STC1512-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1512-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 17001-22-13-000-2021-00005-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 26 de enero de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en la tutela que Jaime Alberto Miranda Arroyo le instaur\u00f3 al Juzgado Tercero de Familia de Manizales, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo n\u00b0 2019-00066. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abm\u00ednimo vital\u00bb, \u00abdefensa\u00bb y \u00abdignidad\u00bb para que, en consecuencia: i) Se \u00abdecrete la nulidad de la audiencia y del fallo proferido\u00bb el 15 de diciembre de 2020 y, en tal virtud, se celebre una nueva en la que se analicen todas las pruebas aportadas, se le permita solicitar la invalidaci\u00f3n del litigio y se asigne el mismo a otro Despacho, y ii) Se dejen sin valor ni efecto las medidas cautelares decretadas en su contra. <\/p>\n
En sustento de sus rogativas se\u00f1al\u00f3 que el estrado accionado en el proceso de alimentos de mayor de edad que le interpuso Gloria Amparo Echeverri Giraldo (rad. 2019-00066), admiti\u00f3 el libelo, embarg\u00f3 el 30% de su mesada pensional y restringi\u00f3 su salida del pa\u00eds (27 mar. 2019); providencia que, en su entender, no le fue notificada en debida forma. <\/p>\n
Que, en raz\u00f3n de los descuentos efectuados de su asignaci\u00f3n pensional, conoci\u00f3 del juicio (may. 2019), en el que radic\u00f3 varios memoriales en los que evidenci\u00f3 el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, as\u00ed como la inobservancia de los deberes maritales por parte de Echeverry Giraldo, anexados sin ning\u00fan tr\u00e1mite por encontrarse suspendida la causa en atenci\u00f3n a la interdicci\u00f3n que por discapacidad mental absoluta se adelantaba a su favor (rad. 2019-00059), en el que se levant\u00f3 la medida provisional de interdicci\u00f3n (18 jun.). No obstante, el Despacho convocado se neg\u00f3 a enterarlo formalmente y a facilitarle el expediente. <\/p>\n
Que ante la expedici\u00f3n de la Ley 1996 de 2019 se \u00absuspendi\u00f3 la interdicci\u00f3n\u00bb y se reanud\u00f3 el proceso de alimentos (9 oct.), en el que se \u00able notific\u00f3 por conducta concluyente\u00bb y se corri\u00f3 traslado de la demanda (22 oct. 2019), que se tuvo por no contestada (13 nov. 2019), a pesar de los escritos y pruebas que adujo para desvirtuarla. <\/p>\n
Que el juzgador censurado accedi\u00f3 al amparo de pobreza que requiri\u00f3, pero debido a la \u00absuspensi\u00f3n de t\u00e9rminos\u00bb decretada con ocasi\u00f3n de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid 19, solo accedi\u00f3 al dossier cinco d\u00edas antes que se llevara a cabo la vista p\u00fablica en la que fue condenado a suministrar a su esposa una cuota alimentaria correspondiente al 25% de su mesada pensional y prestaciones adicionales (15 dic. 2020). <\/p>\n
Finalmente, asever\u00f3 que en tal diligencia su apoderado \u00abpretendi\u00f3 solicitar la nulidad de todo lo actuado\u00bb, pero fue ignorado por el juez, quien al emitir sentencia desconoci\u00f3 el material suasorio que \u00abdesvirtuaba las pretensiones de la demanda\u00bb, y tambi\u00e9n, pas\u00f3 por alto que Glor\u00eda Amparo \u00abno est\u00e1 impedida para laborar\u00bb, no padec\u00eda enfermedades graves ni carec\u00eda de recursos econ\u00f3micos para suplir su m\u00ednimo vital, pues es enfermera profesional y vende productos de belleza. <\/p>\n
2.- El Juzgado Tercero de Familia de Manizales defendi\u00f3 la legalidad del rito surtido y precis\u00f3 que Miranda Arroyo inco\u00f3 otra \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb en busca del \u00ablevantamiento de las medidas cautelares\u00bb, pero fue denegada por ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Gloria Amparo Echeverri Giraldo se opuso al auxilio por cuanto no se han trasgredido las garant\u00edas iusfundamentales del precursor. <\/p>\n
La Defensor\u00eda de Familia adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar adujo falta de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
3. El Tribunal de Manizales desestim\u00f3 el ruego porque: a) En la audiencia de 15 de diciembre de 2020 Jaime Alberto no pidi\u00f3 la \u00abnulidad de todo lo actuado con fundamento en la indebida notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda\u00bb, oportunidad procesal que no puede ser revivida a trav\u00e9s de esta especial v\u00eda, b) La condena impuesta en su contra se sustent\u00f3 en la valoraci\u00f3n de la totalidad de las pruebas recaudadas que permitieron establecer \u00abla existencia de la obligaci\u00f3n\u00bb (matrimonio celebrado en el a\u00f1o 2017 y uni\u00f3n marital constituida hace m\u00e1s de 30 a\u00f1os), \u00abla necesidad de la esposa\u00bb (quien actualmente no ejerce como enfermera), \u00aby la constante capacidad del esposo\u00bb, y c) Lo concerniente al \u00ablevantamiento de las medidas cautelares\u00bb ya fue zanjado por la jurisdicci\u00f3n constitucional (16 sep. 2020). <\/p>\n
4. Recurri\u00f3 el quejoso resaltando, en concreto, que su esposa lo abandon\u00f3 en octubre de 2019 y no convivieron m\u00e1s de 30 a\u00f1os, sino 8 y 4 meses, y que elementos de convicci\u00f3n obrantes en el plenario fueron ignorados por el administrador de justicia al dictar veredicto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Revisado el paginario, pronto se observa la improcedencia del resguardo, por cuanto el actor pudo reclamar al Juzgado Tercero de Familia de Manizales la \u00abnulidad\u00bb del pleito de alimentos n\u00ba 2019-00066 antes de dictar el fallo correspondiente (15 dic. 2020), conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 134 del C.G. del P., si es que estimaba que se hab\u00eda incurrido en la causal 8\u00aa del art\u00edculo 133 ib\u00eddem, que prescribe que el proceso ser\u00e1 nulo \u00abCuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas (\u2026)\u00bb; herramienta que resultaba id\u00f3nea para conjurar el supuesto agravio, pero que sin justificaci\u00f3n alguna soslay\u00f3, sin que ahora pueda \u00abrevalidarla\u00bb por medio de este camino extraordinario. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ante el desaprovechamiento de dicho mecanismo, el impulsor debe soportar las consecuencias adversas que tal omisi\u00f3n conlleva, ya que contrario a lo que afirma, no se advierte en la \u00abaudiencia\u00bb de 15 de diciembre de 2020, su abogado haya \u00abintentado\u00bb formular dicha petici\u00f3n y, menos, que el fallador le hubiera impedido hacerlo y, por ello, no puede servirse v\u00e1lidamente de esta v\u00eda para superar la incuria, apat\u00eda o desatenci\u00f3n en la que incurri\u00f3, al paso que \u00aben su oportunidad\u00bb debi\u00f3 hacer valer lo atributos b\u00e1sicos cuyo desmedro hoy esgrime. <\/p>\n
Frente al referido t\u00f3pico, esta Sala ha sostenido que <\/p>\n
\u201c(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria\u201d, (STC6663-2018, STC6916-2020, STC8634-2020 y STC9350-2020). <\/p>\n
2.- Ahora, se avizora que la sentencia proferida por el Juzgado cuestionado (15 dic. 2020), no luce antojadiza, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del infolio, en raz\u00f3n a que valor\u00f3 \u00abrazonablemente\u00bb las pruebas en que sustent\u00f3 la decisi\u00f3n de declarar que el accionante estaba obligado a pasar alimentos a su esposa y fijar a favor de \u00e9sta y a cargo de aqu\u00e9l, a partir de esa fecha, \u00abuna cuota alimentaria definitiva equivalente al (\u2026) (25%) de todos los ingresos que \u00e9l recibe por la pensi\u00f3n que percibe por parte de COLPENSIONES, comprendiendo las mesadas mensuales y las adicionales de junio y diciembre de cada a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
Fue as\u00ed, que concluy\u00f3 que Gloria Amparo Echeverri Giraldo ten\u00eda \u00abderecho a reclamar alimentos\u00bb a su c\u00f3nyuge Jaime Alberto Miranda Arroyo (tutelante), y \u00e9ste se encontraba obligado a suministr\u00e1rselos, comoquiera que \u00abhasta el momento no se hab\u00eda[n] divorciado ni separado de cuerpos legalmente\u00bb y, por ende, no hab\u00edan \u00abdefinido quien ser\u00eda el c\u00f3nyuge culpable de la separaci\u00f3n\u00bb; aspecto que no era objeto de discusi\u00f3n en dicha Litis. <\/p>\n
En efecto, determin\u00f3 que los extremos procesales estaban \u00ablegitimados en la causa\u00bb tal y como lo acreditaba el \u00abregistro civil de matrimonio\u00bb, luego de lo cual se\u00f1al\u00f3 que de conformidad con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil, se deb\u00edan alimentos al c\u00f3nyuge \u00abpor toda su vida mientras contin\u00faen las circunstancias que legitimaron la demanda, como lo complementa el art\u00edculo 422 ib\u00eddem, y mientras no sea declarado c\u00f3nyuge culpable en proceso de divorcio, o separaci\u00f3n de cuerpos y de bienes\u00bb, de acuerdo con lo normado en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 411 \u00eddem. <\/p>\n
Acto seguido, invoc\u00f3 el art\u00edculo 419 ejusdem que consagra: \u00abEn la tasaci\u00f3n de los alimentos se deber\u00e1n tomar siempre en consideraci\u00f3n las facultades del deudor y sus circunstancias dom\u00e9sticas\u00bb, y trajo a colaci\u00f3n el art\u00edculo 420 ib. que prev\u00e9: \u00abLos alimentos congruos o necesarios no se deben sino en la parte en que los medios de subsistencia del alimentario no le alcancen para subsistir de un modo correspondiente a su posici\u00f3n social o para sustentar la vida\u00bb. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo narrado, concluy\u00f3, con base en el material demostrativo, que la demandante necesitaba los alimentos que exig\u00eda a su c\u00f3nyuge, por cuanto: <\/p>\n
\u00abno tiene fuente de ingresos, en la casa donde vive est\u00e1 pagando arriendo, por los alimentos provisionales decretados en este proceso est\u00e1 recibiendo $907.020, que ella no posee bienes, padece de c\u00e1ncer de colon, le hicieron cirug\u00edas y est\u00e1 en tratamientos, puede tener c\u00e1ncer de tiroides que est\u00e1 en estudio, tambi\u00e9n esta siendo tratada por psiquiatr\u00eda, no se ha tramitado proceso de divorcio entre ellos, la demandante dice que se gasta $1.000.000 en alimentos, sus gastos de vivienda y recreaci\u00f3n mensuales son de $2.000.000, los gasta en lo que ella manifest\u00f3, ella no tiene pensi\u00f3n de vejez, no vende productos de belleza, no ejerce actividad econ\u00f3mica, a la seguridad social la tiene afiliada Jaime Alberto Miranda. <\/p>\n
El demandado Jaime Alberto Miranda manifest\u00f3 tener 77 a\u00f1os de edad, detentar el estado civil de casado con la demandante, (\u2026) vive solo, que no tiene ninguna actividad porque ha venido muy enfermo con pandemias e isquemias cerebrales y otros problemas de salud, sus costos de sostenimiento los cubre con lo que le entregan de la pensi\u00f3n, mucho lo gasta en medicamentos, pago de especialistas, pago de ex\u00e1menes, promedios mensual es variable, pero lo que m\u00e1s le cuesta, los medicamentos $800.000, mercado $400.000 o $600.000, copagos, le colabora poco una hija que vive en Estados Unidos, donde vive no paga arrendamiento, la casa es de su propiedad, la \u00fanica persona que ha cobrado arrendamientos de \u00e9l es la se\u00f1ora Gloria Amparo Echeverri, cuando \u00e9l sali\u00f3 de la cl\u00ednica, \u00e9l los sigui\u00f3 recibiendo, \u00e9l si estaba respondiendo en sus obligaciones, la \u00fanica propiedad es donde reside, \u00e9l no tiene otras personas a cargo, solo las deudas, gastos de salud, \u00e9l fue acumulando deudas que todav\u00eda tiene. <\/p>\n
3. Esta Corte en cuanto a la \u00abobligaci\u00f3n alimentaria entre c\u00f3nyuges\u00bb, ha entendido que: <\/p>\n
(\u2026) trat\u00e1ndose de compa\u00f1eros o de c\u00f3nyuges al margen de la culpabilidad o del elemento subjetivo que puede imputarse a su conducta para efectos de la terminaci\u00f3n de su vida de pareja, as\u00ed esa extinci\u00f3n se surta con respecto al v\u00ednculo solemne o meramente consensual; sin duda, pueden reclamarse alimentos entre s\u00ed, cuando uno de los compa\u00f1eros o c\u00f3nyuges se encuentre en necesidad demostrada, salvo las limitaciones que imponen los casos de \u201cinjuria grave o atroz\u201d. <\/p>\n
De tal forma que los alimentos postruptura conyugal, marital, conviviente; postdivorcio o postcesaci\u00f3n matrimonial para la pareja que, sin distingos de raza, color, sexo, religi\u00f3n, constituy\u00f3 una familia, corresponden a un r\u00e9gimen excepcional, el cual de ning\u00fan modo puede ser ajeno el juez en el Estado de Derecho Constitucional y Social (\u2026). <\/p>\n
Se trata tambi\u00e9n de la solidaridad posterminaci\u00f3n, que mediante juicios de inferencia analiza en cada situaci\u00f3n de hecho el juez, sin que se trate de una indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os o de enriquecimiento injusto, o de la construcci\u00f3n de un r\u00e9gimen sancionatorio o culpabil\u00edstico, como consecuencia de actos antijur\u00eddicos, como los tocantes con la regla 411 del numeral 4 del C.C. colombiano vigente (\u2026). <\/p>\n
Por consiguiente, para la determinaci\u00f3n de la cuota alimentaria, tal cual se anticip\u00f3, el juez debe entonces, observar elementos tales como la posibilidad de la reinserci\u00f3n laboral del c\u00f3nyuge o compa\u00f1era alimentario, su edad, el n\u00famero de hijos, la calificaci\u00f3n laboral que se posea, la dignidad humana, acorde con las condiciones que se ten\u00edan antes de la ruptura o terminaci\u00f3n de la uni\u00f3n; y por supuesto, la capacidad econ\u00f3mica del obligado y sus propias necesidades y obligaciones alimentarias frente a quienes dependen de \u00e9l; sin que ahora se predique que se trata de la continuaci\u00f3n de la uni\u00f3n postdisoluci\u00f3n, o del surgimiento de una carga prestacional eterna, sino dependiente de la permanencia o vigencia de la necesidad del alimentario y de la capacidad del obligado; pues puede extinguirse porque si se prueba la desaparici\u00f3n de la necesidad del acreedor o la capacidad del deudor, en fin, reviste una naturaleza diferente a la erigida con fundamento en la relaci\u00f3n inocencia-culpabilidad, encofrado y detonante de la causal 4 del art. 411 del C.C., citado (STC9870-2020, 11 nov. 2020, rad. 2020-02944), Subraya la Sala. <\/p>\n
4. De esta manera, independientemente que esta Corporaci\u00f3n comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo anhela el sedicente, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la pugna, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de esta salvaguarda, cuyo objetivo tuitivo no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la \u00abentidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC,128-2021). <\/p>\n
5.- En lo relacionado con \u00abdejar sin valor ni efecto las medidas cautelares ordenadas contra el querellante\u00bb en el litigio confutado, es evidente la existencia de la temeridad establecida en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, seg\u00fan el cual: \u00abCuando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. <\/p>\n
Se afirma lo anterior, porque esta Colegiatura en fallo STC8304 de 8 de octubre de 2020 (rad. 17001-22-13-000-2020-00114-01), resolvi\u00f3 una \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb contra el Juzgado Tercero de Familia de Manizales, en la que el Jaime Alberto elev\u00f3 similar rogativa a la que se hizo referencia; coyuntura que permite inferir que, en esta como en aquella ocasi\u00f3n, los participantes, pedimentos y presupuestos f\u00e1cticos son equivalentes, sin que circunstancias sobrevinientes alteren la conclusi\u00f3n de que est\u00e1 incurso en una repetici\u00f3n indebida. <\/p>\n
En suma, ante la coincidencia de sujetos, objeto y causa, la custodia deviene \u00abtemeraria\u00bb, toda vez que simplemente se insiste en un tema que previamente fue definido por esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre este tipo de conductas la Sala ha esgrimido, que <\/p>\n
(\u2026) la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 sujeta al principio de la unicidad de su promoci\u00f3n, que proh\u00edbe que la id\u00e9ntica queja constitucional sea presentada en varias oportunidades y por la misma persona o su representante, o que su reiterada invocaci\u00f3n se realice sin motivo expresamente justificado; precepto que tipifica una forma de temeridad en esta materia y que conlleva a examinar si la nueva protecci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como de las partes, sin importar que tengan algunas diferencias incidentales; y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n del amparo obedece a motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que comporten una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial (STC-01841-00, 21 oct. 2009, citada en STC2401-2020). <\/p>\n
6. Ergo, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, resuelve CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y origen anotados. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1512-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC1512-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 17001-22-13-000-2021-00005-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 26 de enero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53585","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53585","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53585"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53585\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53585"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53585"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53585"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}