STC1459-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1459-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-13-000-2020-00184-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio el pasado 20 de enero, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Isaac Moreno Rinc\u00f3n contra los Juzgados Cuarto Civil del Circuito de aquella ciudad y Civil del Circuito de Acac\u00edas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando por conducto de apoderado, acudi\u00f3 al presente mecanismo supralegal buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de \u00abdefensa y contradicci\u00f3n de las partes [sic], vida digna, debido proceso y confianza leg\u00edtima\u2026 cumplimiento a fallo judicial [sic], defecto f\u00e1ctico por valoraci\u00f3n defectuosa del material probatorio [sic] defecto procedimental absoluto [sic]\u00bb que considera quebrantados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor se pueden extractar como hechos jur\u00eddicamente relevantes los siguientes: <\/p>\n
Hugo Baquero C\u00e9spedes promovi\u00f3 demanda ejecutiva de mayor cuant\u00eda contra Isaac Moreno Rinc\u00f3n cuyo conocimiento correspondi\u00f3 inicialmente al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio, libr\u00e1ndose mandamiento de pago el 5 de septiembre de 2008. <\/p>\n
Tras la adopci\u00f3n de medidas de descongesti\u00f3n por parte del Consejo Superior de la Judicatura, la actuaci\u00f3n fue remitida al Juzgado Civil del Circuito de Acac\u00edas, despacho que, luego de agotadas las etapas procesales correspondientes, profiri\u00f3 fallo el 8 de febrero de 2017 ordenando seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, determinaci\u00f3n que no fue objeto de recurso alguno. <\/p>\n
Para el gestor, la sentencia adolece de \u00abdefecto f\u00e1ctico por valoraci\u00f3n defectuosa del material probatorio\u00bb y \u00abdefecto procedimental\u00bb por cuanto el juzgador \u00abno tuvo en cuenta valoraci\u00f3n de pruebas [sic] y confesi\u00f3n ficta por parte del demandante el cual no se present\u00f3 a contestar el interrogatorio en sobre cerrado que estaba previsto para el 1 de junio de 2010 y que el d\u00eda 16 del mismo mes solicita fecha para dar respuesta argumentando que se encontraba enfermo [sic]\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, solicit\u00f3 \u00abrevocar la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Acac\u00edas\u2026. por ende decretar la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso ejecutivo\u2026 [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Cuarta Civil del Circuito de Villavicencio se\u00f1al\u00f3 que \u00abno le asiste responsabilidad alguna\u00bb comoquiera que la actuaci\u00f3n fe remitida a su hom\u00f3logo de Acac\u00edas por virtud de las medidas de descongesti\u00f3n adoptadas mediante Acuerdo CSJM16-753 de 26 de septiembre de 2016, de all\u00ed que sea ante la autoridad judicial receptora del asunto \u00abque deban ventilarse todas y cada una de las peticiones que pudiesen ser presentadas por los intervinientes\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Civil del Circuito de Acac\u00edas solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo habida consideraci\u00f3n que desatiende los postulados de inmediatez y subsidiariedad por v\u00eda de incuria que gobiernan esta herramienta supralegal, lo primero por cuanto se dirige contra una decisi\u00f3n judicial adoptada el 8 de febrero de 2017 y lo segundo, porque no se agotaron los medios de defensa que el actor ten\u00eda a su alcance. <\/p>\n
3. En el mismo sentido se pronunci\u00f3 Charles Alexander Pi\u00f1eros Manrique, interviniente en el asunto objeto de escrutinio, quien agreg\u00f3 que \u00abtampoco se avizora incursi\u00f3n en v\u00eda de hecho alguna por el funcionario cognoscente y\/o que le antecedi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo por desconocimiento de los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad toda vez que, en primer lugar, \u00abhan transcurrido aproximadamente tres a\u00f1os y diez meses\u00bb desde la emisi\u00f3n del fallo que se ataca, de all\u00ed que no se hubiera promovido dentro de un t\u00e9rmino razonable y, en segundo, pese a tener a su alcance las herramientas de defensa id\u00f3neas para proponer las inquietudes que aqu\u00ed expone -recurso de apelaci\u00f3n-, el gestor los desaprovech\u00f3 permitiendo que la decisi\u00f3n que cuestiona alcanzara firmeza. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El querellante disinti\u00f3 de la determinaci\u00f3n aduciendo que en el presente asunto \u00abse rompe el principio de inmediatez toda vez que se debe tener en cuenta el momento exacto donde el tutelante obtuvo con precisi\u00f3n los cuestionamientos del procedimiento efectuado por los juzgadores y esto se dio cuando [su nuevo abogado] pudo analizar y concluir que se cometieron fallas por parte de los jueces [sic]\u00bb y que \u00abdesconoce la normatividad [sic] y desconoc\u00eda que deb\u00eda interponer recursos en el proceso, ya que para eso otorg\u00f3 poder y el abogado que lo representaba guard\u00f3 silencio frente a las diferentes irregularidades [sic]\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Civil del Circuito de Acac\u00edas lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales invocadas por Isaac Moreno Rinc\u00f3n en la sentencia de 8 de febrero de 2017, proferida dentro del proceso ejecutivo 2016-00359, al incurrir, presuntamente, en defectos f\u00e1ctico y procedimental por no dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 210 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
2. Del caso concreto <\/p>\n
2.1 El requisito de inmediatez <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye, en consonancia con la sala a quo, que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene coment\u00e1ndose, ya que la sentencia del Juzgado Civil del Circuito de Acac\u00edas, por medio de la cual orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, data del 8 de febrero de 2017, en tanto que la presente tutela se radic\u00f3 el 17 de diciembre de 2020, de acuerdo con la documentaci\u00f3n allegada en formato electr\u00f3nico, es decir, superado ampliamente el semestre establecido por la jurisprudencia como razonable para acudir al resguardo. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presuntamente afectado debi\u00f3 utilizar oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una decisi\u00f3n judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
De lo anterior se desprende que el presupuesto aludido no es absoluto, sino que debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo prudencial fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no y aunque el gestor trat\u00f3 de justificar su tardanza en formular el resguardo, de forma por dem\u00e1s confusa e imprecisa, de sus manifestaciones no puede extractarse que alguna situaci\u00f3n ajena a su voluntad le hubiere impedido acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n,\u2026 ahora,\u2026no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb Resalta la Sala. <\/p>\n
Ahora bien, aunque el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda ser\u00eda criterio suficiente para respaldar la desestimaci\u00f3n de la s\u00faplica, observa la Corte que, en este caso, el amparo tampoco consulta el requisito de procedibilidad que pasa a estudiarse. <\/p>\n
2.2. De la subsidiariedad <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los medios de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan este instrumento iusfundamental. Sobre el tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
En el presente caso, advierte la Corte que la solicitud de amparo no atiende el mentado requisito de la subsidiariedad, pues el promotor, en la actuaci\u00f3n objeto del reproche constitucional, tuvo a su alcance el medio de defensa judicial id\u00f3neo para plantear el debate que expone por esta v\u00eda excepcional, pero los desaprovech\u00f3. <\/p>\n
Lo anterior, en la medida que Moreno Rinc\u00f3n bien pudo haber hecho uso de la herramienta de impugnaci\u00f3n vertical consagrada en el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo general del Proceso contra el fallo que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n; no obstante, ninguna manifestaci\u00f3n realiz\u00f3 al respecto, mostr\u00e1ndose de esa manera, de acuerdo con lo decidido por la instancia ordinaria y permitiendo, en consecuencia, que la decisi\u00f3n que cuestiona alcanzara firmeza. <\/p>\n
Como insistentemente ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales es improcedente, salvo que se presente alguna de las \u00abcausales gen\u00e9ricas de procedibilidad\u00bb a las que ha hecho referencia la jurisprudencia constitucional, pues su finalidad es la protecci\u00f3n de derechos fundamentales que resulten vulnerados cuando en el curso del proceso el funcionario judicial act\u00fae y decida de manera arbitraria o caprichosa, o en aquellos eventos en los que la decisi\u00f3n es emitida desbordando el \u00e1mbito funcional o en forma manifiestamente contraria al ordenamiento jur\u00eddico, siempre que no se disponga de otro medio de defensa, y no la de revivir oportunidades o momentos procesales culminados ni reponer t\u00e9rminos de ejecutoria que permitan la impugnaci\u00f3n de las decisiones que se perdieron por la inactividad de la parte interesada pues, de lo contrario, este instrumento supralegal se convertir\u00eda en un medio para contrariar principios y valores superiores como la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
De modo que, como no se hizo uso del recurso de apelaci\u00f3n, esta Sala reafirma la inviabilidad de la presente acci\u00f3n de tutela, por virtud del car\u00e1cter residual y subsidiario que le es inherente en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba-1 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
3. Conclusiones <\/p>\n
3.1. El accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, as\u00ed mismo no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha demora. <\/p>\n
3.2. La tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n, queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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