STC1526-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1526-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2020-00785-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 9 de diciembre de 2020, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Jaime Orlando Pinto Ruano contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veintitr\u00e9s Laboral del Circuito de la misma localidad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas en un juicio laboral que inici\u00f3. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que trabaj\u00f3 como mensajero para el hospital Centro Oriente \u2013ahora Subred Integrada de Servicios de Salud de Centro Oriente E.S.E.\u2013, desde el 1 de julio de 2010 hasta el 31 de agosto de 2016, por lo que present\u00f3 demanda para el reconocimiento de la relaci\u00f3n laboral, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Veintitr\u00e9s Laboral del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, el 14 de febrero de 2018, fue admitido el libelo, pero, el 30 de agosto siguiente, el despacho rechaz\u00f3 las diligencias por considerar que no era competente, y orden\u00f3 remitir el expediente a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo. Luego de surtido el reparto, el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo de la mencionada ciudad se declar\u00f3 incompetente para conocer del asunto, por lo que envi\u00f3 el tr\u00e1mite al Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, apelada esa determinaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior de la precitada localidad la confirm\u00f3, tras colegir que \u00abla jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral no es la competente para dirimir la controversia de la parte actora, omitiendo como lo hizo el a quo, acatar la providencia (\u2026) que resolvi\u00f3 el conflicto de jurisdicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pidi\u00f3, en resumen, que \u00abse deje sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida el 21 de enero de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 D.C. (\u2026) [y] como consecuencia de la anterior declaraci\u00f3n, se ordene profe[rir] nueva sentencia (\u2026) resolviendo de fondo las pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
4. Inicialmente, el conocimiento del asunto correspondi\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, quien remiti\u00f3 a reparto por Sala Plena las diligencias, al encontrarse involucrado el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Veintitr\u00e9s Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que la providencia de primer grado se profiri\u00f3 con observancia de las pruebas aportadas al tr\u00e1mite. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo, porque la providencia confutada luce razonable, aunado a que \u00abla actuaci\u00f3n en la que aparece como demandante JAIME ORLANDO PINTO RUANO fue asignada a la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante providencia del 20 de febrero de 2019 en la cual resolvi\u00f3 el conflicto de jurisdicciones planteado entre los Juzgados 23 Laboral del Circuito y 56 Administrativo del Circuito, ambos de Bogot\u00e1, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del art\u00edculo 112 de la Ley 270 de 1996\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, concluy\u00f3 que, \u00abcontrario a lo manifestado por el accionante JAIME ORLANDO PINTO RUANO, el Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 y la Sala Laboral del Tribunal Superior del mencionado distrito judicial, tuvieron en consideraci\u00f3n la decisi\u00f3n emitida por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que asign\u00f3 el conocimiento de la demanda presentada a la jurisdicci\u00f3n laboral. Adem\u00e1s, la decisi\u00f3n del 21 de enero de 2020, con la que culmin\u00f3 el proceso en menci\u00f3n, responde a las consideraciones del caso concreto, contrario al querer de JAIME ORLANDO PINTO RUANO que pretende convertir la v\u00eda constitucional en una tercera instancia\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El apoderado del censor recurri\u00f3 la precitada sentencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abm\u00e1s all\u00e1 del an\u00e1lisis de fondo sobre las pretensiones de la acci\u00f3n ordinaria laboral, debe tenerse en cuenta que el Consejo Superior de la Judicatura resolvi\u00f3 un conflicto de jurisdicci\u00f3n indicando que el cargo desempe\u00f1ado por el demandante era propio de un TRABAJADOR OFICIAL y por ende el competente para decidir de fondo sobre la acci\u00f3n impetrada era el juez laboral\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral, en tanto desestim\u00f3 las pretensiones del gestor, encaminadas al reconocimiento de su calidad de trabajador oficial, y, en consecuencia, neg\u00f3 el pago de las prestaciones reclamadas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente, se advierte que, sobre la resoluci\u00f3n del conflicto entre jurisdicciones, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura determin\u00f3 que el estrado competente para adelantar las diligencias iniciadas por el aqu\u00ed recurrente era el despacho laboral, determinaci\u00f3n de la que no se advierte la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales del actor, teniendo en cuenta que, para fundamentar su decisi\u00f3n, esa Corporaci\u00f3n precis\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEn el sub examine, el demandante pretende que se declare la existencia de un contrato laboral de trabajo a t\u00e9rmino indefinido entre este y la demandada, desde el d\u00eda 1 de julio de 2010 hasta el 31 de agosto de 2016, en consecuencia, se declare que fungi\u00f3 como trabajador oficial del HOSPITAL CENTRO ORIENTE DE SALUD II NIVEL, ahora SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. y se reconozcan todas las prestaciones y salarios dejados de percibir. <\/p>\n
Como primera medida, la Sala encuentra que en el proceso de marras, el actor se encontraba vinculado bajo la modalidad de contrato de prestaci\u00f3n de servicios con una Empresa Social del Estado perteneciente al Distrito Capital de Bogot\u00e1 de car\u00e1cter descentralizado, cuyo objeto misional corresponde a la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de salud de manera directa., de conformidad con el art\u00edculo 194 de la Ley 100 de1993. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Bajo el anterior marco jurisprudencial, en los casos de entidades estatales, es la misma normatividad la encargada en determinar qui\u00e9nes son empleados p\u00fablicos o trabajadores oficiales; ello a su vez adquiere especial connotaci\u00f3n cuando el servidor p\u00fabico pertenece a entes territoriales (Departamentos y Municipios), dada la similar funci\u00f3n \u2013 de car\u00e1cter p\u00fablico \u2013 tanto estos como aquellos; de all\u00ed que, se insiste, sea la naturaleza jur\u00eddica del cargo en la ley, la llamada a determinar la jurisdicci\u00f3n que deba conocer su reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
Es preciso se\u00f1alar que las entidades prestadoras de salud p\u00fablicas ESE\u00b4s (sic) dentro de su pla[n]ta de personal concurren empleados p\u00fabicos y trabajadores oficiales, no obstante, para el caso que nos ocupa, dado que la norma no establece las funciones de mensajer\u00eda en el concepto funcional del trabajador oficial o empleado p\u00fablico, resulta menester hacer una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica y analiza las obligaciones contractuales que desarrollaba el demandante (\u2026). <\/p>\n
Visto lo anterior, puede concluirse que las actividades prestadas por el actor a pesar de no contar con una reglamentaci\u00f3n espec\u00edfica, donde se establezca con precisi\u00f3n si la mensajer\u00eda encuadra en el concepto de trabajador oficial o empleado p\u00fablico, de acu[e]rdo con el an\u00e1lisis efectuado de manera integrativa (sic), a priori puede establecerse que dichas funciones podr\u00edan adecuarse como propias del trabajador oficial, pudi\u00e9ndose desecha[r] desde ya la posibilidad [de] que la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo puede conocer del asunto. <\/p>\n
Entonces, a t\u00edtulo de colof\u00f3n, en trat\u00e1ndose de una controversia jur\u00eddica de tal naturaleza, independientemente del (sic) estirpe de la relaci\u00f3n jur\u00eddica y de los actos jur\u00eddicos que se controvierte[n], es la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en sus especialidades laboral y de la seguridad social, la pertinente para conocerla y definirla, con arreglo a lo dispuesto en el mencionado art\u00edculo 2, n\u00famero 4, del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social\u00bb. <\/p>\n
3.2. Ahora bien, luego de la precitada definici\u00f3n de la autoridad cognoscente, el Juzgado Veintitr\u00e9s Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 las pretensiones del convocante, en punto al reconocimiento de su calidad de trabajador oficial; resoluci\u00f3n que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma localidad, tras colegir, entre otros aspectos, que: <\/p>\n
\u00abPor cuestiones metodol\u00f3gicas, se abordar\u00e1 como primer problema jur\u00eddico si el aqu\u00ed demandante al desempe\u00f1ar el cargo de mensajero motorizado en un centro hospitalario ostenta o no la calidad de trabajador oficial bajo los preceptos establecidos en la ley. De llegar a d\u00e1rsele al actor el estatus de trabajador oficial, como segundo problema jur\u00eddico habr\u00e1 de determinarse si entre las partes existe un verdadero contrato de trabajo, teniendo en cuenta los elementos legales del mismo bajo las disposiciones legales, y en caso de configurarse este v\u00ednculo, como tercer problema jur\u00eddico se abordar\u00e1 lo atinente a si el actor le asiste o no derecho a que la pasiva le reconozca las pretensiones elevadas en su demanda. <\/p>\n
Para resolver el primer problema jur\u00eddico, es decir, el que gira en torno a determinar si el aqu\u00ed demandante ostenta la calidad de trabajador oficial, como contratista del Estado, es preciso resaltar que lo arg\u00fcido por este en los supuestos f\u00e1cticos de la demanda es que siempre desempe\u00f1\u00f3 como funci\u00f3n al servicio de la pasiva el de \u201cmensajero motorizado\u201d. As\u00ed las cosas, vale la pena preceptuar que, de conformidad con el Acuerdo17 de 1997, expedido por el Concejo de Bogot\u00e1, el hospital Centro Oriente hoy fusionado (\u2026) es una entidad p\u00fablica descentralizada con categor\u00eda especial del orden distrital, con autonom\u00eda administrativa, personer\u00eda jur\u00eddica y patrimonio propio, adscrito a la Secretar\u00eda de Salud y sometido al r\u00e9gimen jur\u00eddico previsto en el cap\u00edtulo 3 art\u00edculo 194, 195 y 196 de la Ley 100 de 1993. En dicho acuerdo se dispuso adem\u00e1s en su art\u00edculo 94 lo relacionado con el r\u00e9gimen de personal en el cual se rese\u00f1\u00f3 que aquellas personas que se vinculen a la empresa social del Estado tendr\u00e1n el car\u00e1cter de empleado p\u00fablico o trabajadores oficiales en los t\u00e9rminos establecidos en la ley. <\/p>\n
Posteriormente, en cuanto a la acreditaci\u00f3n de los elementos del contrato de trabajo pretendido, la autoridad enjuiciada exterioriz\u00f3 la valoraci\u00f3n probatoria y el an\u00e1lisis sistem\u00e1tico de la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral que le permiti\u00f3 inferir que el memorialista no detent\u00f3 condici\u00f3n de trabajador oficial, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00abDe conformidad con lo anterior, observa la Sala de Decisi\u00f3n que el actor solicit\u00f3 que se declarara la existencia del contrato de trabajo desde el 1 de julio de 2010 hasta el 31 de agosto de 2016. En ese contexto, para acreditar la prestaci\u00f3n personal del servicio se allegaron sendos contratos de prestaci\u00f3n de servicios y certificaciones (\u2026) cuyo objeto se describe de la siguiente manera: El contratista se compromete para con el hospital a prestar servicios de mensajero motorizado de manera aut\u00f3noma e independiente, es decir, sin que exista relaci\u00f3n laboral, utilizando sus propios medios, as\u00ed mismo se obliga a desarrollar todas y cada una de las especificaciones se\u00f1aladas en su propuesta (\u2026). <\/p>\n
De acuerdo con la prueba documental ya referenciada, se tiene que efectivamente se acredit\u00f3 por el demandante la prestaci\u00f3n personal del servicio desde el inicio de su vinculaci\u00f3n como mensajero motorizado, para transportar muestras biol\u00f3gicas desde el 1 de julio de 2010 hasta el 31 de agosto de 2016, hasta este punto, la Sala de Decisi\u00f3n tiene por acreditada la existencia de una vinculaci\u00f3n civil regida por contratos de prestaci\u00f3n de servicios, que encuentran fundamento en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 2170 de 2002 que autoriza a las entidades estatales a contratar directamente la prestaci\u00f3n de servicios profesionales de una persona natural o jur\u00eddica que est\u00e9 en capacidad y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el \u00e1rea de que se trate. <\/p>\n
Respecto de estos documentos es preciso indicar que si bien la parte demandante cuestiona su naturaleza al solicitar la declaraci\u00f3n de existencia de un contrato de trabajo, le corresponde al juez laboral entonces analizar las circunstancias en que se ejecutaron dichos acuerdos contractuales a fin de establecer la verdadera naturaleza jur\u00eddica de la contrataci\u00f3n pues la parte pasiva ha aceptado su suscripci\u00f3n y ejecuci\u00f3n, pero le atribuye legalidad de los mismos atribuyendo una contrataci\u00f3n distinta. <\/p>\n
Ahora bien, ha de tenerse en cuenta por esta Sala de Decisi\u00f3n que, como se indic\u00f3 en precedencia, la entidad para la cual el actor prest\u00f3 sus servicios corresponde a una empresa social del Estado cuya naturaleza jur\u00eddica est\u00e1 determinada en el art\u00edculo 194 de la Ley 100 de 1993. La citada ley en el art\u00edculo siguiente trata sobre su r\u00e9gimen jur\u00eddico interesando para este caso el numeral 5 que precept\u00faa: \u201clas empresas vinculadas a las empresas tendr\u00e1n el car\u00e1cter de trabajador oficial o empleado p\u00fablico conforme a las reglas del cap\u00edtulo IV de la Ley 10 de 1990\u201d. El cap\u00edtulo IV de la Ley 10 de 1990 en su art\u00edculo 26 contempl\u00f3 la clasificaci\u00f3n de los empleos en las entidades dedicadas a la organizaci\u00f3n y prestaci\u00f3n y se\u00f1al\u00f3 en su par\u00e1grafo que son trabajadores oficiales quienes desempe\u00f1en cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta f\u00edsica hospitalaria o de servicios generales en las mismas instituciones. <\/p>\n
A este respecto, se observa que en la decisi\u00f3n del juez de primera instancia se concluy\u00f3 que la labor desempe\u00f1ada por el demandante no corresponde al de mantenimiento de la planta f\u00edsica hospitalaria y tampoco podr\u00eda pensarse que este podr\u00eda catalogarse como servicios generales, pues no est\u00e1 destinado a mantener las instalaciones de la entidad en \u00f3ptimo funcionamiento ni se trata de una actividad que tenga por finalidad atender las necesidades comunes de la entidad para la que se presta el servicio. <\/p>\n
As\u00ed pues, entra esta Sala de Decisi\u00f3n a valorar los elementos de convicci\u00f3n referentes a las funciones que cumpli\u00f3 el demandante para, a partir de all\u00ed, determinar si la naturaleza de las funciones desempe\u00f1adas durante la ejecuci\u00f3n contractual pueden encasillarse como aquellas de servicios generales de mantenimiento de la planta f\u00edsica hospitalaria, para lo cual resulta pertinente destacar los razonamientos hechos por el m\u00e1ximo \u00f3rgano de cierre de esta especialidad, en la sentencia SL1334-2018, en la que ense\u00f1\u00f3 los criterios para determinar cu\u00e1ndo se est\u00e1 frente a una actividad de servicios generales as\u00ed \u201c\u2026 los servicios generales dentro de una instituci\u00f3n gubernamental para mantener las instalaciones en \u00f3ptimo estado de funcionamiento, su seguridad, las funciones de aseo, vigilancia y cafeter\u00eda, as\u00ed como el manejo de los dem\u00e1s bienes y veh\u00edculos y el suministro de los elementos requeridos para las distintas dependencias que la integran\u201d. Referencia en esa decisi\u00f3n lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional en la sentencia T-485 de 2006, razonando que no hay una definici\u00f3n legal ni reglamentaria que establezca qu\u00e9 actividades comprende el mantenimiento de la planta f\u00edsica, como tampoco la que integra los servicios generales, no obstante se ha entendido que ser\u00edan: Actividades de mantenimiento de la planta f\u00edsica, aquellas actividades y cuidados necesarios para que las instalaciones de la planta f\u00edsica hospitalaria pueda seguir funcionando adecuadamente, y por su parte ser\u00edan dos, servicios generales y aquellos servicios generales de car\u00e1cter no sanitario necesarios para el desarrollo de la actividad sanitaria. Dichos servicios no benefician a un \u00e1rea o dependencia espec\u00edfica, sino que facilitan la operatividad de toda la organizaci\u00f3n, y se caracterizan por el predominio de actividades de simple ejecuci\u00f3n y de \u00edndole manual. Dentro de tales servicios generales se han incluido los servicios de suministro, transporte, correspondencia, archivo, vigilancia y cafeter\u00eda. Huelga aclarar que las actividades que all\u00ed se enlistan son meramente ilustrativas, enunciativas, no se agotan all\u00ed, por lo que en todo caso le corresponde al juez laboral atendiendo las pautas y caracter\u00edsticas distintivas all\u00ed explicadas por la Sala Laboral de la Corte, qu\u00e9 es lo que debe entenderse como servicios generales, y en ese orden, analizar\u00e1 cada caso particular, para lo cual deber\u00e1 cerciorarse que las labores encomendadas al laborante, sean de aquellas relacionadas con la operatividad de la entidad, es decir, que su funciones sean de simple ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Esta aclaraci\u00f3n reviste de vital importancia de cara a la resoluci\u00f3n de esta litis, en la medida en que no puede descartarse indistintamente para esos efectos cualquier actividad en la que el trabajador aplique su intelecto, pues no se puede despojar a la actividad humana en s\u00ed misma considerada el uso del intelecto para aplicarlo a la fuerza de trabajo o en el desempe\u00f1o de su actividad u oficio. As\u00ed pues no puede considerarse que quien se encarga de las labores de mensajer\u00eda, transportando muestras biol\u00f3gicas al aplicar su intelecto, derruya la naturaleza jur\u00eddica de mera ejecuci\u00f3n de la labor propia de un mensajero, por lo que no puede concluirse, por esa raz\u00f3n, que las intelecciones mentales reflexivas pero conscientes sean un criterio para distinguir los servicios generales de aquellos que no lo son, pues ese no es el criterio que para su distinci\u00f3n la jurisprudencia de la Sala Laboral ha venido aplicando como se se\u00f1al\u00f3, ya que lo establecido con el precedente jurisprudencial obedece a criterios racionales y razonables por lo que se debe tener esta Sala de Decisi\u00f3n en que tal como lo afirma el alto tribunal son dos las caracter\u00edsticas que deben aparecer acreditadas, 1. Que las actividades est\u00e9n encaminadas a facilitar la operatividad de la organizaci\u00f3n, y no solo la de un \u00e1rea o dependencia espec\u00edfica, 2. Que estas sean de simple ejecuci\u00f3n y de \u00edndole manual\u00bb (Resaltado y negrillas fuera de texto). <\/p>\n
De otra parte, en relaci\u00f3n con la naturaleza de las funciones desplegadas por el recurrente en la empresa social del Estado demandada, el estrado enjuiciado reliev\u00f3 que aquellas no encuadraban en la categor\u00eda de servicios generales, toda vez que: <\/p>\n
\u00abDe acuerdo entonces con las funciones minuciosamente detalladas en dichas certificaciones, se logra percibir que las labores desempe\u00f1adas por el actor no pueden catalogarse como actividades propias de servicios generales, debido a que: <\/p>\n
1. No estaban destinadas a beneficiar toda la operatividad de la ESE, por cuanto ellas se circunscribieron a favorecer la actividad de laboratorio de la sede asistencial Jorge Eli\u00e9cer Gait\u00e1n, y a la subgerencia administrativa de la entidad de manera espor\u00e1dica; <\/p>\n
2. Las funciones desempe\u00f1adas por el actor no pueden ser consideradas como de simple ejecuci\u00f3n o de \u00edndole manual, pues el transporte de muestras biol\u00f3gicas trasciende lo meramente manual u operativo, por cuanto la manipulaci\u00f3n de estos materiales biol\u00f3gicos debe contar el actor con la suficiente capacidad sobre su manejo, transporte y conservaci\u00f3n (Decreto 1571 de 1993); <\/p>\n
3. As\u00ed mismo se infiere que la labor desplegada por el demandante en el laboratorio de la pasiva de igual manera, requiere de un conocimiento cierto o especializado y suficiente sobre los est\u00e1ndares de calidad y bioseguridad para el traslado de estos elementos o muestras, debido a que estos componentes sangu\u00edneos eventualmente pueden afectar la salud del aqu\u00ed demandante o al p\u00fablico en general al verse expuestos a ellos; y <\/p>\n
4. As\u00ed mismo, este juez colegiado reitera que la labor de transporte de muestras biol\u00f3gicas que desempe\u00f1aba el actor no puede ser catalogada como de simple ejecuci\u00f3n o \u00edndole manual en atenci\u00f3n a que las muestras biol\u00f3gicas que transportaba contienen una informaci\u00f3n confidencial y reservada de los pacientes, la cual debe ser resguardada por el demandante al momento de la ejecuci\u00f3n de su trabajo, as\u00ed como los resultados de las pruebas obtenidas, todo ello con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales a la intimidad y al buen nombre de los usuarios (art\u00edculo 15 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), lo que a todas luces exige una mayor formaci\u00f3n y cuidado en la ejecuci\u00f3n de la labor, alej\u00e1ndose as\u00ed de las caracter\u00edsticas de las labores propias de servicios generales de simple ejecuci\u00f3n\u00bb (Resaltado y negrillas fuera de texto). <\/p>\n
Por \u00faltimo, concluy\u00f3 que \u00abes claro para esta Corporaci\u00f3n que el actor no acredita dentro del proceso el cumplimiento de los criterios jurisprudenciales para determinar que la labor de mensajero externo (biol\u00f3gico) con moto desempe\u00f1ada por el recurrente pueda catalogarse entonces como una actividad propia de servicios generales, en los t\u00e9rminos de la sentencia SL1334 de 2018, dado que la actividad desempe\u00f1ada por este no estaba encaminada a facilitar la operatividad de la empresa social del estado, por el contrario, se limitaba a dos dependencias de la entidad (\u2026), y sus labores, espec\u00edficamente, no pueden catalogarse de simple ejecuci\u00f3n manual como se indic\u00f3 en precedencia, lo cual desnaturaliza entonces los elementos distintivos de la actividad de servicios generales antes explicados y permiten inferir de esta manera que el actor no lleg\u00f3 a ostentar la calidad de trabajador oficial\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterios de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.3. Frente a lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1526-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC1526-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2020-00785-01 (Aprobado en Sala de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 9 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53594","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53594","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53594"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53594\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53594"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53594"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53594"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}