STC1449-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1449-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-01438-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida Adriana Mar\u00eda Betancur Posada contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito de Caldas (Antioquia) y los intervinientes en el juicio de rendici\u00f3n provocada de cuentas n\u00ba 2011-00409. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de abogado, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, el cual estima trasgredido con el auto de 28 de enero de 2020, mediante el cual la magistratura accionada, obrando como juez de segunda instancia, revoc\u00f3 la aprobaci\u00f3n de las cuentas que se le ordenaron rendir en el aludido juicio y, en su lugar, la conden\u00f3 a pagarle a su contraparte la suma que se reclam\u00f3 en la demanda (6000 SMMLV). <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, reproch\u00f3 que con la referida determinaci\u00f3n, el ad quem (i) se apoy\u00f3 en un precepto normativo (num. 6\u00ba, art. 379, C\u00f3digo General del Proceso) que solo resulta aplicable cuando el demandado no rinde las cuentas que se le ordenan, mas no cuando prospera la objeci\u00f3n frente a las cuentas rendidas (hip\u00f3tesis que debe resolverse bajo las previsiones del num. 5\u00ba del art. 379 del mismo estatuto); y (ii) omiti\u00f3 deliberadamente, y sin ofrecer motivaci\u00f3n alguna, las pruebas que reflejaban que ella no ejerci\u00f3 \u00abel control pleno de la administraci\u00f3n de los bienes, pues otras personas igualmente realizaron actos de disposici\u00f3n y administraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, en consecuencia, que se deje sin efecto la fustigada providencia y que, en su lugar, se resuelva nuevamente el incidente de objeci\u00f3n, pero esta vez con fundamento en la norma legalmente aplicable. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Hasta el momento en que se discuti\u00f3 el asunto, no se hab\u00eda recibido ning\u00fan informe. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal convocado lesion\u00f3 la garant\u00eda fundamental invocada en el libelo introductor, al revocar la aprobaci\u00f3n de las cuentas impartida en primera instancia y, en su lugar, acoger la estimaci\u00f3n efectuada en la demanda. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones de naturaleza judicial, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto – razonabilidad de la providencia cuestionada. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el tribunal convocado consider\u00f3 que la aqu\u00ed accionante no hab\u00eda presentado realmente las cuentas que se le oblig\u00f3 a rendir y, en consecuencia, acogi\u00f3 la estimaci\u00f3n que sobre el particular se efectu\u00f3 en la demanda, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado, en raz\u00f3n a que tal determinaci\u00f3n obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas y la jurisprudencia que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, la magistratura advirti\u00f3 que \u00abel problema jur\u00eddico planteado por la A-quo es equivocado, pues lo ordenado en la sentencia de primera instancia (f. 324 a 334 c. ppal.) y que fue confirmada por este tribunal, no limit\u00f3 en manera alguna los bienes sobre los cuales fungi\u00f3 como administradora la demandada por el per\u00edodo 15 de noviembre de 1994 hasta y el 14 de octubre de 2005, y sobre lo cual deber\u00eda versar la rendici\u00f3n de cuentas ordenada, debiendo adjuntarse los correspondientes comprobantes y soportes. Entonces, seg\u00fan ambos fallos, la rendici\u00f3n de cuentas deb\u00eda referirse a todos los activos, ingresos, pasivos y egresos que conformaron el patrimonio de la se\u00f1ora Ana Olga Posada \u00c1ngel y el giro ordinario de sus negocios en el mencionado interregno, pues tales fueron los t\u00e9rminos en que se plante\u00f3 la demanda, en la cual por dem\u00e1s se relacionaron los bienes que para la \u00e9poca de inicio de la gesti\u00f3n administrativa de la demandada exist\u00edan en el patrimonio de la se\u00f1ora Ana Olga Posada \u00c1ngel\u00bb. <\/p>\n
Con base en ello, anot\u00f3 que \u00abse hace evidente en el proceso que la obligada a rendir las cuentas no solamente las limit\u00f3 a la recepci\u00f3n de unos dividendos, en contrav\u00eda de lo ordenado en la sentencia, sino que las mismas fueron presentadas sin comprobante ni soporte alguno, contrariando no solamente a lo dispuesto en la sentencia, en acatamiento de lo previsto por el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 379 del C.G.P., sino desconociendo el concepto mismo de CUENTAS que, por definici\u00f3n supone documentos de soporte y respaldo y no meras afirmaciones\u00bb. <\/p>\n
Sobre el mismo t\u00f3pico, se\u00f1al\u00f3 que \u00abcuando media oposici\u00f3n a rendir las cuentas, es en la primera etapa del mismo donde se define si el demandado est\u00e1 o no obligado a rendirlas, decisi\u00f3n que se adopta mediante sentencia con base en las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso, sin que sobre tal aspecto pueda volverse al resolver las eventuales objeciones que presente el demandante a las cuentas que rinda el demandado. Y por lo mismo ser\u00eda en aquella etapa, donde la demandada deb\u00eda haber manifestado que los alcances de su administraci\u00f3n se hab\u00edan limitado a la percepci\u00f3n de determinados dividendos, pero no puede pasarse por alto que en este caso la accionada se opuso terminantemente a rendir las cuentas \u201cpor la simple y sencilla raz\u00f3n de que nunca fue administradora del patrimonio de la se\u00f1ora Ana Olga Posada \u00c1ngel\u2026\u201d (f. 189 c. ppal.)\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00abconforme al art\u00edculo 379 del C.G.P., el demandante debe afirmar en la demanda, bajo juramento, lo que se le adeude por el demandado o considere deberle a este; y si el demandado no se opone a rendir las cuentas ni objeta esa estimaci\u00f3n hecha por el demandante, se dictar\u00e1 auto acogiendo dicha estimaci\u00f3n. Conforme al numeral 3\u00ba de tal precepto \u201cPara objetar la estimaci\u00f3n el demandado deber\u00e1 acompa\u00f1ar las cuentas con los respectivos soportes\u201d. Si alega no estar obligado a rendir cuentas, el punto se resuelve en sentencia la cual, en caso de ordenar la rendici\u00f3n, le fijar\u00e1 t\u00e9rmino \u201cpara que las presente con los respectivos documentos\u201d. En caso de hacerlo, de ellas se corre traslado por 10 d\u00edas al demandante, cuyo silencio dar\u00e1 lugar a que el juez las apruebe mediante auto no recurrible. \u201cSi el demandante formula objeciones, se tramitar\u00e1 como incidente y en el auto que lo resuelva se fijar\u00e1 el saldo que resulte a favor o a cargo del demandado y se ordenar\u00e1 su pago\u201d. Finalmente dispone el numeral 6\u00ba que \u201cSi el demandado no presenta las cuentas en el t\u00e9rmino se\u00f1alado, el juez, por medio de auto que no admite recurso y presta m\u00e9rito ejecutivo, ordenar\u00e1 pagar lo estimado en la demanda\u201d\u00bb. <\/p>\n
Sobre el mismo particular, recalc\u00f3 que \u00abel juzgador no incumpli\u00f3 el deber impuesto en el ordenamiento frente al tr\u00e1mite del caso, pues es principio de la actuaci\u00f3n procesal civil el adelantamiento o realizaci\u00f3n, sin soluci\u00f3n de continuidad de las audiencias y diligencias programadas y, como quiera que la excusa que justificaba la inasistencia no se present\u00f3 con anterioridad a la audiencia, las exculpaciones solo pod\u00edan ser apreciadas si se presentaban en los tres d\u00edas siguientes a la diligencia, pero como lo informa el numeral 3 del canon 372, aquellas solo tienen el efecto de exonerar de las consecuencias procesales, probatorias y pecuniarias adversas derivadas de la inasistencia. No hay que olvidar que, el t\u00e9rmino es de car\u00e1cter legal, es decir que no era necesario que el juez lo concediera, como equivocadamente lo sugiere el actor, sino que corre de manera aut\u00f3noma una vez precluye la audiencia. Tampoco es irregular la pr\u00e1ctica de la diligencia en forma concentrada, en la que bien se pod\u00edan evacuar todas las etapas del proceso, pues as\u00ed lo posibilita el procedimiento. Cabe destacar que de igual contenido al actual numeral 6\u00ba del art. 379 del C.G.P. era el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 418 del C. de P.C., precepto que super\u00f3 demanda de inconstitucionalidad seg\u00fan Sentencia C-981 de 2002, atr\u00e1s citada\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en ese marco normativo y jurisprudencial, insisti\u00f3 en que \u00abEs hecho incontrovertible en este caso, que ni se presentaron las cuentas relativas a los activos, pasivos, ingresos y egresos correlativos al patrimonio de la se\u00f1ora Ana Olga Posada \u00c1ngel, en el interregno ordenado en la sentencia, y que brillan por su ausencia los soportes y comprobantes requeridos por la ley y la citada providencia. De donde se sigue que en verdad la demandada no acat\u00f3 la orden impartida en la sentencia y, por ende, no era del caso dar traslado alguno al demandante porque las cuentas no fueron presentadas. Ha debido entonces la se\u00f1ora juez A-quo dar aplicaci\u00f3n al numeral 6 del art\u00edculo 379 del C.G.P. Y si bien en l\u00ednea de principio, presentadas unas verdaderas cuentas, es decir, con inclusi\u00f3n de soportes, es al demandante a quien incumbe contraprobar frente a lo documentado por el administrador, este no es el caso que se presenta en el sub examine. Por ello es que el demandante en su memorial de \u201cobjeci\u00f3n\u201d pone de presente la ausencia de verdaderas cuentas y la carencia de soportes, am\u00e9n del incumplimiento de la orden impartida en la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Y continu\u00f3 enfatizando que \u00abde la simple lectura del art\u00edculo 379, citado, se colige con claridad meridiana que la carga de la prueba correlativa a una administraci\u00f3n, corresponde a quien administra, por eso, cuando este presenta los datos y cifras debidamente soportados, el demandante tiene la carga de probar los hechos fundamento de sus objeciones. Pero cuando no ocurre lo primero, es decir, el administrador no presenta datos y cifras debidamente soportados, no puede desplazarse la carga de la prueba en cabeza del demandante, como en este caso sucedi\u00f3. En resumen, por no haberse rendido las cuentas conforme a lo ordenado en la sentencia y debidamente soportadas, se dar\u00e1 aplicaci\u00f3n al numeral 6 del art\u00edculo 379 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Ante tales razonamientos, no cabe tener por acreditado el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador convocado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Seg\u00fan lo rese\u00f1ado, surge palpable que la pretensi\u00f3n de la gestora del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones que la autoridad accionada tuvo para resolver el asunto sometido a su escrutinio, disconformidad que, se itera, excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Se negar\u00e1 la solicitud de amparo en estudio, porque la determinaci\u00f3n cuestionada fue motivada y lo pretendido por la querellante es anteponer su propio criterio al del juez convocado, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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