio\u0301n, toda vez que los despachos accionados consideran que no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela de segunda instancia del 15 de julio de 2020, cerrando asi\u0301 cualquier posibilidad juri\u0301dica para que se logre la inejecucio\u0301n de las medida sancionatorias, convirtiendo la misma en un castigo por no acreditar el cumplimiento del fallo en las condiciones informadas por los Despacho, (sic) desatendiendo los escritos y pruebas que se han venido presentando\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de \u00e9sta excepcional senda constitucional se ordene (i) \u00abmodular los efectos del fallo en cumplimiento de la Sentencia SU- 034 de 2018 de la Corte Constitucional, el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, en la medida que se cumplio\u0301 con la orden al expedir la Resolucio\u0301n No. 04102019-475203 – del 13 de marzo de 2020, con fundamento en la Resolucio\u0301n No. 01049 de 2019\u00bb; (ii) \u00abdeclarar cumplido el fallo proferido dentro de la accio\u0301n de tutela presentada por la sen\u0303ora YEIMI YULIETH MADRID FORONDA, contra la Unidad para las Vi\u0301ctimas con radicado 05001310302220200010600\u00bb; (iii) dejar sin efecto \u00ablas providencias fechadas el 24 de agosto de 2020, 05 de noviembre de 2020, proferidos por el Juzgado Veintido\u0301s Civil del Circuito de Oralidad de Medelli\u0301n, y confirmado por autos de fecha 31 de agosto de 2020, 02 de diciembre de 2020, proferido por el Tribunal Superior- Sala Unitaria Civil De Medelli\u0301n, que decidieron sancionarme con multas de tres (03) Salarios Mi\u0301nimos Legales Mensuales Vigentes\u00bb; (iv) que las convocadas \u00abcomunique[n] a la autoridad encargada de la ejecucio\u0301n de la sancio\u0301n de multa y que la misma se ha levantado con ocasio\u0301n a la acreditacio\u0301n de la imposibilidad del cumplimiento de la orden judicial de tutela\u00bb; y (v) \u00abCONMINAR al Juzgado Veintido\u0301s Civil del Circuito de Oralidad de Medelli\u0301n o al Tribunal Superior- Sala Cuarta de Decisio\u0301n civil y Sala Unitaria Civil de Medelli\u0301n, a que acate y aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sancio\u0301n, previa acreditacio\u0301n del cumplimiento de la orden y\/o acreditando las razones que imposibilitan su cumplimiento, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Juez Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Medell\u00edn, relat\u00f3 que \u00abconoci\u00f3 de la tutela promovida por la se\u00f1ora YEIMI YULIETH MADRID FORONDA, en contra de LA UNIDAD ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS, cuya acci\u00f3n se tramit\u00f3 bajo el radicado 05001 31 03 022 2020 00106 00. En el mentado tr\u00e1mite, se profiri\u00f3 fallo de primera instancia el d\u00eda 12 de junio del a\u00f1o 2020, en el cual se neg\u00f3 el amparo por estimar que se hab\u00eda configurado un hecho superado, en tanto la entidad accionada mediante Resoluci\u00f3n Nro. 04102019-475203 del 13 de marzo de 2020, resolvi\u00f3 sobre el reconocimiento de la reparaci\u00f3n administrativa reclamada y, en tal sentido, ello constitu\u00eda una respuesta de fondo a la pretensi\u00f3n accionante\u00bb. <\/p>\n
Inform\u00f3, que \u00aben sede de impugnaci\u00f3n de tutela, el Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala Civil, decidi\u00f3 en providencia del 15 de Julio de 2020, revocar la decisi\u00f3n adoptada por este Despacho, bajo la consideraci\u00f3n que aun cuando se hubiere reconocido la indemnizaci\u00f3n administrativa a la petente, ello no implicaba una soluci\u00f3n efectiva a lo requerido por aquella, pues se limitaron a dar una respuesta general que indicaba los requisitos y las rutas de atenci\u00f3n y las reglas que rigen el procedimiento, y a exponer que en el primer semestre del a\u00f1o 2021 posiblemente se efectivizar\u00eda la entrega de la misma; raz\u00f3n por la cual dispuso que la entidad accionada dentro del t\u00e9rmino de las 48 horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n, procediera a emitir una nueva respuesta, concerniente al agendamiento de turno o asignaci\u00f3n de una fecha cierta en la cual se le indique el d\u00eda en el que se le har\u00e1 entrega de dicha indemnizaci\u00f3n administrativa\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3, que \u00aben aras de dar cumplimiento a la decisi\u00f3n emitida por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala Civil en la citada decisi\u00f3n, y habida cuenta que en ninguno de los dos tr\u00e1mites de incidente de desacato que ha tramitado este Despacho a solicitud de la accionante, la UNIDAD ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS, en cabeza de su representante RAM\u00d3N ALBERTO RODR\u00cdGUEZ ANDRADE, ha probado el acatamiento a la orden precisa emitida por le ad quem, es que ha justificado la imposici\u00f3n de las sanciones pecuniarias al mentado representante. As\u00ed mismo, en las solicitudes de inaplicaci\u00f3n de sanci\u00f3n, tampoco se ha encontrado acreditado el cumplimiento de dicha orden\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3, que \u00abno se advierte ninguna vulneraci\u00f3n a los derechos invocados por el promotor del amparo y que sea atribuible a este Despacho, por cuanto la decisi\u00f3n adoptada por esta judicatura fue emitida conforme a derecho y con la motivaci\u00f3n requerida. Sumado a lo anterior recu\u00e9rdese la posici\u00f3n reiterada de la Corte Constitucional, seg\u00fan la cual, \u00fanicamente se ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra las actuaciones judiciales arbitrarias, situaci\u00f3n que no se evidencia en el sub lite\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, adujo falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, y solicit\u00f3 que se desvinculara del tr\u00e1mite. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales accionadas, transgredieron las garant\u00edas esenciales reclamadas por el gestor en desarrollo de la acci\u00f3n constitucional n\u00ba 2020-00106, al emitir la orden contenida en el fallo de 15 de julio de 2020, as\u00ed como las sanciones derivadas de su incumplimiento, en el tr\u00e1mite de incidente de desacato. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Improcedencia de la tutela contra providencias de la misma naturaleza. <\/p>\n
2.1. La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01, reiterada entre otras en STC4241-2016, 7 abr. 2016, rad. 00031-01). <\/p>\n
Asimismo, la postura de la Corte Constitucional es reiterada respecto de la improcedencia del auxilio bajo las circunstancias enunciadas, ya que: \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Por ello, se ha venido sosteniendo que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n, no se resuelven con una nueva demanda de id\u00e9ntico linaje, porque de hacerlo \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, reiterada en STC111-2018, 18 ene. 2018, rad. 00260-02, entre otras). <\/p>\n
2.2. Id\u00e9ntico criterio ha adoptado esta Sala en trat\u00e1ndose de quejas constitucionales encaminadas a censurar disposiciones adoptadas al interior de un incidente de desacato propuesto en acci\u00f3n de similar rango constitucional, pues su improcedencia deriva en la medida que: <\/p>\n
\u00abla actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos, que frente a los prove\u00eddos que se profieran en el tr\u00e1mite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional. <\/p>\n
En ese orden de ideas, reexaminando este aspecto por la Sala, se estima que la acci\u00f3n impetrada no resulta procedente habida cuenta que hoy, luego de un nuevo an\u00e1lisis en torno a la actuaci\u00f3n que se cumple a la luz del art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991, la fase que se origina por cuenta del eventual incumplimiento a la orden impartida, en principio no es dable materializar reproches o censuras a trav\u00e9s de otra acci\u00f3n constitucional so pretexto de haber incurrido en una v\u00eda de hecho, porque las providencias que se profieran en el tr\u00e1mite de los mismos, son de rango constitucional sobre las cuales el legislador no contempl\u00f3 medio de impugnaci\u00f3n alguno. <\/p>\n
Es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, reiterada, entre otras, en STC13840-2016, 29 sept. 2016, rad. 01680-01). <\/p>\n
Sobre el particular esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha sostenido su procedencia, cuando la providencia reviste caracter\u00edsticas vulneradoras del debido proceso como cuando se omiten etapas de su tr\u00e1mite legal y \u00aben aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 8 feb. 2008 rad. 00344-01, reiterada STC, 9 feb. 2016, rad. 00901-01, entre otras). <\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
Con sujeci\u00f3n a las anteriores premisas, observa esta Corporaci\u00f3n que no se abre paso el amparo propuesto, por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
3.1. El gestor acude a este particular mecanismo para censurar la orden emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, el 15 de julio de 2020, que en virtud de la tutela adelantada por Yeimi Yulieth Madrid Foronda le orden\u00f3 a la Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n de las V\u00edctimas \u00abque dentro del t\u00e9rmino de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificacio\u0301n de la presente decisio\u0301n proceda a emitir una nueva respuesta a la actora en la que se de aplicacio\u0301n a lo dispuesto en la Resolucio\u0301n 1049 de 2019, concerniente al agendamiento de turno o asignacio\u0301n de una fecha cierta en la cual se le indique el di\u0301a en el que se le hara\u0301 entrega de dicha indemnizacio\u0301n administrativa\u00bb, arguyendo la imposibilidad de cumplir con ese mandato, y precisando que los estrados convocados \u00abno han tenido en cuenta las razones por las cuales no procede en estos momentos asignar una fecha cierta de pago para la entrega de la reclamada indemnizacio\u0301n\u00bb. <\/p>\n
No obstante, al verificar el tr\u00e1mite surtido al interior de la precitada acci\u00f3n constitucional, se pudo constatar, que Rodr\u00edguez Andrade pese a que pudo haber solicitado a la Corte Constitucional que la seleccionara para revisi\u00f3n, escenario id\u00f3neo para exponer todas las irregularidades que en su criterio se presentaron, no lo hizo, pues el asunto fue excluido de revisi\u00f3n el 15 de diciembre de 2020 (T8004059), configur\u00e1ndose as\u00ed en este evento, el fen\u00f3meno de cosa juzgada constitucional cuya funci\u00f3n es \u00abotorgar a ciertas providencias el car\u00e1cter de inmutables, definitivas, vinculantes y coercitivas, al punto que las partes no pueden ventilar de nuevo el asunto que fue objeto de resoluci\u00f3n judicial\u00bb (CC T-185\/13), y tiene lugar una vez \u00abdecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y preclu\u00eddo el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026)\u00bb (CC SU-1219\/01 y T-218\/12). <\/p>\n
3.2. Ahora, tampoco se abre paso el presente auxilio en relaci\u00f3n con las censuras formuladas frente a los prove\u00eddos de 24, 31 de agosto, 5 de noviembre y 2 de diciembre de 2020, por medio de los cuales los convocados, sancionaron por desacato al aqu\u00ed accionante, pues no acredit\u00f3 el interesado que se encuentre inmerso en alguna de las causales que potencialmente har\u00edan procedente este excepcional mecanismo, esto es, cuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, o vulnera el derecho a la defensa de las partes, cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria, o en aquellos casos en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado. <\/p>\n
Contrario a ello, de lo relatado por el convocante se desprende su intenci\u00f3n de sustraerse de la obligaci\u00f3n que le fue impuesta en raz\u00f3n de una orden de tutela, que por dem\u00e1s no cuestion\u00f3, so pretexto de una imposibilidad de cumplimiento. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto en precedencia, se impone negar por improcedente la salvaguarda, pues no se estructura ninguna de las causales de procedibilidad de la tutela contra decisiones proferidas en virtud de tr\u00e1mite de similar naturaleza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC1442-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC1442-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00278-00 (Aprobado en Sala de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021). ANTECEDENTES 1. Obrando en nombre propio, el querellante […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53557","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53557","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53557"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53557\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53557"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53557"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53557"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}