STC1508-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1508-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2020-00211-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 20 de enero de 2021, dictada por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Pedro frente al Juzgado Segundo de Familia del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio \u201cejecutivo de alimentos\u201d adelantado por Mar\u00eda, en representaci\u00f3n de su hija menor Valentina1, contra Pablo. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor implora la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, presuntamente transgredido por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden los hechos que a continuaci\u00f3n se describen: <\/p>\n
El peticionario inco\u00f3 libelo \u201cejecutivo singular\u201d con radicado N\u00ba 2020-00169, contra Pablo, quien se desempe\u00f1a como \u201c(\u2026) miembro activo del Ej\u00e9rcito Nacional (\u2026)\u201d, con el objeto de cobrar la suma de dinero contenida en una letra de cambio2. <\/p>\n
En prove\u00eddo de 12 de agosto de 2020, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Buga libr\u00f3 mandamiento de pago y, el 2 de octubre siguiente, esa autoridad accedi\u00f3 al pedimento del tutelante, consistente en el \u201cembargo\u201d de los remanentes y\/o bienes que llegaren a desembargarse, en el compulsivo de alimentos censurado, tramitado ante el Juzgado Segundo de Familia de Monter\u00eda, con radicado N\u00ba 2019-00236, adelantado por Mar\u00eda, en nombre de su descendiente Valentina, contra Pablo3. <\/p>\n
En veredicto de 7 de octubre de 2020, la servidora de familia convocada, al efectuar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito en ese asunto, declar\u00f3 la terminaci\u00f3n de la contienda por pago total de la obligaci\u00f3n, pues, seg\u00fan advirti\u00f3, el demandado ten\u00eda un saldo a su favor, \u201c(\u2026) hasta el mes de octubre de 2020, de $5\u2019182.188 (\u2026)\u201d y, asimismo, dispuso mantener \u201c(\u2026) a \u00f3rdenes del Juzgado Segundo Civil Municipal de Buga, la medida cautelar de embargo y retenci\u00f3n del salario del demandado, as\u00ed como el remanente de los dineros (\u2026)\u201d. Para tal efecto, emiti\u00f3 el oficio \u201cN\u00ba 999\u201d dirigido a ese despacho judicial, comunicando tal decisi\u00f3n4. <\/p>\n
Aduce el precursor que el 4 de noviembre, concili\u00f3 con Pablo, acordando la \u201c(\u2026) entrega del t\u00edtulo por $5\u2019182.188, dinero del remanente (\u2026)\u201d, el cual reposa en la judicatura de familia encausada, actuaci\u00f3n comunicada a esa autoridad con oficio \u201cN\u00ba 623\u201d de 17 de noviembre de 20205, expedido por el juez civil municipal. <\/p>\n
Posteriormente, en providencia de 17 de noviembre de 2020, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Buga aprob\u00f3 la transacci\u00f3n rese\u00f1ada, allegada por las partes el 4 de noviembre posterior y, en consecuencia, orden\u00f3 la culminaci\u00f3n del juicio ejecutivo singular promovido por el aqu\u00ed gestor, as\u00ed como tambi\u00e9n, el levantamiento de las cautelas6. <\/p>\n
Luego, en auto de 23 de noviembre de 2020, la juez de familia cognoscente resolvi\u00f3 \u201c(\u2026) decretar la ilegalidad del pronunciamiento de fecha octubre 7 de 2020 (\u2026)\u201d, porque \u201c(\u2026) no tuvo en cuenta la disposici\u00f3n legal consagrada en el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia (\u2026)\u201d y, por tanto, dispuso la continuidad del tr\u00e1mite debatido, actualizando la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito alimentario7. <\/p>\n
Expresa el petente, \u201c(\u2026) no entiend[e] c\u00f3mo es posible (\u2026)\u201d que la funcionaria de familia decrete, \u201c(\u2026) un mes despu\u00e9s (\u2026), la ilegalidad del auto (\u2026)\u201d de 7 de octubre de 2020, mediante el cual se hab\u00eda dado fin al litigio de alimentos iniciado conta Pablo, pues, seg\u00fan su dicho, \u00e9ste se encontraba \u201c(\u2026) debidamente notificado y ejecutoriado con oficios librados (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
3. Pide, por tanto, dejar sin efectos el auto proferido el 23 de noviembre de 2020 por el Juzgado Segundo de Familia de Monter\u00eda para que, en su lugar, se ordene la entrega del t\u00edtulo judicial por valor de $5\u2019182.188, \u201c(\u2026) como consecuencia de la terminaci\u00f3n del proceso [ejecutivo] y conforme a lo (\u2026)\u201d conciliado con Pablo9. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de la accionada <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo de Familia del Circuito en Oralidad de Monter\u00eda, se\u00f1al\u00f3 que \u201c(\u2026) las razones que llevaron a decretar la ilegalidad del auto (\u2026)\u201d dictado el 7 de octubre de 2020 \u201c(\u2026) no son otras diferentes a darle cumplimiento al art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia, concretamente el inciso 4\u00ba (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Aunado, refiri\u00f3, \u201c(\u2026) igualmente, no se tuvo en cuenta la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, [la cual, asegur\u00f3,] deb\u00eda contener el reajuste en porcentaje igual al IPC (\u2026)\u201d y, en ese sentido, tal actuaci\u00f3n hubiese \u201c(\u2026) conducido a un desmejoramiento econ\u00f3mico para la beneficiaria de los alimentos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por lo antelado, concluy\u00f3, con la decisi\u00f3n adoptada por esa judicatura, \u201c(\u2026) lo \u00fanico que se pretend\u00eda era garantizar [los alimentos de] la menor de edad, [quien] pertenece a la poblaci\u00f3n m\u00e1s vulnerable (\u2026)\u201d10. <\/p>\n
2. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento, por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 el auxilio, tras advertir que la funcionaria enjuiciada no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental del petente porque, conforme al informe rendido por la juez accionada y el precedente all\u00ed citado, aquella <\/p>\n
\u201c(\u2026) al evidenciar que se hab\u00eda incurrido en una ilegalidad al no tener en cuenta lo dispuesto en el inciso 4 del art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia; y por tratarse de una menor, para evitar la afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales de ella, declar\u00f3 la ilegalidad se\u00f1alada (\u2026)\u201d11. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 el suplicante, argumentando que, en el juicio discutido, promovido contra Pablo, no es aplicable el canon 129 \u00eddem, como lo adujo la juez de la causa, pues Mar\u00eda, en representaci\u00f3n de su hija menor Valentina, \u201c(\u2026) tiene para su prestaci\u00f3n alimentara el salario que devenga [Pablo] como miembro activo del Ej\u00e9rcito Nacional (\u2026) y, a su vez, si \u00e9ste vuelve a incumplir puede acudir nuevamente a la jurisdicci\u00f3n (\u2026)\u201d12. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La controversia estriba en determinar si con el pronunciamiento proferido el 23 de noviembre de 2020 por la c\u00e9lula denunciada, se vulneraron las garant\u00edas superiores del tutelante. <\/p>\n
Se memora, en esa decisi\u00f3n se declar\u00f3 la ilegalidad de la providencia dictada el 7 de octubre anterior, mediante la cual se hab\u00eda declarado la terminaci\u00f3n del compulsivo de alimentos promovido por Mar\u00eda, en representaci\u00f3n de su hija menor, Valentina, contra Pablo, por pago total de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
2. En la actualidad, como lo expuso la Sala en pasada ocasi\u00f3n13, fruto de una larga evoluci\u00f3n social, pol\u00edtica y, a\u00fan, jur\u00eddica, ya no se concibe al juez, seg\u00fan c\u00e9lebre expresi\u00f3n de Devis Echand\u00eda, una simple \u201cm\u00e1quina registradora de la voluntad del legislador y un espectador pasivo de la lucha (\u2026) entre las partes\u201d14. <\/p>\n
Por el contrario, la disciplina procesal ha ense\u00f1ado que es el juzgador un verdadero director, gerente, garante de los tr\u00e1mites, con amplias facultades y, naturalmente, con deberes en el ejercicio del cargo, todas prerrogativas y potestades que tienen como finalidad la satisfacci\u00f3n de un inter\u00e9s p\u00fablico: la recta administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Dentro de esas responsabilidades, previstas en el art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso, destacan las de adoptar las medidas necesarias para sanear los vicios del procedimiento o precaverlos (n\u00fam. 5), as\u00ed como realizar el control de legalidad de las tramitaciones (n\u00fam. 12). <\/p>\n
3. Examinado el subex\u00e1mine cuestionado y aplicadas las nociones anteriores, se vislumbra, como lo consider\u00f3 el a quo constitucional, el fracaso de la salvaguarda reclamada, por ausencia de arbitrariedad en la actividad de la falladora denunciada. <\/p>\n
En efecto, la servidora encargada, previo a pronunciarse sobre la cautela de \u201cembargo de remanentes\u201d y poner a disposici\u00f3n dichos emolumentos al Juzgado Segundo Civil Municipal de Buga, medida debidamente notificada en el coercitivo de alimentos aqu\u00ed reprochado, realiz\u00f3 un control de legalidad en la actuaci\u00f3n y, advirti\u00f3 que, en el veredicto de 7 de octubre de 2020, se determin\u00f3 la culminaci\u00f3n del litigio, sin tener en cuenta lo reglamentado en el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia15. <\/p>\n
Lo antelado, expuso, porque al concluir el decurso alimentario pas\u00f3 por alto, de un lado, que el \u201cembargo\u201d s\u00f3lo puede levantarse \u201c(\u2026) si el obligado paga las cuotas atrasadas y presta cauci\u00f3n que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los dos a\u00f1os siguientes (\u2026)\u201d y, de otro, que la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito efectuada, \u201c(\u2026) no fue actualizada de conformidad con el IPC (\u2026)\u201d16. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, bajo el anterior derrotero, la judicatura convocada, para evitar el \u201c(\u2026) desmejoramiento econ\u00f3mico para los alimentos adeudados (\u2026)\u201d, adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n de \u201cdecretar la ilegalidad\u201d de la terminaci\u00f3n del compulsivo censurado y, en consecuencia, orden\u00f3 la reanudaci\u00f3n del mismo, elaborando, enseguida, una nueva liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito para subsanar los errores aludidos. <\/p>\n
Valga aclarar, la actuaci\u00f3n descrita, desplegada por la sede judicial querellada, no entra\u00f1a una irregularidad superlativa que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Rec\u00e1lquese, la funcionaria convocada resolvi\u00f3 actuar de la manera comentada, en aplicaci\u00f3n del car\u00e1cter prevalente de los derechos de la descendiente menor de edad e, igualmente, reconociendo la naturaleza de la obligaci\u00f3n cobrada por conducto de su progenitora, Mar\u00eda, cuyos intereses ostentan una protecci\u00f3n superlativa en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Esta Corte, en un asunto similar sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]e conformidad con lo que antecede, no cabe duda que, a diferencia de lo considerado por la sociedad tutelante, la determinaci\u00f3n cuestionada emergi\u00f3 del an\u00e1lisis concienzudo del expediente y soportada en argumentos que aunque pudieran o no ser compartidos por esta Corte, al no poder ser tildados de arbitrarios o caprichosos, impiden per se la intromisi\u00f3n de juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto. <\/p>\n
\u201cY es que, como qued\u00f3 visto, el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Sentencias criticado, a solicitud de la parte afectada, dej\u00f3 sin valor ni efecto alguno la decisi\u00f3n con que hab\u00eda culminado el proceso objeto aqu\u00ed de revisi\u00f3n, por pago total de la obligaci\u00f3n, al constatar de una nueva revisi\u00f3n del expediente, que la solicitud para as\u00ed haber procedido no provino de todos los ejecutantes reconocidos dentro del juicio, sino \u00fanicamente del acreedor del 50% de la obligaci\u00f3n perseguida, situaci\u00f3n que impon\u00eda continuar con el cobro judicial. <\/p>\n
\u201cDe este modo, el Juzgador, al evidenciar que se hab\u00eda incurrido en una ilegalidad con entidad suficiente para variar el destino del proceso, en aras de propender por evitar una afectaci\u00f3n mayor a los derechos de las partes y al orden jur\u00eddico, aplic\u00f3 lo que se conoce como la \u00abteor\u00eda del antiprocesalismo\u00bb, seg\u00fan la cual, \u00ablos autos manifiestamente ilegales no cobran ejecutoria y por consiguiente no atan al juez ni a las partes\u00bb, criterio que esta Sala mantiene vigente y que comparte la Corte Constitucional, pues sobre la excepci\u00f3n a la irrevocabilidad de las providencias judiciales se ha precisado que, \u00abs\u00f3lo procede cuando en casos concretos se verifica sin lugar a discusi\u00f3n que se est\u00e1 frente a una decisi\u00f3n manifiestamente ilegal que represente una grave amenaza del orden jur\u00eddico y siempre que la rectificaci\u00f3n se lleve a cabo observando un t\u00e9rmino prudencial que permita establecer una relaci\u00f3n de inmediatez entre el supuesto auto ilegal y el que tiene como prop\u00f3sito enmendarlo\u00bb (CC T-1274\/05, citado en CSJ STC12687-2019, STC10544-2019 y STC9170-2019) (\u2026)\u201d. Subrayas fuera de texto17. <\/p>\n
4. Con todo, se destaca, si la preocupaci\u00f3n del actor radica, en realidad, en la terminaci\u00f3n del juicio ejecutivo singular con radicado N\u00ba 2020-00169 promovido contra Pablo y el levantamiento de las cautelas decretadas con ocasi\u00f3n del \u201cacuerdo de transacci\u00f3n\u201d presentado ante la juez municipal cognoscente el 4 de noviembre de 2020, se advierte el fracaso de ese reparo, dado el car\u00e1cter eminentemente subsidiario de este auxilio, pues nada obsta para que aquel acuda a ese estrado judicial y reclame la revisi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 17 de noviembre ulterior, apoyado en las cuestiones aqu\u00ed ventiladas. <\/p>\n
Y en la misma l\u00ednea, si en sentir del tutelante, la conciliaci\u00f3n celebrada con su contraparte contiene vicios, cuenta con la posibilidad de demandar su nulidad. <\/p>\n
Frente a lo esgrimido, esta Corte en un asunto de perfiles an\u00e1logos, expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La petici\u00f3n de tutela de que tratan estas diligencias, pretende que el juez constitucional declare la nulidad del acuerdo de conciliaci\u00f3n, porque result\u00f3 lesivo a los intereses del demandante en aquel proceso, circunstancia que apareja (\u2026) la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, seg\u00fan el propio demandante (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cPlanteadas as\u00ed las cosas, juzga la Corte que si el acto de conciliaci\u00f3n contiene las irregularidades se\u00f1aladas, el peticionario cuenta con los mecanismos legales para impugnarlo, sin que dentro de aquellos se encuentre la acci\u00f3n de tutela, pues corresponde a la jurisdicci\u00f3n ordinaria el debate sobre el cumplimiento y validez de aquel convenio (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cY si aquella conciliaci\u00f3n celebrada el 12 de febrero de 2003 entre las partes del proceso ordinario result\u00f3 inejecutada o carece de validez, abierta queda la opci\u00f3n para demandar las acciones que el ordenamiento jur\u00eddico dispone para los eventos de incumplimiento o nulidad negocial, con las secuelas previstas legalmente para cada una de ellas (\u2026)\u201d18. <\/p>\n
La existencia de herramientas propicias para obtener el resguardo de los preceptos fundamentales est\u00e1 contemplada como causal de improcedencia en el inciso 3\u00ba del canon 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del precepto 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos19 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196920, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d21, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio22. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Antes de entrar al estudio de fondo del asunto, esta Sala considera necesario tomar oficiosamente medidas para proteger la intimidad de los ni\u00f1os en pro de quienes se inco\u00f3 esta acci\u00f3n, de manera que ser\u00e1n elaborados dos textos de esta sentencia, de id\u00e9ntico tenor, solo que, en uno de ellos, el cual ser\u00e1 divulgado y consultado libremente, ser\u00e1n cambiados sus nombres y cualquier otro dato que pudiere conducir a la identificaci\u00f3n. <\/p>\n
2 Folio 4; Cuaderno \u201cParte 1 Expediente 417-2020\u201d. <\/p>\n
3 Folio 9; Cuaderno \u201cParte 1 Expediente 417-2020\u201d. <\/p>\n
4 Folios 11 y 12; Cuaderno \u201cParte 1 Expediente 417-2020\u201d. <\/p>\n
5 Ibidem. <\/p>\n
6 Folio 15; Cuaderno \u201cParte 1 Expediente 417-2020\u201d. <\/p>\n
7 Folios 19 y 20; Cuaderno \u201cParte 1 Expediente 417-2020\u201d. <\/p>\n
8 Folio 6; Cuaderno \u201cParte 1 Expediente 417-2020\u201d. <\/p>\n
9 Folio 7; Cuaderno \u201cParte 1 Expediente 417-2020\u201d. <\/p>\n
10 Folios 41 y 42; Cuaderno \u201cParte 1 Expediente 417-2020\u201d. <\/p>\n
11 Folios 3 al 12; Cuaderno \u201cParte 2 Expediente 417-2020\u201d. <\/p>\n
12 Folios 20 y 21; Cuaderno \u201cParte 2 Expediente 417-2020\u201d. <\/p>\n
13 STC495-2018; Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2017-00938-01; Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. <\/p>\n
14 DEVIS ECHAND\u00cdA, Hernando. Estudios de Derecho Procesal. Tomo I. 1979. P\u00e1g. 302. <\/p>\n
15 ART\u00cdCULO 129. ALIMENTOS. En el auto que corre traslado de la demanda o del informe del Defensor de Familia, el juez fijar\u00e1 cuota provisional de alimentos, siempre que haya prueba del v\u00ednculo que origina la obligaci\u00f3n alimentaria. Si no tiene la prueba sobre la solvencia econ\u00f3mica del alimentante, el juez podr\u00e1 establecerlo tomando en cuenta su patrimonio, posici\u00f3n social, costumbres y en general todos los antecedentes y circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad econ\u00f3mica. En todo caso se presumir\u00e1 que devenga al menos el salario m\u00ednimo legal. <\/p>\n
La sentencia podr\u00e1 disponer que los alimentos se paguen y aseguren mediante la constituci\u00f3n de un capital cuya renta los satisfaga. En tal caso, si el obligado no cumple la orden dentro de los diez d\u00edas h\u00e1biles siguientes, el juez proceder\u00e1 en la forma indicada en el inciso siguiente. <\/p>\n
El juez deber\u00e1 adoptar las medidas necesarias para que el obligado cumpla lo dispuesto en el auto que fije la cuota provisional de alimentos, en la conciliaci\u00f3n o en la sentencia que los se\u00f1ale. Con dicho fin decretar\u00e1 embargo, secuestro, aval\u00fao y remate de los bienes o derechos de aqu\u00e9l, los cuales se practicar\u00e1n con sujeci\u00f3n a las reglas del proceso ejecutivo. <\/p>\n
El embargo se levantar\u00e1 si el obligado paga las cuotas atrasadas y presta cauci\u00f3n que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los dos a\u00f1os siguientes. <\/p>\n
Cuando se trate de arreglo privado o de conciliaci\u00f3n extrajudicial, con la copia de aqu\u00e9l o del acta de la diligencia el interesado podr\u00e1 adelantar proceso ejecutivo ante el juez de familia para el cobro de las cuotas vencidas y las que en lo sucesivo se causen. <\/p>\n
Cuando se tenga informaci\u00f3n de que el obligado a suministrar alimentos ha incurrido en mora de pagar la cuota alimentaria por m\u00e1s de un mes, el juez que conozca o haya conocido del proceso de alimentos o el que adelante el ejecutivo dar\u00e1 aviso al Departamento Administrativo de Seguridad ordenando impedirle la salida del pa\u00eds hasta tanto preste garant\u00eda suficiente del cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentar\u00eda y ser\u00e1 reportado a las centrales de riesgo. <\/p>\n
La cuota alimentaria fijada en providencia judicial, en audiencia de conciliaci\u00f3n o en acuerdo privado se entender\u00e1 reajustada a partir del 1o de enero siguiente y anualmente en la misma fecha, en porcentaje igual al \u00edndice de precios al consumidor, sin perjuicio de que el juez, o las partes de com\u00fan acuerdo, establezcan otra f\u00f3rmula de reajuste peri\u00f3dico. <\/p>\n
Con todo, cuando haya variado la capacidad econ\u00f3mica del alimentante o las necesidades del alimentario, las partes de com\u00fan acuerdo podr\u00e1n modificar la cuota alimentaria, y cualquiera de ellas podr\u00e1 pedirle al juez su modificaci\u00f3n. En este \u00faltimo caso el interesado deber\u00e1 aportar con la demanda por lo menos una copia informal de la providencia, del acta de conciliaci\u00f3n o del acuerdo privado en que haya sido se\u00f1alada. <\/p>\n
Mientras el deudor no cumpla o se allane a cumplir la obligaci\u00f3n alimentaria que tenga respecto del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, no ser\u00e1 escuchado en la reclamaci\u00f3n de su custodia y cuidado personal ni en ejercicio de otros derechos sobre \u00e9l o ella. <\/p>\n
Lo dispuesto en este art\u00edculo se aplicar\u00e1 tambi\u00e9n al ofrecimiento de alimentos a ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes. <\/p>\n
El incumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria genera responsabilidad penal. <\/p>\n
16 Folios 18 y 19; \u201cParte 1 Expediente 417-2020\u201d. <\/p>\n
17 STC2263-2020; Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-00073-01; Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de marzo de dos mil veinte. <\/p>\n
18CSJ. STC de 16 de septiembre de 2005, exp. 63001-22-13-000-2005-00062-01 <\/p>\n
20 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
21 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
22 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
23 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
24 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
25 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1508-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1508-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2020-00211-01 Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 20 de enero de 2021, dictada por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53582","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53582","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53582"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53582\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53582"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53582"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53582"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}