STC1463-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1463-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 76001-22-03-000-2021-00007-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali el pasado 27 de enero, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Manuel Cort\u00e9s Gaona contra los Juzgados Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali y Cuarto S\u00e9ptimo Civil Municipal de la misma especialidad y ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la acci\u00f3n de tutela 2020-00086. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, obrando por conducto de apoderado, acude al presente instrumento en procura de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso, legalidad ante la ley y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb <\/p>\n
2. Del extenso escrito introductor se desprende que Juan Manuel Cort\u00e9s Gaona promovi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela contra Adriana Eliyer Parra Segura, a trav\u00e9s de la cual buscaba se le ordenara a \u00e9sta cumplir el acuerdo conciliatorio de 21 de octubre de 2019 en lo que respecta al r\u00e9gimen de visitas del hijo de ambos comparecientes. <\/p>\n
Tal actuaci\u00f3n fue asignada al Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, despacho que mediante sentencia de 12 de junio de 2020 deneg\u00f3, por improcedente, el resguardo. <\/p>\n
La parte vencida impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n, siendo confirmada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma especialidad y ciudad, con fallo de 21 de julio siguiente. <\/p>\n
3. Para el gestor, los despachos judiciales desconocieron que la anterior salvaguarda \u00abse interpon\u00eda como mecanismo transitorio ante la imposibilidad de acudir al a jurisdicci\u00f3n de familia\u00bb am\u00e9n que \u00abno tuvieron en cuenta la falencia de la accionada al no contestar la tutela [sic]\u00bb y pese a ello \u00abdarla por contestada con el fin de incluir en las consideraciones del fallo por qu\u00e9 entonces no proced\u00eda la acci\u00f3n constitucional y pr\u00e1cticamente fundamenta el fallo en una contestaci\u00f3n que nunca se hizo a t\u00edtulo personal sino que fue allegada por una apoderada judicial a quien no se le confiri\u00f3 poder alguno para contestar [sic]\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo anterior solicita ordenar a los juzgados accionados \u00abse pronuncien de fondo accediendo al suscrito al debido proceso y se otorgue providencia de reemplazo a raz\u00f3n de las acciones u omisiones presentadas [SIC]\u00bb <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez S\u00e9ptima Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali dijo remitirse a las consideraciones y argumentos plasmados en el fallo de 12 de junio de 2020, agregando que \u00abno se evidencia vulneraci\u00f3n\u2026 a los derechos fundamentales invocados por el accionante ni las actuaciones realizadas constituyen pr\u00e1cticas irregulares o contrarias a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2. La directora del Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali solicit\u00f3 su \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb en raz\u00f3n a la \u00abfalta de legitimaci\u00f3n por pasiva\u00bb pues la presente queja constitucional va dirigida contra actuaciones de un despacho judicial que no le constan. <\/p>\n
3. Por conducto de apoderada, Adriana Eliyer Parra Segura -demandada en la anterior acci\u00f3n de tutela- pidi\u00f3 declarar improcedente el resguardo por desatender el presupuesto de la subsidiariedad am\u00e9n que \u00aben ning\u00fan momento ha existido irregularidad alguna en el tr\u00e1mite que aqu\u00ed se pretende discutir\u00bb <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cali declar\u00f3 improcedente el auxilio dado que \u00abla acci\u00f3n de tutela no puede emplearse para reabrir el debate probatorio o sustantivo concluido por los jueces constitucionales en un tr\u00e1mite constitucional anterior\u2026 [pues] admitir tal proceder le estar\u00eda reconociendo un car\u00e1cter indefinido a los conflictos jur\u00eddicos que se ventilan por esta v\u00eda, generando un perjuicio a la seguridad jur\u00eddica y al goce efectivo y real de los derechos fundamentales\u00bb <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n reproduciendo los mismos argumentos del libelo genitor, sin referirse, por parte alguna a las razones que tuvo la colegiatura a quo para declarar improcedente el resguardo previamente promovido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades querelladas vulneraron los derechos fundamentales invocados por el accionante, al desestimar la protecci\u00f3n por \u00e9l suplicada dentro de la acci\u00f3n de tutela 2020-00086. <\/p>\n
2. La improcedencia de este mecanismo contra sentencias de tutela <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. En este sentido se ha expuesto: \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u00bb (CSJ STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016). <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
3.1. Con sujeci\u00f3n a las anteriores premisas, observa la Sala que no se abre paso el amparo propuesto, por lo que se ratificar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada, comoquiera que en esta oportunidad, el querellante pretende quebrantar el fallo proferido en virtud de una acci\u00f3n de tutela y ello significa desatender una de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad, ya que de permitirse, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de procedimientos de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del asunto (ver, entre otras, CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, STC11794-2014 y STC1894-2016, 18 feb. 2016, rad. 00245-01). <\/p>\n
Sobre la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela en estos casos, la reiterada postura de la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que es un aspecto unificado y constante que debe ser atendido, ya que \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (CC SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Insiste la Sala en que para cuestionar lo resuelto en un tr\u00e1mite de tutela el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
Significa lo anterior que el mecanismo de resguardo tambi\u00e9n debe cumplir con el requisito de subsidiariedad, el cual es inherente a la acci\u00f3n de tutela, como lo precis\u00f3 esta Corte, acogiendo precedentes jurisprudenciales de la misma Corporaci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ SC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, reiterada, en STC8289, 22 jun. 2016). <\/p>\n
3.2. S\u00famese a lo anterior, que no hay prueba de que hubiera concluido el tr\u00e1mite de la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, de all\u00ed que el quejoso a\u00fan cuenta con ese instrumento para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas, as\u00ed como tambi\u00e9n con la formulaci\u00f3n de la insistencia en caso de no resultar seleccionada la salvaguarda, por lo que se incumple tambi\u00e9n el requisito de procedibilidad citado. <\/p>\n
Dicho instrumento, dise\u00f1ado para la revisi\u00f3n de los fallos de tutela por parte del Tribunal de cierre en materia de derechos fundamentales es eficaz porque, como lo ha sostenido esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que no se diga que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01, reiterada en STC13335-2016, 21 sep. 2016, rad. 201513-01 entre otras) <\/p>\n
Adicionalmente, en otras oportunidades se agreg\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia\u00bb (CSJ STC, 2 sep. 2003, rad. 00561-01; 14 oct. 2004, rad. 1120; 8 mar. 2006, rad. 00263-00; y 7 mar. 2013, rad. 00122-01). <\/p>\n
3.3. Ahora bien, para esta Corporaci\u00f3n los argumentos del gestor para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas supralegales no se subsumen en ninguna de las hip\u00f3tesis aludidas en la Sentencia de Unificaci\u00f3n 627 de 2015 en la que se indic\u00f3 que la salvaguarda constitucional procede contra decisiones de similar naturaleza cuando: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Lo anterior, en la medida que, aun cuando el actor trat\u00f3 de fundamentar el presente amparo en supuestas irregularidades procedimentales, lo cierto es que el n\u00facleo central de su queja gravit\u00f3 en torno a la supuesta valoraci\u00f3n probatoria inadecuada, es decir, se finc\u00f3 exclusivamente en un subjetivo disentimiento con lo resuelto, circunstancia que refuerza la improcedencia del presente resguardo. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, en el sentido de negar la protecci\u00f3n solicitada, en atenci\u00f3n a que no se cumplen las exigencias jurisprudenciales que habilitan la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra una decisi\u00f3n adoptada en un tr\u00e1mite de similar naturaleza. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese, por el medio m\u00e1s expedito, lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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