STC1505-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1505-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2020-00219-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 20 de enero de 2021, dictada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Aldemar Miranda frente a los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal de El Cerrito -Valle del Cauca- y Quinto Civil del Circuito de Palmira, con ocasi\u00f3n del juicio \u201cejecutivo singular\u201d iniciado por la empresa Ferreter\u00eda y Dep\u00f3sito La Reforma S.A.S. contra Silvio Monta\u00f1o Arango. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente transgredidos por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden los hechos que a continuaci\u00f3n se describen: <\/p>\n
En prove\u00eddo de 3 de mayo de 2018, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de El Cerrito \u201crechaz\u00f3\u201d el decurso reprochado, pues, seg\u00fan advirti\u00f3, los t\u00edtulos valores \u201c(\u2026) adolecen de los requisitos establecidos, [porque] no contienen la firma de recibido del demandado[; por tanto,] no son claras y expresas a la luz de los art\u00edculos 2\u00ba y 3\u00ba de la Ley 1231 de 2008 (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Frente a esa determinaci\u00f3n, el extremo activo de litis interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n3. <\/p>\n
En providencia de 10 de mayo de 2018, la autoridad municipal resolvi\u00f3 reponer su decisi\u00f3n y, en consecuencia, libr\u00f3 mandamiento de pago contra el demandado por la cantidad anotada4. <\/p>\n
Surtidas las notificaciones de rigor, Silvio Monta\u00f1o Arango present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n frente a la anterior providencia y, asimismo, alleg\u00f3 contestaci\u00f3n y formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito5. <\/p>\n
En auto de 24 de julio de 2018, la funcionaria municipal dispuso correr traslado a la sociedad demandante, de las defensas de m\u00e9rito incoadas por el ejecutado y, luego, en prove\u00eddo de 3 de septiembre de 2018, \u201cneg\u00f3\u201d el remedio horizontal por extempor\u00e1neo6. <\/p>\n
Despu\u00e9s, el 13 de septiembre de 2018, Monta\u00f1o Arango radic\u00f3 memorial ante el despacho encausado, pidiendo la reprogramaci\u00f3n de la audiencia fijada para ese d\u00eda, al encontrarse \u201c(\u2026) en condiciones precarias de salud (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
En pronunciamiento de esa misma data, la togada acusada \u201c(\u2026) acept[\u00f3] la excusa presentada por la parte pasiva (\u2026)\u201d y, por consiguiente, se\u00f1al\u00f3 fecha, nuevamente, para el \u201c(\u2026) 1\u00ba de octubre (\u2026) a las 9:30 de la ma\u00f1ana (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
Posteriormente, en veredicto de 21 de septiembre de 2018, la servidora enjuiciada, al efectuar un control de legalidad en el asunto reprochado, resolvi\u00f3 \u201c(\u2026) dejar sin efectos legales (\u2026)\u201d los autos proferidos el 24 de julio, 13 julio y 13 de septiembre de 2018, porque, seg\u00fan afirm\u00f3, \u201c(\u2026) desde el momento en que el demandado contesta e interpone el recurso de reposici\u00f3n (\u2026)\u201d contra la orden de apremi\u00f3, lo hizo \u201c(\u2026) de manera extempor\u00e1nea (\u2026)\u201d y, en consecuencia, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n9. <\/p>\n
Seguidamente, Silvio Monta\u00f1o, inconforme con esa determinaci\u00f3n y al considerar la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas superiores, por parte de esa autoridad judicial, present\u00f3 acci\u00f3n de tutela, con el objeto de derruir el anterior prove\u00eddo10. <\/p>\n
El conocimiento de dicho asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira, quien, el 27 de noviembre de 2018, neg\u00f3 el resguardo deprecado por Silvio11. <\/p>\n
Contra esa providencia, el all\u00e1 accionante formul\u00f3 impugnaci\u00f3n y el Tribunal Superior de Buga, el 30 de enero de 2019, al resolver la alzada, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo para, en su lugar, acceder a la pretensi\u00f3n de Monta\u00f1o Arango12. <\/p>\n
El 20 de febrero de 2019, la empresa demandante radic\u00f3 escrito ante el juzgado municipal enjuiciado, pidiendo la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 68 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto \u201c(\u2026) el pasado 29 de enero (\u2026), se inform\u00f3 a trav\u00e9s de diferentes medios de comunicaci\u00f3n del homicidio de Silvio Monta\u00f1o Arango, demandado en el presente proceso (\u2026)\u201d13. <\/p>\n
En auto de 19 de febrero de 2019, el funcionario acusado dispuso \u201c(\u2026) est[arse] a lo resuelto por el tribunal (\u2026) [en la] decisi\u00f3n discutida y aprobada el 30 de enero de 2019 (\u2026)\u201d y, en consecuencia, de conformidad con los art\u00edculos 443 y 392 del estatuto procesal civil, decret\u00f3 las pruebas para practicarlas en la audiencia inicial, la cual se\u00f1al\u00f3 para el \u201c(\u2026) 11 de marzo de 2019 a las 8:30 am. (\u2026)\u201d14. <\/p>\n
Contra ese pronunciamiento, el apoderado judicial del ejecutado, Aldemar Miranda, aqu\u00ed accionante, inco\u00f3 los recursos de ley, pues, seg\u00fan sostuvo, omiti\u00f3 convocarse a la diligencia a dos de los testigos solicitados y, asimismo, exigi\u00f3 la suspensi\u00f3n del decurso debatido, argumentando el deceso de su representado; para ello, aport\u00f3 el respectivo registro de defunci\u00f3n15. <\/p>\n
El 11 de marzo de 2019, el servidor fustigado efectu\u00f3 la audiencia programada. Ese mismo d\u00eda, desestim\u00f3 el remedio horizontal formulado contra el veredicto de 19 de febrero de 2019 y deneg\u00f3 la interrupci\u00f3n del litigio censurado16. <\/p>\n
En providencia de 15 de marzo de 2019, el togado accionado sancion\u00f3 al querellante con multa de cinco (5) S.M.M.L.V., por su inasistencia a la referida audiencia17. <\/p>\n
Inconforme el peticionario, enarbol\u00f3 reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra ese prove\u00eddo18. <\/p>\n
El 28 de marzo siguiente, la judicatura encausada adelant\u00f3 la diligencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento y, en esa oportunidad, i) dict\u00f3 sentencia declarando no probadas las excepciones propuestas por el demandado; y ii) orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. Determinaci\u00f3n tambi\u00e9n recurrida por la pasiva19. <\/p>\n
En auto de 9 de abril de 2019, el estrado cognoscente resolvi\u00f3 mantener inc\u00f3lume su decisi\u00f3n respecto del correctivo aplicado al petente y concedi\u00f3 la alzada frente a esa decisi\u00f3n y el fallo rese\u00f1ado20. <\/p>\n
En providencia de 10 de noviembre de 2020, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira, en sede de apelaci\u00f3n, confirm\u00f3, en su integridad, las determinaciones de 15 y 28 de marzo de 2019, dictadas por el a quo21. <\/p>\n
Manifiesta el precursor que le pidi\u00f3 al juez municipal la suspensi\u00f3n del litigio reprochado y, con ello, el aplazamiento de la diligencia porque, \u201c(\u2026) sobre el bien inmueble embargado, existe un proceso penal que no se ha terminado (\u2026)\u201d22. <\/p>\n
Aduce que la autoridad judicial \u201c(\u2026) no pod\u00eda programar audiencia inicial porque [aun] no hab\u00eda respondido [la] solicitud impetrada (\u2026)\u201d para lograr la interrupci\u00f3n del decurso censurado23. <\/p>\n
Lo anterior, expresa, llev\u00f3 al servidor municipal confutado, a imponerle una sanci\u00f3n por su inasistencia a la diligencia fijada, no obstante, asegura, \u201c(\u2026) no [le] dieron la oportunidad de presentar excusa, debido a que no [lo] citaron por v\u00eda escrita ni [lo] llamaron a [su] celular como es costumbre en los juzgados (\u2026)\u201d24. <\/p>\n
3. Exige, por tanto, dejar sin efectos los prove\u00eddos proferidos el 15 y 28 de marzo de 2019 por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de El Cerrito y, confirmados, en sede de apelaci\u00f3n, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira el 10 de noviembre de 202025. <\/p>\n
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1. Respuesta de las accionadas y vinculados <\/p>\n
1. Ferreter\u00eda y Dep\u00f3sito La Reforma S.A.S., sociedad ejecutante en la contienda discutida, se pronunci\u00f3 frente a los hechos expuestos por el libelista, destacando la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de aqu\u00e9l para interponer el resguardo, pues, si bien, Silvio Monta\u00f1o Arango le otorg\u00f3 poder para su representaci\u00f3n en el juicio ejecutivo, para este amparo no y, adem\u00e1s, asever\u00f3, el promotor no demostr\u00f3 actuar como apoderado, de quienes fueran los sucesores procesales del difunto demandado. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira remiti\u00f3 el expediente digitalizado del litigio objeto del presente asunto27. <\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira expres\u00f3 que, a esa sede judicial, le correspondi\u00f3 por reparto, la acci\u00f3n de tutela impetrada por Silvio Monta\u00f1o Arango contra el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de El Cerrito. Anot\u00f3 que en primera instancia la neg\u00f3 y, al impugnarse, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Buga la revoc\u00f3 concediendo el resguardo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, pidi\u00f3 despachar desfavorablemente las s\u00faplicas del gestor, por cuanto \u201c(\u2026) al revisar detenidamente las actuaciones y providencias emitidas, no se otea vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del extremo accionante (\u2026)\u201d28. <\/p>\n
4. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento, por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
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2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el amparo, tras referir que el accionante \u201c(\u2026) carece de legitimaci\u00f3n para interponer la presente solicitud de resguardo constitucional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Lo antelado, por cuanto aqu\u00e9l <\/p>\n
\u201c(\u2026) propende por dejar sin efectos las sentencias proferidas por los juzgados accionados[; sin embargo,] no fue parte dentro del proceso objeto de censura, no cuenta con poder especial otorgado para el efecto por alguna de ellas, ni ha manifestado encontrarse en alguna de las hip\u00f3tesis que lo autorice a actuar como agente oficioso. <\/p>\n
\u201cDe suerte que, para el caso concreto, dado el fallecimiento de su otrora prohijado y estando claro que no son sus propios derechos los que se hayan involucrados en la actuaci\u00f3n judicial cuestionada, era menester que el accionante, acudiera a esta causa constitucional, mediante poder especial otorgado a \u00e9l por los herederos del se\u00f1or SILVIO MONTA\u00d1O ARANGO (q.e.p.d.), escenario que evidentemente no es el que aqu\u00ed se presenta, sell\u00e1ndose de esa manera la suerte adversa del petitum (\u2026)\u201d29. <\/p>\n
La promovi\u00f3 el inicialista, con argumentos an\u00e1logos a los expuestos en el escrito inicial y rogando se efect\u00fae un estudio de fondo sobre su situaci\u00f3n30. <\/p>\n
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2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El precursor, quien act\u00faa como apoderado judicial del fallecido Silvio Monta\u00f1o Arango (q.e.p.d.), demandado en el compulsivo referenciado, cuestiona, particularmente, el pronunciamiento proferido el 10 de noviembre de 2020 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira. <\/p>\n
Mediante esa providencia, se confirmaron, en su integridad, las decisiones emitidas el 15 y 28 de marzo de 2019 por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de El Cerrito, donde, en la primera, se sancion\u00f3 al aqu\u00ed tutelante con multa de cinco (5) S.M.M.L.V., por su inasistencia a la audiencia inicial y, en la segunda, se declararon no probadas las excepciones formuladas por Monta\u00f1o Arango y, en consecuencia, se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2. Sobre la negativa a reconocer las defensas de m\u00e9rito propuestas por la pasiva, sin dificultad se advierte la improcedencia del amparo, por ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa por activa del aqu\u00ed tutelante, para elevar tal reclamo en nombre propio, por cuanto aqu\u00e9l no es titular de las prerrogativas sustanciales debatidas de esa actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Si bien no se desconoce el fallecimiento de Monta\u00f1o Arango, acreditado a trav\u00e9s del respectivo registro de defunci\u00f3n obrante a folio 214 del archivo digital denominado \u201c07. Juzgado 5 Civil Circuito Palmira\u201d, integrante del dossier electr\u00f3nico de este resguardo, esa circunstancia tampoco lo habilita para concurrir a este tr\u00e1mite alegando la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores, pues el querellante, adem\u00e1s de no ser parte ni interesado reconocido en el juicio reprochado; no se present\u00f3 como sucesor procesal del difunto demandado ni alleg\u00f3, en este auxilio, poder conferido por los herederos de Monta\u00f1o Arango para agenciar los intereses de \u00e9stos. <\/p>\n
Es menester indicar que el mandato 10 del Decreto 2591 de 1991, si bien instituye: \u201c[l]a acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida [indistintamente por] cualquiera\u201d, el mismo canon supedita su legitimaci\u00f3n al individuo directamente \u201cvulnerad[o] o amenazad[o] en uno de sus derechos fundamentales\u201d. Esta disposici\u00f3n es desarrollo del precepto 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, del cual se colige que a dicho auxilio solo est\u00e1 facultado para concurrir quien vea \u201cvulneradas o amenazadas\u201d sus garant\u00edas supralegales. <\/p>\n
En un caso de similares contornos, memor\u00f3 esta Sala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]iertamente, aunque el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que \u201ccualquier persona\u201d puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [precepto] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u201cvulnerados o amenazados\u201d aquellos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n punto del tema, la jurisprudencia, en reiteradas decisiones ha sostenido que la precitada norma \u201cdispuso cuatro v\u00edas procesales para que el titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados interponga acci\u00f3n de tutela: <\/p>\n
\u201c(\u2026) (i) Por s\u00ed mismo, pues no se requiere abogado; (ii) A trav\u00e9s de representante legal en el caso de menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas; (iii) Por intermedio de un abogado titulado con poder expreso, si as\u00ed se desea; y (iv) Mediante agente oficioso, es decir, por un tercero indeterminado sin necesidad de poder, \u201ccuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u201d. Agrega que en este caso se debe manifestar tal situaci\u00f3n en la solicitud de tutela, esto es, se debe poner de presente que se act\u00faa en calidad de agente oficioso y cu\u00e1les son las circunstancias que hacen que el titular de los derechos est\u00e9 imposibilitado para interponer la acci\u00f3n (\u2026)\u201d31. <\/p>\n
3. Tampoco puede aceptarse la actuaci\u00f3n del tutelante como agente oficioso para pedir la protecci\u00f3n de las garant\u00edas los herederos de Silvio Monta\u00f1o Arango, pues no se justific\u00f3 las razones que les impidan promover su propia defensa. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En lo atinente a la \u2018agencia oficiosa\u2019, bueno es recordar que el canon pertinente, art\u00edculo 10, Decreto 2591 de 1991, exige la demostraci\u00f3n de la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa y la afirmaci\u00f3n de la raz\u00f3n de tal circunstancia en el escrito en que se pide la protecci\u00f3n, tal como con insistencia lo ha interpretado la Sala (CSJ SC, 26 nov. 2010, exp. 00372-01, reiterada el 26 nov. 2015, exp. STC16407-2015) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn casos similares, la Corte Constitucional estableci\u00f3 los elementos necesarios para que opere la figura. Se destacan (i) La manifestaci\u00f3n del agente oficioso en el sentido de actuar como tal (ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no est\u00e1 en condiciones f\u00edsicas o mentales para promover su propia defensa (iii) La existencia de la agencia no implica una relaci\u00f3n formal entre el agente y los agenciados titulares de los derechos (\u2026)\u201d32. <\/p>\n
4. Ahora, concerniente a la multa por la suma de cinco (5) S.M.M.L.V., impuesta al gestor como sanci\u00f3n por su inasistencia a la audiencia inicial, en calidad de abogado del ejecutado Silvio Monta\u00f1o Arango, se destaca, en torno a ese asunto, el promotor s\u00ed se halla habilitado para impulsar esta acci\u00f3n, por cuanto los actos que de all\u00ed se desprenden, est\u00e1n relacionados con el ejercicio de su profesi\u00f3n y sus garant\u00edas patrimoniales. <\/p>\n
Clarificado lo anotado, es necesario resaltar la inexistencia de irregularidad en el correctivo asignado al suplicante por la sede judicial encartada, pues la misma se dispuso en observancia del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso33. <\/p>\n
En punto de la programaci\u00f3n de audiencias e inasistencias en el C\u00f3digo General del Proceso, \u201c(\u2026) las justificaciones que presenten las partes o sus apoderados con posterioridad a la audiencia (\u2026)\u201d (num. 3\u00b0, art. 372, C.G.P.), pueden surgir razonadamente las siguientes hip\u00f3tesis: <\/p>\n
(i) \u201c(\u2026) Cuando ninguna de las partes concurra a la audiencia, esta no podr\u00e1 celebrarse, y vencido el t\u00e9rmino sin que se justifique la inasistencia, el juez, por medio de auto, declarar\u00e1 terminado el proceso (\u2026)\u201d; <\/p>\n
(ii) Si el juez acepta \u201c(\u2026) la justificaci\u00f3n de la inasistencia de alguna de las partes a la audiencia inicial (\u2026)\u201d, fijar\u00e1 fecha por medio de auto en el que admite la excusa presentada dentro de los tres d\u00edas siguientes a la audiencia del canon 372 del C\u00f3digo General del Proceso y \u201c(\u2026) prevendr\u00e1 a quien la haya presentado para que concurra a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento a absolver el interrogatorio (\u2026)\u201d; <\/p>\n
(iii) La justificaci\u00f3n post-audiencia inicial deber\u00e1 ser aportada \u201c(\u2026) dentro de los tres d\u00edas siguientes a la fecha en que ella se verific\u00f3 (\u2026)\u201d (inc. 3\u00b0, num. 3\u00b0, art. 372 del C.G.P.); <\/p>\n
(iv) El juez \u00fanicamente admitir\u00e1 las exculpaciones con posterioridad a la audiencia inicial por \u201cfuerza mayor o caso fortuito\u201d; y <\/p>\n
(v) Estas disculpas difieren de las que se presentan con anterioridad a la audiencia inicial, justificando mediante prueba siquiera sumaria la justa causa (inc. 1\u00b0, num. 3, art. 372, C.G.P.). <\/p>\n
(vi) En caso de convocarse a audiencia concentrada y habi\u00e9ndose decretado con antelaci\u00f3n las pruebas a recaudarse -en los t\u00e9rminos del par\u00e1grafo de la regla 372, concordante con el numeral 5\u00ba de la 373 \u00eddem-, es procedente agotar en un solo acto las diligencias contempladas en tales preceptos. <\/p>\n
(vii) La fuerza mayor o caso fortuito que le hubiese impedido a alguno de los extremos procesales concurrir en la oportunidad descrita, deber\u00e1 manifestarse, igualmente, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la fecha de realizaci\u00f3n de la audiencia (inc. 3\u00b0, num. 3\u00b0, art. 372 del C.G.P.), so pena de tenerse por superada cualquier irregularidad generada con ocasi\u00f3n de esa ausencia. <\/p>\n
(viii) Las exculpaciones aceptadas por el juez del asunto \u201c(\u2026) solo tendr\u00e1n el efecto de exonerar de las consecuencias procesales, probatorias y pecuniarias adversas que se hubieren derivado de la inasistencia (\u2026)\u201d (inc. 3\u00b0, num. 3\u00b0, art. 372 del C.G.P.). <\/p>\n
Si bien el ordenamiento jur\u00eddico establece la imposibilidad, en principio, de aplazar o suspender una diligencia, salvo por las razones expresamente contenidas en el Estatuto Procedimental Civil (art. 5\u00ba, C.G.P.), lo cierto es que, tanto los intervinientes en el litigio, como sus mandatarios pueden estar incursos en situaciones especiales que, seg\u00fan el discernimiento de la autoridad judicial correspondiente, podr\u00edan dar lugar a la reprogramaci\u00f3n, interrupci\u00f3n o modificaci\u00f3n de lo acaecido en las distintas audiencias. <\/p>\n
Mem\u00f3rese, el numeral 3\u00ba del canon 372 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La inasistencia de las partes o de sus apoderados a esta audiencia[34], por hechos anteriores a la misma, solo podr\u00e1 justificarse mediante prueba siquiera sumaria de una justa causa (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Si la parte y su apoderado o solo la parte se excusan con anterioridad a la audiencia y el juez acepta la justificaci\u00f3n, se fijar\u00e1 nueva fecha y hora para su celebraci\u00f3n, mediante auto que no tendr\u00e1 recursos. La audiencia deber\u00e1 celebrarse dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes. En ning\u00fan caso podr\u00e1 haber otro aplazamiento (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las justificaciones que presenten las partes o sus apoderados con posterioridad a la audiencia, solo ser\u00e1n apreciadas si se aportan dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la fecha en que ella se verific\u00f3. El juez solo admitir\u00e1 aquellas que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito y solo tendr\u00e1n el efecto de exonerar de las consecuencias procesales, probatorias y pecuniarias adversas que se hubieren derivado de la inasistencia (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
A la luz de esa regla, esta Corporaci\u00f3n, efectu\u00f3 la siguiente explicaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]omo primera medida, (\u2026) solo podr\u00e1 exculparse [a la parte o a su abogado] mediante prueba siquiera sumaria de una justa causa. Adicionalmente, [el canon citado] precisa dos escenarios hipot\u00e9ticos posibles, derivados del espacio temporal en que los sujetos procesales se excusan por su no comparecencia, implicando consecuencias jur\u00eddicas espec\u00edficas en cada uno de ellos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El primero de estos opera cuando la justificaci\u00f3n respecto a la no concurrencia a la diligencia se ventila con anterioridad a la fecha programada para el desarrollo de la misma; evento en el cual, si el despacho acepta esa motivaci\u00f3n, se fijar\u00e1 nueva fecha y hora para su celebraci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La segunda hip\u00f3tesis plantea el supuesto f\u00e1ctico en el cual la exposici\u00f3n de los motivos de la no presentaci\u00f3n, se pone a consideraci\u00f3n del juzgador luego de materializado el memorado acto procesal; en cuyo caso, la norma es di\u00e1fana en se\u00f1alar, que la apreciaci\u00f3n de estas razones por parte del juzgador, depender\u00e1 de que su aportaci\u00f3n haya sido dentro de los tres d\u00edas siguientes a la verificaci\u00f3n de dicha actuaci\u00f3n; imponiendo al juez el deber de estudiar solo aquellas razones que adem\u00e1s de haber sido aducidas en el lapso estipulado, se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En el marco de este segundo escenario hipot\u00e9tico, si en virtud de su independencia y autonom\u00eda, el funcionario judicial considera razonables los argumentos expuestos para justificar la inasistencia, la referida norma estipula los efectos jur\u00eddicos que conlleva esa aceptaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) As\u00ed, de un lado, se\u00f1ala que se exonerar\u00e1 al extremo litigioso a qui\u00e9n la autoridad judicial convalid\u00f3 la excusa, de las consecuencias procesales, probatorias y pecuniarias adversas que se hubieren derivado de esa circunstancia. Por el otro, precisa que el titular del juzgado deber\u00e1 prevenirlo, para que concurra a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento a absolver el interrogatorio (\u2026)\u201d35. <\/p>\n
La Sala ha resuelto ruegos tuitivos utilizando la aludida preceptiva legal y anotando: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [H]a de puntualizarse que la naturaleza misma de la fuerza mayor impide su justificaci\u00f3n en forma anticipada al obedecer a circunstancias imprevisibles; en el caso subj\u00fadice, se advierte que la excusa aducida por el apoderado convocado, atinente a encontrarse atendiendo otra diligencia en un proceso de \u00edndole penal, no encaja dentro esa figura por cuanto la situaci\u00f3n alegada era previsible, de manera que pudo obrar diligentemente, sustituyendo el poder a un profesional del derecho y conminado a sus representadas a asistir a la diligencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Cabe memorar que en sede de casaci\u00f3n, aludiendo al caso fortuito o a la fuerza mayor, se ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a fuerza mayor o caso fortuito, por definici\u00f3n legal, es \u201cel imprevisto a que no es posible resistir\u201d (art. 64 C.C., sub. art. 1\u00ba Ley 95 de 1890), lo que significa que el hecho constitutivo de tal debe ser, por un lado, ajeno a todo presagio, por lo menos en condiciones de normalidad, y del otro, imposible de evitar, de modo que el sujeto que lo soporta queda determinado por sus efectos. No se trata entonces, per se, de cualquier hecho, por sorpresivo o dificultoso que resulte, sino de uno que inexorablemente re\u00fana los mencionados rasgos legales, los cuales, por supuesto, deben ser evaluados en cada caso en particular (\u2026)\u201d36 (destacado propio) (\u2026)\u201d37. <\/p>\n
Si una parte o mandatario judicial alega un motivo suficiente para explicar su no comparecencia, habr\u00e1 lugar a la reprogramaci\u00f3n o cambios de la diligencia correspondiente, siempre que la justificaci\u00f3n haya sido avalada por el juez del asunto, conforme a los presupuestos rese\u00f1ados en las providencias antes citadas, pues s\u00f3lo a \u00e9l compete, dada su inexpugnable autonom\u00eda, establecer la procedencia y viabilidad de las exculpaciones. <\/p>\n
Se resalta que la presencia de los extremos de la lid y los abogados en la audiencia preliminar resulta trascendental, pues ser\u00e1 en esa oportunidad que se agote la fase conciliatoria y se practique, a las partes, un interrogatorio \u201coficioso y exhaustivo\u201d con base en el cual se fijar\u00e1 el \u201cobjeto del litigio\u201d, cual lo precept\u00faa el inciso 4\u00b0 del numeral 7\u00b0 de la regla 372 del estatuto ritual civil. <\/p>\n
De manera que si alguno de los preanotados sujetos procesales, amparado en una justa causa, aduce dificultades para concurrir o, con posterioridad, allega excusas por su ausencia, el acto podr\u00e1 ser reprogramado o modificado, seg\u00fan el caso. <\/p>\n
Ahora, no s\u00f3lo las cuestiones consignadas en el art\u00edculo 159 del C\u00f3digo General del Proceso, concernientes a la \u201c(\u2026) muerte, enfermedad grave o privaci\u00f3n de la libertad del apoderado judicial (\u2026), o (\u2026) inhabilidad, exclusi\u00f3n o suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n (\u2026)\u201d de \u00e9ste, suscitan la reprogramaci\u00f3n, interrupci\u00f3n o cambio de una diligencia, por cuanto la imposibilidad de acudir a \u00e9sta o las disculpas por inasistencia, pueden provenir de m\u00faltiples circunstancias f\u00e1cticas, todas ellas, sujetas al an\u00e1lisis del fallador del asunto. <\/p>\n
No debe olvidarse la viabilidad de utilizar medios tecnol\u00f3gicos al alcance de la administraci\u00f3n y de los interesados para cumplir con la finalidad de las normas enunciadas. As\u00ed, se encuentra que el par\u00e1grafo 1\u00b0 de la regla 107 \u00eddem, expresamente habilita a \u201c(\u2026) las partes y dem\u00e1s intervinientes (\u2026)\u201d para participar en las audiencias \u201c(\u2026) a trav\u00e9s de videoconferencia, teleconferencia o por cualquier otro medio t\u00e9cnico, siempre que por causa justificada el juez lo autorice (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4.1. Los anteriores lineamientos ponen de manifiesto que la situaci\u00f3n aducida por el interesado, no lo exoneraba de la multa impuesta, pues, por un lado, no present\u00f3, en tiempo, ninguna excusa relativa a la ocurrencia de alg\u00fan hecho de \u201cfuerza mayor o caso fortuito\u201d, y, por el otro, la solicitud previa de suspensi\u00f3n del decurso por la muerte de su representado y el aplazamiento de la audiencia, a\u00fan no hab\u00eda sido definida por la juez cognoscente, por tanto, el actor, necesariamente, deb\u00eda comparecer al acto procesal y all\u00ed conocer la resoluci\u00f3n de su pedimento, para ejercer los recursos del caso. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos38 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196939, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d40, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio41. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-42, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales43; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas44. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Folios 3 al 6; Cuaderno \u201c07. Juzgado 5 Civil Circuito Palmira\u201d. <\/p>\n
2 Folios 26 al 31; Cuaderno \u201c07. Juzgado 5 Civil Circuito Palmira\u201d. <\/p>\n
3 Folios 32 al 27; Cuaderno \u201c07. Juzgado 5 Civil Circuito Palmira\u201d. <\/p>\n
4 Folios 38 al 41; Cuaderno \u201c07. Juzgado 5 Civil Circuito Palmira\u201d. <\/p>\n
5 Folio 56 al 60; Cuaderno \u201c07. Juzgado 5 Civil Circuito Palmira\u201d. <\/p>\n
6 Folios 77 y 94; Cuaderno \u201c07. Juzgado 5 Civil Circuito Palmira\u201d. <\/p>\n
7 Folios 125 al 127; Cuaderno \u201c07. Juzgado 5 Civil Circuito Palmira\u201d. <\/p>\n
8 Folios 133 y 134; Cuaderno \u201c07. Juzgado 5 Civil Circuito Palmira\u201d. <\/p>\n
9 Folios 135 al 138; Cuaderno \u201c07. Juzgado 5 Civil Circuito Palmira\u201d. <\/p>\n
10 Folios 201 al 207; Cuaderno \u201c07. Juzgado 5 Civil Circuito Palmira\u201d. <\/p>\n
11 Ibidem. <\/p>\n
12 Ibidem. <\/p>\n
13 Folios 210 y 211; Cuaderno \u201c07. Juzgado 5 Civil Circuito Palmira\u201d. <\/p>\n
14 Folios 216 y 217; Cuaderno \u201c07. Juzgado 5 Civil Circuito Palmira\u201d. <\/p>\n
15 Folios 212 y 213; Cuaderno \u201c07. Juzgado 5 Civil Circuito Palmira\u201d. <\/p>\n
16 Folios 272 y 273; Cuaderno \u201c07. Juzgado 5 Civil Circuito Palmira\u201d. <\/p>\n
17 Folios 274 al 277; Cuaderno \u201c07. Juzgado 5 Civil Circuito Palmira\u201d. <\/p>\n
18 Folios 284 y 285; Cuaderno \u201c07. Juzgado 5 Civil Circuito Palmira\u201d. <\/p>\n
19 Folios 282 y 283; Cuaderno \u201c07. Juzgado 5 Civil Circuito Palmira\u201d. <\/p>\n
20 Folios 289; Cuaderno \u201c07. Juzgado 5 Civil Circuito Palmira\u201d. <\/p>\n
21 Folios 322 y 323; Cuaderno \u201c07. Juzgado 5 Civil Circuito Palmira\u201d. <\/p>\n
22 Folio 8; Cuaderno \u201c07. Juzgado 5 Civil Circuito Palmira\u201d. <\/p>\n
23 Folio 9; Cuaderno \u201c07. Juzgado 5 Civil Circuito Palmira\u201d. <\/p>\n
24 Ibidem. <\/p>\n
25 Folio 10; Cuaderno \u201c07. Juzgado 5 Civil Circuito Palmira\u201d. <\/p>\n
26 Folios 1 al 11; Cuaderno \u201c06. Ferreter\u00eda Dep\u00f3sito La Reforma S.A.S.\u201d. <\/p>\n
27 Folios 1 al 325; \u201c07. Juzgado 5 Civil Circuito Palmira\u201d. <\/p>\n
28 Folios 1 al 26; Cuaderno \u201cJuzgado 3 Civil del Circuito\u201d. <\/p>\n
29 Folios 1 al 6; Cuaderno \u201c09. Sentencia\u201d. <\/p>\n
30 Folios 1 al 11; Cuaderno \u201c11. Impugnaci\u00f3n Decisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
31CSJ STC 13 dic. 2011, Rad. 13001 22 13 000 2011 00284 02. <\/p>\n
32CSJ. STC de 25 de febrero de 2016, exp. 11001-02-04-000-2015-02437-01 <\/p>\n
33 4. Consecuencias de la inasistencia. La inasistencia injustificada del demandante har\u00e1 presumir ciertos los hechos en que se fundan las excepciones propuestas por el demandado siempre que sean susceptibles de confesi\u00f3n; la del demandado har\u00e1 presumir ciertos los hechos susceptibles de confesi\u00f3n en que se funde la demanda. <\/p>\n
Las consecuencias previstas en los incisos anteriores se aplicar\u00e1n, en lo pertinente, para el caso de la demanda de reconvenci\u00f3n y de intervenci\u00f3n de terceros principales. <\/p>\n
Cuando se trate de litisconsorcio necesario las consecuencias anteriores solo se aplicar\u00e1n por inasistencia injustificada de todos los litisconsortes necesarios. Cuando se trate de litisconsorcio facultativo las consecuencias se aplicar\u00e1n al litisconsorte ausente. <\/p>\n
A la parte o al apoderado que no concurra a la audiencia se le impondr\u00e1 multa de cinco (5) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (smlmv). <\/p>\n
34 Hace referencia a la audiencia inicial. <\/p>\n
35 CSJ. STC18105 de 2 de noviembre de 2017, exp.11001-22-10-000-2017-00633-01. <\/p>\n
36 CSJ. Civil, sentencia de 29 abril de 2005, exp. 0829-92. <\/p>\n
37 CSJ. STC1131 de 5 de febrero de 2018, exp. 52001-22-13-000-2017-00289-01. <\/p>\n
38 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
39 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
40 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
41 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
42 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
43 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
44 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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