STC1445-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1445-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00335-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00abA\u00bb, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n constitucional n\u00ba 2020-00085-00. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Esta Sala, ha decidido, como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la persona v\u00edctima del conflicto armado involucrada en el asunto bajo estudio, suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, sus nombres, y los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, la querellante reclama la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso, presuntamente conculcada por las autoridades acusadas al resolver el incidente de desacato n\u00ba 2020-00085-00. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del auxilio: <\/p>\n
2.1. \u00abA\u00bb, interpuso solicitud de amparo frente a la Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n de las V\u00edctimas, auxilio que fue concedido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, el 6 de julio de 2020, ordenando a la convocada \u00abque en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de la presente providencia, proceda a brindar una respuesta de fondo a lo pretendido por la accionante bien sea accediendo o negando lo solicitado en su derecho de petici\u00f3n, a trav\u00e9s de la cual solicit\u00f3 el reconocimiento y pago de su indemnizaci\u00f3n administrativa, en dicho lapso de tiempo deber\u00e1 resolver si la accionante tiene derecho o no a la mencionada indemnizaci\u00f3n y en caso de ser procedente, una vez la accionante aporte la afirmaci\u00f3n bajo juramento pendiente de diligenciar, realice las gestiones necesarias para pagar la indemnizaci\u00f3n administrativa que le sea reconocida, sin que el t\u00e9rmino para su desembolso efectivo pueda exceder de treinta (30) d\u00edas h\u00e1biles\u00bb. <\/p>\n
2.2. La accionante relata que en atenci\u00f3n a lo dispuesto en la referida sentencia \u00abremit[\u00f3] a la [Unidad de v\u00edctimas] declaraci\u00f3n extra-juicio rendida ante el Notario Sexto del C\u00edrculo de Ibagu\u00e9, de fecha 21 de septiembre de 2020, donde manifiest[a] bajo la gravedad del juramento, que el se\u00f1or JOSE YANQUET VIAL HERNANDEZ, era un simple trabajador en [su] propiedad y no era miembro de [su] familia y consecuencialmente de [su] n\u00facleo familiar\u00bb. <\/p>\n
2.3. La gestora precisa que denunci\u00f3 el incumplimiento a la orden de tutela, por lo cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 adelant\u00f3 el tramite incidental, y el 21 de octubre de 2020, impuso sanci\u00f3n de un d\u00eda de arresto, y multa equivalente a un salario m\u00ednimo legal mensual vigente para Ram\u00f3n Alberto Rodr\u00edguez Andrade, y Enrique Ardila Franco, en sus calidades de Director General, y Director T\u00e9cnico de Reparaciones de la Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n de las V\u00edctimas, respectivamente. <\/p>\n
2.4. En sede de consulta la Sala Civil familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, el 30 de octubre anterior, confirm\u00f3 parcialmente el fallo, resolviendo \u00abMODIFICAR el auto del 21 de octubre 2019, proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 (Tol.), para disponer: 1.1. SANCIONAR al Dr. ENRIQUE ARDILA FRANCO, en calidad de Director T\u00e9cnico de Reparaciones de la UARIV, por desacato de la orden judicial contenida en sentencia de 6 de julio de 2020, con un (1) d\u00eda de arresto en su lugar de domicilio y multa equivalente a un (1) SMLMV. SEGUNDO: Abstenerse de imponer sanci\u00f3n dentro del presente tr\u00e1mite incidental, al Dr. Ram\u00f3n Alberto Rodr\u00edguez Andrade\u00bb. <\/p>\n
2.5. Inconforme con lo anterior, \u00abA\u00bb, promovi\u00f3 el presente auxilio, se\u00f1alando en s\u00edntesis que la Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n de las V\u00edctimas no ha dado estricto cumplimiento a la precitada orden de tutela, pues asegura que s\u00f3lo ha sido indemnizada por el hecho victimizante de violaci\u00f3n, quedando a\u00fan pendiente que se efect\u00fae la misma por el desplazamiento forzado que padeci\u00f3 \u00abel cual est\u00e1 registrado con el FUD\/CASO 168925, con fecha de declaraci\u00f3n 13 de agosto de 2003\u00bb. <\/p>\n
Afirma, que la Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n de las V\u00edctimas \u00abomiti\u00f3 en forma dolosa el pago correspondiente al DESPLAZAMIENTO FORZADO, lo cual hab\u00eda sido ordenado en el fallo de tutela con radicaci\u00f3n No. 73001-31-03-004-2020-00085-00, adelantada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la ciudad de Ibagu\u00e9, cuyo fallo emitido el d\u00eda 6 de julio de 2020\u00bb. <\/p>\n
Destaca, que \u00abel sujeto accionado en el fallo de tutela 73001-31-03-004- 2020-00085-00 (\u2026) manifest[\u00f3] al Juez constitucional que hab\u00eda hecho efectivo la totalidad de pagos que [le] correspond\u00edan por mandato legal, conllev\u00f3 al Juez a un ERROR INDUCIDO, ya que el Juez fue v\u00edctima de un enga\u00f1o por parte de la entidad accionada ese enga\u00f1o lo indujo a tomar la decisi\u00f3n de dar por terminada toda la actuaci\u00f3n procesal correspondiente al fallo de tutela mencionado en este numeral, afectando as\u00ed [sus] derechos fundamentales reconocidos en tal fallo de tutela, present\u00e1ndose en consecuencia una CAUSAL O DEFECTO ESPEC\u00cdFICO DE PROCEBILIDAD (sic) que afect\u00f3 [sus] derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de \u00e9sta excepcional senda constitucional se ordene (i) \u00abal Juez Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, PROTEGER el DERECHO AL DEBIDO PROCESO a mi favor, REVOCAR y dejar sin valor y efectos jur\u00eddicos el fallo sancionatorio de DESACATO, proferido el d\u00eda 21 de octubre de 2020, en el fallo de tutela radicado 73001-31-03-004-2020-00085-00 (\u2026) a trav\u00e9s del cual se sancion\u00f3 a LA UNIDAD PARA LA ATENCI\u00d3N Y REPARACI\u00d3N INTEGRAL DE LAS V\u00cdCTIMAS, por haber incumplido parcialmente dicho fallo\u00bb; (ii) \u00abal Dr. DIEGO OMAR PEREZ SALAS, Magistrado del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil-Familia, PROTEGER el DERECHO AL DEBIDO PROCESO a mi favor, REVOCAR y dejar sin valor y efectos jur\u00eddicos el auto fechado octubre 21 de 2020, que desata la consulta elevada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 Tolima, respecto del auto sancionatorio por DESACATO, y que lo modifica en parte\u00bb; (iii) \u00abordenar a los organismos judiciales accionados, reabrir el INCIDENTE DE DESACATO, confiriendo un t\u00e9rmino perentorio a los operadores judiciales para cumplir los ordenamientos de su despacho\u00bb; (iv) \u00abremitir copia de toda la actuaci\u00f3n a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que investigue el presunto il\u00edcito de FRAUDE A RESOLUCI\u00d3N JUDICIAL, contra LA UNIDAD PARA LA ATENCI\u00d3N Y REPARACI\u00d3N INTEGRAL DE LAS V\u00cdCTIMAS, por el incumplimiento parcial del fallo de tutela radicado 73001-31-03-004-2020-00085-00\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Unidad para l Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, se opuso a la prosperidad del resguardo, aduciendo que \u00abatendiendo a la solicitud, relacionada por la se\u00f1ora \u00abA\u00bb con base a la indemnizaci\u00f3n administrativa por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO, me permito informar, que la Unidad para las V\u00edctimas se encuentra realizando las verificaciones correspondientes en los diferentes sistemas de informaci\u00f3n para poder establecer de manera definitiva si le asiste el derecho o no a recibir la medida indemnizatoria. Dicho esto, inmediatamente se tenga la decisi\u00f3n, se la har\u00e1 saber por medio de un Acto Administrativo dicha decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3, que \u00abde ser procedente la medida, pero no acreditarse alguna situaci\u00f3n de urgencia manifiesta o de extrema vulnerabilidad previstas en el art\u00edculo 4 de la Resoluci\u00f3n No. 01049 del 15 de marzo de 2019, la cual deroga la anterior Resoluci\u00f3n No. 1958 de 2018, el orden de otorgamiento o pago de la indemnizaci\u00f3n estar\u00e1 sujeto al resultado de la aplicaci\u00f3n del M\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3, que \u00abque esta entidad pueda efectuar los tr\u00e1mites necesarios para el reconocimiento y pago de la reparaci\u00f3n administrativa y en general cualquier tipo de requerimiento, debe haber sido elevada solicitud por parte de las v\u00edctimas, situaci\u00f3n que no se verifica en este caso, ya que sin mediar derecho de petici\u00f3n alguno la accionante acuden directamente a la acci\u00f3n de tutela reclamando la protecci\u00f3n de un derecho sin que le hayan dado la oportunidad a esta entidad de pronunciarse sobre el tr\u00e1mite adecuado y sin haber acreditado la causaci\u00f3n de un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
Recalc\u00f3, que \u00abque al acceder a las pretensiones de la accionante se configurar\u00eda una violaci\u00f3n al derecho a la igualdad del que gozan todas las personas que pretenden acceder a la informaci\u00f3n, medidas de asistencia o reparaci\u00f3n como v\u00edctimas del conflicto, pues al ellos presentar peticiones previas a la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela buscando el pago de la entrega de la atenci\u00f3n humanitaria, si estar\u00edan acudiendo en debida forma a los mecanismos administrativos establecidos para tal fin\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales accionadas, transgredieron la garant\u00eda esencial reclamada por la gestora en desarrollo del tr\u00e1mite incidental de desacato n\u00ba 2020-00805. <\/p>\n
2. Improcedencia de la tutela contra decisiones proferidas en virtud de incidentes de desacato. <\/p>\n
La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Ahora, id\u00e9ntico criterio ha adoptado esta Sala en trat\u00e1ndose de quejas constitucionales encaminadas a censurar disposiciones adoptadas al interior de un incidente de desacato propuesto en acci\u00f3n de similar rango constitucional, pues su improcedencia deriva en la medida que: <\/p>\n
\u00abla actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos, que frente a los prove\u00eddos que se profieran en el tr\u00e1mite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional. <\/p>\n
En ese orden de ideas, reexaminando este aspecto por la Sala, se estima que la acci\u00f3n impetrada no resulta procedente habida cuenta que hoy, luego de un nuevo an\u00e1lisis en torno a la actuaci\u00f3n que se cumple a la luz del art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991, la fase que se origina por cuenta del eventual incumplimiento a la orden impartida, en principio no es dable materializar reproches o censuras a trav\u00e9s de otra acci\u00f3n constitucional so pretexto de haber incurrido en una v\u00eda de hecho, porque las providencias que se profieran en el tr\u00e1mite de los mismos, son de rango constitucional sobre las cuales el legislador no contempl\u00f3 medio de impugnaci\u00f3n alguno. <\/p>\n
Es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, reiterada, entre otras, en STC13840-2016, 29 sept. 2016, rad. 01680-01). <\/p>\n
Por su parte, el precedente constitucional ha dicho que la decisi\u00f3n que define un incidente de desacato puede ser atacada por la misma v\u00eda en el que \u00e9ste tuvo asidero, siempre y cuando se extraiga con solvencia la trasgresi\u00f3n a derechos tambi\u00e9n de orden superior, y en particular \u00abcuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CC T-1113\/05). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
Sobre el particular esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha sostenido su procedencia, cuando la providencia reviste caracter\u00edsticas vulneradoras del debido proceso como cuando se omiten etapas de su tr\u00e1mite legal y \u00aben aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 8 feb. 2008 rad. 00344-01, reiterada STC, 9 feb. 2016, rad. 00901-01, entre otras). <\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
Analizado el asunto sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, y conforme a lo expuesto en precedencia ha de precisarse que la concesi\u00f3n del auxilio se torna improcedente por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
Conforme a lo narrado por la convocante en el escrito inicial se extracta que su ataque se dirige a: (i) cuestionar las determinaciones surtidas al interior del incidente de desacato n\u00ba 2020-00085; y (ii) denunciar que la Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n de las V\u00edctimas se ha sustra\u00eddo de su deber de acatar a cabalidad la orden impartida en la sentencia de 6 de julio de 2020, proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
Ahora, frente al segundo de los reclamos, ha de precisarse que a la interesada le asiste otra v\u00eda para lograr el cumplimiento del prenombrado fallo, esto es, un nuevo incidente de desacato, escenario por medio del cual podr\u00e1 manifestar las razones por las que considera que a\u00fan no se ha materializado en su integridad la orden de tutela, tr\u00e1mite que podr\u00e1 interponer las veces que estime necesario para verificar el cabal obedecimiento. <\/p>\n
Al respecto, el canon 27 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 en cuanto al cumplimiento del fallo de tutela: <\/p>\n
\u00abProferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio deber\u00e1 cumplirla sin demora. Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigir\u00e1 al superior del responsable y le requerir\u00e1 para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aqu\u00e9l. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenar\u00e1 abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptar\u00e1 directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podr\u00e1 sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en su caso. En todo caso, el juez establecer\u00e1 los dem\u00e1s efectos del fallo para el caso concreto y mantendr\u00e1 la competencia hasta que est\u00e9 completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza\u00bb. <\/p>\n
A su vez, el art\u00edculo 52 ib\u00eddem advierte que: \u00abla persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrir\u00e1 en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios m\u00ednimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere se\u00f1alado una consecuencia jur\u00eddica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar (\u2026) la sanci\u00f3n ser\u00e1 impuesta por el mismo juez mediante tr\u00e1mite incidental y ser\u00e1 consultada al superior jer\u00e1rquico quien decidir\u00e1 dentro de los tres d\u00edas siguientes si debe revocarse la sanci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Significa lo anterior, que la inobservancia del presupuesto de la subsidiariedad conlleva la inviabilidad de la protecci\u00f3n deprecada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todas las herramientas de defensa antes de ejercer el amparo. <\/p>\n
Sobre el agotamiento de los medios ordinarios como requisito para acudir a esta v\u00eda, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00ba dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Finalmente, se despachar\u00e1 desfavorablemente la pretensi\u00f3n de la gestora encaminada a que se \u00abremit[a] copia de toda la actuaci\u00f3n a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que investigue el presunto il\u00edcito de FRAUDE A RESOLUCI\u00d3N JUDICIAL, contra LA UNIDAD PARA LA ATENCI\u00d3N Y REPARACI\u00d3N INTEGRAL DE LAS V\u00cdCTIMAS, por el incumplimiento parcial del fallo de tutela radicado 73001-31-03-004-2020-00085-00\u00bb, pues ha de relievarse que esta excepcional v\u00eda no ha sido erigida para dar tr\u00e1mite a ese tipo de solicitudes, por lo cual, la promotora, de considerarlo pertinente, deber\u00e1 acudir directamente ante las autoridades competentes para tal fin. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto en precedencia, se impone negar por improcedente la salvaguarda, pues (i) no se estructura ninguna de las causales de procedibilidad de la tutela contra decisiones proferidas en virtud del tr\u00e1mite del incidente de desacato, y (ii) porque la interesada cuenta con otra v\u00eda para plantear el debate respecto del incumplimiento a la orden de tutela de 6 de julio de 2020. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
7 <\/p>\n
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