STC1507-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1507-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2020-00339-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 20 de enero de 2021, dictada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda, en representaci\u00f3n de sus hijos menores Pablo y Valentina1, frente al Juzgado Promiscuo de Familia de Purificaci\u00f3n y el pagador del Ej\u00e9rcito Nacional, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cfijaci\u00f3n de cuota alimentaria\u201d, iniciado por la aqu\u00ed actora contra Pedro. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La reclamante, en la calidad descrita, implora la protecci\u00f3n de los derechos al m\u00ednimo vital, educaci\u00f3n e igualdad, presuntamente transgredidos por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden los hechos que a continuaci\u00f3n se describen: <\/p>\n
Mar\u00eda, en nombre de sus descendientes Pablo y Valentina, inco\u00f3 el decurso censurado contra Pedro2. <\/p>\n
Surtidas las etapas de rigor, el 15 de octubre de 2013, el estrado cognoscente dict\u00f3 sentencia mediante la cual: i) fij\u00f3 cuota alimentaria a cargo del obligado y a favor de los infantes, en la suma equivalente al 35% \u201c(\u2026) de lo que legalmente compone el salario, previas deducciones de ley (\u2026)\u201d; ii) decret\u00f3 \u201c(\u2026) como garant\u00eda de futuros alimentos, el embargo y retenci\u00f3n del 35% de las cesant\u00edas parciales o definitivas que se llegaren a reconocer al alimentante, en caso de retiro o liquidaci\u00f3n parcial (\u2026)\u201d como oficial del Ej\u00e9rcito de las Fuerzas Militares; y iii) dispuso la entrega, a la aqu\u00ed peticionaria, como representante de los menores, de la totalidad de los dineros recaudados por subsidio familiar3. <\/p>\n
Posteriormente, en determinaci\u00f3n de 4 de febrero de 2020, la autoridad acusada requiri\u00f3 al pagador del Ej\u00e9rcito Nacional, para que comunicara \u201c(\u2026) a qu\u00e9 concepto correspond[\u00edan] los dineros consignados [el 14 de enero de 2020] a \u00f3rdenes (\u2026)\u201d del decurso debatido, por valor de $160.866; aunado, conmin\u00f3 a la referida entidad estatal, con el objeto de lograr una \u201c(\u2026) respuesta al Oficio N\u00ba 688 de 27 de junio de 2019 (\u2026)\u201d, en el sentido de aclarar los valores individuales pertenecientes a cada infante por subsidio familiar y si, dicha suma, estaba siendo incluida en el total de la cuota alimentaria que ven\u00eda caus\u00e1ndose4. <\/p>\n
Luego, el 10 de agosto de 2020, la promotora radic\u00f3 memorial ante la juez querellada, solicitando la autorizaci\u00f3n para la entrega de los t\u00edtulos judiciales existentes a su nombre, por concepto de subsidio familiar, los cuales, seg\u00fan sostuvo, se encuentran \u201cretenidos\u201d en el Banco Agrario de Colombia5. <\/p>\n
En pronunciamiento de 31 de agosto de 2020, la funcionaria accionada le notici\u00f3 a la quejosa que, al revisar la p\u00e1gina web de dicha entidad bancaria, observ\u00f3 \u201c(\u2026) la existencia de 10 t\u00edtulos consignados para [ese] proceso (\u2026)\u201d, no obstante, adujo, la imposibilidad de establecer si tales emolumentos correspond\u00edan a la asignaci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
Por tanto, orden\u00f3, nuevamente, oficiar al pagador para que indicara si aquellos dep\u00f3sitos, concern\u00edan al \u201c(\u2026) subsidio familiar, cuota alimentaria, cesant\u00edas o cualquier otro rubro (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
Al no obtener la autorizaci\u00f3n para retirar los t\u00edtulos judiciales, derivados del subsidio familiar, la tutelante, el 4 de noviembre y 3 de diciembre de 2020, reiter\u00f3 su pedimento ante la togada querellada7. <\/p>\n
En veredicto de 3 de diciembre de 2020, la servidora encargada despach\u00f3 desfavorablemente tal exigencia con los mismos argumentos e, igualmente, remiti\u00f3 una nueva comunicaci\u00f3n al Ej\u00e9rcito Nacional, insistiendo en el env\u00edo de la informaci\u00f3n requerida8. <\/p>\n
Manifiesta la gestora que, en la contienda reprochada, \u201c(\u2026) se causaron rubros por concepto de subsidio familiar a favor de [sus] menores hijos, por un valor de $2\u2019000.000 aproximadamente (\u2026)\u201d, los cuales, en su sentir, son \u201c(\u2026) derechos adquiridos (\u2026)\u201d9. <\/p>\n
Expresa que, en \u201c(\u2026) varias oportunidades, [ha] solicitado al [despacho convocado] la autorizaci\u00f3n [para] el pago del dep\u00f3sito judicial que corresponde al subsidio familiar (\u2026)\u201d, no obstante, la funcionaria cuestionada se ha \u201c(\u2026) mostrado renuente (\u2026) por una incertidumbre infundada (\u2026)\u201d10. <\/p>\n
Sostiene que el Ej\u00e9rcito Nacional \u201c(\u2026) tampoco ha dado soluci\u00f3n a las peticiones que se han formulado tanto personalmente, como (\u2026)\u201d a trav\u00e9s del estrado cognoscente12. <\/p>\n
3. Exige, por tanto, ordenar: i) al Ej\u00e9rcito Nacional contestar los requerimientos remitidos por el despacho acusado; ii) al juzgado enjuiciado, proceder, inmediatamente, a la autorizaci\u00f3n y entrega de los t\u00edtulos judiciales, para reclamar los dineros que reposan en el Banco Agrario de Colombia por concepto de subsidio familiar; y iii) iniciar las \u201cacciones disciplinarias\u201d procedentes, contra las autoridades fustigadas13. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de las accionadas <\/p>\n
1. La judicatura encausada se\u00f1al\u00f3 que, tal como lo expone la promotora, \u201c(\u2026) a la fecha, se encuentran algunos dep\u00f3sitos judiciales consignados por orden de ese proceso, en estado pendiente de pago (\u2026)\u201d, situaci\u00f3n que obedece, seg\u00fan advirti\u00f3, \u201c(\u2026) a la falta de claridad en torno al concepto bajo el cual fueron descontados esos dineros, [es decir,] si por cuota alimentaria, subsidio familiar o cesant\u00edas embargadas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Reliev\u00f3 que es indispensable verificar la procedencia de los rubros aludidos, pues, si se trata de cesant\u00edas embargadas, \u201c(\u2026) el despacho no puede [gestionar] su entrega (\u2026)\u201d porque aquellas fueron asignadas como garant\u00eda de pago de alimentos futuros y, en ese sentido, debe declararse, previo a su desembolso, \u201c(\u2026) el incumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria, lo cual ac\u00e1 o ha ocurrido (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Asent\u00f3 que, con el \u00fanico prop\u00f3sito de \u201c(\u2026) no errar ordenando un pago improcedente (\u2026)\u201d, ha requerido a la entidad estatal pagadora para que informe el origen de dichos emolumentos, pero, asegur\u00f3, \u201c(\u2026) a la fecha no se ha recibido respuesta alguna (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, explic\u00f3 que, por regla general, las mesadas consignadas, se deben efectuar \u201c(\u2026) bajo el c\u00f3digo tipo 6 y, los descuentos por prestaciones sociales, bajo el c\u00f3digo tipo 1 (\u2026)\u201d; sin embargo, \u201c(\u2026) este no es un par\u00e1metro que se respete siempre por los pagadores, quienes en repetidas oportunidades hacen todos los descuentos en el mismo c\u00f3digo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, solicit\u00f3 denegar el amparo rogado, por cuanto \u201c(\u2026) el tr\u00e1mite que se fustiga no constituye una v\u00eda de hecho[, as\u00ed como tampoco,] ha vulnerado los derechos de la accionante ni de los alimentarios (\u2026)\u201d14. <\/p>\n
2. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento, por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional consider\u00f3 que las prerrogativas de los hijos de la peticionaria est\u00e1n siendo quebrantadas. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, <\/p>\n
\u201c(\u2026) si bien es cierto al interior de la actuaci\u00f3n censurada existen pronunciamientos del Juzgado accionado respecto de las reclamaciones efectuadas por la tutelante a fin de obtener la entrega de las pensiones alimentarias, tambi\u00e9n lo es que, hasta el momento dicha situaci\u00f3n se encuentra sin resolver, por lo que (\u2026) cuando el cese en el pago de las respectivas mesadas se prolonga indefinidamente, es di\u00e1fano que el m\u00ednimo vital del menor se ve seriamente comprometido, siendo necesario concurrir a su protecci\u00f3n inmediata mediante la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
\u201cPor lo expuesto, dado el estado de incertidumbre en el cual se encuentra la entrega de alimentos, la cual debe ser resuelta por el Juzgado de conocimiento con la informaci\u00f3n que otorgue el Pagador del Ej\u00e9rcito Nacional, aun haciendo uso de las medidas correccionales a que hubiere lugar (\u2026); ha de concederse el amparo implorado para garantizar el derecho fundamental al m\u00ednimo vital de los menores. <\/p>\n
En consecuencia, dispuso lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]EGUNDO: ORDENAR al Pagador del Ej\u00e9rcito Nacional que, dentro de los 3 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia informe al Juzgado Promiscuo de Familia de Purificaci\u00f3n sobre la naturaleza de los dineros depositados en el proceso ejecutivo de alimentos con radicaci\u00f3n 2012-00239-00. <\/p>\n
\u201cTERCERO. ORDENAR al Juzgado Promiscuo de Familia de Purificaci\u00f3n que, dentro de los 3 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia tome las medidas correccionales pertinentes que permitan aclarar las dudas que tenga sobre dineros depositados en el proceso ejecutivo de alimentos radicaci\u00f3n 2012-00239-00. Vencido el plazo anterior, dentro de los 3 d\u00edas siguientes el Juzgado Promiscuo de Familia de Purificaci\u00f3n deber\u00e1 emitir una decisi\u00f3n de fondo que resuelva la solicitud relacionada con la entrega de las mesadas que por concepto de alimentos reclama la accionante en favor de sus hijos, sin perjuicio que lo haga antes del vencimiento del t\u00e9rmino otorgado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Finalmente, frente a la pretensi\u00f3n de la tutelante, relacionada con el impulso de acciones disciplinarias contra la servidora acusada, precis\u00f3, se incumple el presupuesto de subsidiariedad porque aquella \u201c(\u2026) puede hacer uso de los diferentes mecanismos disponibles en el ordenamiento jur\u00eddico para poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos y motivos que expone ante esta instancia (\u2026)\u201d15. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 Pedro, quien es el progenitor de los infantes y demandado en el juicio debatido, argumentando que los dineros reclamados por la suplicante \u201c(\u2026) no le pertenecen (\u2026)\u201d, pues \u00e9stos hacen parte de una \u201c(\u2026) garant\u00eda para el m\u00ednimo vital de los menores (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Asimismo, exigi\u00f3 \u201c(\u2026) se reduzca la cuota alimentaria de los menores (\u2026)\u201d, porque uno de ellos, seg\u00fan adujo, \u201c(\u2026) ya termin\u00f3 su estudio de bachiller (\u2026)\u201d, siendo entonces oportuno, bajar las mesadas \u201c(\u2026) al menos a un mill\u00f3n de pesos (\u2026)\u201d16. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La peticionaria, en representaci\u00f3n de sus hijos menores, Pablo y Valentina, afirma que el estrado censurado ha menoscabado las garant\u00edas invocadas, al incurrir en una tardanza injustificada en la autorizaci\u00f3n y entrega de los t\u00edtulos judiciales consignados por concepto de \u201csubsidio familiar\u201d, causados con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite de \u201cfijaci\u00f3n de cuota alimentaria\u201d criticado. <\/p>\n
2. La mora judicial, grosso modo, tiene ocurrencia cuando el juzgador desconoce los plazos legales careciendo de motivos plausibles, probados y razonables para ello. <\/p>\n
Ha dicho la Sala, en su jurisprudencia, que la protecci\u00f3n al debido proceso (art. 29 C.N.) y acceso a la administraci\u00f3n de justicia (art. 229 \u00edb.), en estos casos: <\/p>\n
\u201c(\u2026) se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (\u2026)\u201d17. <\/p>\n
El fen\u00f3meno en menci\u00f3n halla como presupuestos, seg\u00fan constante doctrina probable de esta Corporaci\u00f3n18 y de la Corte Constitucional19, (i) la inobservancia de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; (ii) la inexistencia de un m\u00f3vil razonable capaz de justificar dicha demora; y (iii) la tardanza imputable al juez por incumplimiento de sus funciones. <\/p>\n
Esta colegiatura hace suyas las opiniones de la Corte Interamericana20 y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos21, en el sentido de que, a fin de determinar la razonabilidad de los plazos en los cuales debe desenvolverse el proceso, han de tenerse en cuenta los siguientes aspectos: a) la complejidad del caso concreto; b) la actividad de la parte interesada; y c) el comportamiento de las autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Fallar los conflictos sometidos a la jurisdicci\u00f3n dentro de un plazo razonable22 no es una obligaci\u00f3n impuesta, exclusivamente, por el legislador nacional. Compromisos internacionales adquiridos por Colombia radican en los jueces, cualquiera sea su grado, el deber de solucionar oportunamente las controversias sometidas a su conocimiento. <\/p>\n
En esta l\u00ednea, el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 8 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos de 1969, aprobada mediante Ley 16 de 1972, establece: <\/p>\n
\u201c1. Toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El canon 25 del mismo instrumento, en lo pertinente, dispone: <\/p>\n
\u201c1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r\u00e1pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n, la ley o la presente Convenci\u00f3n, aun cuando tal violaci\u00f3n sea cometida por personas que act\u00faen en ejercicio de sus funciones oficiales\u201d. <\/p>\n
3. Revisadas las pruebas adosadas, se observa, tal como lo consider\u00f3 el a quo constitucional, la procedencia de la salvaguarda exigida, pues en el decurso criticado se aprecia una falta de diligencia que ha ocasionado una dilaci\u00f3n inaceptable en la definici\u00f3n de las peticiones entabladas por la tutelante. <\/p>\n
En efecto, se extrae que, en providencia de 15 de octubre de 2013, la c\u00e9lula cuestionada fij\u00f3 la cuota alimentaria en favor de los infantes, Pablo y Valentina, por el 35% del salario y dem\u00e1s prestaciones sociales percibidas por Pedro como oficial del Ej\u00e9rcito de las Fuerzas Militares, asimismo, decret\u00f3 como garant\u00eda de alimentos futuros, el \u201cembargo y retenci\u00f3n\u201d del 35% de las cesant\u00edas parciales o definitivas que se llegaren a reconocer al alimentante, en caso de retiro o liquidaci\u00f3n parcial; y, por \u00faltimo, dispuso el desembolso de la totalidad de los dineros recaudados por concepto de \u201csubsidio familiar\u201d, ordenando la entrega de los t\u00edtulos judiciales constituidos al interior del pleito, al extremo activo del litigio. <\/p>\n
Ahora, obs\u00e9rvese, desde el 4 de febrero de 2020, la servidora accionada requiri\u00f3 a la entidad castrense para que comunicara a cu\u00e1l concepto correspond\u00edan los dineros consignados desde 14 de enero de 2020, por valor de $160.866 cada mes, a \u00f3rdenes del decurso debatido. <\/p>\n
De igual modo, inst\u00f3 a la pagadora de esa instituci\u00f3n, para que, de manera urgente, respondiera el oficio remitido el 27 de junio de 2019, en el sentido de aclarar los valores individuales pertenecientes a cada infante por \u201csubsidio familiar\u201d y si, dicha suma, estaba siendo incluida en el total de la cuota alimentaria que ven\u00eda caus\u00e1ndose. <\/p>\n
Por lo antelado, el 31 de agosto y el 3 de diciembre de 2020, la servidora enjuiciada no accedi\u00f3 a los pedimentos de la gestora, porque, seg\u00fan explic\u00f3, no era posible disponer el desembolso de dichos emolumentos, hasta tanto la entidad pagadora no diera claridad sobre tales asignaciones. <\/p>\n
En ese orden, la togada querellada envi\u00f3 al Ej\u00e9rcito Nacional, a trav\u00e9s de los canales virtuales establecidos para tal fin, los oficios respectivos reiterando las exigencias iniciales. <\/p>\n
Si bien no se desconoce que la funcionaria acusada ha adelantado las actuaciones necesarias para solucionar el inconveniente que impide la entrega de los t\u00edtulos judiciales y, con ello, el desembolso del dinero, evitando \u201c(\u2026) errar ordenando un pago improcedente (\u2026)\u201d, como ella lo afirm\u00f3; el tratamiento impartido a la solicitud no ha sido afortunado. <\/p>\n
Lo anterior porque a la juez encargada le asist\u00eda el deber de velar por la r\u00e1pida soluci\u00f3n del pedimento planteado por la peticionaria, adoptando las medidas correccionales conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del decurso ante el silencio del ente requerido, tal como lo precept\u00faan el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 42 y numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 44 del C\u00f3digo General del Proceso23. <\/p>\n
Valga aclarar, la omisi\u00f3n por parte de la entidad exhortada \u2013Ej\u00e9rcito Nacional-, genera detrimento econ\u00f3mico para la progenitora y sus descendientes menores e indefinici\u00f3n sobre la problem\u00e1tica expuesta. <\/p>\n
3.1. Los t\u00e9rminos previstos en el estatuto procesal civil no constituyen una formalidad. Se trata de una b\u00fasqueda de la justicia material para los administrados y justiciables en el Estado Constitucional de Derecho, de modo que los juicios no se deben someter a plazos interminables, de nunca acabar. El remedio no puede ser peor que la enfermedad. <\/p>\n
S\u00f3lo hay justicia si las controversias se resuelven r\u00e1pida y cumplidamente, en lapsos razonables, de manera que la ciudadan\u00eda, crea en sus jueces y en el Estado, porque sus litigios se decidir\u00e1n prontamente y sin dilaciones. El juez del Estado contempor\u00e1neo comprende las necesidades de la ciudadan\u00eda y acata responsablemente sus deberes cuando dispensa justicia a tiempo y en forma transparente. El verdadero juzgador es adalid de la confianza leg\u00edtima, de la seguridad jur\u00eddica y de la inclusi\u00f3n y reconocimiento de derechos. Esta tarea la verifica al sentenciar con celeridad, comprometido con pol\u00edticas p\u00fablicas de soluci\u00f3n \u00e1gil de las controversias a su cargo. <\/p>\n
3.2. Con todo, se destaca, la inobservancia por parte de la c\u00e9lula fustigada, del precedente jurisprudencial sobre la protecci\u00f3n y trato especial que merecen quienes integran grupos de especial protecci\u00f3n estatal. <\/p>\n
En reiteradas oportunidades, esta Corporaci\u00f3n ha insistido en el alcance amplio de la prevalencia del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes en el marco del Estado Social de Derecho. Ello impone un tratamiento jur\u00eddico proteccionista por medio de la tutela judicial efectiva de sus prerrogativas. <\/p>\n
La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica propende por la protecci\u00f3n reforzada de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes en la regla 44 y en otras disposiciones, como desarrollo del principio de la supremac\u00eda constitucional. Precisamente consigna el indiscutido apotegma: \u201cLos derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u201d (art. 44. C. N.) (negrilla y subrayas nuestras). <\/p>\n
En tal sentido, esta Colegiatura aludi\u00f3 en pret\u00e9rita oportunidad: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El constituyente de 1991 consagr\u00f3 la calidad de sujetos de especial protecci\u00f3n por parte del Estado para los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior y la prevalencia de sus garant\u00edas respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, (\u2026) lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten en la especie, formaci\u00f3n con valores indispensables para la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, esto es, por intereses superiores (\u2026)\u201d24. <\/p>\n
Esta garant\u00eda cobra especial valor en el \u00e1mbito del derecho a los alimentos, por cuanto estos comportan todo lo indispensable para el sustento, habitaci\u00f3n, vestido, asistencia m\u00e9dica, recreaci\u00f3n, educaci\u00f3n o instrucci\u00f3n y, en general, todo lo necesario para el desarrollo integral de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes25. <\/p>\n
Frente a los elementos constitutivos del \u201cderecho de alimentos\u201d, la Corte Constitucional ha precisado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El derecho de alimentos puede entenderse como el poder de voluntad de una persona (alimentario), otorgado por el ordenamiento jur\u00eddico positivo, de exigir a otra (alimentante) los medios para su subsistencia cuando carece de ellos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El fundamento constitucional del derecho de alimentos es el principio de solidaridad social (Arts. 1\u00ba y 95, Num. 2) en el interior de la familia, por ser \u00e9sta la instituci\u00f3n b\u00e1sica de la sociedad (Art. 5\u00ba) o el n\u00facleo fundamental de la misma (Art. 42), por lo cual, por regla general, una de sus condiciones es el parentesco de consanguinidad o civil entre alimentario y alimentante, en los grados se\u00f1alados en la ley, o la calidad de c\u00f3nyuge o divorciado sin su culpa (\u2026)\u201d26. <\/p>\n
Desde esta perspectiva, es indiscutible que los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes son beneficiarios prevalentes del derecho de alimentos. <\/p>\n
4. Los motivos esbozados permiten entrever una tardanza excesiva e inexcusable, sin advertirse una complejidad en la tem\u00e1tica esbozada ni una descomunal carga laboral del despacho encausado para solucionar, de manera efectiva, la problem\u00e1tica alegada por la tutelante, lo cual merece un llamado de atenci\u00f3n para las autoridades encartadas. <\/p>\n
5. Con todo, como lo expuso el a quo constitucional, no prospera la protecci\u00f3n rogada tendiente a iniciar \u201clas acciones disciplinarias\u201d contra las autoridades enjuiciadas, porque la querellante tiene a su alcance la posibilidad de promover, ante las corporaciones competentes, las denuncias pertinentes. <\/p>\n
6. En torno a lo manifestado por el impugnante Pedro, vinculado al tr\u00e1mite constitucional, se precisa, aunque podr\u00eda resultar afectado con lo decidido, sus pretensiones aut\u00f3nomas no pueden ser objeto de decisi\u00f3n en esta sede. <\/p>\n
Lo antelado, porque aquel no formul\u00f3 esta salvaguarda y, aunado, tiene la posibilidad de concurrir al decurso cuestionado, manifestando lo expuesto en su impugnaci\u00f3n; as\u00ed, podr\u00e1, por ejemplo, rebatir la cautela ordenada, de conformidad con en el art\u00edculo 59727 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el inciso 7\u00b0 del art\u00edculo 12928 del C\u00f3digo de la Infancia y de la Adolescencia o, tambi\u00e9n, solicitar la disminuci\u00f3n del porcentaje cautelado, conforme lo dispone el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 130 \u00eddem. <\/p>\n
7. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos29 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196930, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d31, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio32. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
7.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-33, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales34; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas35. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
8. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Antes de entrar al estudio de fondo del asunto, esta Sala considera necesario tomar oficiosamente medidas para proteger la intimidad de los ni\u00f1os en pro de quienes se inco\u00f3 esta acci\u00f3n, de manera que ser\u00e1n elaborados dos textos de esta sentencia, de id\u00e9ntico tenor, solo que, en uno de ellos, el cual ser\u00e1 divulgado y consultado libremente, ser\u00e1n cambiados sus nombres y cualquier otro dato que pudiere conducir a la identificaci\u00f3n. <\/p>\n
2 Folios 7 al 10; \u201cCuaderno 1\u201d. <\/p>\n
3 Folios 175 al 180; \u201cCuaderno 1\u201d. <\/p>\n
4 Folio 304; \u201cCuaderno 1\u201d. <\/p>\n
5 Folio 340; \u201cCuaderno 1\u201d. <\/p>\n
6 Folios 347 al 353; \u201cCuaderno 1\u201d. <\/p>\n
7 Folio 354; \u201cCuaderno 1\u201d. <\/p>\n
8 Folio 357; \u201cCuaderno 1\u201d. <\/p>\n
9 Folio 1; Cuaderno \u201c2. Escrito de Tutela\u201d. <\/p>\n
10 Ibidem. <\/p>\n
11 Ibidem. <\/p>\n
12 Folio 2; Cuaderno \u201c2. Escrito de Tutela\u201d. <\/p>\n
13 Ibidem. <\/p>\n
14 Folios 1 y 2; Cuaderno \u201cRespuesta acci\u00f3n de tutela\u201d. <\/p>\n
15 Folios 1 al 10; Cuaderno \u201cSentencia\u201d. <\/p>\n
16 Folios 1 al 3; Cuaderno \u201cEscrito de Impugnaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
17CSJ. Sala de Casaci\u00f3n Civil. Fallo de 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterado el 25 de febrero de 2013, exp. 00003-01 y el 21 de octubre de 2013, exp. 11001-02-03-000-2013-02374-00, entre otros. <\/p>\n
18 Vide: STC16690 de 2018, exp. 2018-00485-01; STC16346-2018, exp. 2018-03593-00; STC15912-2018, exp. 2018-001934-01. Y varias m\u00e1s. <\/p>\n
19 Cfr. et al: Sentencias T-292 de 1999; T-220 de 2007; T-230 de 2013; T-186 de 2017; y T-052 de 2018. <\/p>\n
20 Caso Genie Lacayo, de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, p\u00e1rr 77; y Su\u00e1rez Rosero c. Ecuador, de 12 de nov. de 1997. <\/p>\n
21 Asuntos Adolf c. Austria, de 26 de marzo de 1982; Zimmermann y Steiner c. Suiza, de 13 de julio de 1983; Erckner y Hofauer c. Austria, de 23 de abril de 1987 y Kizil\u02c6z c. Turqu\u00eda, de 25 de septiembre de 2001, entre otros. <\/p>\n
22 Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, art\u00edculo 8, garant\u00eda judicial 1. <\/p>\n
23 DEBERES Y PODERES DE LOS JUECES. <\/p>\n
ART\u00cdCULO 42. DEBERES DEL JUEZ. Son deberes del juez: <\/p>\n
1. Dirigir el proceso, velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del proceso y procurar la mayor econom\u00eda procesal. <\/p>\n
ART\u00cdCULO 44. PODERES CORRECCIONALES DEL JUEZ. Sin perjuicio de la acci\u00f3n disciplinaria a que haya lugar, el juez tendr\u00e1 los siguientes poderes correccionales: <\/p>\n
3. Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (smlmv) a sus empleados, a los dem\u00e1s empleados p\u00fablicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las \u00f3rdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
24 CSJ. STC18057-2017 de 2 de nov. 2017, rad. 2017-00626-01. <\/p>\n
25 El art\u00edculo 24 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia <\/p>\n
26 Corte Constitucional, sentencia C-994 de 2004. <\/p>\n
27ART\u00cdCULO 597. LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO Y SECUESTRO. Se levantar\u00e1n el embargo y secuestro en los siguientes casos: (\u2026). <\/p>\n
28 Con todo, cuando haya variado la capacidad econ\u00f3mica del alimentante o las necesidades del alimentario, las partes de com\u00fan acuerdo podr\u00e1n modificar la cuota alimentaria, y cualquiera de ellas podr\u00e1 pedirle al juez su modificaci\u00f3n. En este \u00faltimo caso el interesado deber\u00e1 aportar con la demanda por lo menos una copia informal de la providencia, del acta de conciliaci\u00f3n o del acuerdo privado en que haya sido se\u00f1alada. <\/p>\n
29 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
30 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
31 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
32 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
33 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
34 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
35 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1507-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1507-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2020-00339-01 Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 20 de enero de 2021, dictada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53581","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53581","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53581"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53581\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53581"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53581"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53581"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}