STC1468-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
STC1468-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2020-00337-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 18 de enero de 2020, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Maryuris Miled Alzate Estrada en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus menores hijos XX y YYY, ZZZ, , contra el Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad y la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Polic\u00eda \u2013CAJAHONOR, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Promiscuo de Familia de Riohacha, la se\u00f1ora Edenys Lizeth Griego G\u00f3mez, en representaci\u00f3n de su menor hija AAA, la Caja de Sueldos de Retiro de la Polic\u00eda Nacional -CASUR, la Tesorer\u00eda General de la Polic\u00eda Nacional -TEGEN, la Procuradur\u00eda para Asuntos de Familia y la Defensor\u00eda de Familia, as\u00ed como la parte pasiva del juicio de alimentos a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores del amparo reclaman la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la \u00abalimentaci\u00f3n equilibrada\u00bb, a la igualdad y al m\u00ednimo vital, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional y entidad accionadas, con la mora en la consignaci\u00f3n y entrega de los dineros embargados por concepto de cesant\u00edas al demandado, dentro del proceso de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria que adelant\u00f3 la primera de ellos en representaci\u00f3n de los otros, frente a Alexander Antonio Ar\u00e9valo Benitte, con radicado No. 2013-00156-00. <\/p>\n
Exigen, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Polic\u00eda -CAJAHONOR, \u00abrealizar el desembolso del porcentaje que cesant\u00edas que le corresponde a ZZZ, XXX y YYY, en la cuenta del JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE SANTA MARTA\u00bb1. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo y en cuanto resulta dispensable para resolver el presente asunto, aducen en lo esencial los actores, que el 6 de mayo del a\u00f1o 2013 se promovi\u00f3 el juicio de alimentos referido en l\u00edneas precedentes, el cual correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Primero de Familia de Santa Marta, quien a trav\u00e9s de sentencia del 14 de julio de 2014, conden\u00f3 al demandado a suministrar alimentos en favor de sus hijos en cuant\u00eda de \u00ab50% de su salario y prestaciones sociales como miembro de la Polic\u00eda Nacional\u00bb. <\/p>\n
Aseveran que el 10 de mayo de 2019, solicit\u00f3 al juez del conocimiento oficiar a CAPROVIMPO para que le girara el porcentaje correspondiente de cesant\u00edas de sus hijos, toda vez que su progenitor ya hab\u00eda retirado su 50% inembargable, petici\u00f3n que fue atendida mediante auto del 3 de septiembre siguiente, el cual fue corregido el 25 y 30 de septiembre, en el sentido de ordenar oficiar a la Tesorer\u00eda de la Polic\u00eda Nacional (TEGEN) y a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Polic\u00eda (CAJAHONOR), respectivamente. <\/p>\n
Refieren que en respuesta a dicho requerimiento la \u00faltima de las citadas entidades pidi\u00f3 al Despacho, previo a girar los haberes retenidos, regular las medidas de embargo ya que exist\u00eda otra cautela proveniente del Juzgado Promiscuo de Familia de Riohacha, decretada dentro del proceso de aumento de cuota alimentaria con radicado No. 2009-00088-00, donde figura como demandante la se\u00f1ora Edenys Lizeth Griego G\u00f3mez en representaci\u00f3n de la ni\u00f1a AAA, lo que produjo que el 19 de febrero de 2020 se acumularan ambas actuaciones. <\/p>\n
Se\u00f1alan el 26 de noviembre siguiente, la autoridad judicial accionad procedi\u00f3 a regular las cuotas alimentarias, ordenando con ello comunicar los nuevos porcentajes de embargos a la Polic\u00eda Nacional, a CASUR y a CAJAHONOR, especificando que se ten\u00edan que practicar las retenciones del caso sobre las mesadas pensionales ordinarias, las adicionales y las cesant\u00edas del demandado. <\/p>\n
Finalmente sostienen, que hasta el momento de la interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n de tutela, CAJAHONOR no ha hecho el respectivo desembolso de las cesant\u00edas reclamadas, lo que, aseguran, les quebranta las garant\u00edas superiores invocadas, raz\u00f3n por la que consideran que debe ser atendido favorablemente el reclamo que elevan a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n2. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Magdalena coadyuv\u00f3 el resguardo implorado por los accionantes, tras manifestar que Caja Promotora de Vivienda Militar y de Polic\u00eda debe realizar el desembolso del porcentaje de cesant\u00edas que le corresponde a los menores XXX, as\u00ed como al hoy mayor de edad ZZZ en la cuenta del juzgado accionado, dada la calidad de los destinatarios y que las obligaciones impuestas en sentencias judiciales deben ser cumplidas de inmediato, m\u00e1xime cuando se trata de un tr\u00e1mite preferencial3. <\/p>\n
b. El titular del Juzgado Primero de Familia de Santa Marta, luego de memorar las actuaciones que ha surtido dentro del juicio de alimentos criticado, pidi\u00f3 ser exonerado de cualquier responsabilidad, toda vez que ha atendido todas y cada una de las solicitudes de la demandante Maryuris Miled Alzate Estrada, y ha hecho todos los requerimientos necesarios para que CAJAHONOR consigne los dineros reclamados por \u00e9sta, \u00faltimo de ellos que efectu\u00f3 el 10 de diciembre de 2020; sin embargo, hasta la presente dicha entidad no lo ha hecho4. <\/p>\n
c. La titular del Juzgado Promiscuo de Familia Oral del Circuito de Riohacha se limit\u00f3 a hacer un compendio del tr\u00e1mite que llev\u00f3 a cabo respecto del proceso de alimentos con radicado No. 2009-00088-00, sin realizar manifestaci\u00f3n alguna frente a la queja expuesta por los actores5. <\/p>\n
d. La Procuradora 148 Judicial II Familia de aquella capital pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo rogado, por cuanto que no atiende el requisito de la subsidiariedad que la caracteriza, ya que \u00abes claro que los actores cuentan con otros recursos jur\u00eddicos a su alcance\u00bb para lograr lo que pretenden por esta v\u00eda6. <\/p>\n
e. La vinculada, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, luego de resumir las actuaciones que se han surtido con ocasi\u00f3n del juicio de alimentos a que aluden los accionantes, desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, con fundamento en que \u00abno advierte\u2026 que CAJAHONOR haya transgredido los derechos fundamentales invocados por los actores y cuyo amparo pretenden por esta v\u00eda\u00bb, toda vez que \u00abuna vez le fue comunicada la orden de embargo de las cesant\u00edas por el Juzgado Primero de Familia, le dio a conocer que no pod\u00eda hacerla efectiva por superar el tope legal del 50%, y lo inst\u00f3 a regular las cuotas alimentarias para acatar lo que dispusiera ese despacho, solicitud que reiter\u00f3 en octubre de 2019 ante otro requerimiento del Juzgado para que cumpliera con la materializaci\u00f3n de los embargos, actuaci\u00f3n que no se puede endilgar de desidiosa, pues, se ajusta a derecho\u00bb, y si bien el citado estrado judicial \u00abhizo la regulaci\u00f3n de las cuotas alimentarias el 26 de noviembre de 2020, y de ello se le comunic\u00f3 a CAJAHONOR al d\u00eda siguiente, lo cierto, es que a la fecha de interposici\u00f3n de la tutela, que lo fue el 11 de diciembre, s\u00f3lo hab\u00edan transcurrido nueve d\u00edas h\u00e1biles, por lo que a juicio de esta Sala no se evidencia a\u00fan retraso o tardanza para el acatamiento de la orden judicial que amerite la procedencia del amparo, pues, no es posible calificar la conducta del pagador o tesorero de CAJAHONOR como negligente o dilatoria, a pesar de que no se desconoce que hay que actuar con prontitud y celeridad cuando se trata de cuotas de alimentos, especialmente si es a favor de menores, habida consideraci\u00f3n que se debe garantizar el goce efectivo a los alimentos a que tienen derecho, sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de las cesant\u00edas y ellos est\u00e1n recibiendo las cuotas mensuales decretadas que les corresponden por los dem\u00e1s emolumentos que percibe el alimentante\u00bb. <\/p>\n
Finalmente indic\u00f3, que \u00abaunque la tutela tambi\u00e9n se interpuso contra el Juzgado Primero de Familia de Santa Marta y la Polic\u00eda Nacional, ning\u00fan reproche se les enrostr\u00f3, y tampoco se observ\u00f3 del escrutinio al acervo probatorio, en consecuencia, se negar\u00e1 la tutela\u00bb7. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los tutelantes impugnaron el fallo anterior, aduciendo, en esencia, que \u00abel colegiado pas\u00f3 por alto o en el peor de los casos, no fue allegado al expediente el memorial adiado 12 de enero del a\u00f1o que rige, donde informamos que desde el mes de diciembre la CAJAHONOR accedi\u00f3 a constituir el t\u00edtulo de fecha 44210000091386, de fecha 15 de diciembre de 2020, contentivo de las cesant\u00edas, el cual fue solicitado al despacho accionado con fecha posterior a la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional, sin obtener respuesta alguna\u00bb8. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de los particulares, el cual se encuentra regulado en el Decreto 2591 de 1991, cuya procedencia est\u00e1 ligada a los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable y no se tengan, est\u00e9n en tr\u00e1mite o se hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, cuando se promueve esta acci\u00f3n tuitiva contra una decisi\u00f3n adoptada por una autoridad judicial, la jurisprudencia constitucional ha decantado una serie de requisitos, hoy llamados, causales de procedibilidad, que posibilitan el estudio de fondo del asunto y que se subdividen en gen\u00e9ricas y espec\u00edficas9. Las primeras, atinentes a que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela, mientras que las segundas, alusivas a vicios o defectos denominados: org\u00e1nico; procedimental absoluto; f\u00e1ctico; material o sustantivo; error inducido; decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; desconocimiento del precedente; y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada por la se\u00f1ora Maryuris Miled Alzate Estrada en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus menores hijos XX y YYY, y, el se\u00f1or Vheyker Aleareb Ar\u00e9valo \u00c1lzate, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la misma no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues el argumento esgrimido como sustento de la inconformidad para revocar el fallo opugnado, claramente constituye un hecho nuevo alegado en esta instancia, el cual no puede ser analizado por la Corte, puesto que la autoridad judicial querellada no pudo defenderse en su debida oportunidad, en tanto que no fue puesto a su consideraci\u00f3n durante el tr\u00e1mite surtido en primera instancia, esto es, desde su inicio, para que ejerciera su derecho de contradicci\u00f3n, motivo por el cual ahora no puede ser sorprendida con una decisi\u00f3n al respecto, pues, de ser as\u00ed, se le desconocer\u00eda tambi\u00e9n la mentada prerrogativa superior. <\/p>\n
3. En efecto, si bien los actores informaron a trav\u00e9s de misiva enviada por correo electr\u00f3nico el 12 de enero de los corrientes, as\u00ed como con el escrito de impugnaci\u00f3n, que el pasado 15 de diciembre la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Polic\u00eda (CAJAHONOR) constituy\u00f3 el t\u00edtulo judicial No. 44210000091386, por concepto de las cesant\u00edas embargadas al se\u00f1or Alexander Antonio Ar\u00e9valo Benitte, demandado dentro del proceso de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria que ellos adelantaron en su contra bajo el radicado No. 2013-00156-00, t\u00edtulo del cual solicitaron su entrega al Juzgado Primero de Familia de Santa Marta \u201csin obtener respuesta alguna\u201d, hecho por el cual se\u00f1alan que dicha autoridad les conculc\u00f3 los derechos fundamentales invocados, tal situaci\u00f3n f\u00e1ctica acaeci\u00f3 con posterioridad a la admisi\u00f3n de la demanda de amparo, m\u00e1s precisamente, cuatro (4) d\u00edas h\u00e1biles antes de que se emitiera la decisi\u00f3n aqu\u00ed impugnada, y mucho despu\u00e9s de que \u00e9sta y los dem\u00e1s involucrados rindieran el informe que les fue solicitado con la notificaci\u00f3n de aquella actuaci\u00f3n, por lo que es innegable que la aludida dependencia judicial no tuvo oportunidad de conocer el rese\u00f1ado reproche y, por ende, ejercer su derecho a la defensa frente a \u00e9l, circunstancia que lo ubica dentro del concepto mencionado en el p\u00e1rrafo anterior, de ah\u00ed que, como se dijo, no puede ser analizado en esta instancia. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los aspectos in\u00e9ditos que son expuestos en la impugnaci\u00f3n de los fallos de tutela de primer grado, se ha sostenido que, si bien \u00abes cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026) Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa\u00bb (CSJ STC487-2021). <\/p>\n
4. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Como en el presente asunto se encuentra involucrado un menor de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar su nombre, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dicha identidad. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 De acuerdo con la demanda de tutela anexa al expediente en copia digital allegada v\u00eda correo institucional a la Corte. <\/p>\n
2 Ejusdem. <\/p>\n
3 Informe acopiado al expediente en copia digital mencionado con antelaci\u00f3n. <\/p>\n
4 Ib\u00eddem. <\/p>\n
5 Cit. <\/p>\n
6 Cit. <\/p>\n
7 Decisi\u00f3n anexa al memorado archivo digital. <\/p>\n
8 De acuerdo con el escrito acopiado a las diligencias remitidas a la Corte. <\/p>\n
9 Consultar al respecto, C.C. SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20. <\/p>\n
<\/p>\n
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