STC1506-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1506-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00384-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 11 de diciembre de 2020, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra al Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Alcald\u00eda de Zarzal, las Defensor\u00edas del Pueblo y Procuradur\u00edas de las Regionales Risaralda y Valle del Cauca, Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez, la Fundaci\u00f3n de la Mujer, sucursal de Zarzal, entre otros, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular iniciada por el tutelante frente a la entidad financiera referida, radicada bajo el n\u00famero 2015-01223-00. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor exige la protecci\u00f3n de su prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente lesionada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden como hechos soporte del presente amparo los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra la Fundaci\u00f3n de la Mujer ubicada en la \u201cCarrera 11 N\u00ba 8-05\u201d de Zarzal (Valle del Cauca), tramitada ante el juzgado del circuito querellado, bajo el radicado N\u00ba 2015-001223-00. <\/p>\n
Manifiesta el actor que, el referido estrado, incumple lo se\u00f1alado en los art\u00edculos 5 y 6 de la Ley 472 de 1998 y, adem\u00e1s de ello, admiti\u00f3 el decurso criticado, aun cuando el domicilio de la entidad demandada no se ubica en Pereira. <\/p>\n
Afirma que, en varias ocasiones, la falladora encausada se ha rehusado a gestionar asuntos similares, aduciendo que los mismos deben ser presentados \u201cante el juez del domicilio principal [del accionado]\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. La c\u00e9lula judicial cuestionada remiti\u00f3 copia digitalizada del expediente N\u00ba 2015-01223-00, para que obre en la presente salvaguarda. <\/p>\n
Advirti\u00f3, adem\u00e1s, en relaci\u00f3n con el aludido asunto, el quejoso ha presentado dos tutelas m\u00e1s, radicadas bajo los n\u00fameros 2020-00289 y 2020-002902. <\/p>\n
2. Las Defensor\u00edas del Pueblo de Risaralda y Valle del Cauca, manifestaron su incompetencia para adelantar las pretensiones del quejoso, en consecuencia, solicitaron decretar la improcedencia del amparo, as\u00ed como su desvinculaci\u00f3n en el presente tr\u00e1mite3. <\/p>\n
3. La Fundaci\u00f3n de la Mujer S.A.S, implor\u00f3 negar el amparo por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva4. <\/p>\n
4. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento, por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo reclamado por inexistencia de los hechos planteados, as\u00ed como, el desconocimiento de los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 el libelista, sin exponer sus argumentos de disenso. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El aqu\u00ed inicialista pretende que, a trav\u00e9s de este mecanismo, se ordene a la falladora acusada, decretar la nulidad de todo lo actuado en el decurso materia de esta salvaguarda por falta de competencia, pues, aduce, aqu\u00e9lla admiti\u00f3 el proceso, aun cuando el domicilio de la entidad demandada no es en Pereira. <\/p>\n
2. De entrada se advierte la improsperidad del resguardo, por cuanto en la contienda debatida ya fue zanjada la problem\u00e1tica en torno a la competencia del despacho querellado para conocer del asunto objeto de reproche, motivo por el cual, sobre ese aspecto, ninguna irregularidad se halla en el proceder de la autoridad denunciada. <\/p>\n
Examinado el referenciado sublite, se evidencia que el libelista present\u00f3 acci\u00f3n popular contra la Fundaci\u00f3n de la Mujer -sucursal Zarzal (Valle del Cauca)-, ante el estrado aqu\u00ed convocado; no obstante, esa autoridad rechaz\u00f3 el proceso por falta de competencia y orden\u00f3 la remisi\u00f3n de las diligencias al Juzgado Civil del Circuito de Roldanillo, quien, mediante auto del 22 de febrero de 2016, neg\u00f3 la recepci\u00f3n de la demanda y en su lugar, plante\u00f3, ante esta Corporaci\u00f3n, la respectiva colisi\u00f3n negativa de competencia. <\/p>\n
En providencia AC1759-2016 del 1\u00ba de abril de 2016, esta Sala, luego de realizar el estudio correspondiente, determin\u00f3 que el competente para conocer la causa, deb\u00eda ser el titular del despacho del circuito de Pereira. As\u00ed lo expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En el caso concreto, se advierte que la demanda est\u00e1 dirigida al \u00abJuez Civil del Circuito (Reparto) de Pereira\u00bb, que, de acuerdo con lo all\u00ed afirmado, es el lugar del domicilio de la entidad denunciada, lo que en principio, de conformidad con el art\u00edculo referido, torna v\u00e1lida la escogencia del \u201cjuez\u201d efectuada por Arias Id\u00e1rraga, sin perjuicio que en la oportunidad legal, el convocado pueda entrar a cuestionar esa situaci\u00f3n, a trav\u00e9s de los mecanismos v\u00e1lidamente autorizados (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Posteriormente, el 19 de mayo de 2016, la sede judicial querellada, acatando lo dispuesto por esta magistratura, resolvi\u00f3 admitir el juicio promovido por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, en el cual se agotaron las etapas de pruebas y alegatos, encontr\u00e1ndose ahora pendiente por emitir sentencia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se reitera, es evidente la ausencia de irregularidad del proceder del estrado convocado al avocar el tr\u00e1mite del juicio reprochado, motivo por el cual no se abre paso la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
2.1. Sumado a lo anterior, es preciso relievar que, auscultadas las diligencias criticadas, se hall\u00f3 memorial del 3 de diciembre de 2015, en donde el querellante present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n contra el auto del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, mediante el cual hab\u00eda rechazado el juicio censurado por falta de competencia, oportunidad donde el tutelante, contrario a lo ahora reclamado en esta sede, exig\u00eda la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 19985, para que su acci\u00f3n popular fuera tramitada en ese despacho. <\/p>\n
Al respecto, cuestiona esta colegiatura el actuar del censor, as\u00ed como la contradicci\u00f3n de sus peticiones, pues, como se expuso, el mismo querellante, al inicio de la gesti\u00f3n, implor\u00f3 que el decurso fuera adelantado en Pereira y, ahora, por medio de este amparo, pretende que se ordene la nulidad por falta de competencia, circunstancia que demuestra falta de coherencia en su proceder. <\/p>\n
Frente al punto cabe recordarse que ese tipo de conductas contradictorias del propio litigante, entre actos antecedentes y conductas procesales posteriores, entre el s\u00ed y no sobre lo mismo, en desmedro tambi\u00e9n del principio de identidad al interior de la misma actuaci\u00f3n con patente incoherencia, est\u00e1n proscritas y estorban a la lealtad y limpidez del ordenamiento jur\u00eddico (venire contra factum proprium non valet)6, pues constituyen una afrenta a los principios de \u201cconfianza leg\u00edtima\u201d y buena fe. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corte ha considerado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) referir a la doctrina de los actos propios, es reclamar la exigencia de un comportamiento coherente; de ah\u00ed que, la concreci\u00f3n de una u otra conducta, seg\u00fan su extensi\u00f3n y efectos, vista en retrospectiva, permite precisar si lo cumplido estaba en la misma l\u00ednea de lo que, otrora, se ejecut\u00f3. Realizado este ejercicio, si lo acaecido no correspondi\u00f3 a lo que en el pasado inmediato tuvo lugar; si no hay puentes comunicantes entre una y otra conducta que le mantengan en su esencia, significa que el acto propio no fue respetado y, contrariamente, el proceder desplegado contradijo su inmediato antecedente, esto es, vulner\u00f3 el principio analizado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Empero, cumple resaltar que el objetivo \u00faltimo, no es, en verdad, salvar la contradicci\u00f3n del acto o impedir la incoherencia de un determinado comportamiento; el fin, esencial, por lo dem\u00e1s, es evitar que con ese cambio de actitud, con esa rectificaci\u00f3n se genere un perjuicio a quien despert\u00f3 alguna expectativa v\u00e1lida por la conducta desplegada anteriormente, es, en otras palabras, dejar inc\u00f3lume la confianza fundada en ese antecedente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Bajo tales par\u00e1metros, oportuno resulta asentar que si bien la jurisprudencia y la doctrina no son concordantes en cuanto a los requisitos establecidos para considerar si, en estrictez, procede la teor\u00eda de los actos propios, la mayor\u00eda converge en se\u00f1alar los siguientes como tales: i) una conducta relevante que genere en la otra persona un grado de confianza leg\u00edtima sobre la realizaci\u00f3n o concreci\u00f3n, en el futuro, de unas consecuencias en particular; ii) que, con posterioridad, emerja otra conducta (quiz\u00e1s una pretensi\u00f3n) que contradiga con evidente y objetiva incoherencia, los antecedentes plantados; iii) que la nueva situaci\u00f3n presentada tenga trascendencia en lo jur\u00eddico y la virtualidad para afectar lo existente; y, iv) que haya identidad entre quienes resultaron involucrados en uno y otro episodio (\u2026)\u201d7 (destacado propio). <\/p>\n
Se resalta, ante eventos como el narrado, el amparo pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de derechos de rango iusfundamental, porque lo cierto es que estos no fueron infringidos por la accionada. <\/p>\n
En consecuencia, es evidente la conducta del censor, en hacer un uso incorrecto de esta excepcional v\u00eda, pues, invocar hechos infundados como sustento de su reclamo, no solo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los Jueces encargados de resolver el caso, en un asunto carente de fundamento jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por la cual el Constituyente implement\u00f38 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En lo pertinente, se requiere al accionante para que cese la proposici\u00f3n de auxilios sustentados en circunstancias \u201cinfundadas e inexistentes\u201d, pues con ello no hace m\u00e1s que contribuir con la congesti\u00f3n judicial distrayendo la actividad jurisdiccional de la recta y cumplida administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
3. Las dem\u00e1s s\u00faplicas del libelista, se tornan improcedentes porque no acredit\u00f3 haber elevado solicitud alguna ante las autoridades cuyo pronunciamiento reclama. <\/p>\n
Al respecto, ha dicho la Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el fallador constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa (\u2026)\u201d9. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos10 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196911, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d12, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio13. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia14, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales15; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas16. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n
5. De acuerdo a lo discurrido, se convalidar\u00e1 la determinaci\u00f3n examinada, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 \u201cART\u00cdCULO 28. COMPETENCIA TERRITORIAL. La competencia territorial se sujeta a las siguientes reglas: <\/p>\n
\u201c5. En los procesos contra una persona jur\u00eddica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta\u201d. <\/p>\n
2 Expediente digital Tutela N\u00ba 2020-00384, Archivo \u201c16. OFICIO 835 RESPONDE TUTELA 2020 384 M. JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO POPULAR 2015 1223.pdf\u201d. <\/p>\n
3 Expediente digital Tutela N\u00ba 2020-00384, Archivos: \u201c12. Respuesta Defensor\u00eda.pdf y 14. Respuesta Defensor\u00eda.pdf\u201d <\/p>\n
4 Expediente digital Tutela N\u00ba 2020-00384, Archivo: \u201c10.Respuesta Fundaci\u00f3n de la Mujer.pdf\u201d <\/p>\n
5 \u201cARTICULO 16. COMPETENCIA. De las Acciones Populares conocer\u00e1n en primera instancia los jueces administrativos y los jueces civiles de circuito. En segunda instancia la competencia corresponder\u00e1 a la secci\u00f3n primera del Tribunal Contencioso Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal de Distrito Judicial al que pertenezca el Juez de primera instancia\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cSer\u00e1 competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elecci\u00f3n del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocer\u00e1 a prevenci\u00f3n el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda\u201d. <\/p>\n
6 \u201cNadie puede ponerse en contradicci\u00f3n con sus propios actos y no puede, por tanto, ejercer conducta incompatible con la asumida anteriormente\u201d. <\/p>\n
7 CSJ. Civil. Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. 2008-00437-01. Reiterada en CSJ. Civil. STC11189-2020 de 9 de diciembre de 2020, exp. 2020-000276-01. <\/p>\n
8 La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 establece: \u201c(\u2026) Toda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
9 CSJ STC, 1\u00b0 nov. 2012, rad. 2012-00210-01. <\/p>\n
10 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
11 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
12 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
13 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
14 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
15 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
16 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1506-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1506-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00384-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 11 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53580","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53580","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53580"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53580\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53580"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53580"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53580"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}