STC1509-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1509-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2020-00728-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2020 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la tutela promovida por Mar\u00eda en nombre propio y en representaci\u00f3n de su menor hija, Valentina1, contra el Juzgado Treinta y Uno de Familia, la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil y la Notar\u00eda Cincuenta y Dos, todos de la mencionada ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de impugnaci\u00f3n a la paternidad iniciado por Cecilia frente a la aqu\u00ed agenciada, con radicado n.\u00b0 2013-0904. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio y en representaci\u00f3n de su menor hija, Valentina, la actora exige la protecci\u00f3n de su derecho a una vida libre de violencia de g\u00e9nero y del principio pro infans, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. De lo narrado por la accionante y de la informaci\u00f3n aqu\u00ed allegada, se coligen los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
Cecilia impetr\u00f3 demanda para impugnar la paternidad de la ni\u00f1a, Valentina, indicando que no era hija de su fallecido padre, Pablo; asunto admitido el 13 de noviembre de 2013 por el Juzgado Cuarto de Familia de Bogot\u00e1. <\/p>\n
La aqu\u00ed tutelante, Mar\u00eda, representante legal de la ni\u00f1a, se notific\u00f3 personalmente el 16 de diciembre de 2013 y, dentro del t\u00e9rmino de traslado, contest\u00f3 el libelo, oponi\u00e9ndose a las pretensiones. <\/p>\n
El 2 de septiembre de 2015 el asunto pas\u00f3 a conocimiento del Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogot\u00e12, quien orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de la diligencia de exhumaci\u00f3n del cad\u00e1ver de Pablo y el posterior recaud\u00f3 de la prueba de ADN, por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la cual excluy\u00f3 a aqu\u00e9l \u201ccomo padre biol\u00f3gico del (la) menor VALENTINA\u201d. Frente a dicho dictamen ninguna de las partes formul\u00f3 reparo. <\/p>\n
Con base en la mencionada probanza, en sentencia de 19 de febrero de 2020, el juzgado accionado declar\u00f3 que Valentina no era hija biol\u00f3gica de Pablo; en consecuencia, orden\u00f3 oficiar a la Notar\u00eda Cincuenta y Dos de Bogot\u00e1 para registrar la decisi\u00f3n en menci\u00f3n. <\/p>\n
La tutelante promovi\u00f3 incidente de nulidad deprecando la invalidez de las actuaciones posteriores a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento llevada a cabo el 28 de noviembre de 2019; tr\u00e1mite desatado desfavorablemente el 10 de diciembre de 2020. <\/p>\n
Para la actora, la decisi\u00f3n del juzgado de alterar los atributos de la personalidad de nombre y estado civil de Valentina, adem\u00e1s de someterla a \u201ctratos crueles e inhumanos\u201d, desconoce su condici\u00f3n de hija de crianza de su difunto esposo, quien, voluntariamente, la reconoci\u00f3 como tal, a sabiendas de que no era su padre biol\u00f3gico. <\/p>\n
Afirma que, aun cuando nunca ha negado la forma c\u00f3mo constituy\u00f3 su familia, en desarrollo del decurso se vio compelida a advertir detalles de su vida \u00edntima, lo cual considera un tipo de violencia basada en g\u00e9nero, pues \u201c(\u2026) expresamente [l]e conden\u00f3 como viuda [a] perder toda dignidad de mujer (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar a la Notar\u00eda Cincuenta y Dos de Bogot\u00e1, abstenerse de inscribir la providencia de 19 de febrero de 2020. <\/p>\n
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1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
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1. El juzgado accionado se limit\u00f3 a relatar la actuaci\u00f3n desplegada, anexando el link para consultar el expediente digital. <\/p>\n
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2. La Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, se\u00f1al\u00f3 que el actual registro civil de nacimiento de la ni\u00f1a, Valentina, contin\u00faa teniendo validez y se encuentra disponible para cualquier modificaci\u00f3n. <\/p>\n
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3. El Defensor de Familia adscrito al tribunal consider\u00f3 que, en este caso, debe analizarse si <\/p>\n
\u201c(\u2026) existe una afectaci\u00f3n a los derechos fundamentales expuestos, o por el contrario las actuaciones procesales fueron realizadas conforme a la ley, a fin de tomar la decisi\u00f3n m\u00e1s adecuada para proteger el ordenamiento jur\u00eddico, y los derechos de la persona afectada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
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2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n al no encontrar acreditado el requisito de subsidiariedad, pues la accionante no present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Adem\u00e1s, atendiendo al precedente de esta Corporaci\u00f3n3, consider\u00f3 que, para conjurar la vulneraci\u00f3n alegada, la actora a\u00fan cuenta con la posibilidad de iniciar el proceso de declaraci\u00f3n de hijo(a) de crianza. <\/p>\n
Con todo, se\u00f1al\u00f3 que no existe irregularidad alguna por parte de las autoridades accionadas, porque, a la fecha, no existen modificaciones en el Registro Civil de Nacimiento de la ni\u00f1a, Valentina. <\/p>\n
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3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La impetr\u00f3 la actora, en un breve pero confuso escrito, del cual se extrae que insiste en la queja por la presunta violencia basada en g\u00e9nero a la cual fue sometida por parte del juzgado accionado al obligarla a \u201cdeclarar cosas que hab\u00eda aceptado sobre la procedencia biol\u00f3gica de la filiaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, recalc\u00f3 que su hija es \u201cv\u00edctima de un abuso de poder\u201d y fue expuesta a \u201ctratos crueles e inhumanos\u201d. <\/p>\n
Finalmente, a\u00f1adi\u00f3 que acudi\u00f3 a este amparo \u201cpara proteger la seguridad social de la menor y la misma solo se garantiza con sustituci\u00f3n pensional del progenitor de crianza y leg\u00edtimo esposo de la accionante\u201d (sic). <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
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Aunque la accionante no interpuso recurso de apelaci\u00f3n frente a la providencia censurada e, incluso, habr\u00eda tenido la oportunidad de acudir en casaci\u00f3n por tratarse de uno de los casos en donde no se requiere cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir, al versar sobre el estado civil4; situaci\u00f3n que, en principio, tornar\u00eda inviable el estudio de fondo de esta queja por inobservancia del presupuesto de subsidiariedad; no obstante, como la cuesti\u00f3n litigiosa envuelve una grave vulneraci\u00f3n a los derechos de la ni\u00f1a involucrada, al ser \u00e9sta sujeta de especial protecci\u00f3n, se excusar\u00e1 la omisi\u00f3n en el cumplimiento del mencionado requisito. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, ha de precisarse, si bien, conforme a la jurisprudencia de esta Sala, la acci\u00f3n de declaraci\u00f3n de hij(a) de crianza constituye un medio judicial id\u00f3neo para obtener el reconocimiento de tal calidad; atendiendo a los antecedentes particulares del sublite y por cuanto la sentencia aqu\u00ed cuestionada conlleva efectos que implican una patente afectaci\u00f3n a los derechos fundamentales de Valentina, en este caso espec\u00edfico, dicho proceso no representa un mecanismo eficaz para la defensa de los intereses de \u00e9sta; raz\u00f3n suficiente para abrir paso al examen constitucional del amparo. <\/p>\n
No debe olvidarse que, al respecto, la Corte Constitucional ha referido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En virtud de lo dispuesto por la carta del 91, no hay duda [de] que ‘el otro medio de defensa judicial’ a disposici\u00f3n de la persona que reclama ante los jueces la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acci\u00f3n de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protecci\u00f3n sea inmediata. No basta, pues, con la existencia en abstracto de otro medio de defensa judicial si su eficacia es inferior a la de la acci\u00f3n de tutela (\u2026)\u00bb.8 <\/p>\n
Y, puntualmente, en casos donde est\u00e1n implicados los intereses de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, recientemente, precis\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) No obstante, la Corte ha advertido que el estudio de la subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela no consiste en una mera verificaci\u00f3n formal de la existencia de otros mecanismos judiciales o administrativos. Por el contrario, le corresponde al juez constitucional analizar la situaci\u00f3n particular del accionante y los derechos cuya protecci\u00f3n se solicita, con el fin de comprobar si aquellos resultan eficaces para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales. Por ejemplo, en los asuntos que involucran derechos fundamentales de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, el an\u00e1lisis del cumplimiento del requisito de subsidiariedad es menos riguroso, debido al inter\u00e9s superior de los menores de edad, garantizado por el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
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2. La causa petendi <\/p>\n
La actora cuestiona la sentencia de 19 de febrero de 2020, por la cual se declar\u00f3 que su difunto esposo, Pablo, no era el padre biol\u00f3gico de su hija, Valentina, ordenando oficiar a la Notar\u00eda Cincuenta y Dos de Bogot\u00e1 para realizar las anotaciones respectivas en el registro civil de nacimiento de la ni\u00f1a. <\/p>\n
En criterio de la gestora, dicha determinaci\u00f3n es arbitraria porque desconoce la autonom\u00eda de la voluntad de Pablo al efectuar el acto de reconocimiento de Valentina, as\u00ed como la condici\u00f3n de hija de crianza de \u00e9sta. <\/p>\n
Revisada la decisi\u00f3n censurada, de entrada, se advierte la vulneraci\u00f3n alegada por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
3. El deber de los jueces de ponderar las posibles afectaciones a los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en las decisiones que les involucran <\/p>\n
Los procesos judiciales de impugnaci\u00f3n a la paternidad est\u00e1n dirigidos a establecer la filiaci\u00f3n de una persona, circunstancia que apareja la definici\u00f3n de su estado civil ante la familia y la sociedad. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la filiaci\u00f3n \u201c(\u2026) se encuentra vinculada al estado civil, y por ende constituye un atributo de la personalidad (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
Cuando en desarrollo de dichos decursos puedan verse afectados los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando se impugna la paternidad o la maternidad, no simplemente est\u00e1 en disputa la verdadera filiaci\u00f3n de una persona, sino todo lo que ello implica, como es el derecho al nombre y a una familia, as\u00ed como la efectiva protecci\u00f3n que ordena la Constituci\u00f3n para con los menores y para con la familia, como n\u00facleo esencial de la sociedad (\u2026)\u201d.7 <\/p>\n
En ese sentido, los jueces de familia deben ser especialmente cuidadosos al momento de adoptar decisiones que puedan generar afectaciones a las garant\u00edas fundamentales de los menores involucrados en este tipo de litigios, para lo cual deben efectuar un adecuado an\u00e1lisis de razonabilidad y proporcionalidad. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional precis\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los funcionarios judiciales deben ser especialmente diligentes y cuidadosos al resolver casos relativos a la garant\u00eda de los derechos fundamentales de un menor de edad. Eso, entre otras cosas, implica que no pueden adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro sus derechos, dado el impacto que las mismas pueden tener sobre su desarrollo, sobre todo si se trata de ni\u00f1os de temprana edad (\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c[L]as decisiones susceptibles de afectar a un menor de edad deben ajustarse a par\u00e1metros de razonabilidad y proporcionalidad (…) <\/p>\n
\u201cLo anterior da cuenta, en s\u00edntesis, de que la prevalencia del inter\u00e9s del menor en el marco de un proceso judicial se garantiza cuando la decisi\u00f3n que lo resuelve i) es coherente con las particularidades f\u00e1cticas debidamente acreditadas en el proceso y ii) considera los lineamientos que los tratados internacionales, las disposiciones constitucionales y legales relativas a la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as y la jurisprudencia han identificado como criterios jur\u00eddicos relevantes para establecer, frente a cada caso concreto, qu\u00e9 medidas resultan m\u00e1s convenientes, desde la \u00f3ptica de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, para asegurar el bienestar f\u00edsico, sicol\u00f3gico, intelectual y moral del menor (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no puede perderse de vista que el art\u00edculo 3-1 de la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) en todas las medidas concernientes a los ni\u00f1os que tomen las instituciones p\u00fablicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los \u00f3rganos legislativos, una consideraci\u00f3n primordial a que se atender\u00e1 ser\u00e1 el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Asimismo, la Ley 1098 de 2006 desarroll\u00f3 el mandato de trato prevalente incorporado por la Carta, al referir, en su art\u00edculo 9 <\/p>\n
\u201c(\u2026) en todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u201d, y consagrar la aplicaci\u00f3n de la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, en caso de conflicto entre dos disposiciones legales, administrativas o disciplinarias (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La Corte considera que, para la definici\u00f3n del pleito en cuesti\u00f3n, la funcionaria tutelada no tuvo en cuenta las posibles afectaciones a los derechos de la ni\u00f1a convocada al decurso, las cuales, en todo caso, debi\u00f3 ponderar, con independencia de la resoluci\u00f3n jur\u00eddica que hubiese adoptado. <\/p>\n
Sobre el deber de motivar adecuadamente las decisiones judiciales, esta Corporaci\u00f3n ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]ufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de [providencias] en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales. As\u00ed, en la sentencia de 22 de mayo de 2003, expediente No. 2003-0526, se increp\u00f3 al Tribunal por no \u2018fundar sus decisiones en razones y argumentaciones jur\u00eddicas que con rotundidad y precisi\u00f3n (\u2026)\u2019\u201d [resolvieran el caso bajo su conocimiento], \u201c(\u2026) lo propio ocurri\u00f3 en el fallo de 31 de enero de 2005, expediente 2004-00604, en que se recrimin\u00f3 al ad quem por no expresar las \u2018razones puntuales\u2019 equivalentes a una falta de motivaci\u00f3n; defecto que en el fallo de 7 de marzo de 2005 expediente 2004-00137, se describe como desatenci\u00f3n de \u2018la exigencia de motivar con precisi\u00f3n la providencia\u2019 (\u2026)\u201d9. <\/p>\n
Varios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de motivar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n del fallo y muestra la transparencia con que act\u00faan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional. <\/p>\n
El deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso. <\/p>\n
Frente a la tem\u00e1tica planteada, memor\u00f3 esta Sala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [Es] menester dejar sentado que la motivaci\u00f3n de las [providencias] constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir \u201cla funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
\u201c(\u2026) La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo (\u2026)\u201d10. <\/p>\n
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4. De la actuaci\u00f3n procesal cuestionada <\/p>\n
En la audiencia llevada a cabo el 19 de febrero de 2019, la juez accionada comenz\u00f3 puntualizando que, en los hechos narrados en la aludida demanda de impugnaci\u00f3n, se indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Que el se\u00f1or Pablo contrajo matrimonio civil con la se\u00f1ora Emilce Ariza Alarc\u00f3n el 13 de marzo del a\u00f1o 2009. Asimismo, que fecha antes de contraer ese [v\u00ednculo], (\u2026) se practic\u00f3 vasectom\u00eda para no engendrar hijos, hechos conocidos por familiares y amigos y a\u00fan por [Mar\u00eda]. Que, pese a lo anterior, el se\u00f1or [Pablo], padre de la demandante, registr\u00f3 como su hija a la menor [Valentina], el d\u00eda 3 de octubre de 2009, seg\u00fan da cuenta el registro civil de nacimiento aportado al plenario (\u2026)\u201d (minuto 5:50). <\/p>\n
Posteriormente, la juzgadora se refiri\u00f3 al t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil11 para que los herederos acudan oportunamente a promover la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n a la paternidad o maternidad, el cual, al estar fijado en d\u00edas, de conformidad con el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, vigente para la \u00e9poca de presentaci\u00f3n del libelo, no puede contabilizarse de corrido (minuto 17:00 y ss.). <\/p>\n
Conforme a lo antelado, la jueza desvirtu\u00f3 la excepci\u00f3n de caducidad planteada por la aqu\u00ed tutelante, se\u00f1alando que, contando los d\u00edas h\u00e1biles desde la fecha de fallecimiento de Pablo -18 de marzo de 2013- a la presentaci\u00f3n de la demanda -19 de septiembre de 2013- transcurrieron tan solo 121 d\u00edas. <\/p>\n
Enseguida, la funcionaria descart\u00f3 la configuraci\u00f3n de la prohibici\u00f3n legal contenida en el precitado canon 219, seg\u00fan la cual cesar\u00e1 para los herederos el derecho a impugnar la maternidad o paternidad del causante \u201c(\u2026) si el padre o la madre hubieren reconocido al hijo expresamente como suyo en su testamento o en otro instrumento p\u00fablico (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En criterio de la juez, si bien pod\u00eda colegirse que Pablo acudi\u00f3 de manera voluntaria a la Notar\u00eda Cincuenta y Dos de Bogot\u00e1 a registrar a Valentina como hija suya, a pesar de tener pleno conocimiento de que no era su padre biol\u00f3gico, pues, previamente al v\u00ednculo matrimonial con la tutelante, se hab\u00eda practicado el procedimiento de vasectom\u00eda; aceptar que dicho registro civil cercenaba el derecho de impugnaci\u00f3n de la all\u00ed demandante \u201c(\u2026) ser\u00eda tanto como concluir que todo reconocimiento ser\u00eda inimpugnable para terceros o herederos y ese no es el sentido de la norma (\u2026)\u201d (minuto 18:14) (\u00e9nfasis de la Sala). <\/p>\n
Para justificar su postura, la juzgadora accionada cit\u00f3 in extenso, el siguiente extracto de una sentencia del Sala de Familia del Tribunal de Bogot\u00e1, el cual dijo acompa\u00f1ar integralmente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Esta hip\u00f3tesis de resoluci\u00f3n de la aparente contradicci\u00f3n normativa o de los alcances del art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan la cual, el reconocimiento efectuado en la declaraci\u00f3n extrajuicio, que posteriormente se protocoliza en escritura p\u00fablica, consta en \u201cinstrumento p\u00fablico\u201d, por tanto, ser\u00eda indemne a cualquier reclamaci\u00f3n, as\u00ed no refleje la realidad biol\u00f3gica y jur\u00eddica de una persona, no s\u00f3lo da al traste con la figura de la impugnaci\u00f3n dejando sin el menor efecto \u00fatil de las normas que autorizan el ejercicio de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n, sino que, adem\u00e1s, patrocina eventuales falsedades contenidas en tales declaraciones; luego, ese no puede ser el sentido de la norma, pues, si bien es cierto, el reconocimiento del hijo es un acto voluntario, el sujeto pasivo de esa manifestaci\u00f3n solemne, debe ser el hijo, o aquel a quien de buena fe se cree hijo. <\/p>\n
\u201cCosa distinta es que mediante el procedimiento de la adopci\u00f3n se constituya un v\u00ednculo jur\u00eddico parental entre quienes realmente no son padre, madre e hijo, puesto que tal estado civil se constituye sobre la premisa central de que el hijo adoptivo no lo es biol\u00f3gicamente, y cosa distinta, tambi\u00e9n, que un estado civil, que no corresponda con la realidad, permanezca en el ordenamiento jur\u00eddico por efecto de la caducidad. Lo que no es aceptable como interpretaci\u00f3n, es que el ordenamiento jur\u00eddico consagre acciones que nacen muertas, o caducadas como se se\u00f1ala en la sentencia anticipada, o que el ordenamiento jur\u00eddico autorice falsedades en las declaraciones del estado civil (\u2026)\u201d12. <\/p>\n
Subsiguientemente, la funcionaria concluy\u00f3 que, al haber sido recaudada la prueba de ADN, previa exhumaci\u00f3n del cad\u00e1ver de Pablo, con observancia de los requisitos establecidos en la Ley 721 de 2001, y sin que las partes formularan ning\u00fan reparo respecto a la misma, la exclusi\u00f3n de paternidad concluida en dicha probanza era suficiente para remover la presunci\u00f3n descrita en el art\u00edculo 213 del C\u00f3digo Civil13 (minuto 23:20). <\/p>\n
Finalmente, frente al cuestionamiento de la aqu\u00ed gestora por el inter\u00e9s meramente econ\u00f3mico de la parte demandante al incoar la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n, la jueza indic\u00f3 que, al respecto, la doctrina y la jurisprudencia nacional14 han se\u00f1alado c\u00f3mo, en esta clase de asuntos, cuando la acci\u00f3n es incoada por herederos, el m\u00f3vil es generalmente material o econ\u00f3mico y no puede serlo meramente moral o familiar, o basarse, simplemente, en la necesidad de darle certeza a una relaci\u00f3n jur\u00eddica. Con todo, refiri\u00f3 que ese inter\u00e9s econ\u00f3mico, en manera alguna, desvirt\u00faa la causal de impugnaci\u00f3n a la paternidad invocada (minuto 25:18). <\/p>\n
En consecuencia, la juez confutada declar\u00f3 que Valentina no era hija biol\u00f3gica de Pablo y orden\u00f3 oficiar a la Notar\u00eda Cincuenta y Dos de Bogot\u00e1 para registrar la decisi\u00f3n en menci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Impugnaci\u00f3n a la paternidad por parte de los herederos <\/p>\n
La providencia antes examinada alude, espec\u00edficamente, a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil, modificado por el art\u00edculo 7 de la Ley 1060 de 2006, cuyo alcance interpretativo ha sido ampliamente estudiado por la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
El mencionado precepto, establece: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art\u00edculo 219. Impugnaci\u00f3n por herederos. Los herederos podr\u00e1n impugnar la paternidad o la maternidad desde el momento en que conocieron del fallecimiento del padre o la madre o con posterioridad a \u00e9sta; o desde el momento en que conocieron del nacimiento del hijo, de lo contrario el t\u00e9rmino para impugnar ser\u00e1 de 140 d\u00edas. Pero cesar\u00e1 este derecho si el padre o la madre hubieren reconocido expresamente al hijo como suyo en su testamento o en otro instrumento p\u00fablico (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Son tres los t\u00f3picos referidos en el canon citado que fueron abordados en la sentencia censurada para dar soluci\u00f3n a la controversia planteada: (i) el inter\u00e9s para obrar por parte de los herederos en los procesos de impugnaci\u00f3n a la paternidad; (ii) el t\u00e9rmino de caducidad de dicha acci\u00f3n, y (iii) la prohibici\u00f3n legal de acudir a la jurisdicci\u00f3n cuando medie reconocimiento del padre o madre al(a) hijo(a) a trav\u00e9s de testamento u otro instrumento p\u00fablico; todos los cuales se estudiar\u00e1n a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Inter\u00e9s jur\u00eddico para obrar de los herederos en los procesos de impugnaci\u00f3n a la paternidad <\/p>\n
El art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil, antes transcrito, espec\u00edficamente alude al inter\u00e9s jur\u00eddico de los herederos para impugnar la paternidad o maternidad del causante. En este caso, la causa que motiva la necesidad de demandar es concreta, cual es obtener la declaratoria de inexistencia de una relaci\u00f3n filial15. <\/p>\n
Lo antelado, en aras de alcanzar un beneficio econ\u00f3mico o moral. Al respecto, el tratadista Devis Echand\u00eda ha referido: \u201c(\u2026) Ese inter\u00e9s generalmente ser\u00e1 material y econ\u00f3mico, pero puede serlo simplemente moral o familiar, o consistir en la necesidad de darle certeza a una relaci\u00f3n o situaci\u00f3n jur\u00eddicas (\u2026)\u201d16. <\/p>\n
Puntualmente, sobre el inter\u00e9s jur\u00eddico para obrar de los herederos en los procesos de impugnaci\u00f3n a la paternidad, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En ese orden, el inter\u00e9s jur\u00eddico para obrar del demandante deriva del beneficio o utilidad que pueda reportarle la sentencia de m\u00e9rito, ventaja que puede ser solo moral como en el caso del ascendiente que no tiene parte en la sucesi\u00f3n del progenitor presunto, o material si le representar\u00e1 un eventual incremento en su patrimonio, y aquel estar\u00e1 legitimado en la causa si existe identidad entre \u00e9l y \u00abla persona a la cual la ley concede la acci\u00f3n\u00bb (G.J. CCXXXVII, v1, n.\u00b0 2476, p\u00e1g. 486; G.J. LXXXI, n.\u00b0 2157-2158, p\u00e1g. 48\u201d). <\/p>\n
\u201cPor eso, fallecido el presunto padre, sus herederos tienen inter\u00e9s jur\u00eddico para obrar de contenido moral y econ\u00f3mico en que se declare que quien pasa por hijo del causante realmente no lo es, en raz\u00f3n de la ausencia de v\u00ednculo biol\u00f3gico entre aquel y este, pero tambi\u00e9n tienen un inter\u00e9s jur\u00eddico para obrar quienes adquieren los derechos econ\u00f3micos que en la sucesi\u00f3n del causante les puedan corresponder a los primeros\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEse inter\u00e9s que tiene las caracter\u00edsticas de ser subjetivo, concreto, serio y actual deriva de que la existencia de otro heredero de igual o mejor derecho que el de ellos, puede perjudicar el derecho patrimonial que adquirieron, y adem\u00e1s de ello, esos cesionarios est\u00e1n legitimados en la causa porque respecto suyo el legislador ha facultado el ejercicio de la acci\u00f3n (\u2026)\u201d17. <\/p>\n
Con base en lo antelado, la providencia cuestionada se observa ajustada a derecho, pues no existe duda del inter\u00e9s jur\u00eddico para obrar que le asiste a Cecilia, como descendiente biol\u00f3gica del causante, para impugnar la paternidad de \u00e9ste respecto de la menor involucrada; sin que haya lugar a cuestionar el beneficio moral o econ\u00f3mico perseguido por aqu\u00e9lla con la declaratoria de inexistencia de esa relaci\u00f3n filial. <\/p>\n
<\/p>\n
2. T\u00e9rmino de caducidad de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n a la paternidad <\/p>\n
El art\u00edculo 219 \u00eddem, dispone que los herederos podr\u00e1n impugnar la paternidad o la maternidad del causante desde el momento en que conocieron: (i) del fallecimiento del padre o la madre o con posterioridad a \u00e9ste, o (ii) del nacimiento del(a) hijo(a), de lo contrario, el t\u00e9rmino para impugnar ser\u00e1 de 140 d\u00edas. <\/p>\n
Ahora, al tratarse de un t\u00e9rmino fijado en d\u00edas, de conformidad con el inciso final del art\u00edculo 118 del C\u00f3digo General del Proceso, para su c\u00f3mputo, \u201cno se tomar\u00e1 la vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado\u201d18, de donde resulta acertado contabilizar \u00fanicamente los d\u00edas h\u00e1biles. <\/p>\n
Conforme a lo antelado, se colegir\u00eda el acierto de la juzgadora al descartar la excepci\u00f3n de caducidad alegada por la tutelante, tras advertir que, Cecilia, descendiente biol\u00f3gica del causante, acudi\u00f3 tempestivamente a la jurisdicci\u00f3n para hacer valer sus pretensiones, pues formul\u00f3 el libelo de impugnaci\u00f3n a la paternidad, el 19 de septiembre de 2013, esto es, transcurridos, apenas, 121 d\u00edas h\u00e1biles desde el deceso de su padre, el 18 de marzo de 2013. <\/p>\n
Sin embargo, como pasa a exponerse, el derecho de la heredera para atacar la relaci\u00f3n filial entre su padre y la ni\u00f1a demandada se hab\u00eda extinguido desde el 3 de noviembre de 2009, data cuando aqu\u00e9l acudi\u00f3 voluntariamente a la Notar\u00eda Cincuenta y Dos de Bogot\u00e1 reconocerla como su hija, en el registro civil de nacimiento. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Extinci\u00f3n del derecho de impugnaci\u00f3n para los herederos <\/p>\n
Sobre el alcance interpretativo del art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil citado ut supra, recientemente, esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Independientemente de las deficiencias que pudieran encontrarse en el referido precepto, es absolutamente claro que \u00e9l, como regla de principio, confiri\u00f3 a los herederos de quien figura como padre o madre de una persona que en verdad no es su hijo, el derecho de impugnar la paternidad o la maternidad de esta \u00faltima (primera parte del inciso 1\u00ba); y que, como excepci\u00f3n a ese lineamiento general, previ\u00f3 la extinci\u00f3n de tal derecho, cuando el respectivo progenitor \u201chubiere(\u2026) reconocido expresamente al hijo como suyo en su testamento o en otro instrumento p\u00fablico\u201d (segunda parte del mismo inciso). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los dos comentados aspectos, por consiguiente, opera el mandato del art\u00edculo 27 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan el cual, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d (\u2026)\u201d19. <\/p>\n
Bajo dicha tesitura, del sentido literal de la norma en comento, se extrae, inequ\u00edvocamente, la prohibici\u00f3n legal a los herederos de acudir a la jurisdicci\u00f3n a demandar la impugnaci\u00f3n a la paternidad en el evento en que medie reconocimiento del padre o la madre al(a) hijo(a) a trav\u00e9s de testamento u otro instrumento p\u00fablico. <\/p>\n
De manera que, conforme a dicho precepto, no basta con la legitimaci\u00f3n en la causa y el inter\u00e9s jur\u00eddico para obrar por parte del(a) hereder(a), aunado a la exigencia de acudir a la jurisdicci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino all\u00ed estipulado, pues otro <\/p>\n
\u201c(\u2026) Requisito adicional para que los terceros puedan impugnar la paternidad es que el marido o el compa\u00f1ero permanente no haya reconocido al hijo como suyo de manera expresa en un testamento, o en otro instrumento p\u00fablico\u201d. <\/p>\n
\u201cEsa prohibici\u00f3n legal encuentra sustento en el deseo del legislador de respetar siempre la voluntad el esposo o del compa\u00f1ero, la cual no puede ser desconocida por otras personas, pues ese reconocimiento realizado por el padre comporta una renuncia al derecho de impugnaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, realizado ese reconocimiento expreso del hijo, por parte del presunto padre, no ser\u00eda natural que otros sujetos desconocieran esa paternidad, pues nadie est\u00e1 en mejor situaci\u00f3n que el marido o el compa\u00f1ero permanente para saber que el hijo alumbrado por su esposa o compa\u00f1era permanente, es realmente suyo (\u2026)\u201d20. <\/p>\n
En la citada providencia, la Corte mantuvo el criterio que, sobre el particular, ha adoptado desde 1978: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En punto de filiaci\u00f3n legitima -destac\u00f3 la Corte- resultan l\u00f3gicas las salvedades consignadas en el art\u00edculo 219, pues, si, en principio, los hijos concebidos por mujer casada rep\u00fatase que son leg\u00edtimos y que tienen por padre al marido de esta, no obstante esa legitimidad presunta puede ser impugnada por el marido mismo mientras viva (\u2026); pero si el marido muere (\u2026), podr\u00e1n impugnar la legitimidad presunta sus herederos y toda persona a quien la pretendida legitimidad del hijo irrogare perjuicio actual, menos cuando el padre, por acto testamentario o mediante otro instrumento p\u00fablico, hubiere reconocido al hijo como suyo. En esta \u00faltima circunstancia el legislador no da trascendencia al hecho de que a\u00fan no se haya extinguido el t\u00e9rmino que concede al marido para atacar la legitimidad presunta de su hijo, precisamente porque el reconocimiento expreso del padre entra\u00f1a o comporta renuncia al derecho de impugnaci\u00f3n, derecho que, en la familia legitima, mira a su propio inter\u00e9s. <\/p>\n
\u201cLa presunci\u00f3n legal de legitimidad que cobija al hijo concebido durante el matrimonio de sus padres y que tiene como fundamento otra presunci\u00f3n: la de fidelidad de las mujeres casadas, toma fuerza tal con el reconocimiento del hijo, en la hip\u00f3tesis estudiada, que se hace inexpugnable frente a los herederos del marido, aunque \u00e9ste haya fallecido sin fenecer el plazo que le otorga la ley para impugnar la pretendida legitimidad. Si el marido, pues, en cambio de ejercer el derecho de impugnaci\u00f3n, por medio del reconocimiento reafirma esa paternidad, acept\u00e1ndola as\u00ed claramente, tal circunstancia cierra definitivamente a sus herederos la posibilidad de entrar a discutir el hecho de la paternidad legitima que est\u00e1 indisolublemente unido a la maternidad legitima21 (\u00e9nfasis adrede). <\/p>\n
De la doctrina jurisprudencial antes citada, se vislumbra el defecto sustantivo en el cual incurri\u00f3 la juzgadora accionada, por desconocimiento del precedente vertical, pues los antecedentes f\u00e1cticos acreditados en el decurso daban cuenta de la voluntad de Pablo, al efectuar el reconocimiento de la menor, Valentina, a sabiendas de que no era su descendiente biol\u00f3gica. <\/p>\n
N\u00f3tese, de las pruebas aqu\u00ed allegadas se advierte que, Pablo contrajo matrimonio civil con Emilce Ariza Alarc\u00f3n \u2013 aqu\u00ed tutelante- el 13 de marzo del a\u00f1o 2001. <\/p>\n
Tanto la heredera demandante en el subj\u00fadice como la aqu\u00ed gestora admitieron que antes de contraer dicho v\u00ednculo, Pablo se practic\u00f3 el procedimiento de vasectom\u00eda y, posteriormente, la prueba de espermograma, de donde se colige, \u00e9ste ten\u00eda pleno conocimiento acerca de su imposibilidad para engendrar hijos. <\/p>\n
Pese a ese convencimiento, Pablo, reconoci\u00f3 como su hija a la menor, Valentina, al d\u00eda siguiente de su nacimiento, esto es, el d\u00eda 3 de octubre de 2009, tal como consta en el registro civil obrante en el plenario. <\/p>\n
No obstante, aun cuando en la sentencia cuestionada la juez reconoci\u00f3 el valor del registro civil de nacimiento como un instrumento p\u00fablico, se\u00f1al\u00f3 que dicho acto de reconocimiento no extingu\u00eda el derecho de la heredera de impugnar la relaci\u00f3n filial en cuesti\u00f3n; criterio que, tal como se anot\u00f3, desconoce la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, si bien la juez convocada fundament\u00f3 su interpretaci\u00f3n particular sobre el sentido del art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil en una providencia de la Sala de Familia Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al respecto, ha de precisarse que, si bien la Corte no desestima la importante funci\u00f3n de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia adelantada por los tribunales en sus respectivos distritos judiciales, en pro de garantizar el derecho a la igualdad entre los ciudadanos y la seguridad jur\u00eddica; ello no es \u00f3bice para que los funcionarios judiciales desconozcan la doctrina jurisprudencial de esta Corporaci\u00f3n como m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
En efecto, la juez accionada no pod\u00eda soslayar las providencias en las cuales esta Sala ha estudiado el alcance interpretativo del precepto en cuesti\u00f3n. Cuando menos, debi\u00f3 referir esos precedentes, argumentando las razones por las cuales consideraba que, para el caso bajo estudio, le era dable apartarse de los mismos; empero no lo hizo, raz\u00f3n suficiente para acceder a la concesi\u00f3n del amparo. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Dado que la Corte Suprema de Justicia se encuentra en el v\u00e9rtice de la justicia ordinaria, imponen un precedente vertical del cual los jueces pueden apartarse, siempre y cuando se expongan razones poderosas. Tales razones no pueden apoyarse en meras reflexiones individuales del fallador, sino que tienen que ser el resultado de un an\u00e1lisis y reflexi\u00f3n sobre los argumentos expuestos por la Corte Suprema de Justicia. Ello demanda (i) que expresamente se considere el criterio de la Corte Suprema y (ii) que se ofrezcan razones para separarse del precedente, que pueden ser: (a) que se establezca que la ratio no se aplica al caso concreto, por existir elementos relevantes en el caso que obligan a distinguir; (b) que la Corte Suprema no haya considerado elementos normativos relevantes, que alteran la admisibilidad del precedente; (c) que desarrollos dogm\u00e1ticos posteriores al pronunciamiento del tribunal de Casaci\u00f3n, basados en la discusi\u00f3n con tal decisi\u00f3n, lleven a la convicci\u00f3n de que es posible adoptar una postura que mejor responde a la instituci\u00f3n jur\u00eddica; (d) que tribunales superiores, como la Corte Constitucional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se hayan pronunciado de manera contraria a la postura de la Corte Suprema de Justicia; o (e) que sobrevengan cambios normativos que tornen incompatible con el ordenamiento jur\u00eddico, el precedente (\u2026)\u201d22. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, aunque le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n inmiscuirse en las actuaciones adelantadas por los jueces dentro del marco de sus competencias, por cuanto ello ir\u00eda en desmedro de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, esta Corte ha sostenido, en casos como el presente, que \u201c(\u2026) estando en juego derechos fundamentales de quienes merecen protecci\u00f3n reforzada, por la necesidad de resguardo que de los mismos se requiera para restablecerlos, sin duda, bien puede, excepcionalmente y por razones supremas, posibilitar[se] la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tales \u00e1mbitos (\u2026)\u201d23. <\/p>\n
Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196924, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d25, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio26. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia27, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales28; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas29. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. Finalmente, en torno a la queja de la actora referente a la presunta violencia de g\u00e9nero a la cual fue sometida por supuestamente ser obligada a \u201cdeclarar cosas que hab\u00eda aceptado sobre la procedencia biol\u00f3gica de la filiaci\u00f3n\u201d; aun cuando aqu\u00e9lla no refiri\u00f3 ninguna circunstancia de modo, tiempo o lugar acerca de la ocurrencia de dicha vulneraci\u00f3n, revisada la actuaci\u00f3n judicial desplegada por la funcionaria convocada desde el momento en el cual asumi\u00f3 el conocimiento del asunto, no se observa ning\u00fan tratamiento discriminatorio o basado en estereotipos de g\u00e9nero que justificara la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
8. Por lo discurrido, se revocar\u00e1 la providencia examinada y, en su lugar, se conceder\u00e1 el amparo incoado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la providencia de fecha y procedencia anotada. <\/p>\n
En consecuencia, se CONCEDE el amparo incoado y, en su lugar, se ordena al estrado accionado que, en el t\u00e9rmino de 48 horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, deje sin efecto la decisi\u00f3n emitida el 19 de febrero de 2020 y, en su lugar, emita un nuevo pronunciamiento, atendiendo a las consideraciones aqu\u00ed expuestas. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1 Antes de entrar al estudio de fondo del asunto, esta Sala considera necesario tomar oficiosamente medidas para proteger la intimidad de los ni\u00f1os en pro de quienes se inco\u00f3 esta acci\u00f3n, de manera que ser\u00e1n elaborados dos textos de esta sentencia, de id\u00e9ntico tenor, solo que, en uno de ellos, el cual ser\u00e1 divulgado y consultado libremente, ser\u00e1n cambiados sus nombres y cualquier otro dato que pudiere conducir a la identificaci\u00f3n. <\/p>\n
2 En aquel entonces, Juzgado Octavo de Familia de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1. <\/p>\n
3 CSJ, STC5594-2020 de 14 de agosto de 2020. <\/p>\n
4 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 338. Cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir. (\u2026) Se excluye la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil (\u2026)\u201d. <\/p>\n
8 Corte Constitucional, Sentencia T- 414 de 1992. <\/p>\n
5 Corte Constitucional, Sentencia T-091 de 2018. <\/p>\n
6 Corte Constitucional, Sentencia C-109 de 1995. <\/p>\n
7 CSJ SC, 28 feb. 2013, rad. 2006-00537-01. <\/p>\n
8 Corte Constitucional, Sentencia T-261 de 2013. <\/p>\n
9 CSJ. STC 28 de marzo de 2008, exp. 2008-00384-00; v\u00e9anse igualmente el fallo de de 16 de febrero de 2011, exp. 2010-00445-01, entre otros. <\/p>\n
10 CSJ. Civil. 22 de mayo de 2003, Rad. 00526-01, invocada el 10 de agosto de 2011, Rad. 00168-02. <\/p>\n
11 \u201c(\u2026) Los herederos podr\u00e1n impugnar la paternidad o la maternidad desde el momento en que conocieron del fallecimiento del padre o la madre o con posterioridad a esta; o desde el momento en que conocieron del nacimiento del hijo, de lo contrario el t\u00e9rmino para impugnar ser\u00e1 de 140 d\u00edas. Pero cesar\u00e1 este derecho si el padre o la madre hubieren reconocido expresamente al hijo como suyo en su testamento o en otro instrumento p\u00fablico (\u2026)\u201d (\u00e9nfasis fuera de texto). <\/p>\n
12 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D. C., Sala de Familia, Sentencia de 3 de septiembre 2014, Rad. n\u00b0. 11001-31-10-014-2013-01044-01. <\/p>\n
13 \u201c(\u2026) Articulo 213. Presunci\u00f3n de Legitimidad. El hijo concebido durante el matrimonio o durante la uni\u00f3n marital de hecho tiene por padres a los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes, salvo que se pruebe lo contrario en un proceso de investigaci\u00f3n o de impugnaci\u00f3n de paternidad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
14 Sin hacer alusi\u00f3n a ning\u00fan precedente o fuente en particular. <\/p>\n
15 Lafont Pianeta, Pedro. \u201cDerecho de Familia. Derecho marital-filial-funcional derechos sexuales y reproductivos\u201d, Tomo II. Bogot\u00e1: Librer\u00eda Ediciones del Profesional LTDA, Quinta edici\u00f3n, 2013. p, 369. <\/p>\n
16 Devis Echand\u00eda, Hernando. \u201cTratado de derecho procesal civil\u201d, Tomo III, Bogot\u00e1: Editorial Temis, 1961, p\u00e1g. 479. <\/p>\n
17 CSJ, SC16279-2016, Sentencia de 11 de noviembre de 2016. <\/p>\n
18 En igual sentido se hallaba redactado el art\u00edculo 12 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, vigente para aquella \u00e9poca. <\/p>\n
19 CSJ, SC4279-2020, Sentencia de 30 de noviembre de 2020. <\/p>\n
20 CSJ, SC16279-2016, Sentencia de 11 de noviembre de 2016. <\/p>\n
21 CSJ SC, 22 Septiembre de 1978. <\/p>\n
22 Corte Constitucional, Sentencia T-688 de 2003. <\/p>\n
23 CSJ. STC de 9 de septiembre de 2014, exp. 17001-22-13-000-2014-00225-01. <\/p>\n
24 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
26 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
27 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
28 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
29 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1509-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1509-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2020-00728-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53583","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53583","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53583"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53583\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53583"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53583"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53583"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}