STC1475-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1475-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-003-2021-00001-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Amparo del Socorro Rosero Echeverry contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio verbal a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la sentencia proferida en segunda instancia en el marco del proceso de entrega de la cosa del tradente al adquiriente que Blanca Isabel Cer\u00f3n Ortega promovi\u00f3 en su contra. <\/p>\n
Solicita entonces, \u00abNULIT[AR] LA SENTENCIA PROFERIDA\u00bb el 21 de julio de 2020, y que como consecuencia de ello, se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura \u00abvolver a dictar sentencia teniendo en cuenta (\u2026) todo el medio probatorio\u00bb en el referido asunto. <\/p>\n
2. En apoyo de tales pretensiones, aduce en compendio y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que pese a que acredit\u00f3 que el contrato de compraventa suscrito con la demandante respecto del inmueble de su propiedad era simulado, pues se realiz\u00f3 para garantizar una pr\u00e9stamo de dinero y no se quer\u00eda constituir \u00abhipoteca\u00bb, circunstancia que no solo aqu\u00e9lla reconoci\u00f3 en el interrogatorio de parte, sino que expres\u00f3 \u00abque lo que le interesaba era la devoluci\u00f3n del dinero\u00bb, en el marco del litigio referido en l\u00edneas anteriores, el Despacho convocado, desconociendo la \u00abconfesi\u00f3n\u00bb de su contraparte, revoc\u00f3 en su integridad lo decidido por el Juez Primero Civil Municipal de Buenaventura, para en su lugar, ordenar la entrega de su bien, circunstancia que, dice, quebranta sus garant\u00edas esenciales. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura precis\u00f3, que no ha lesionado prerrogativa superior alguna de la actora con la decisi\u00f3n criticada, pues a m\u00e1s que la pretendida simulaci\u00f3n no se formul\u00f3 ni se fundament\u00f3 como excepci\u00f3n, \u00abanalizadas las declaraciones adosadas al plenario, no se logra demostrar ese inter\u00e9s de simular el acto jur\u00eddico suscrito entre las partes con el de pr\u00e9stamo de dinero con respaldo en una garant\u00eda hipotecaria, m\u00e1s si se tiene en cuenta que para disipar ese tipo de desavenencias en el acto jur\u00eddico, debe ser objeto de ataque en una acci\u00f3n que se verifique la existencia, eficiencia, eficacia y validez del acto. Por tal raz\u00f3n, se procedi\u00f3 a revocar la decisi\u00f3n que accedi\u00f3 a la excepci\u00f3n de simulaci\u00f3n y se procedi\u00f3 a dictar la correspondiente sentencia ordenando la entrega del bien inmueble solicitado\u00bb. <\/p>\n
b. La Juez Primera Civil Municipal de la citada localidad, memor\u00f3 las actuaciones que conoci\u00f3 en el juicio verbal criticado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 el amparo deprecado, tras considerar que en \u00ablas consideraciones realizadas por el juez accionado, se observa un despliegue f\u00e1ctico y jur\u00eddico, respecto a los hechos expuestos en la demanda declarativa especial de Entrega de Tradente al Adquirente, que lo llevaron a no compartir la decisi\u00f3n de primera instancia, por lo que su decisi\u00f3n no se considera caprichosa ni arbitraria\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promovi\u00f3 la accionante, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra el prove\u00eddo proferido el 21 de julio del a\u00f1o pasado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura, a trav\u00e9s del cual se resolvi\u00f3 \u00abREVOCAR\u00bb lo decidido por el Juzgado Primero Civil Municipal de la misma ciudad, para entonces, \u00abORDENAR la entrega material de l[os] inmueble[s] (\u2026) identificado[s] con n\u00famero de matr\u00edcula 372-47959 (\u2026), 372-47950 y (\u2026) 372-47951\u00bb, en el marco del tr\u00e1mite que para tal efecto Blanca Isabel Cer\u00f3n Ortega promovi\u00f3 contra Amparo del Socorro Rosero Echeverry, aqu\u00ed tutelante, quien considera que con lo resuelto se incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. El Juzgado Civil del Circuito convocado para dejar sin valor ni efecto la decisi\u00f3n del juez cognoscente, y en su lugar, acceder a las pretensiones del juicio verbal en comento, es decir, la entrega material de los inmuebles en contienda, en punto de lo alegado sobre la simulaci\u00f3n, que es precisamente de lo que se duele la demandada, ahora tutelante, precis\u00f3 que \u00aben ninguna parte del proceso, se encuentran acreditados los presupuestos para que se configure el indicio, ni los hechos alegados por el demandado, por lo que ser\u00eda err\u00f3neo, conceder la excepci\u00f3n propuesta ya que carecer\u00eda de todo sustento v\u00e1lido en el ordenamiento jur\u00eddico. (\u2026) N\u00f3tese que solo se cuenta con declaraciones que no construyen ning\u00fan tipo de indicio necesario para llegar a concluir con la idea de simulaci\u00f3n, pues aparece el contrato de compraventa realizado el d\u00eda 12 de marzo de 2013 en la Notaria Segunda del Circulo de Buenaventura, con un pacto de retroventa de un bien inmueble distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria No. 372-47949, 372-47950 y 372-47951 de propiedad de la se\u00f1ora AMPARO DEL SOCORRO ROSERO ECHEVERRY, del cual no se logra determinar lo alegado por el ente demandado de que exista un acto de simulaci\u00f3n y que su esencia en si es el pr\u00e9stamo de un dinero con garant\u00eda hipotecaria\u00bb. <\/p>\n
Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa, en lo que respecta a los interrogatorios de cada una de las partes, puntualiz\u00f3 que, a m\u00e1s de no dar certeza sobre la ficci\u00f3n planteada, \u00absolo se logra establecer una contraprestaci\u00f3n en dinero, firmando el contrato que de manera clara y detalla se establece corresponder a una obligaci\u00f3n de compraventa, con el respectivo pacto de retroventa, la cual fue elevada a escritura p\u00fablica (\u2026), con la consecuente limitaci\u00f3n al dominio de la demandada debido al pacto acordado\u00bb; y, en relaci\u00f3n frente a los abonos de dinero alegados y acreditados en el juicio, advirti\u00f3 que \u00abno es preciso inferir si efectivamente fueran para satisfacer la deuda en menci\u00f3n, debido a que manifiesta la (\u2026) demandante, no es la \u00fanica obligaci\u00f3n que tiene la (\u2026) demandada (\u2026) y que estos abonos son en raz\u00f3n a asuntos diferentes al aqu\u00ed tratado, el cual no fue desvirtuado por l[a] demandad[a], m\u00e1s si se tiene en cuenta que; de su defensa no perfila el cumplimiento de la obligaci\u00f3n; de los recibos de pago no es posible determinar que se trate de la obligaci\u00f3n aqu\u00ed planteada; y que quienes intervienen en las declaraciones no son contestes con los hechos y la realidad de lo pactado\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 entonces, que los testigos no fueron \u00abprecisos a los hechos en que se produjo la respectiva negociaci\u00f3n, pues solo es posible concluir que la suma adeudada a la fecha es de $400.000.000 millones de pesos y por todo de los cuales el capital es la suma de $175.000.000; refiere el (\u2026) compa\u00f1ero de la demandante que si bien los abonos que aparecen relacionados en el expediente son los que se efectuaron a una deuda diferente de la que est\u00e1 reclamando \u2013 ya que en varias ocasiones le ha prestado dinero garantiz\u00e1ndolos en t\u00edtulos valor tales como letras o pagare que tiene en su poder y pretende ejecutar con posterioridad-‘ tambi\u00e9n a\u00f1ade que en este proceso solo pretende se le cancele su dinero y no el bien como tal\u00bb. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 el Jugado criticado, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende la peticionaria del amparo (all\u00ed demandada), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir la aplicaci\u00f3n de las normas y la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el sentenciador de la causa y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada. <\/p>\n
3.3. Ahora, t\u00e9ngase en cuenta que, a diferencia de lo considerado por la gestora del amparo, la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el juez ad quem endilgado en punto de la improcedencia de la excepci\u00f3n, se soport\u00f3 precisamente en la valoraci\u00f3n probatoria, escenario en el que explic\u00f3 el alcance atribuido a cada medio de prueba, y por qu\u00e9 no daban certeza de la simulaci\u00f3n alegada por la aqu\u00ed actora, m\u00e1xime cuando de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u00bb. <\/p>\n
3.4. De cara al contrato objeto del asunto objeto de censura, esta Sala ha se\u00f1alado lo siguiente: \u00abla venta con pacto de retracto no puede, por s\u00ed sola, reflejar un negocio simulado, puesto que \u00e9ste ofrece, tal como lo tiene entendido la doctrina, cuando se enderezan las voluntades, de manera distinta a lo que en verdad quieren las partes, para hacer producir efectos externos completamente apartados del prop\u00f3sito negocial. <\/p>\n
No se puede hablar de simulaci\u00f3n en una venta con pacto de retracto por el hecho de que se requiera de un dinero, y ser \u00e9ste el inter\u00e9s inmediato en el vendedor. No, el que vende con retroventa m\u00e1s que un prop\u00f3sito de disposici\u00f3n persigue un dinero, que al no alcanzarlo mediante el mutuo acude al pacto de retro como una manera \u00e1gil y r\u00e1pida de lograr el objetivo. Empero, la voluntad cuando se expresa en sentido de vender s\u00ed es real o, mejor, querida, bajo la especial circunstancia de poder readquirir el bien con el pago de lo pactado de lo consignado como precio de venta. no le es dable, entonces al vendedor arg\u00fcir, luego, que no deseaba enajenar la cosa sino de manera simple recibir un dinero y entrega la cosa en garant\u00eda, porque esto se presenta con otros actos jur\u00eddicos inconfundibles como es, precisamente, el mutuo con hipoteca, que, por tanto, debe ser consignado en exacto sentido\u00bb (CSJ SC. 29 ene. 1985; reiterada en SC, 27 jul. 2000, Rad. 6238). <\/p>\n
3.5. Y en punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb; de ah\u00ed que, entonces, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ver recientemente, entre otras, en CSJ STC3841-2020). <\/p>\n
4. De este modo, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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