STC1457-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1457-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-13-000-2021-00008-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 26 de enero de 2021, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Manuel Casseres Reyes contra el Juzgado Sexto de Familia de la misma localidad. <\/p>\n
1. El accionante, actuando \u00aben nombre propio\u00bb, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada en un tr\u00e1mite de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria que inici\u00f3 en su calidad de abogado. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que Sim\u00f3n Alfredo Tafur Montesino le confiri\u00f3 poder para adelantar el proceso de la referencia, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto de Familia de Cartagena, quien dispuso \u00abmantener la medida de embargo por seis (6) meses\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, pasado ese t\u00e9rmino, solicit\u00f3 el levantamiento de la mencionada cautela, pedimento que fue negado, por lo que inici\u00f3 un nuevo tr\u00e1mite de exoneraci\u00f3n, pero la demanda fue inadmitida y posteriormente rechazada, pues \u00abla redacci\u00f3n de [la] misma se torna irrespetuosa\u00bb, observaci\u00f3n que, en su criterio, \u00abno tiene asidero jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, \u00abvolv\u00ed a presentar demanda en representaci\u00f3n del se\u00f1or SIM\u00d3N ALFREDO TAFUR MESINO\u00bb, y el estrado judicial procedi\u00f3 de igual manera, tras colegir que \u00ablos fundamentos de derecho tra\u00eddos a colaci\u00f3n no son claros, ni poseen relaci\u00f3n correcta con el objeto del suscrito proceso\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pidi\u00f3, en resumen, \u00abordenar al se\u00f1or Juez Sexto de Familia de Cartagena (\u2026) que admita la demanda de exoneraci\u00f3n de alimentos y (\u2026) tutelar el derecho fundamental a la tercera edad (sic) consagrado en el art\u00edculo 46 de la C. N, teniendo en cuenta que mi poderdante el se\u00f1or SIM[\u00d3]N ALFREDO TAFUR MONTESINO, sobre pasa (sic) los 75 a\u00f1os de edad, y esto no le permite trabajar para obtener otros ingresos que le permitan mejorar sus ingresos (sic)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Sexto de Familia de Cartagena manifest\u00f3 que se opone a la prosperidad del remedio, porque \u00abse le dio el tr\u00e1mite a la totalidad de peticiones de la parte actora, otra cosa es que su incuria al promoverlas sin el lleno de requisitos impuestos por la ley procesal, e incluso, de forma poco respetuosa con la parte demandada, no hayan podido concederse. Si lo que requiere es la exoneraci\u00f3n de alimentos, debe agotar el tr\u00e1mite procesal se\u00f1alado en el art. 397 del CGP, con el lleno de requisitos de forma y de fondo, y no apelar a que, por v\u00eda de tutela, se cree una artificiosa \u201csegunda instancia\u201d de unas decisiones que ni siquiera controvirti\u00f3 por la v\u00eda del recurso de reposici\u00f3n, \u00fanico viable en este escenario, ya que los alimentos son procesos que, por mandato del legislador, siempre han sido de \u00fanica instancia, reglas que el apoderado aqu\u00ed tutelante bien deber\u00eda conocer, motivo por el cual ninguna de las pretensiones tiene actualmente vocaci\u00f3n de prosperidad\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la referida ciudad neg\u00f3 el amparo, porque \u00abaunque el abogado MANUEL C\u00c1SSERES REYES afirma haber actuado en representaci\u00f3n de SIM\u00d3N ALFREDO TAFUR MONTESINO en un proceso de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria que se adelant\u00f3 ante el juzgado accionado y pide ahora la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de aqu\u00e9l, lo cierto es que, al revisar el expediente, no se advierte que haya aportado poder especial que lo habilite para promover este tr\u00e1mite tutelar en representaci\u00f3n de dicha persona. Adem\u00e1s, debe tenerse en cuenta que SIM\u00d3N ALFREDO TAFUR MONTESINO fue vinculado a esta acci\u00f3n, pero no rindi\u00f3 el informe solicitado, a trav\u00e9s del cual hubiera podido ratificar que el accionante ten\u00eda su autorizaci\u00f3n para actuar en nombre suyo en el presente asunto\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada sentencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abconsider[\u00e9] que no era necesario obtener el poder del se\u00f1or SIM[\u00d3]N TAFUR MONTESINO, para efecto de presentar la acci\u00f3n de Tutela, lo anterior teniendo en cuenta que la present[\u00e9] en mi propio nombre como abogado y en raz\u00f3n [de] que el Juez Sexto Familia de Cartagena, me impide ejercer la profesi\u00f3n de abogado con los reiterados autos de rechazo de la demanda por no reunir los requisitos de ley seg\u00fan \u00e9l\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el memorialista est\u00e1 facultado para presentar el amparo; y, de superarse lo anterior, si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria que se revisa. <\/p>\n
2. Sobre el poder especial para interponer la tutela. <\/p>\n
Sin perjuicio de la especial naturaleza del resguardo constitucional, al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva, as\u00ed como la debida representaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el derecho de postulaci\u00f3n, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 prev\u00e9 que la salvaguarda \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
El entendimiento de la anterior disposici\u00f3n se fij\u00f3 de vieja data por la jurisprudencia constitucional, al se\u00f1alar que por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n \u00abtodo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Resalta la Sala. <\/p>\n
Este razonamiento se ampli\u00f3 y profusamente fue expresado en sendas providencias dictadas por dicha Corporaci\u00f3n, al se\u00f1alar que al acudir ante el juez constitucional para ejercer la defensa de derechos fundamentales, es necesario acreditar el mandato que no se confunda con cualquier otra gesti\u00f3n que pudiera hab\u00e9rsele encomendado al abogado, en tanto: \u00abla falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CC T-207\/97, T-693\/98, T-526\/98, T-695\/98 y T-088\/99). <\/p>\n
Esta Corte tambi\u00e9n ha venido sosteniendo que \u00abning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb (CSJ STC, 11 mar. 2009, rad. 00001-01). <\/p>\n
En ese sentido, se ha dicho y reiterado que, para la admisibilidad de este excepcional mecanismo, es menester que quien no lo promueva a nombre propio y no aduzca su calidad de agente oficioso lo haga a trav\u00e9s de la representaci\u00f3n que le confiera el interesado mediante poder especial para actuar, puesto que: \u00abla acci\u00f3n de tutela puede ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales, por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante, recalcando que en caso de que decida actuar a trav\u00e9s de mandatario, es imperativo que allegue el poder pertinente. Tambi\u00e9n se pueden agenciar garant\u00edas ajenas cuando el titular de las mismas no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, evento en el cual es necesario expresar tal circunstancia\u00bb (CSJ STC6773-2016, 18 may. 2016, 00062-01). <\/p>\n
Tal requerimiento es a\u00fan m\u00e1s estricto cuando el resguardo se dirige contra una actuaci\u00f3n jurisdiccional, en la medida en que, \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, citada en STC17519, 30 nov. 2016). <\/p>\n
3. Caso concreto <\/p>\n
3.1. Decantado lo anterior, de la revisi\u00f3n que se realiza al presente asunto, advierte la Corte que el fallo desestimatorio de primera instancia habr\u00e1 de confirmarse, en tanto el abogado solicitante carece de poder para actuar en este caso y, en tal virtud, ninguna decisi\u00f3n de fondo puede adoptarse. <\/p>\n
En efecto, la representaci\u00f3n judicial a que alude el reclamante respecto de Sim\u00f3n Alfredo Tafur Montesino, quien obra como demandante en el litigio adelantado ante el estrado convocado, resulta insuficiente para los efectos del presente auxilio, en la medida en que, si bien pudo fungir como mandatario judicial del gestor en el referido tr\u00e1mite, tal situaci\u00f3n no lo faculta para actuar en su nombre frente a la tutela, pues para ello requer\u00eda acreditar el poder especial conferido para adelantar esta acci\u00f3n constitucional; aunado a que tampoco invoc\u00f3 ni acredit\u00f3 su calidad de agente oficioso. <\/p>\n
Sobre el particular, la reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo. <\/p>\n
(\u2026) El principio de la informalidad que impera en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, no llega hasta el aspecto proclamado por el impugnante, sin fundamento alguno, de pretender que puede actuar directamente en una tutela originada en supuestas v\u00edas de hecho cometidas en un proceso tramitado por los jueces ordinarios, como si a \u00e9l se le violaran los derechos fundamentales y no a su poderdante\u00bb (CSJ STC, 29 sep. 2003, exp. 00245-01, citada entre otras en STC3125-2017, 8 mar. 2017, rad. 2016-00801-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha reiterado que \u00abel hecho de que el interesado hubiese actuado como apoderado del demandante dentro del referido proceso, no lo habilita per se, para pretender la protecci\u00f3n constitucional de los derechos invocados, que, sin duda, est\u00e1n radicados en cabeza de aquel, y no en la suya, por ello, es necesario el otorgamiento de poder especial que lo faculte expresamente para pedir el amparo a nombre de otra persona\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2011, exp. 2010-00573-01, citada en STC969-2018, 1\u00b0 feb. 2018, rad. 2017-00325-01). Se resalta. <\/p>\n
En esa misma senda, el precedente constitucional se\u00f1ala que: \u00abDentro de los elementos del apoderamiento en materia de tutela la Sala se\u00f1ala que el mismo es (i) un acto jur\u00eddico formal por lo cual debe realizarse por escrito. (ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume aut\u00e9ntico. (iii) El referido poder para promover acciones de tutela debe ser especial. En este sentido (iv) El poder conferido para la promoci\u00f3n o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para la promoci\u00f3n de procesos diferentes, as\u00ed los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial. (iv) El destinatario del acto de apoderamiento s\u00f3lo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional\u00bb (CC T-975\/05). <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con la posibilidad de ejercer este excepcional mecanismo a nombre ajeno cuando no se cuenta con la representaci\u00f3n judicial derivada de un poder especial, debe advertirse que se requiere que el interesado aduzca su calidad de agente oficioso, atendiendo lo previsto en el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 y conforme a lo analizado en la jurisprudencia antes aludida. <\/p>\n
No obstante, en el caso bajo examen, el precursor obvi\u00f3 la invocaci\u00f3n del auxilio bajo esa particular condici\u00f3n, esto es, alegar alguna circunstancia personal de su poderdante, como titular del derecho violado o amenazado, que le impidiera acudir por s\u00ed mismo para defender sus derechos, omisi\u00f3n que, por tanto, imposibilita estudiar de fondo las pretensiones. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la resoluci\u00f3n desestimatoria de primer grado constitucional, habida cuenta que, se itera, el promotor no aport\u00f3 el poder especial que lo faculte para actuar en esta causa. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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