STC1450-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1450-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-01313-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 22 de septiembre de 2020, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Jairo Jacinto Romero Clavijo contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, \u00abprotecci\u00f3n a los derechos adquiridos\u00bb, m\u00ednimo vital, igualdad, condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, entre otros, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada en un juicio laboral (SL2065-2020, 1 jul.) que inici\u00f3. <\/p>\n
2. De acuerdo con el resumen del extenso escrito introductor realizado por el a quo constitucional, se desprenden los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
En concreto, solicit\u00f3 que dicha prestaci\u00f3n se fije en el 75% del promedio devengado en el \u00faltimo a\u00f1o de servicios por tratarse de una pensi\u00f3n legal y no convencional. Asimismo, reclam\u00f3 el pago de las diferencias de las mesadas causadas debidamente indexadas, los intereses moratorios, lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso. <\/p>\n
En sentencia del 16 de septiembre de 2014, el Juzgado 34 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 neg\u00f3 las pretensiones y absolvi\u00f3 a la demandada. <\/p>\n
Inconforme con la anterior determinaci\u00f3n, ROMERO CLAVIJO la apel\u00f3 y la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad le imparti\u00f3 confirmaci\u00f3n el 27 de enero de 2015. Explic\u00f3 que contrario a lo afirmado por el accionante, la pensi\u00f3n que goza tiene car\u00e1cter convencional, no legal. <\/p>\n
Ello, advirti\u00f3, porque su reconocimiento se encuentra amparado en el art\u00edculo 2\u00ba de la adenda efectuada a la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 1996-1997, seg\u00fan la cual, los trabajadores cobijados por el r\u00e9gimen de transici\u00f3n vinculados a TELECOM antes de la entrada en vigencia del Decreto 2123 de 1992 \u2013como el actor, quien se vincul\u00f3 el 17 de enero de 1997-, tienen derecho al reconocimiento de la referida prestaci\u00f3n, entre otros eventos, cuando alcancen 25 a\u00f1os de servicio sin consideraci\u00f3n de la edad. <\/p>\n
En desacuerdo, el accionante recurri\u00f3 el fallo de segunda instancia en casaci\u00f3n. El 1\u00b0 de julio de 2020 la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte no cas\u00f3 la providencia. <\/p>\n
A juicio de JAIRO JACINTO ROMERO CLAVIJO, la anterior determinaci\u00f3n incurri\u00f3, en primer lugar, en defectos materiales o sustantivos, debido a que la Corporaci\u00f3n judicial accionada err\u00f3 respecto a la vigencia del art\u00edculo 27 del Decreto 3135 de 1968. Igualmente, adujo que interpret\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 33 de 1985, lo cual conllev\u00f3 a la falta de aplicaci\u00f3n de la Ley 4\u00aa de 1987 y los art\u00edculos 36 de la Ley 100 de 1993, 9\u00ba y 10\u00ba del Decreto Ley 2201 de 1987, 7\u00b0 del Decreto 2123 de 1992 y 31 del Decreto 666 de 1993. <\/p>\n
Como sustento de dicha afirmaci\u00f3n, expuso que la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral al acoger los conceptos 960 del 5 de junio de 1997 y su ampliaci\u00f3n del 20 de mayo de 1998, 1369 del 18 de octubre de 2001 y 1390 del 11 de febrero de 2002, dictados por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, omiti\u00f3 que era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, acorde con el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993. Igualmente, censur\u00f3 que les atribuyera car\u00e1cter vinculante a los citados conceptos. <\/p>\n
A la par, se\u00f1al\u00f3 que la accionada tambi\u00e9n desconoci\u00f3 el art\u00edculo 467 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. Ello, por cuanto, en su criterio, era beneficiario de las convenciones colectivas del trabajo 1994-1995, 1996-1997 y de la adenda radicada el 24 de junio de 1998 ante el Ministerio del Trabajo, cada una con su correspondiente nota de dep\u00f3sito. <\/p>\n
En segundo lugar, acus\u00f3 a la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n de incurrir en error inducido, porque opt\u00f3 por acatar las \u00f3rdenes de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, dirigidas inicialmente a la Caja de Previsi\u00f3n Social de Telecomunicaciones \u2013CAPRECOM-, hoy Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP- y, posteriormente, a los servidores p\u00fablicos -directiva 006 del 15 de marzo de 2010, circular 054 del 3 de noviembre de 2010, instructivo 0038 del 18 de noviembre de 2008 y los oficios 1481 y 1183 del 3 de junio y 7 de octubre de 2005-. <\/p>\n
Igualmente, atendi\u00f3 lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura, a trav\u00e9s de la circular 04-2004 del 4 de septiembre de 2006, en la cual se se\u00f1al\u00f3 \u00abla tutela no es el mecanismo para reclamar los Derechos Pensionales de los extrabajadores de \u2013TELECOM\u2013 y que no se pueden vincular procesos iniciados en contra de -TELECOM\u2013 y posterior a su desaparici\u00f3n, bajo el fundamento que se est\u00e1 poniendo en peligro la financiaci\u00f3n del pasivo pensional de la extinta \u2013TELECOM\u2013 por tener que destinar cuantiosas sumas de dinero\u00bb, la cual fue ratificada mediante circular 06\u20132006 del 2 de noviembre de 2006, as\u00ed como las determinaciones de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n dictadas el 24 de abril de 1998 y el 30 de octubre de 2012, dentro de los radicados internos 10446 y 47571, respectivamente. <\/p>\n
Denunci\u00f3 a la autoridad judicial accionada, en tercer t\u00e9rmino, de desconocer el precedente judicial tanto de la Corte Constitucional como de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, contenido entre otras, en las providencias CC C-168 de 1995, CC C-68 de 1996, CC T-631 de 2002, CC T-762 de 2011, CSJ SL4980-2017 y CC SU-057 de 2018. <\/p>\n
En cuarto lugar, le atribuy\u00f3 violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 53, 93, 94, 228, 229 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 19-8 de la Constituci\u00f3n de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo, en atenci\u00f3n a que acogi\u00f3 lo dispuesto por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y el Consejo Superior de la Judicatura. Por tanto, indic\u00f3, la decisi\u00f3n judicial censurada dej\u00f3 de ser independiente. <\/p>\n
En quinto t\u00e9rmino, se\u00f1al\u00f3 que la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, pues no valor\u00f3 la convenci\u00f3n colectiva del trabajo 1994-1995 y la adenda al art\u00edculo 2\u00b0 de la convenci\u00f3n colectiva del trabajo 1996-1997\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pidi\u00f3, en resumen, \u00abse le conceda la tutela de manera definitiva, con el amparo de los Derechos fundamentales invocados y cualquier otro del mismo rango que se determine violado y en consecuencia solicita se ordene con la suspensi\u00f3n e inaplicabilidad de las providencias proferidas por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia con fecha 1\u00ba de julio de 2020 como la del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA \u2013 SALA LABORAL Y JUZGADO 34 LABORAL DE BOGOTA respectivamente y se disponga lo necesario para que a la accionada o quien haga sus veces en un plazo prudencial y perentorio proceda a reliquidar la pensi\u00f3n de JAIRO JACINTO ROMERO CLAVIJO con el 75% (0.0625) de los $ 43.699.645.oo que es el monto total que fue lo devengado como salario durante el \u00faltimo a\u00f1o de servicio en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones \u2013 TELECOM \u2013, cuyo monto es de $2.731.228.oo que ajust\u00e1ndolo con el IPC del 1\u00ba de Enero de 1998 es de $3.214.109.oo incluyendo las adicionales de los meses de Junio y Diciembre de cada a\u00f1o m\u00e1s los intereses de mora que ordena el Art 141 de la Ley 100 de 1993 y subsidiariamente con el Ingreso Base de Liquidaci\u00f3n que es de un a\u00f1o solamente que es la aplicaci\u00f3n de la misma f[\u00f3]rmula, monto y resultado anteriormente descrita, restituyendo las diferencias a los valores dejados de pagar adicionando las primas de junio y diciembre m[\u00e1]s los intereses de mora como lo establece el art 141 de la ley 100 de 1993 o la liquidaci\u00f3n m\u00e1s favorable\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada manifest\u00f3 que \u00abel peticionario procura que se determine que le asiste derecho a la reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, teniendo en cuenta para ello el 75% del salario promedio devengado durante el \u00faltimo a\u00f1o de trabajo. Sin embargo, tal tem\u00e1tica fue ampliamente resuelta por la Corporaci\u00f3n, quien, de forma clara y razonada, con apoyo en la l\u00ednea jurisprudencial trazada por la Corte Suprema de Justica \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Laboral (sentencias CSJ SL, 14 mar. 2007, rad. 30268 y CSJ SL1559-2019), explic\u00f3 que el Decreto 3135 de 1968 subrog\u00f3 los reg\u00edmenes especiales de pensiones establecidos para los servidores del sector de las telecomunicaciones (Leyes 2\u00aa de 1932, 28 de 1943, 22 de 1945 y en los Decretos 1237 de 1946 y 2661 de 1960), salvo respecto a las personas que ocupaban unos determinados cargos de excepci\u00f3n, que no era el caso del demandante, de all\u00ed que no pod\u00eda solicitar su aplicaci\u00f3n a efectos de obtener la reliquidaci\u00f3n pensional implorada\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, agreg\u00f3 que, \u00abel peticionario, en su escrito de acci\u00f3n de tutela, incurre nuevamente en un error al momento de contabilizar el tiempo de servicios, en tanto del 20 de enero de 1969 al 14 de septiembre de 1974, no hay 6 a\u00f1os, 9 meses y 24 d\u00edas como equivocadamente lo afirma; como tampoco es dable contabilizar el tiempo de servicios hasta el 22 de marzo de 1995, pues el hito final corresponde al 1\u00ba de abril de 1994. En la decisi\u00f3n judicial hoy cuestionada se agreg\u00f3 a efectos de dar soluci\u00f3n a todos los reparos elevados por el censor, que, conforme a la inveterada jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el ingreso base de liquidaci\u00f3n de una pensi\u00f3n adquirida en vigencia de la Ley 100 de 1993 se define es bajo el art\u00edculo 21 o el inciso 3 del SCLGDPT-12 V.00 art\u00edculo 36 ibidem\u00bb. <\/p>\n
. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que no le es posible hacer un pronunciamiento puntual, toda vez que el expediente no ha sido devuelto a ese despacho. <\/p>\n
3. El Subdirector de Defensa Judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales \u2013UGPP adujo que el amparo es improcedente, toda vez que las decisiones se encuentran ajustadas al precedente constitucional sobre la materia, aunado a que \u00abel se\u00f1or JAIRO JACINTO ROMERO CLAVIJO, se le debe aplicar el r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, motivo por el cual la norma a regir su pensi\u00f3n es la contenida en la Ley 33 de 1985, como as\u00ed lo se\u00f1al\u00f3 el estrado judicial accionado, pero s\u00f3lo en lo que respecta a edad, tiempo y monto, pero para efectos del Ingreso Base de Liquidaci\u00f3n, como ya se ha explicado, debe aplicarse el inciso 3 del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, pues el IBL no es objeto de aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen especial anterior, as\u00ed las cosas la decisi\u00f3n contenida en el objeto de tutela da una interpretaci\u00f3n correcta en torno a la forma de aplicar el IBL a este tipo de casos\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el resguardo, porque la providencia confutada luce razonable, en tanto \u00abtal tem\u00e1tica fue resuelta por la Corporaci\u00f3n judicial accionada en el fallo de casaci\u00f3n CSJ SL2065-2020 y los razonamientos all\u00ed planteados no se muestran arbitrarios o caprichosos. Por el contrario, est\u00e1n debidamente fundamentados en los hechos probados, las normas legales aplicables y la jurisprudencia establecida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias CSJ SL, 14 Mar. 2007, rad. 30268 y CSJ SL1559-2019, lo cual descarta la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, \u00abla Sala de Descongesti\u00f3n 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral se remiti\u00f3 a la cl\u00e1usula 2\u00aa de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 1996-1997 y del estudio razonado de su contenido, con apoyo en el art\u00edculo 27 del convenio extralegal 1994-1995 , se\u00f1al\u00f3 que no resultaba posible conformar el ingreso base de liquidaci\u00f3n de esa pensi\u00f3n extralegal con lo percibido en el \u00faltimo a\u00f1o de servicio, por cuanto para ello era necesario que para el 1\u00ba de abril de 1994 le faltara un a\u00f1o para consolidar su derecho, lo cual no se acredit\u00f3, en tanto los tiempos de servicios para esa data eran tan s\u00f3lo de 22 a\u00f1os, 10 meses y 5 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada sentencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral (SL2065-2020, 1 jul.), en tanto respald\u00f3 la sentencia desfavorable del ad quem, supuestamente, desconociendo la naturaleza de la pensi\u00f3n reconocida y la forma de calcular el ingreso base de liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 de esta Corporaci\u00f3n mantuvo en firme el fallo desestimatorio del tribunal ad quem, tras considerar, entre otros aspectos, que \u00abde la convenci\u00f3n colectiva 1996-1997 no se deriva (\u2026) que se hubiera previsto que el IBL de las pensiones convencionales deb\u00eda ser calculado conforme a lo devengando en el \u00faltimo a\u00f1o de servicios como lo asevera el recurrente\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, la Sala enjuiciada resumi\u00f3 los cargos primero, segundo y cuarto en dos grandes bloques \u2013en tanto, el tercero se desestim\u00f3 por deficiencias t\u00e9cnicas\u2013, para abordar su estudio, de la siguiente manera: <\/p>\n
(i) \u00abla censura cuestiona, desde la \u00f3rbita de lo jur\u00eddico lo siguiente: i) que el Tribunal se equivoc\u00f3 al sostener que la disposiciones que rigen a los trabajadores de Telecom fueron derogadas por el Decreto 3135 de 1968 y las Leyes 33 de 1985 y 100 de 1993, sin tener en cuenta que estos trabajadores tienen unas disposiciones propias que son diferentes al personal que fue afiliado a Cajanal, las cuales fueron ratificadas en una adenda a la convenci\u00f3n colectiva de trabajo y; ii) que el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 permite la aplicaci\u00f3n, en su integridad, de las disposiciones anteriores, lo cual rige en torno a la forma de cuantificar la mesada pensional\u00bb. <\/p>\n
(ii) Por su parte, desde el \u00e1mbito de lo f\u00e1ctico, colige la Corte que la censura cuestiona lo siguiente: i) que el Tribunal hubiera establecido que la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reconocida al actor era de origen convencional y no legal, para lo cual aduce que la \u00abadenda convencional\u00bb comenz\u00f3 a regir con posterioridad al otorgamiento de la prestaci\u00f3n y; ii) que aun de considerarse que la pensi\u00f3n es de estirpe convencional, lo cierto es que all\u00ed se estipul\u00f3 que el ingreso base de la prestaci\u00f3n jubilatoria se cuantificar\u00eda conforme al art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, y como al actor le faltaba menos de un a\u00f1o para adquirir el derecho cuando entr\u00f3 en vigencia el sistema general de pensiones, el IBL se debe determinar conforme a ese tiempo\u00bb. <\/p>\n
Para el se\u00f1alado prop\u00f3sito, la autoridad convocada expuso, en primer lugar, algunas consideraciones sobre la naturaleza de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n que disfruta el actor y el r\u00e9gimen legal que rige para los trabajadores de la extinta Telecom, as\u00ed: <\/p>\n
Ahora bien, aun cuando en esa resoluci\u00f3n se aludi\u00f3 a diferentes disposiciones de origen legal para soportar el otorgamiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, como lo son los Decretos 1237 de 1946, 2661 de 1960 y 3135 de 1968 y las leyes 33 y 62 de 1985, ello resulta insuficiente para catalogar la prestaci\u00f3n como de origen legal. <\/p>\n
En efecto, esta Sala de la Corte ha se\u00f1alado con insistencia que el Decreto 3135 de 1968 derog\u00f3 los reg\u00edmenes especiales de pensiones establecidos para los servidores del sector de las telecomunicaciones, salvo los destinados a ciertas clases de trabajadores, en funci\u00f3n de la naturaleza especial de las labores que cumplen, que es, en esencia, la misma regla jur\u00eddica que reivindic\u00f3 el Tribunal. Sobre el particular en sentencia CSJ SL1559-2019, se indic\u00f3: <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
De este r\u00e9gimen, es importante recordar lo adoctrinado al respecto, en m\u00faltiples oportunidades por esta Sala de Casaci\u00f3n: <\/p>\n
Es indudable que al unificar el Decreto 3135 de 1.968 los requisitos para la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n de los empleados p\u00fablicos y trabajadores oficiales de la rama ejecutiva sujetos al r\u00e9gimen general y al derogar las disposiciones que le fueran contrarias subrog\u00f3 las anteriores que regulaban esta prestaci\u00f3n en un determinado sector de la administraci\u00f3n p\u00fablica, como ser\u00eda en el de las comunicaciones el r\u00e9gimen general de pensiones a cargo de la Caja de Previsi\u00f3n Social de Comunicaciones; salvo en lo relativo a la excepci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 11 del Decreto 2661 de 1.960, que al contrario de lo afirmado por la acusaci\u00f3n se refiri\u00f3 expresamente, como se dijo antes, a los empleos beneficiados con la pensi\u00f3n especial aludida\u00bb. (Sentencia de 4 de julio de 2.001, expediente 15885, reitera la sentencia de 24 de abril de 1.998, radicaci\u00f3n 10446). <\/p>\n
Es as\u00ed como el art\u00edculo 43 del Decreto 3138 de 1968, al derogar las disposiciones que le fueran contrarias, hizo que perdieran vigencia las modalidades pensionales que reg\u00edan para la \u00e9poca, entre \u00e9stas, las del sector comunicaciones, para cuyos trabajadores se preve\u00eda el derecho pensional con veinte (20) a\u00f1os de servicios y cincuenta (50) de edad y el de veinticinco (25) a\u00f1os de servicios sin consideraci\u00f3n a la edad. Con excepci\u00f3n de los operadores de radio y tel\u00e9grafo, los jefes de oficina de radio y tel\u00e9grafo, los jefes de l\u00edneas, los revisores, los plegadores, los clasificadores y mec\u00e1nicos de las oficinas de radio y tel\u00e9grafo, quienes tendr\u00edan derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n cuando cumplieran veinte (20) a\u00f1os de servicios cualquiera que fuera su edad, tal y como lo dispuso el art\u00edculo 11 del Decreto 2661 de 1.960. <\/p>\n
De lo expuesto se desprende, que no exist\u00eda un sustento normativo para el otorgamiento de una pensi\u00f3n legal de jubilaci\u00f3n con 25 a\u00f1os de servicios y a cualquier edad a favor del aqu\u00ed demandante; quien tampoco, huelga anotar, desempe\u00f1\u00f3 alg\u00fan cargo de excepci\u00f3n, pues fungi\u00f3 como profesional IV, seg\u00fan se desprende de la probanza de folios 54, la cual denunci\u00f3 la censura en el cuarto ataque dirigido por la senda de los hechos, y por consiguiente es dable considerar tal prestaci\u00f3n de origen extralegal. <\/p>\n
Incluso, en el referido Acto Administrativo 2404 del 23 de octubre de 1996, tampoco se hace alusi\u00f3n alguna al desempe\u00f1o de los citados cargos de excepci\u00f3n, de modo que no es posible estimar que esa prestaci\u00f3n fuera de origen legal, en tanto, se itera, la normativa que permit\u00eda acceder a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n con 25 a\u00f1os de servicios y a cualquier edad, desde el punto de vista legal ya se encontraba derogada para el momento de la causaci\u00f3n del derecho. Aqu\u00ed conviene traer a colaci\u00f3n lo expuesto en sentencia CSJ SL, 14 mar. 2007, rad. 30268 (\u2026). <\/p>\n
Aqu\u00ed debe acotar la Sala que, aun cuando le asiste raz\u00f3n al censor en cuanto a que no era posible afirmar, como lo hizo el Tribunal, que el fundamento o fuente del derecho se \u00abbas\u00f3 en la adenda del art\u00edculo 2\u00b0 de la convenci\u00f3n colectiva del trabajo del periodo 1996-1997\u00bb, pues la misma se radic\u00f3 ante el Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social en junio del a\u00f1o 1998 (f.o 492 y 493), es decir, despu\u00e9s del reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n al accionante que lo fue a partir de mayo de 1996, siendo el pago a partir del retiro del servicio, esto resulta intrascendente, por cuanto para esta \u00faltima data reg\u00eda la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 1996-1997, la cual ten\u00eda una vigencia de dos a\u00f1os a partir del 1\u00ba de enero de 1996 (f.o 486), acuerdo que fue depositado el d\u00eda 13 de ese agosto de ese mismo a\u00f1o (f.o 461). <\/p>\n
En suma, conforme a lo expuesto, fluyen las siguientes conclusiones: primera, el r\u00e9gimen legal de los trabajadores de Telecom que reclama el demandante a su favor, perdi\u00f3 vigencia con el Decreto 3135 de 1968 y posteriormente con la Ley 33 de 1985, y \u00fanicamente conserv\u00f3 vigor para aquellos trabajadores a que se refiere el art\u00edculo 11 del Decreto 2161 de 1960, esto es los operadores de radio y tel\u00e9grafo, jefes de l\u00edneas, revisores, plegadores, clasificadores y mec\u00e1nicos de las oficinas de radio y tel\u00e9grafo, que no es el caso del demandante que ejerc\u00eda el cargo de profesional IV; y segunda, al accionante le fue reconocida una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n de car\u00e1cter extralegal, toda vez que la prestaci\u00f3n le fue otorgada por contar con 25 a\u00f1os de servicios y a cualquier edad, beneficio este que no se encontraba consagrado en la ley para el a\u00f1o 1996\u00bb (Resaltado y negrillas fuera de texto). <\/p>\n
Seguidamente, sobre el periodo que se debe tener en cuenta para conformar el ingreso base de liquidaci\u00f3n (IBL) de la prestaci\u00f3n extralegal reconocida al memorialista, la Colegiatura enjuiciada reliev\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abComo se recuerda el fallador de alzada adujo que no era posible acceder a las s\u00faplicas del actor, tendiente a cuantificar la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n de acuerdo a lo devengado en el \u00faltimo a\u00f1o de servicios, para ello dijo que como la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reconocida al demandante era de origen extralegal, no resultaba posible aplicar normas de car\u00e1cter legal como lo pretendi\u00f3 la demanda inicial, m\u00e1xime que en la convenci\u00f3n colectiva se previ\u00f3 la forma en que deb\u00eda cuantificarse la prestaci\u00f3n, sin que fuera menester adentrarse en su estudio, toda vez que \u00abla convenci\u00f3n no fue invocada por el demandante\u00bb como fuente del reajuste implorado. <\/p>\n
En ese orden de ideas, teniendo por establecido que la pensi\u00f3n concedida al actor es de car\u00e1cter convencional, para desvirtuar el razonamiento del Juzgador en cuanto al IBL, debi\u00f3 el censor controvertir los verdaderos motivos que tuvo el Tribunal para desestimar la reliquidaci\u00f3n peticionada, ya fuera demostrando que la convenci\u00f3n colectiva de trabajo s\u00ed fue invocada como fundamento de sus pretensiones, ora exponiendo que jur\u00eddicamente no resulta acertado que el operador judicial incurra en ese tipo de rigorismos, pues conociendo la verdadera fuente del derecho reclamado, deb\u00eda eventualmente analizar la situaci\u00f3n sometida a su conocimiento a efectos de definir correctamente la litis y procurar de esta manera por una verdadera administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Ahora bien, si por amplitud la Corte tuviera por superadas tales falencias, por haberse acusado al Tribunal de no apreciar el art\u00edculo 2\u00b0 de la convenci\u00f3n colectiva 1996-1997, encuentra la Corte que de dicho texto no se deriva, en forma evidente como se exige en el recurso extraordinario, que all\u00ed se hubiera previsto que el IBL de las pensiones convencionales deb\u00eda ser calculado conforme a lo devengando en el \u00faltimo a\u00f1o de servicios como lo asevera el recurrente. Dicha cl\u00e1usula reza (fl. 463): <\/p>\n
ARTICULO SEGUNDO. VIGENCIA DE NORMAS EXISTENTES. <\/p>\n
Quedan vigentes las normas existentes que consagren derechos en beneficio de SITTELECOM de ATT y de los trabajadores de LA EMPRESA, que consten por escrito en la Constituci\u00f3n Nacional, leyes, decretos, contratos individuales, convenci\u00f3n colectiva, las cuales quedan incorporadas a esta convenci\u00f3n en cuanto no resulten modificadas por esta. <\/p>\n
Situaci\u00f3n que tampoco, valga la pena anotar, vari\u00f3 en la adenda a la estipulaci\u00f3n convencional anterior (f.o 494), pues en la misma se establecen para los beneficiarios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, vinculados al Empresa antes de la vigencia del Decreto 2123 de 1992, las distintas modalidades de pensi\u00f3n, pero no se dice nada respecto de la forma de c\u00e1lculo del IBL, pues solo se alude a que Telecom reconoce las siguientes pensiones: <\/p>\n
1. El trabajador que haya llegado o llegue a los cincuenta (50) a\u00f1os de edad, despu\u00e9s de veinte (20) a\u00f1os de servicio continuos o discontinuos. <\/p>\n
2. El trabajador oficial que haya servido veinticinco (25) a\u00f1os, sin consideraci\u00f3n a su edad. <\/p>\n
Los trabajadores en los cargos denominados como de excepci\u00f3n tendr\u00e1n derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a los veinte (20) a\u00f1o de servicio, sin consideraci\u00f3n a la edad, y en los t\u00e9rminos del Decreto 1835 de 1994. <\/p>\n
Por otra parte, aparece en el expediente la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 1994 -1995 (f.o 453), que en el art\u00edculo 27 establece: <\/p>\n
Art\u00edculo 27\u00ba. Forma de liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de vejez para algunos trabajadores. <\/p>\n
El ingreso base para liquidar la pensi\u00f3n de vejez de los trabajadores que al momento de entrar el vigencia el Sistema General de Pensiones de que trata la Ley 100 de 1993, tengan 35 a\u00f1os o m\u00e1s si son mujeres o 40 o m\u00e1s si son hombres, o 15 o m\u00e1s a\u00f1os de servicios, ser\u00e1 el promedio mensual de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para ello contado a partir de la vigencia de la precitada Ley, actualizado anualmente con base en la variaci\u00f3n del \u00edndice de Precios al Consumidor, seg\u00fan certificaci\u00f3n que expida el DANE. <\/p>\n
Partiendo del contenido de dicha estipulaci\u00f3n extralegal, encuentra la Sala que el ingreso base de liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n del actor no se puede conformar con el \u00faltimo a\u00f1o de servicios, como lo ha reclamado a lo largo del proceso, en tanto, seg\u00fan se desprende de la Resoluci\u00f3n 2404 del 23 de octubre de 1996, \u00e9ste hab\u00eda laborado en los siguientes periodos: <\/p>\n
-Polic\u00eda Nacional, desde el 20 de enero de 1969 al 14 de septiembre de 1974, para un total de 5 a\u00f1os, 7 meses y 25 d\u00edas. <\/p>\n
-Telecom a partir del 17 de enero de 1977, con cuatro d\u00edas de interrupci\u00f3n, encontr\u00e1ndose activo para el 23 de octubre de 1996, cuando se expidi\u00f3 esa resoluci\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden de ideas, al 1\u00ba de abril de 1994, al promotor del proceso le faltaba m\u00e1s de un a\u00f1o de servicios para completar 25 a\u00f1os de labores, ya que hab\u00eda prestado sus servicios en Telecom, por 17 a\u00f1os, 2 meses y 10 d\u00edas; de all\u00ed que totalizaba en el sector p\u00fablico tan solo 22 a\u00f1os, 10 meses y 5 d\u00edas a esa fecha, por lo que le faltaban m\u00e1s de dos a\u00f1os para adquirir el derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, de all\u00ed que no sea posible acceder a lo peticionado en los t\u00e9rminos sugeridos por la censura. <\/p>\n
Al margen de lo anterior y solo con la finalidad de dar respuesta a otro de los cuestionamientos elevados por la censura, es de anotar, que respecto al ingreso base de liquidaci\u00f3n de las pensiones reconocidas al amparo del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, esta Sala de la Corte ha definido de manera uniforme que \u00ab\u2026el legislador no mantuvo \u2026 la aplicaci\u00f3n en su totalidad de la normatividad que gobernaba sus derechos pensionales, sino una parte de \u00e9sta, concretamente en tres puntuales aspectos como la edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y moto de la pensi\u00f3n entendido \u00e9ste como el porcentaje, no as\u00ed lo concerniente al ingreso base de liquidaci\u00f3n\u2026\u00bb (Sentencia CSJ SL1049-2015 y decisiones CSJ SL, 23 oct. 2012, rad. 44333, CSJ SL1453-2014, CSJ SL6740-2014, CSJ SL8451-2014, CSJ SL13228-2014 y CSJ SL16160-2014, entre muchas otras)\u00bb (Resaltado y negrillas fuera de texto). <\/p>\n
Por \u00faltimo, la Sala convocada precis\u00f3 que, en todo caso, \u00abrespecto a una pensi\u00f3n de origen legal, tampoco es posible aplicar regulaciones anteriores relativas al ingreso base de liquidaci\u00f3n, cuando el derecho se adquiere en vigencia de la Ley 100 de 1993, caso en el cual se aplica es el art\u00edculo 21 o el inciso 3 del art\u00edculo 36 ibidem\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterios de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. Frente a lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1450-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC1450-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-01313-01 (Aprobado en Sala de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 22 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53563","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53563","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53563"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53563\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53563"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53563"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53563"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}