STC1460-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1460-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2020-01778-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 26 de noviembre de 2020, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Rosa Delia Ru\u00edz Rodr\u00edguez, contra los Juzgados S\u00e9ptimo Civil del Circuito y Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en los litigios n\u00ba 1999-01713, y 2000-09283. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, la querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, vida digna, y \u00abpropiedad\u00bb, supuestamente vulneradas por las autoridades acusadas por cuanto, seg\u00fan afirma, han impedido que se concrete la divisi\u00f3n ad valorem del inmueble de matr\u00edcula 50C-133062, ubicado en Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. Como sustento de la queja constitucional manifiesta, en s\u00edntesis, que el referido predio fue adquirido por ella y Jos\u00e9 Edemid Hern\u00e1ndez Jim\u00e9nez, correspondi\u00e9ndole a cada uno el 50% del bien. <\/p>\n
Aduce, que en 1999 se adelant\u00f3 en contra de Hern\u00e1ndez Jim\u00e9nez el ejecutivo n\u00ba 1999-01713, el cual cursa en la actualidad ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, en el que se embarg\u00f3 el inmueble, en la cuota o parte de la que era due\u00f1o el deudor. <\/p>\n
Indica, que, en el a\u00f1o 2000, adelant\u00f3 el juicio divisorio n\u00ba 2000-09283, en contra de los herederos determinados e indeterminados de Jos\u00e9 Edemid Hern\u00e1ndez Jim\u00e9nez, asunto que fue asignado por reparto al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Asegura, que en los \u00faltimos veinte a\u00f1os \u00abno [ha] podido disfrutar, obtener ninguna clase de renta o usufructo del inmueble objeto de divisi\u00f3n o venta\u00bb; y precisa, que en ese mismo lapso el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 \u00abno ha proferido providencia donde ordene la venta del inmueble (\u2026) a pesar de que se cumplen a cabalidad los presupuestos jur\u00eddicos del anterior art\u00edculo 467 del C.P.C., y actual art\u00edculo 406 y subsiguientes del C.G.P., y as\u00ed poder continuar con el tr\u00e1mite del proceso hasta llevar el bien inmueble al remate y as\u00ed poder obtener el dinero sobre el cual como copropietaria [tiene] derecho al 50% del valor\u00bb. <\/p>\n
Sostiene, que \u00abla negativa del se\u00f1or juez a proferir la providencia de venta del inmueble\u2026, se sustenta en que previamente a tomar dicha decisi\u00f3n (\u2026) le debe pedir autorizaci\u00f3n al se\u00f1or Juez 1 Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Aduce, que mediante prove\u00eddo de 31 de enero de 2020 el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que \u00ab(\u2026) el libelista deber\u00e1 observar que acorde a la naturaleza del proceso (divisorio), solamente es apropiado tomar decisi\u00f3n de fondo una vez se realice el remate del bien litigioso para efectos de distribuir el producto del mismo, aspecto que no se ha cumplido dentro del presente asunto\u00bb. <\/p>\n
Relata, que el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, requiri\u00f3 al Juez Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias \u00abcon el fin de que autorizara la venta del inmueble (\u2026) y que una vez rematado el mismo se pondr\u00eda a disposici\u00f3n el 50% del valor rematado el inmueble a disposici\u00f3n de dicho juzgado\u00bb, no obstante, tal solicitud fue despachada desfavorablemente, en la medida que las partes involucradas en el recaudo no lo aceptaron. <\/p>\n
Agrega, que \u00ab(\u2026) durante el transcurso del proceso divisorio (\u2026) se han nombrado varios auxiliares de la justicia, secuestres, quienes no han dado cuenta de su gesti\u00f3n, no han rendido informes de su actuar, causando con esto un grave perjuicio econ\u00f3mico a la suscrita tutelante primero porque no [ha] percibido ning\u00fan usufructo del inmueble y dado que [ha] tenido que pagar en forma total, los impuestos predial y valorizaci\u00f3n del inmueble desde el a\u00f1o 2000 hasta el presente 2020\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se ordene al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 (i) \u00abtomar la decisi\u00f3n que en derecho corresponda\u00bb, en un t\u00e9rmino no superior a cuarenta y ocho horas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia\u00bb, (ii) \u00abtomar las decisiones pertinentes para efectos de que el secuestre realice todas las gestiones propias de su cargo para proteger el derecho de propiedad\u00bb, y (iii) al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 \u00aben el evento de que sea procedente autorizar al se\u00f1or Juez 7 Civil del Circuito a realizar el remate del inmueble embargado por su cuenta\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, asegur\u00f3 que no ha transgredido las prerrogativas que reclama la gestora; narr\u00f3 que \u00abal expediente con radicado No. 1999- 1713 j.o. 31 , se remitio\u0301 por el Juzgado 07 Civil del Circuito de Bogota\u0301, el oficio No. 2901 el 24 de mayo de 2019, mediante el cual se solicitaba autorizacio\u0301n para llevar a cabo la subasta del inmueble identificado con FMI 50C- 133062 dentro del proceso divisorio que alli\u0301 se adelantaba, con la condicio\u0301n que los recursos producto del remate que correspondieran a los demandados se dejari\u0301an a disposicio\u0301n del radicado 1999-1713 j.o. 31\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3, que \u00abla solicitud, se dejo\u0301 finalmente en conocimiento de las partes por auto del 19 de julio de 2019, por cuanto la parte demandada expreso\u0301 que la solicitud implicaba disponer del derecho en litigio\u00bb, no obstante, \u00ablas partes respecto de la solicitud guardaron silencio, y mediante providencia del 25 de octubre de 2019, e\u0301ste juzgado ordeno\u0301 comunicar en ese sentido al Juzgado 07 Civil del Circuito de Bogota\u0301\u00bb. <\/p>\n
Inform\u00f3, que \u00abpara continuar con el tra\u0301mite del asunto, se sen\u0303alo\u0301 el 11 de marzo de 2020 para llevar a cabo la subasta de la cuota parte del inmueble con FMI 50C-133062, sin embargo no se realizo\u0301 por error en la publicacio\u0301n del aviso de remate\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juez S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, hizo un breve recuento del tr\u00e1mite adelantado en virtud del divisorio que origina el reclamo, reliev\u00f3 que \u00ab(\u2026) no se ha podido decretar la venta en p\u00fablica subasta por encontrarse embargado el 50% del bien ra\u00edz por cuenta del Juzgado 31 Civil del Circuito de la ciudad, actualmente cursando en el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, en el proceso No. 1999-01713\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que \u00aben lo atinente a las manifestaciones respecto del secuestre, inicialmente fue designado Carlos Alberto Castrill\u00f3n Jim\u00e9nez, quien al no rendir las cuentas solicitadas de su gesti\u00f3n fue relevado del cargo, y en su lugar fue designado Servicio Integral de Gestiones S.A.S., quien se limit\u00f3 a indicar que el anterior secuestre no le hab\u00eda hecho entrega del bien, por lo cual el despacho por prove\u00eddo de 21 de julio de 2014, le indic\u00f3 que ten\u00eda las acciones pertinentes para el ejercicio como administrador. Fue necesaria la nueva designaci\u00f3n de un nuevo secuestre Constructora Islandia S.A.S., quien se limit\u00f3 a aceptar el cargo\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, que \u00ablo que ahora se solicita por medio de la acci\u00f3n de tutela, no fue requerido por el apoderado de la accionante, y el despacho, efectuada una revisi\u00f3n del asunto con ocasi\u00f3n de esta acci\u00f3n, encontr\u00f3 que es conveniente comisionar para que se efect\u00fae entrega del bien al secuestre designado por lo cual en auto de [20 de noviembre de 2020] se procedi\u00f3 de conformidad. Ello sin perjuicio de las cuentas que deben rendirse al interior del proceso\u00bb. <\/p>\n
Recalc\u00f3, que \u00abla decisi\u00f3n adoptada se sustenta en que el remate corresponde a un t\u00edtulo v\u00e1lido de tradici\u00f3n de dominio que el estado realiza en virtud de la ausencia de voluntad de los comuneros sobre el particular, y supliendo dicha voluntad, y en tal virtud, como en cualquier venta, se requiere como presupuesto de validez de la misma, que el bien no se encuentre por fuera del comercio, situaci\u00f3n que se presenta en esta causa en virtud del embargo de una cuota parte sobre el bien materia de la litis\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo, en s\u00edntesis, porque incumple el presupuesto de la subsidiaridad, en tanto que, \u00abla interesada dejo\u0301 de interponer los recursos de ley contra el auto de 2 de febrero de 2018, en el cual, entre otras cosas, se determino\u0301 que \u201cprevio a pronunciarse sobre la divisio\u0301n deprecada\u201d era necesario oficiar al Juzgado 31 Civil del Circuito, hoy 01 Civil del Circuito de Ejecucio\u0301n de Sentencias, \u201ca fin de solicitarle autorizacio\u0301n para adelantar la eventual venta en pu\u0301blica subasta del bien objeto de la presente accio\u0301n\u201d. Tampoco formulo\u0301 reparo alguno contra el provei\u0301do de 31 de enero de 2020, que denego\u0301 la solicitud para que se emita \u201cla providencia correspondiente a la finalizacio\u0301n del proceso, en este caso la divisio\u0301n ad valoren o venta en pu\u0301blica subasta\u201d, ni contra el auto de 5 de octubre de 2020, que puso en conocimiento la comunicacio\u0301n del juzgado de ejecucio\u0301n mencionado, \u201cdonde se observa que no fue concedida la solicitud elevada por este despacho, en aras de obtener autorizacio\u0301n judicial para proceder a la venta en pu\u0301blica subasta del inmueble con FMI 50C-133062, en el cual figura un embargo de un derecho de cuota a cargo del referido juzgado\u201d\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, \u00ab(\u2026) en lo que respecta a la administracio\u0301n del inmueble por parte del auxiliar de la justicia, el juzgado precitado informo\u0301 que revisado el asunto con ocasio\u0301n de esta accio\u0301n, \u201cencontro\u0301 que es conveniente comisionar para que se efectu\u0301e entrega del bien al secuestre designado, por lo cual en auto de la fecha se procedio\u0301 de conformidad. Ello sin perjuicio de las cuentas que deben rendirse al interior del proceso\u201d. Luego, ya se tomaron las decisiones para subsanar las posibles omisiones que por ese aspecto se anotaron en la tutela, por lo que frente a este punto, se ha presentado lo que la jurisprudencia ha denominado \u201checho superado\u201d\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la convocante, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial, y adem\u00e1s precis\u00f3 que se debe ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 \u00ab(\u2026) autorizar la venta del inmueble, por parte del se\u00f1or Juez 7 Civil del Circuito ya que de no hacerlo [le] ocasionar\u00eda un grave e irremediable perjuicio ya que (\u2026) no ha podido disponer de [su] inmueble por m\u00e1s de 20 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si las autoridades convocadas han vulnerado las garant\u00edas esenciales reclamadas por la gestora, al interior de los juicios ejecutivos n\u00ba 1999-01713, y divisorio n\u00ba 2000-09283. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Analizados los fundamentos que soportan el presente auxilio ha de precisarse que se respaldar\u00e1 el fallo proferido por el tribunal a quo, por las razones que pasan a explicarse. <\/p>\n
3.1. Incumplimiento del requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace frente al auto de 31 de enero de 2020, proferido por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, que despach\u00f3 desfavorablemente la solicitud de la gestora tendiente a que se realizara el remate del bien objeto del litigio no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que la presente tutela se radic\u00f3 el 11 de noviembre de 2020, es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la eventual afectada debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026)\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10258-2015, 6 ago. 2015, rad. 2015-01691-00). <\/p>\n
3.2. Inobservancia del presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su quebrantamiento ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura la primera modalidad, dado que la accionante desperdici\u00f3 la herramienta legalmente prevista en el estatuto procesal vigente para controvertir la decisi\u00f3n de 31 de enero de 2020, que ahora reprocha en esta particular senda. <\/p>\n
En efecto, si tal como lo denuncia la promotora en sede de tutela el citado auto es \u00abilegal e inconstitucional, toda vez que deja a la suscrita tutelante, sin ning\u00fan acto jur\u00eddico que realizar para poder vender el inmueble y obtener la parte del valor del remate que [le] corresponde en calidad de copropietaria del inmueble\u00bb, lo cierto es, que descart\u00f3 la posibilidad de alegar tales censuras mediante el recurso de reposici\u00f3n ante el juez de la causa. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01 <\/p>\n
Entonces, la no utilizaci\u00f3n de los medios de control judicial pertinentes reafirma la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
3.3. Del hecho superado. <\/p>\n
En cuanto a las censuras planteadas en relaci\u00f3n con la administraci\u00f3n del inmueble, cabe resaltar, que aunque tales reproches no fueron manifestados al juez de conocimiento, lo cierto es, que en el tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n constitucional, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, mediante prove\u00eddo de 20 de noviembre de 2020, dispuso lo pertinente para que se efectuara la entrega del bien al nuevo secuestre y requiri\u00f3 a Carlos Alberto Castrill\u00f3n Jim\u00e9nez para que rindiera cuentas de su gesti\u00f3n, entre otras disposiciones, con lo que se concreta la carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
3.4. En cuanto a la autorizaci\u00f3n para la venta en p\u00fablica subasta del predio de matr\u00edcula 50C-133062. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto a la solicitud de la gestora, encaminado a que en el juicio ejecutivo n\u00ba 1999-01713, adelantado en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, en el que el referido inmueble soporta un embargo del 50% correspondiente a la cuota o parte de otro copropietario, se autorice \u00abla venta del inmueble, por parte del se\u00f1or Juez 7 Civil del Circuito ya que de no hacerlo [le] ocasionar\u00eda un grave e irremediable perjuicio ya que (\u2026) no ha podido disponer de [su] inmueble por m\u00e1s de 20 a\u00f1os\u00bb, encuentra esta Sala que de ning\u00fan modo se abre paso la concesi\u00f3n del auxilio, puesto que la negativa del despacho a proceder en ese sentido se soport\u00f3 en lo preceptuado en el numeral 3 del canon 1521 del C\u00f3digo Civil, en tanto el acreedor del recaudo no consinti\u00f3 en la enajenaci\u00f3n del bien. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar el fallo impugnado, pero por las razones arg\u00fcidas en esta instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por lo rese\u00f1ado en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC1460-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC1460-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2020-01778-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53569","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53569","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53569"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53569\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53569"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53569"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53569"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}