STC1462-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1462-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2020-01869-02 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 14 de diciembre de 2020, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por C\u00e9sar Augusto Mahecha Orjuela, contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n\u00b0 2003-00820. <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, y petici\u00f3n, aparentemente conculcadas por la autoridad convocada, por cuanto no ha emitido respuesta en relaci\u00f3n con las solicitudes radicadas el 13 y 22 de noviembre de 2020, al interior del ejecutivo hipotecario n\u00ba 2003-00820, por medio de las cuales persegu\u00eda que se removiera del cargo a la secuestre Paola Milena Losada Prada. <\/p>\n
2. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de esta excepcional senda se ordene al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 \u00ab(\u2026) que proceda de manera inmediata a resolver de fondo las reiteradas solicitudes (\u2026) REQUERIR a la Autoridad Judicial accionada para que en adelante adopte los mecanismos necesarios para que le asegure a sus usuarios, el adelantamiento de un proceso que observe las formalidades propias del mismo exigidas por la ley\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La titular del estrado accionado se opuso a la prosperidad del resguardo asegurando que no ha transgredido las prerrogativas que invoca el gestor. <\/p>\n
Hizo un recuento de las actuaciones que se han surtido al interior del juicio que origina el reclamo, y precis\u00f3 que los memoriales a los que se refiere el promotor, ingresaron al despacho el 10 y 13 de noviembre de 2020, por lo que \u00ab(\u2026) en su momento se decidir\u00e1 sobre el cambio de secuestre y administraci\u00f3n del inmueble embargado y secuestrado por cuenta de [ese] proceso\u00bb. <\/p>\n
Comunic\u00f3, el 12 de febrero hoga\u00f1o, que \u00abdurante el trascurso del proceso se di\u00f2 traslado a las partes de los informes presentados por la secuestre, y que corrieron en silencio; As\u00ed mismo que se requiri\u00f3 a la secuestre para que presentara informe seg\u00fan la informaci\u00f3n recibida de las partes y de la respuesta de la secuestre se daba traslado, mismo que corr\u00eda en silencio\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que \u00aben providencia del 13 de enero pasado, se requiri\u00f3 a la esposa e hijos del demandado para que acreditaran el parentesco con el demandado y se interrumpi\u00f3 el proceso por la muerte de la apoderada de la parte demandada; auto que fue recurrido aportando la prueba del parentesco e ingresando al despacho el 4 de febrero y esta (sic) pendiente de resolver lo que corresponde\u00bb. <\/p>\n
2. El Fondo de Garant\u00edas Financieras -Fogafin-, solicit\u00f3 que fuese desvinculado del tr\u00e1mite aduciendo falta de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el amparo al considerar, en s\u00edntesis, que \u00abno podri\u0301a atribuirse al Juzgado 4\u00b0 Civil del Circuito de Ejecucio\u0301n de Sentencias una demora en la resolucio\u0301n de los memoriales presentados por el actor, por intermedio de sus apoderados, en punto al relevo de secuestre y a las irregularidades que se le atribuyen a ese auxiliar\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la parte actora recalcando que \u00ab(\u2026) van 29 di\u0301as ha\u0301biles contados desde el ingreso, tiempo ma\u0301s que suficiente para resolver tan sencilla solicitud, es ma\u0301s, el Juez de instancia tuvo que invertir un tiempo considerable en contestar la accio\u0301n de tutela que la que deberi\u0301a haber utilizado para resolver un simple relevo de secuestre, lo cual no es comprensible desde ningu\u0301n punto de vista y es de por si irrespetuoso con la parte demandada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 vulner\u00f3 las garant\u00edas esenciales aducidas por el querellante, por cuanto, aparentemente, no ha emitido una respuesta en relaci\u00f3n con las peticiones formuladas el 13 y 22 de noviembre anterior, por medio de las cuales pretende que se resuelva sobre la remoci\u00f3n del cargo de secuestre de Paola Milena Losada Prada, en el recaudo n\u00ba 2003-00820. <\/p>\n
2. El derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
La garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica, detenta estirpe fundamental e implica la facultad de obtener respuesta pronta en condiciones id\u00f3neas; por ello, al haberse presentado una solicitud en inter\u00e9s particular, surge el derecho a obtener un pronunciamiento de fondo. Sobre el tema la Corte ha precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita\u00bb (CSJ STC de 19 de marzo. 2014, Rad. 00053-01, reiterado en STC1336 13 feb de 2015). <\/p>\n
En otra ocasi\u00f3n la Sala indic\u00f3 que: \u00ab(\u2026) el derecho de petici\u00f3n supone para el Estado la obligaci\u00f3n positiva de resolver con prontitud y de manera congruente acerca de la solicitud elevada, lo que no implica que ese pronunciamiento tenga que ser favorable, pues como bien se sabe la garant\u00eda constitucional mencionada tiende a asegurar respuestas oportunas y apropiadas en relaci\u00f3n con aquello que de las autoridades se pide, no a obtener de estas \u00faltimas una resoluci\u00f3n que indefectiblemente acceda a las pretensiones del solicitante\u00bb (CSJ STC, 10 dic. 2012, rad. 00120-01, reiterada en STC3233-2018, 8 mar. 2018, rad. 00005-01, entre otras). <\/p>\n
En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, entre otras). <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb. (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9112-2015, 23 abr. 2015, rad. 00304-01) <\/p>\n
4. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
El actor, a trav\u00e9s de memoriales dirigidos a la autoridad acusada, remitidos el 13 y 22 de noviembre de 2020, solicit\u00f3 que \u00ab(\u2026)se relevara como secuestre a la sen\u0303ora PAOLA MILENA LOSADA PRADA\u00bb, debido a \u00ablas protuberantes irregularidades\u00bb en que \u00e9sta, aparentemente, ha incurrido en el ejercicio de su labor, las cuales puso en conocimiento del estrado convocado, sin embargo, de lo anterior se extrae que no es posible invocar en este caso espec\u00edfico la vulneraci\u00f3n del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, porque el objeto de la solicitud no versa sobre un asunto administrativo, sino judicial y por ello no es posible exigir una respuesta invocando el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Ahora, cabe reiterar, que el despacho accionado ha dado tr\u00e1mite a los memoriales del gestor, no bajo las reglas del derecho de petici\u00f3n, como lo pretende el gestor, sino, en atenci\u00f3n a la regulaci\u00f3n del estatuto procesal vigente, precisando que, entre las gestiones adelantadas \u00ab(\u2026) se requiri\u00f3 a la secuestre para que presentara informe seg\u00fan la informaci\u00f3n recibida de las partes y de la respuesta de la secuestre se daba traslado, mismo que corr\u00eda en silencio\u00bb; tambien reliev\u00f3 la juez acusada, que \u00aben providencia del 13 de enero pasado, se requiri\u00f3 a la esposa e hijos del demandado para que acreditaran el parentesco con el demandado y se interrumpi\u00f3 el proceso por la muerte de la apoderada de la parte demandada; auto que fue recurrido aportando la prueba del parentesco e ingresando al despacho el 4 de febrero y esta pendiente de resolver lo que corresponde\u00bb. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone revalidar el fallo impugnado toda vez que las peticiones efectuadas en el marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse conforme a las reglas propias del juicio, y no como lo pretende el actor seg\u00fan las pautas y t\u00e9rminos previstos para el derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
5 <\/p>\n
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