STC1472-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1472-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2020-00225-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 20 de enero de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por James Rafael Uribe Bar\u00f3n contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma localidad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los dem\u00e1s intervinientes del cobro coercitivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a \u00abla confianza leg\u00edtima\u00bb, al \u00abprincipio de legalidad\u00bb y a la igualdad, presuntamente conculcado por la autoridad accionada, en el marco del proceso ejecutivo que en su contra promovi\u00f3 Rodrigo Guzm\u00e1n D\u00e1vila, identificado con el radicado No. 2017-00147-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buga, \u00abrevo[car] la sentencia de segunda instancia proferida el 9 de octubre de 2020 y dem\u00e1s actuaciones judiciales proferida con posterioridad (\u2026) y en su lugar se le ordene proferir nuevamente sentencia que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que dentro del referido cobro judicial el Juzgado Segundo Civil Municipal de Buga emiti\u00f3 sentencia el 27 de febrero de 2018, en que declar\u00f3 probadas las excepciones que \u00e9l propuso y termin\u00f3 el proceso, decisi\u00f3n que fue dejada sin valor ni efecto por la orden de tutela dada el 15 de enero de 2019 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, por lo que el 27 de noviembre del mismo a\u00f1o se dict\u00f3 nueva decisi\u00f3n pero orden\u00e1ndose seguir con el cobro, determinaci\u00f3n que apel\u00f3, y previa orden de tutela del Tribunal Superior de Buga para que se asumiera el conocimiento de la alzada, fue confirmada el 9 de octubre de 2020 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma urbe, pese a que, asegura, las pruebas testimoniales evidenciaban que la letra de cambio sustento de la ejecuci\u00f3n fue diligenciada por el acreedor sin su autorizaci\u00f3n y \u00abestipulando valores sin ning\u00fan sustento\u00bb, de manera que el documento \u00abfue adulterado\u00bb, situaci\u00f3n que, en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
El titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buga, tras hacer un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas dentro del proceso cuestionado, corrobor\u00f3 que el 9 de octubre de 2020 dict\u00f3 sentencia con que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del 27 de noviembre de 2019 del Juzgado Segundo Civil Municipal de la misma ciudad, de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, decisi\u00f3n no obedeci\u00f3 \u00aba un simple capricho, ni tampoco puede ser considerada como arbitraria de como que constituya v\u00eda de hecho violatoria de los derechos fundamentales del aqu\u00ed accionante\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Buga neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, tras no advertir \u00abque el juez enjuiciado, al desatar la alzada, haya realizado una valoraci\u00f3n arbitraria o caprichosa del material probatorio, toda vez que, de conformidad con lo precisado por el a quo, al firmarse un t\u00edtulo valor con espacios en blanco, s\u00f3lo cabe reprochar que, eventualmente, se desatendieron las pautas para su diligenciamiento, hip\u00f3tesis que deb\u00eda ser acreditada por el hoy accionante James Rafael Uribe, el cual no logr\u00f3 probar que el t\u00edtulo objeto de recaudo fue firmado en blanco, imponi\u00e9ndose la literalidad del instrumento\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por el promotor, con similares argumentos a los que expuso en su escrito inicial, haciendo \u00e9nfasis en que el ad quem accionado \u00abno evalu\u00f3 a plenitud las pruebas recaudadas, ignorando por completo lo manifestado por los testigos de la parte demandante, quienes manifestaron que la letra de cambio no ten\u00eda valor al momento de la firma, as\u00ed mismo que el propio demandante no conoc\u00eda el monto de la supuesta deuda\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela procede excepcionalmente contra providencias o actuaciones judiciales, s\u00f3lo cuando el funcionario judicial adopta una decisi\u00f3n opuesta al r\u00e9gimen legal aplicable, evento en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, pero solo si el afectado acude al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no dispone o no dej\u00f3 fenecer los medio ordinarios y efectivos para lograr la protecci\u00f3n, requisitos \u00e9stos para la procedibilidad de la acci\u00f3n, que deben entonces acreditarse antes de cualquier consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, so pena de que la ausencia de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura del ciudadano James Rafael est\u00e1 encaminada, concretamente, frente a la decisi\u00f3n del 9 de octubre de 2020 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buga, de confirmar lo resuelto el 27 de noviembre de 2019 por el Juzgado Segundo Civil Municipal de la misma ciudad, de ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n que en su contra promovi\u00f3 Rodrigo Guzm\u00e1n D\u00e1vila, pues en su sentir, la decisi\u00f3n emergi\u00f3 de la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas, incurriendo as\u00ed en causal de procedencia del amparo por defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n
3. No obstante, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, observa la Sala que surge patente la ratificaci\u00f3n de la improcedencia del amparo reclamado, si en cuenta se tiene que en la precitada decisi\u00f3n de segundo grado con que se cerr\u00f3 el debate dentro del juicio criticado, el Juzgado Segundo del Circuito de Buga resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia, de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, a trav\u00e9s de un razonamiento que no amerita la intervenci\u00f3n en lo resuelto por parte del juez de tutela. <\/p>\n
Ciertamente, de entrada consider\u00f3 el ad quem criticado, que \u00abcon las pruebas aportadas no logr\u00f3 demostrar el demandado haber firmado el t\u00edtulo valor en blanco, como ya se dijo, m\u00e1s all\u00e1 de su propia manifestaci\u00f3n no existe ning\u00fan otro medio de prueba que permita llegar a esa conclusi\u00f3n, tampoco se prob\u00f3 que este se haya configurado como una forma de garantizar las obligaciones que subyac\u00edan en la presunta relaci\u00f3n laboral, entonces no resulta probable inferir la inexistencia de la obligaci\u00f3n adquirida, en las que se sostienen las excepciones propuestas\u00bb; y en seguida analiz\u00f3 en cuanto al reparo relacionado por la parte inconforme respecto de la fuerza demostrativa de los testigos del acreedor, que \u00abno se puede predicar imprecisi\u00f3n de las declaraciones de los [testigos], por el simple hecho de que no ten\u00edan conocimiento del monto de lo debido, pues aunque estos se\u00f1alan sin entrar en detalle que solo escucharon que el se\u00f1or Rodrigo Guzm\u00e1n D\u00e1vila le cobraba a James Rafael Uribe Bar\u00f3n, en ocasiones eran testigos del reconocimiento por parte de este \u00faltimo, de la existencia del pr\u00e9stamo, ello ratifica que evidentemente si existi\u00f3 una deuda a favor del primero, a pesar de que no pudieron entrar en los detalles de la cuant\u00eda, cuando ellos no participaron de la negociaci\u00f3n, ni fueron testigos al momento del cruce de cuentas, a pesar de que a \u00e9stos no les consta el monto de la deuda, tal falta de conocimiento sobre la cuant\u00eda del mutuo no impide que sean valorados para establecer que el negocio jur\u00eddico subyacente o que le dio vida a la letra de cambio no consisti\u00f3 en una relaci\u00f3n laboral, y es de resaltar que una vez escuchadas las declaraciones de los testigos, que aunque cortas, puede afirmarse que sus exposiciones frente a las preguntas realizadas fueron fluidas y con seguridad, consistentes en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el cobro que hac\u00eda el acreedor y al deudor. <\/p>\n
Agreg\u00f3 a continuaci\u00f3n, que \u00ablo m\u00e1s importante es que los declarantes pudieron dar a conocer cu\u00e1l era la ciencia de su dicho, es decir porqu\u00e9 conoc\u00edan lo que estaban diciendo, porque fueron testigos de los hechos que declararon como testigos directos. Es de resaltar que la juez a quo hizo un an\u00e1lisis juicioso y una valoraci\u00f3n de las declaraciones rendidas por los testigos de las partes, pues sobre los presentados por la parte actora y mencionados, se\u00f1al\u00f3 que estos se encargan de confirmar lo dicho por el demandante en su escrito de su demanda, nada diferente a que el demandado acept\u00f3 una letra de cambio para garantizar el pago de un pr\u00e9stamo de consumo que a \u00e9l le hiciera, sus testimonios declaran que ellos escucharon cuando el se\u00f1or demandante le cobrara a James Rafael Uribe Bar\u00f3n determinada suma de dinero, lo que da a entender que hubo un pr\u00e9stamo, a diferencia del demandado que dice que la letra fue garant\u00eda de una relaci\u00f3n laboral de la cual no aporta prueba alguna. <\/p>\n
Para finalmente considerar, que \u00ablos testigos mencionados, seg\u00fan la a quo, manifiestan desconocer la fecha del pr\u00e9stamo, el monto de la obligaci\u00f3n y la fecha del pago, pero si dicen haber conocido y ser testigos del cobro de la obligaci\u00f3n y su reconocimiento por parte del deudor demandado, se concluye entonces, que no era menester para dar credibilidad a los testigos aludidos que ellos deb\u00edan inexorablemente conocer adem\u00e1s los t\u00e9rminos y los detalles del negocio jur\u00eddico subyacente, puntualmente el valor de la deuda, el hecho que respalda sus manifestaciones se itera, gira en torno a la naturaleza del negocio que le dio origen a la misma, o al negocio jur\u00eddico subyacente, descartando que le mismo fuese de estirpe laboral\u00bb. <\/p>\n
4. Bajo este panorama, observa la Sala que lo resuelto lejos est\u00e1 de poder ser catalogado como resultado del capricho del juzgador, situaci\u00f3n que impide al juez constitucional intervenir para invalidar o siquiera modificar la decisi\u00f3n; y es que, en efecto, el ad quem accionado advirti\u00f3, que el aqu\u00ed accionante, all\u00e1 obligado, sencillamente no hab\u00eda logrado derrumbar la presunci\u00f3n de autenticidad que cobijaba el contenido del t\u00edtulo sustento del cobro, mediante la acreditaci\u00f3n del indebido diligenciamiento que alegaba, en tanto su labor en ese sentido se limit\u00f3 a afirmar la supuesta irregularidad, pero sin aportar medio que convicci\u00f3n alguno que la respaldara, razonamiento que al constatarse extra\u00eddo de los medios de convicci\u00f3n del juicio, al tamiz de la normatividad adjetiva y sustancial aplicable, de manera alguna puede tildarse de arbitrario o antojadizo, para de esa manera habilitar la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, por el contrario, tal entendimiento acompasa con lo que sobre el particular ha manifestado esta Corporaci\u00f3n, que en un asunto similar precis\u00f3 que \u00abse admite entonces de manera expresa la posibilidad, por cierto habitualmente utilizada, de crear t\u00edtulos valores con espacios en blanco para que, antes de su exhibici\u00f3n tendiente a ejercer el derecho incorporado, se llenen o completen por el tenedor de conformidad con las \u00f3rdenes emitidas por el suscriptor\u2019 (\u2026). <\/p>\n
Ahora, si una vez presentado un t\u00edtulo valor, conforme a los requisitos m\u00ednimos de orden formal se\u00f1alados en el C\u00f3digo de Comercio para cada especie, el deudor invoca una de las hip\u00f3tesis previstas en la norma mencionada [art\u00edculo 622 del C\u00f3digo de Comercio] le incumbe doble carga probatoria: en primer lugar, establecer que realmente fue firmado con espacios en blanco; y, en segundo, evidenciar que se llen\u00f3 de manera distinta al pacto convenido con el tenedor del t\u00edtulo\u2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Lo anterior aflora n\u00edtido si se tiene en cuenta, conforme a principios elementales de derecho probatorio, que dentro del concepto gen\u00e9rico de defensa el demandado puede formular excepciones de fondo, que no consisten simplemente en negar los hechos afirmados por el actor, sino en la invocaci\u00f3n de otros supuestos de hecho impeditivos o extintivos del derecho reclamado por el demandante; de suerte que al ejercer este medio de defensa surge di\u00e1fano que el primero expone un hecho nuevo tendiente a extinguir o impedir los efectos jur\u00eddicos que persigue este \u00faltimo, enervando la pretensi\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [A]dicionalmente le corresponder\u00eda al excepcionante explicar y probar c\u00f3mo fue que el documento se llen\u00f3 en contravenci\u00f3n a las instrucciones dadas (citada entre otras, en CSJ STC11017-2016) (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como en el presente asunto la Colegiatura accionada constat\u00f3 la falta de prueba de las excepciones perentorias planteadas por la aqu\u00ed interesada, las que con su sola enunciaci\u00f3n eran inanes para rebatir la presunci\u00f3n de autenticidad que cobija al documento sustento del cobro, es palmario que la decisi\u00f3n objeto de reproche no emergi\u00f3 como resultado de la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial\u00bb (CSJ. STC13355 de 30 de agosto de 2017, exp. 11001-02-03-000-2017-02189-00, citado en ib\u00eddem). <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, como la sola divergencia conceptual, o el no compartir el sentido de la decisi\u00f3n anotada, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues, como lo ha se\u00f1alado invariablemente la Sala de tiempo atr\u00e1s, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC825-2020). <\/p>\n
6. Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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