STC1461-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1461-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2020-00466-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 20 de enero de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Antonio Amado Due\u00f1as contra el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de dicho municipio, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, as\u00ed como Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga y Uner Augusto Becerra Largo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante, quien funge como Notario \u00danico de Santa Rosa de Cabal, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada, porque, en su sentir, la notificaci\u00f3n de las decisiones adoptadas en pleito antes referido, no se realiz\u00f3 en legal forma. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que dentro de la acci\u00f3n popular que impetr\u00f3 Uner Augusto Becerra Largo contra la Notar\u00eda \u00danica de Santa Rosa de Cabal (rad. 2020-00116), \u00ablas decisiones proferidas en el proceso, tales como el decreto de pruebas, el auto que ordena correr traslado para alegar, la sentencia y el auto aprobatorio de las costas procesales, fueron notificadas por estado, tal como lo establece el C\u00f3digo General del Proceso (\u2026), no obstante que la rama judicial cuenta con medios tecnol\u00f3gicos, no se dio cumplimiento a lo ordenado en el art\u00edculo 295 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
En particular, precis\u00f3 que el despacho accionado, no emple\u00f3 los recursos tecnol\u00f3gicos implementados con ocasi\u00f3n de las medidas transitorias contenidas en el Decreto Legislativo 806 de 2020, concordantes con los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, \u00abpara evitar la asistencia f\u00edsica a los despachos judiciales y por ende el contagio por el virus covid-19\u00bb, y de esa manera \u00abprivilegiar la utilizaci\u00f3n de medios virtuales para la prestaci\u00f3n del servicio de justicia\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias, \u00ablos memoriales y dem\u00e1s comunicaciones podr\u00e1n ser enviados o recibidos por correo electr\u00f3nico evitando presentaciones o autenticaciones personales o adicionales de alg\u00fan tipo [y para ello], las partes, abogados, terceros e intervinientes en los procesos judiciales o administrativos deber\u00e1n suministrar la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico para recibir comunicaciones y notificaciones\u00bb, y en raz\u00f3n a que al contestar la demanda proporcion\u00f3 la direcci\u00f3n de su correo electr\u00f3nico \u00abpara notificaciones judiciales (\u2026), era deber del juzgado, no obstante la notificaci\u00f3n por estado (\u2026), enviar[la] al correo electr\u00f3nico suministrado tanto [por \u00e9l] como por su apoderado\u00bb, y al no haberse realizado, en su criterio \u00ablas notificaciones del auto que decreta pruebas, el que ordena corre traslado para alegar y de la sentencia, fueron irregulares\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se proceda a \u00abdejar sin valor lo actuado a partir de la ejecutoria del auto que ordena la pr\u00e1ctica de pruebas en el proceso con radicaci\u00f3n 2020-0116, [y] ordenar al [accionado] notificar las decisiones posteriores a la audiencia de pacto de cumplimiento, conforme lo indica el par\u00e1grafo del art\u00edculo 295 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026), decreto legislativo 806 de 2020 y con el env\u00edo de la providencia correspondiente al correo electr\u00f3nico suministrado por el suscrito\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Juez Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, manifest\u00f3 que \u00abla sentencia que se emite dentro de la acci\u00f3n popular se notifica por estado, tal como lo regula el art\u00edculo 295 del CGP aplicable a las acciones populares por remisi\u00f3n del art\u00edculo 44 de la ley 472 de 1998 [y], en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 806 de 2020, todas las providencias proferidas en el asunto fueron notificadas a trav\u00e9s del estado electr\u00f3nico\u00bb, entre ellas, la sentencia proferida el \u00ab13 de noviembre de 2020\u00bb. Tambi\u00e9n, asever\u00f3 que \u00abno es cierto que la decisi\u00f3n deba ser enviada a las partes a su correo electr\u00f3nico, pues las normas que regulan la materia no lo disponen as\u00ed; ni siquiera el decreto 806 de 2020 trajo una disposici\u00f3n en tal sentido, salvo para el auto admisorio de la demanda que s\u00ed debe efectuarse personalmente o por correo electr\u00f3nico, dado que es la primera decisi\u00f3n que se emite y porque el accionado o demandado a\u00fan desconoce la existencia del proceso; pero una vez vinculado a la litis debe estar pendiente de los estados electr\u00f3nicos para enterarse de las decisiones que de ah\u00ed en adelante se tomen\u00bb. Por ello, pidi\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n, pues \u00abno existe violaci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales del accionante\u00bb. <\/p>\n
2. El Defensor del Pueblo Regional Risaralda, pidi\u00f3 que esa entidad fuera desvinculada del presente tr\u00e1mite tutelar, en tanto, \u00ablas pretensiones enunciadas por el accionante no vinculan a nuestra Entidad y su resoluci\u00f3n no se encuentra dentro de nuestras competencias (\u2026), y m\u00e1s a\u00fan cuando no se le ha vulnerado derecho alguno por parte de la Defensor\u00eda (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el auxilio porque, aunado a que el reclamante no interpuso recursos ni propuso nulidad por la supuesta irregularidad en las notificaciones, la actuaci\u00f3n censurada no se torna arbitraria ya que la discusi\u00f3n ahora planteada, fue dilucidada por esta Corte con sentencia STC5158-2020, al definir que las notificaciones de las providencias judiciales, en el marco de la excepcional situaci\u00f3n generada por la pandemia del Covid-19, se efect\u00faan a trav\u00e9s de estados electr\u00f3nicos y no a los correos personales de las partes e intervinientes. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el reclamante para insistir en los argumentos de su querella, esto es, que las notificaciones de las providencias debieron enviarse a los correos indicados al contestar la demanda, y pedir que la postura de esta Sala que el tribunal acogi\u00f3, en el sentido de que \u00abla publicaci\u00f3n de los estados electr\u00f3nicos, con la inclusi\u00f3n de la decisi\u00f3n judicial, v\u00eda internet, satisface las exigencias del decreto legislativo 806 de 2020 (\u2026)\u00bb, deber\u00eda ser reconsiderada, \u00absencillamente porque la introducci\u00f3n de medios tecnol\u00f3gicos en la rama judicial existe, inclusive desde mucho antes de la entrada de vigencia del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026) y de aceptarse (\u2026), ning\u00fan objeto tiene el decreto legislativo 806 citado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, vulner\u00f3 las prerrogativas derivadas del debido proceso del accionante, porque las notificaciones de las providencias proferidas al interior de la acci\u00f3n popular seguida en su contra (rad. n\u00b0 2016-00116), no fueron notificadas por estado remitido a los correos electr\u00f3nicos indicados en la contestaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Acorde a los precedentes de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Sobre los presupuestos y requisitos generales para la viabilidad de la tutela, la decantada jurisprudencia constitucional los ha enlistado as\u00ed: \u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC SU-813\/07). Subraya la Sala. <\/p>\n
Por tanto, resulta imprescindible que en el examen preliminar se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, siendo forzoso que el fundamento de hecho planteado devele una situaci\u00f3n en la que se hallen comprometidos derechos de rango fundamental, de no ser as\u00ed, la pretensi\u00f3n no puede prosperar, en tanto que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el presupuesto b\u00e1sico para la procedencia del amparo es la vulneraci\u00f3n o la amenaza de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental y en ese sentido puede anotarse que las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales deben estar inescindiblemente relacionadas con la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, lo que implica que para lograr el amparo constitucional, no basta acreditar la concurrencia de una de las vulneraciones gen\u00e9ricas arriba se\u00f1aladas \u2013que bien podr\u00edan ser subsanadas a trav\u00e9s de los mecanismos y recursos ordinarios- es necesario tambi\u00e9n, que tal defecto en la providencia vulnere derechos fundamentales (Art. 86 C.P.)\u00bb (CC T-701\/04). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las premisas que anteceden, del an\u00e1lisis pertinente que se realiza a los argumentos de la queja y a la informaci\u00f3n que se extracta de las piezas procesales allegadas, la Sala confirmar\u00e1 el fallo desestimatorio del auxilio, precisando que lo ser\u00e1 ante la evidente ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos invocados por quien funge como demandado en el pleito radicado bajo el n\u00b0 2020-00116. <\/p>\n
Este impedimento gen\u00e9rico de procedibilidad surge en la medida en que no se acredit\u00f3 que la autoridad judicial accionada, hubiera amenazado y menos vulnerado, prerrogativa alguna del ac\u00e1 accionante, por el hecho de no enviar copia de los estados electr\u00f3nicos de las providencias dictadas en el litigio seguido en su contra, a las direcciones de correo electr\u00f3nico que suministr\u00f3 en la contestaci\u00f3n de la demanda, pues no es ese el entendimiento que se deriva de las disposiciones legales y reglamentarias sobre el tema, seg\u00fan lo tiene sentado esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, la discrepancia que actualmente presenta el demandante, fue resuelta con suficiencia por esta Sala al resolver un caso de similares contornos jur\u00eddicos, en el que, tras memorar la necesidad de incorporar los medios tecnol\u00f3gicos para mejorar la administraci\u00f3n de justicia (art\u00edculos 95 de la Ley 270 de 1996 y 103 del C\u00f3digo General del Proceso), advirti\u00f3 que bajo la actual situaci\u00f3n de emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid-19, los jueces no desconocen las garant\u00edas superiores de defensa y contradicci\u00f3n que entra\u00f1an el debido proceso, al dejar de remitir la notificaci\u00f3n por estado electr\u00f3nico de sus decisiones al correo personal de las partes, mientras la publicidad de tales actos se haya surtido por los canales estatuidos legal y reglamentariamente para tal efecto. <\/p>\n
En ese sentido, precis\u00f3 que entre las normas expedidas para posibilitar el impulso y acceso efectivo de los usuarios a los despachos judiciales: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) est\u00e1 el decreto 806 de 4 de junio de 2020, que en su art\u00edculo 2\u00b0 autorizando el uso de \u201clos medios tecnol\u00f3gicos para todas las actuaciones, audiencias y diligencias y se permitir\u00e1 a los sujetos procesales actuar en los procesos o tr\u00e1mites a trav\u00e9s de los medios digitales disponibles\u201d. Y precisa en su par\u00e1grafo 1\u00b0 \u201cla necesidad de adoptar \u201ctodas las medidas para garantizar el debido proceso, la publicidad y el derecho de contradicci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y de las comunicaciones. Para el efecto, las autoridades judiciales procurar\u00e1n la efectiva comunicaci\u00f3n virtual con los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia y adoptar\u00e1n las medidas pertinentes para que puedan conocer las decisiones y ejercer sus derechos\u201d. <\/p>\n
En punto de las notificaciones dispuso en su art\u00edculo 9 lo siguiente: <\/p>\n
[\u2026] Las notificaciones por estado se fijar\u00e1n virtualmente, con inserci\u00f3n de la providencia, y no ser\u00e1 necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva. No obstante, no se insertar\u00e1n en el estado electr\u00f3nico las providencias que decretan medidas cautelares o hagan menci\u00f3n a menores, o cuando la autoridad judicial as\u00ed lo disponga por estar sujetas a reserva legal. De la misma forma podr\u00e1n surtirse los traslados que deban hacerse por fuera de audiencia. Los ejemplares de los estados y traslados virtuales se conservar\u00e1n en l\u00ednea para consulta permanente por cualquier interesado\u2026\u201d (subrayas por fuera del texto). <\/p>\n
N\u00f3tese, que la normativa en precedencia ordena la divulgaci\u00f3n v\u00eda internet del estado, y adicionalmente, deber\u00e1 incluirse all\u00ed la resoluci\u00f3n susceptible de \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb. Esto \u00faltimo, marca la diferencia con la misma figura instituida en el art\u00edculo 295 del C.G.P., pues bajo esta \u00faltima codificaci\u00f3n, no es necesario que el prove\u00eddo que se pretenda dar a conocer est\u00e9 anexado. <\/p>\n
Del citado canon es irrebatible que para formalizar la \u00abnotificaci\u00f3n por estado\u00bb de las disposiciones judiciales no se requiere, de ninguna manera, el env\u00edo de \u00abcorreos electr\u00f3nicos\u00bb, amen que se exige solamente, como ya se dijo, hacer su publicaci\u00f3n web y en ella hipervincular la decisi\u00f3n emitida por el funcionario jurisdiccional. <\/p>\n
Acorde con esto no resulta reprochable la actuaci\u00f3n llevada a cabo por el colegiado demandado, ya que conforme a las comprobaciones referenciadas previamente, se encuentran en estricta alineaci\u00f3n con lo regulado por la normativa aludida, toda vez que el \u00abestado electr\u00f3nico\u00bb de esa fecha bien refleja la respectiva \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb, y adem\u00e1s, con ella fue adjuntado el auto que corri\u00f3 traslado para la sustentaci\u00f3n de la alzada (art. 9 del Decreto 806 del 2020, en consonancia con el 14 de la misma), acatando en estricto orden los par\u00e1metros de motivaci\u00f3n y necesidad constitucional de la mentada disposici\u00f3n. <\/p>\n
Agr\u00e9guese a ello que librar la providencia emitida como mensaje de datos a la \u00abdirecci\u00f3n electr\u00f3nica\u00bb, o f\u00edsica mutar\u00eda en otra tipolog\u00eda de \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb, como es la personal, pues son los par\u00e1metros anunciados por el art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso y 8\u00b0 del Decreto en menci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el juzgador acusado no incurri\u00f3 en falencia alguna que descalifique la determinaci\u00f3n, con entidad suficiente para constituir alguno de los llamados \u201cpresupuestos espec\u00edficos de procedibilidad\u201d que habilitan la intervenci\u00f3n del juez del amparo cuando se cuestionan decisiones judiciales\u00bb (CSJ STC5158-2020, 5 ago. 2020, rad. 01477-00). <\/p>\n
As\u00ed, por cuanto en el asunto bajo examen, se constat\u00f3 que el accionado notific\u00f3 por estado electr\u00f3nico las providencias a que alude el quejoso, de lo cual da cuenta el expediente digital allegado a las presentes diligencias, y se corrobora al ingresar en el respectivo enlace establecido en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, se ratifica la postura de esta Sala en que el a-quo fund\u00f3 su veredicto, y con ello la declaraci\u00f3n de improcedencia de la tutela para refutar la notificaci\u00f3n de lo resuelto en la acci\u00f3n popular en la que el promotor del resguardo funge como demandado, pues no se deriva afectaci\u00f3n alguna de sus intereses superiores que habilite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En este orden, por cuanto no se avizora que el juzgado acusado hubiera amenazado y menos quebrantado las prerrogativas del actor, la acci\u00f3n deber\u00e1 ser desestimada por infundada, pues recu\u00e9rdese que la Corte Constitucional, con observancia en el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y los art\u00edculos 5\u00b0 y 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, dijo que, \u00absin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental, no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado\u00bb (SU-975\/03), y en esa misma l\u00ednea, posteriormente se\u00f1al\u00f3 que \u00abpara que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan\u00bb (CC T-883\/08). <\/p>\n
De igual modo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en relaci\u00f3n con la tutela, que: \u00abpara su procedencia se requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, citada en STC552-2021, 29 ene. 2021, rad. 00621-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De conformidad con lo precisado en precedencia, ante la ausencia de afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales del querellante, se impone respaldar el fallo de primer grado mediante el cual se declar\u00f3 la improcedencia del mecanismo jur\u00eddico implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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