STC1518-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1518-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 20001-22-14-003-2020-00275-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 14 de enero de 2021 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en la tutela que la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar Cajacopi Atl\u00e1ntico – Cajacopi EPS y Marelvis Caro Cueva le instauraron a los Juzgados Civil del Circuito y Segundo Promiscuo Municipal de Chiriguan\u00e1, extensiva a los intervinientes en el incidente de desacato n\u00b0 20178-40-89-002-2020-00011-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Relataron que para conjurar la situaci\u00f3n pidieron la nulidad de lo rituado y la infirmaci\u00f3n de la pena, pero el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 al desatar el grado jurisdiccional de consulta, desestim\u00f3 sus argumentos y ratific\u00f3 la condena (20 nov. 2020), por lo que elevaron otra solicitud de invalidez que el a quo neg\u00f3 (3 dic. 2020). <\/p>\n
En consecuencia, requirieron que se \u00abrevoque la sanci\u00f3n\u00bb que all\u00ed se impuso, \u00abse declare la nulidad de lo actuado desde la iniciaci\u00f3n del incidente de desacato (\u2026)\u00bb, y \u00abse oficie a la Polic\u00eda y a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n Seccional Cesar de dicha decisi\u00f3n a fin de que no se materialice la orden de arresto\u00bb y \u00abse tenga por cumplida la orden de tutela\u00bb. <\/p>\n
2.- Los despachos convocados y el incidentante defendieron lo actuado, dado que el procedimiento se adelant\u00f3 en debida forma y la entidad denunciante desobedeci\u00f3 la directriz supralegal injustificadamente. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Tribunal de Valledupar concedi\u00f3 al auxilio, anul\u00f3 lo rituado en el \u00abincidente de desacato \u2013a partir del primer requerimiento-\u00bb y, en su lugar, conmin\u00f3 al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Chiriguan\u00e1 a rehacerlo y librar los \u00aboficios que sean necesarios para dejar sin efecto las sanciones de multa y arresto\u00bb objetadas. <\/p>\n
Luego de descartar la indebida notificaci\u00f3n alegada, concluy\u00f3 que la EPS fue castigada sin evaluar que, con ocasi\u00f3n de la afiliaci\u00f3n de Laureano Pallares a la Nueva EPS S.A., a partir del 1\u00b0 de septiembre de 2020, estaba imposibilitada jur\u00eddica y materialmente para \u00abcumplir el fallo de tutela\u00bb. <\/p>\n
Recurri\u00f3 Jos\u00e9 Laureano Pallares sosteniendo que s\u00ed se configur\u00f3 el \u00abdesacato\u00bb de Cajacopi EPS, dado que \u00abde manera abrupta, unilateral y repentinamente fue desvinculado y trasladado a la Nueva EPS\u00bb, raz\u00f3n por la cual su salud est\u00e1 en riesgo, ya que la Nueva EPS se niega a suministrarle los servicios m\u00e9dicos que requiere, a quien, adem\u00e1s, debi\u00f3 vincularse para que en todo caso se garantizara \u00abel principio de continuidad en el servicio de salud\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Atendiendo los motivos de la impugnaci\u00f3n, la Sala advierte que, en efecto, el resguardo anhelado debe otorgarse, pero no porque est\u00e9 \u00abdemostrada la imposibilidad de cumplir el fallo del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Chiriguan\u00e1\u00bb, sino porque al resolverse el \u00abincidente de desacato\u00bb se conculc\u00f3 el \u00abdebido proceso\u00bb de las convocantes, concretamente, porque se omiti\u00f3 decretar y practicar las pruebas necesarias para decidirlo, seg\u00fan pasa a verse. <\/p>\n
1.1. Esta Corporaci\u00f3n, en l\u00ednea de principio, ha destacado la impertinencia de esta especial justicia para cuestionar lo discurrido en un \u00abincidente de desacato\u00bb; no obstante, excepcionalmente, <\/p>\n
(\u2026) ha admitido su interposici\u00f3n frente a una burda trasgresi\u00f3n del debido proceso, como cuando se omite la citaci\u00f3n de los inculpados o se dejan de apreciar elementos demostrativos relevantes o su valoraci\u00f3n es contraevidente, bajo el entendido que toda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regularmente allegadas, so pena de desatender el deber de imparcialidad y menoscabar el derecho a la igualdad de las partes litigantes\u00bb (STC 10 jul. 2020, rad. 2020-01319-00). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha dicho que <\/p>\n
(\u2026) es viable el auxilio cuando el juez encargado de hacer cumplir el veredicto se niega a hacerlo o se abstiene de iniciar el procedimiento para ello, abriendo la posibilidad que el favorecido instaure nuevas tutelas con el fin de que se le protejan sus garant\u00edas esenciales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, lo que guarda consonancia con lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia T-010\/2012, citada por esta Sala en CSJ STC, 18 mar. 2013, rad. 00509-00, STC6510-2015, 27 may. rad. 00881-00, STC9865-2015, 30 jul, rad. 01672-00 y STC-2016, 21 en., rad. 00014-00, donde indic\u00f3: <\/p>\n
[\u2026 ] si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia (\u2026) En este caso, el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso (se enfatiza), STC5384-2016. <\/p>\n
En consonancia con lo anterior, el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991 consagra: <\/p>\n
[l]a persona que incumpliere una orden de un juez, proferida con base en el presente decreto incurrir\u00e1 en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios m\u00ednimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere se\u00f1alado una consecuencia jur\u00eddica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. <\/p>\n
La sanci\u00f3n ser\u00e1 impuesta por el mismo juez mediante tr\u00e1mite incidental y ser\u00e1 consultada al superior jer\u00e1rquico quien decidir\u00e1 dentro de los tres d\u00edas siguientes si debe revocarse la sanci\u00f3n [\u2026] [resalta la Sala]. <\/p>\n
Al tenor de lo previsto en el canon 129 del estatuto adjetivo, aplicable por expresa remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, <\/p>\n
[q]uien promueva un incidente deber\u00e1 expresar lo que pide, los hechos en que se funda y las pruebas que pretenda hacer valer. <\/p>\n
Las partes solo podr\u00e1n promover incidentes en audiencia, salvo cuando se haya proferido sentencia. Del incidente promovido por una parte se correr\u00e1 traslado a la otra para que se pronuncie y en seguida se decretar\u00e1n y practicar\u00e1n las pruebas necesarias. <\/p>\n
En los casos en que el incidente puede promoverse fuera de audiencia, del escrito se correr\u00e1 traslado por tres (3) d\u00edas, vencidos los cuales el juez convocar\u00e1 a audiencia mediante auto en el que decretar\u00e1 las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio considere pertinentes (\u2026). <\/p>\n
Al respecto de los alcances de esta disposici\u00f3n, esta Corte ha manifestado que el Juez <\/p>\n
(\u2026) decretara las pruebas solicitadas o se pronunciara sobre la pertinencia, conducencia y relevancia de los medios probatorios aducidos tanto por el promotor del tr\u00e1mite como por las autoridades convocadas. De no ser necesario el decreto de pruebas, debi\u00f3 motivar su determinaci\u00f3n de relevarse del decreto, lo que en este caso no sucedi\u00f3 (STC4076-2019). <\/p>\n
1.2. Bajo esos lineamientos, la Sala observa que el Juzgado Promiscuo Municipal de Chiriguan\u00e1 no agot\u00f3 la \u00abfase probatoria\u00bb en la que deb\u00eda esclarecer las circunstancias que rodearon el \u00abtraslado de EPS del incidentante\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que despu\u00e9s de \u00ababrir el incidente de desacato\u00bb (26 oct. 2020), no \u00abdecret\u00f3 ni practic\u00f3 pruebas\u00bb, y aunque en aquella oportunidad dispuso \u00aboficiar a la Entidad Promotora de Salud Nueva EPS\u00bb a fin de que desentra\u00f1ara, entre otras cosas, \u00ablo referente al traslado del incidentante Jos\u00e9 Laureano Pallares L\u00f3pez, la fecha de traslado y la autorizaci\u00f3n del autorizaci\u00f3n del usuario\u00bb, dicho informe no se recaud\u00f3, como ninguna otra probanza que permitiera dilucidar la pugna, y el 10 de noviembre siguiente la defini\u00f3 de plano. <\/p>\n
Y es que, como acus\u00f3 a Cajacopi EPS de burlar la resoluci\u00f3n iusfundamental porque la responsabiliz\u00f3 de su desafiliaci\u00f3n y traslado a la Nueva EPS, los falladores enjuiciados deb\u00edan clarificar la \u00absituaci\u00f3n\u00bb, no de otra forma pod\u00edan establecer si la \u00abincidentada\u00bb estaba obligada a continuar con la ejecuci\u00f3n de dicha directriz y, por ende, si su rebeld\u00eda carec\u00eda o no de fundamento. <\/p>\n
Ahora, si bien la entidad incidentada guard\u00f3 silencio en el t\u00e9rmino que se le confiri\u00f3 para oponerse, no por eso pod\u00edan dejarse de recaudar las evidencias relevantes para desatar la controversia, m\u00e1xime cuando antes de que se consolidara la \u00absanci\u00f3n\u00bb replic\u00f3 que no intervino en el cambio y, por tanto, que no ten\u00eda por qu\u00e9 seguir \u00absuministrando a Laureano Pallares los servicios de salud ordenados en el fallo de tutela\u00bb, y conforme lo ha expuesto la Corte Constitucional, despu\u00e9s de la firmeza de la \u00abpena\u00bb, el afectado puede librarse de ella si acredita el \u00abcumplimiento de la orden constitucional\u00bb o si demuestra que estaba en imposibilidad de obedecerlo (SU034-2018). Todo ello porque <\/p>\n
(\u2026) si bien una de las consecuencias derivadas de este tr\u00e1mite incidental es la imposici\u00f3n de sanciones por la desobediencia frente a la sentencia, su aut\u00e9ntico prop\u00f3sito es lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada; de suerte que no se persigue reprender al renuente por el peso de la sanci\u00f3n en s\u00ed misma, sino que \u00e9sta debe entenderse como una forma para inducir que aquel encauce su conducta hacia el cumplimiento, a trav\u00e9s de una medida de reconvenci\u00f3n cuya objetivo no es otro que auspiciar la eficacia de la acci\u00f3n impetrada y, con ella, la reivindicaci\u00f3n de los derechos quebrantados. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, la omisi\u00f3n aducida cobra importancia en la medida que ninguno de los sentenciadores querellados justific\u00f3 por qu\u00e9 concluyeron que Cajacopi tuvo que ver con la vinculaci\u00f3n del recurrente a la Nueva EPS. <\/p>\n
As\u00ed, v\u00e9ase c\u00f3mo el servidor municipal acot\u00f3: <\/p>\n
Ahora bien, de lo tra\u00eddo al proceso incidental que nos ocupa, es necesario manifestar la falta de claridad sobre la desafiliaci\u00f3n del incidentante, contrario a ello, es obligatoria la inferencia por parte del juzgador de instancia sobre los agravios y perjuicios que sobre el incidentante frente al traslado a otra EPS, teniendo en cuenta que los servicios (\u2026) necesarios para su salud, seg\u00fan el criterio de este estrado judicial y del superior del circuito se encuentra (\u2026) interrumpido sin justa causa (\u2026). <\/p>\n
Por ende, en aras de evitar que se sigan desconociendo las garant\u00edas constitucionales del actor, la decisi\u00f3n m\u00e1s loable es imponer sanci\u00f3n al responsable de dar cumplimiento a la orden impartida, Dra. Marelvis Caro Cuervo, consistente en siete (7) d\u00eds de arresto (\u2026). <\/p>\n
Por su parte, el iudex del circuito, despu\u00e9s de traer apartes de un pronunciamiento, en el sentido de que la \u00abEPS realiz\u00f3 una aceptaci\u00f3n de traslado solicitada por Nueva EPS a favor del se\u00f1or Jos\u00e9 Laureano Pallares (\u2026)\u00bb, esboz\u00f3: <\/p>\n
Todo usuario tiene el derecho de presentar sus quejas y sentirse insatisfecho cuando sostiene que no se le presta un buen servicio de salud, sobre todo que el accionante es un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, por lo que no es una raz\u00f3n valedera para tomar la decisi\u00f3n unilateral y sin comunicarle al usuario el traslado a otra EPS, sobre todo que iba a causar retrasos en su tratamiento m\u00e9dico (se destaca). <\/p>\n
1.3. En definitiva, como el \u00abincidente de desacato\u00bb se zanj\u00f3 sin agotar la \u00abfase probatoria\u00bb correspondiente, la salvaguarda debe abrirse paso, a fin de que se decida previo el decreto y la pr\u00e1ctica de los medios suasorios necesarias para solventarlo, los cuales deber\u00e1n recaudar el estrado municipal demandado en un t\u00e9rmino prudencial haciendo uso de los poderes consagrados en el art\u00edculo 44 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.- Adicionalmente, si tiene alguna queja contra la Nueva EPS, nada obsta para que la ponga en conocimiento de las autoridades competentes para tramitar la misma. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, MODIFICA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas, en el sentido de precisar que lo que queda sin vigor son los prove\u00eddos a trav\u00e9s de los cuales el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Chiriguan\u00e1 sancion\u00f3 a Marelvis Caro Cueva por el desacato del fallo de tutela emitido en contra de la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar Cajacopi Atl\u00e1ntico – Cajacopi EPS (10 nov. 2020), y el del Civil Circuito de la misma ciudad que ratific\u00f3 dicha determinaci\u00f3n (20 nov. 2020). <\/p>\n
En su lugar, se ORDENA al Juez Segundo Promiscuo Municipal de Chiriguan\u00e1, Luis Carlos D\u00edaz Amaya, o quien haga sus veces, que reanude el procedimiento de conformidad con los lineamientos trazados en esta providencia (numeral 1.3 de las consideraciones). <\/p>\n
En lo dem\u00e1s, el prove\u00eddo se mantiene inc\u00f3lume. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y en caso de no ser impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1518-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC1518-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba. 20001-22-14-003-2020-00275-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 14 de enero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53591","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53591","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53591"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53591\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53591"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53591"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53591"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}