STC1529-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1529-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2020-00535-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala \u201cC\u201d del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cB\u201d el 22 de enero de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por DHM, contra el Juzgado \u201cX\u201d y la Comisar\u00eda de Familia de \u201cP\u201d, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Procuradur\u00eda \u201cD\u201d, el Defensor de Familia adscrito al juzgado accionado y CSS. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Esta Sala, ha decidido, como medida de protecci\u00f3n a la intimidad del menor involucrado en el asunto bajo estudio, suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, y en representaci\u00f3n de su hijo menor SNSH, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, y los derechos del ni\u00f1o de \u00abtener una familia y a no ser separado de ella\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis expuso que, CSSG (padre de SNSH), ante la comisar\u00eda de familia de \u201cP\u201d present\u00f3 denuncia en su contra por \u00abviolencia intrafamiliar\u00bb, argumentando que le daba \u00abmalos tratos, peg\u00e1ndole con correa y chancleta\u00bb al menor. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, la autoridad administrativa dio inicio a las labores de verificaci\u00f3n de la denuncia, para lo cual orden\u00f3 \u00abinforme psicosocial\u00bb del ni\u00f1o presuntamente agredido que incluy\u00f3 entrevistas individuales a ambos padres; despu\u00e9s de las primeras corroboraciones, la comisar\u00eda decret\u00f3 como medida provisional dejar el cuidado del menor al padre. <\/p>\n
Posteriormente, destac\u00f3 que rindi\u00f3 los correspondientes descargos, en donde aleg\u00f3 que \u00abno exist\u00edan elementos suficientes para determinar la existencia de violencia intrafamiliar, y que el procedimiento adelantado por la comisar\u00eda era irregular por cuanto no existi\u00f3 un requerimiento previo a la presunta agresora ni valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica, no se hab\u00eda ordenado visitas domiciliarias, ni indagaci\u00f3n con vecinos, celadores y administrador donde vive la presunta v\u00edctima, tampoco se hab\u00eda hecho seguimiento a procesos pedag\u00f3gicos y educativos del menor, ni a la historia cl\u00ednica [\u2026] m\u00e1xime si [\u2026] el menor hab\u00eda estado en terapia ocupacional, con lo cual se pod\u00eda determinar la existencia o no de la afectaci\u00f3n moral y psicol\u00f3gica de la presunta v\u00edctima\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, luego de practicadas las pruebas y agotado el debate, el 30 de octubre de 2019 la comisar\u00eda concedi\u00f3 provisionalmente \u00abla custodia y cuidado personal de mi hijo [\u2026] a cargo de su progenitor [\u2026] se fij\u00f3 r\u00e9gimen de visitas a mi cargo [\u2026] cada 15 d\u00edas [\u2026] y lo podr\u00e9 llamar al menor dos veces al d\u00eda, tambi\u00e9n lo podr\u00e9 ver entre semana siempre y cuando haya acuerdo previo con el progenitor [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, el 5 de noviembre de 2019 \u00abestando en la oportunidad legal seg\u00fan el t\u00e9rmino que prev\u00e9 el decreto 2591 de 1991 (sic)\u00bb present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, \u00abexponiendo la indebida valoraci\u00f3n de algunas pruebas y la falta de valoraci\u00f3n de otras (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Cont\u00f3 que, el 2 de marzo de 2020 se realiz\u00f3 audiencia por desacato a medida de protecci\u00f3n en la cual se modific\u00f3 el r\u00e9gimen de visitas, entre otras situaciones, como la cuota alimentaria; all\u00ed en esa diligencia, se enter\u00f3 que el recurso de apelaci\u00f3n impetrado contra la decisi\u00f3n del 30 de octubre de 2019 fue rechazado por el Juzgado \u201cX\u201d de \u201cB\u201d. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 las dos providencias rese\u00f1adas y arguy\u00f3 que el padre del menor actualmente ejerce una custodia \u00abarbitraria\u00bb, ya que impide las visitas y la comunicaci\u00f3n con el ni\u00f1o y \u00absolo [le] permite verlo cuando \u00e9l lo decide y solo por unos minutos en la calle\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, explic\u00f3 que no present\u00f3 con anterioridad la acci\u00f3n de amparo porque \u00abestuve ausente de mi domicilio por motivo de la pandemia y mi embarazo, por el cual he sido incapacitada y con ciertas recomendaciones (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende \u00ab(\u2026) ordenar a la Comisar\u00eda de Familia que dicte una nueva sentencia realizando una valoraci\u00f3n adecuada de las pruebas allegadas al tr\u00e1mite (…) dejar sin efectos el auto de 4 de marzo de 2020 [\u2026] mediante el cual modific\u00f3 el r\u00e9gimen de visitas (\u2026)\u00bb; y como petici\u00f3n subsidiaria; \u00ab(\u2026) ordenar al Juzgado \u201cX\u201d de \u201cB\u201d resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por mi apoderada contra la sentencia proferida el 30 de octubre de [2019] ante la comisar\u00eda de \u201cP\u201d, esto, teniendo en cuenta que fue interpuesto de manera oportuna\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez \u201cX\u201d de \u201cB\u201d, indic\u00f3 que le fue asignado el recurso de apelaci\u00f3n contra la determinaci\u00f3n adoptada por la Comisar\u00eda de Familia de \u201cP\u201d, el que rechaz\u00f3 por advertirlo extempor\u00e1neo (auto del 9 de diciembre de 2019). <\/p>\n
2. La Comisar\u00eda de Familia de \u201cP\u201d, aclar\u00f3 que ni \u00aben la diligencia de lectura de fallo ni la denunciada ni su apoderada interpusieron los recursos de ley; firmaron el acta y con posterioridad, y por fuera de la oportunidad legal, presentaron el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. CSSG, padre del menor agenciado, solicit\u00f3 se deniegue la tutela por cuanto no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de derecho alguno en el proceso adelantado por la Comisar\u00eda de \u201cP\u201d; agreg\u00f3 que, en todo caso, las medidas adoptadas por esa autoridad tienen car\u00e1cter provisional \u00ablo que quiere decir que pueden ser modificadas por decisi\u00f3n de un juez, lo que significa que la accionante s\u00ed tiene un camino legal para modificar lo decidido\u00bb; a\u00f1adi\u00f3 que lo resuelto el 30 de octubre de 2019, contrario a lo afirmado por la actora, \u00abno cercenan [los] derechos fundamentales de su hijo a compartir con su madre y lo protegen frene a los comportamientos de aquella\u00bb. <\/p>\n
4. La procuradora \u201cD\u201d Judicial II para la defensa de la infancia, adolescencia, familia y mujeres de \u201cB\u201d, sostuvo que la demanda tutelar no \u00abre\u00fane el requisito de inmediatez, por cuanto desde la supuesta vulneraci\u00f3n [\u2026] a la fecha de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional han transcurrido m\u00e1s de 13 meses, sin que se avizore ninguna justificaci\u00f3n para que la accionante haya dejado pasar tanto tiempo sin interponer la petici\u00f3n de amparo (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda al advertir que desatiende el par\u00e1metro de la inmediatez porque en este caso \u00ab(\u2026) fluye patente que la actora acudi\u00f3 a este remedio excepcional tard\u00edamente teniendo en cuenta que las decisiones que reprocha datan de 30 de octubre y 9 de diciembre de 2019, lo que deja en evidencia que la accionante dej\u00f3 transcurrir m\u00e1s de 1 a\u00f1o para acudir a este remedio (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, encontr\u00f3 que tampoco se cumple el requisito de la subsidiariedad, por cuanto la gestora cuenta con la posibilidad de solicitar a la comisar\u00eda accionada \u00abla terminaci\u00f3n de los efectos de las declaraciones hechas y la terminaci\u00f3n de las medidas ordenadas al interior del proceso de medidas de protecci\u00f3n que se sigui\u00f3 en su contra (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la querellante, reiterando los argumentos del escrito inicial, en cuando a insistir en los reparos a la decisi\u00f3n de la comisar\u00eda de familia que la despoj\u00f3 de la custodia de su menor hijo; refut\u00f3 adem\u00e1s los criterios precisados por el a quo como sustento de la negativa del resguardo; al respecto, sobre la inmediatez aleg\u00f3 que el tribunal \u00abolvid\u00f3 descontar de dicho tiempo el periodo en que estuvieron suspendidos los t\u00e9rminos judiciales por cuenta de la pandemia [\u2026] adem\u00e1s, debido al problema nacional de salud p\u00fablica solo pude regresar por v\u00eda terrestre a \u201cP\u201d el 7 de agosto de 2020 tras encontrarme en \u201cB\u201d por cuestiones laborales y que el 3 de noviembre de 2020 fue incapacitada por el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas [\u2026] si se hace abstracci\u00f3n de dichos periodos, claramente se puede deducir que la tutela si fue interpuesta dentro de la oportunidad que ha se\u00f1alado la jurisprudencia de la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la primera instancia nada dijo sobre la investigaci\u00f3n penal que se adelanta (por otros asuntos) contra la comisaria de familia de \u201cP\u201d, la misma que dict\u00f3 la providencia que aqu\u00ed cuestiona. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte inicialmente establecer si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y si se cumple con el requisito de la subsidiariedad; de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron las garant\u00edas invocadas por la quejosa dentro del proceso de medida de protecci\u00f3n \u2013 radicado 0000-00 \u2013 en el que se le declar\u00f3 agresora por \u00abviolencia intrafamiliar\u00bb contra su menor hijo, concedi\u00e9ndole provisionalmente la custodia de este al padre, entre otras determinaciones (Comisar\u00eda de Familia de \u201cP\u201d), y; por rechazar (auto de 9 de noviembre de 2019). <\/p>\n
2. Presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La Corte ha se\u00f1alado que la tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos. <\/p>\n
En ese sentido, se ha destacado la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido en la tutela, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n en esta sede de naturaleza excepcional. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte en que a falta de cualquiera de los aludidos presupuestos debe negarse la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. La inmediatez. <\/p>\n
Este principio impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Este postulado, ciertamente, no se cumple en la presente acci\u00f3n, dado que, desde la providencia que con mayor \u00e9nfasis se ataca, esto es, la dictada por la Comisar\u00eda de Familia de \u201cP\u201d el 30 de octubre de 2019, respecto de la formulaci\u00f3n de la presente demanda constitucional, 18 de diciembre de 2020, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre se\u00f1alado como t\u00e9rmino razonable por la jurisprudencia para la interposici\u00f3n tempestiva de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
A\u00fan si se tomara como punto de referencia el auto mediante el cual el Juzgado \u201cX\u201d de \u201cB\u201d rechaz\u00f3 por extempor\u00e1nea la \u00abalzada\u00bb impetrada contra la determinaci\u00f3n de la comisar\u00eda, tampoco se cumple el se\u00f1alado requisito temporal, pues dicho proferimiento data del 9 de diciembre de 2019, esto es, m\u00e1s de once (11) meses antes de la radicaci\u00f3n de la demanda tutelar. <\/p>\n
En todo caso, la afectada debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, ya que su prolongado silencio se aprecia como signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones criticadas; adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de embates contra providencias judiciales. <\/p>\n
Y, aunque la interesada pretendi\u00f3 escudar su inactividad frente al resguardo en la pandemia y en las medidas de restricci\u00f3n de la movilidad que esta gener\u00f3 y que le impidieron viajar a la ciudad de \u201cP\u201d desde \u201cB\u201d, y en la suspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos judiciales, dichas explicaciones no son de recibo para la Corte ya que, en primer lugar, la judicatura no entr\u00f3 en cese de actividades para efectos de resolver acciones constitucionales, tal como dan cuenta los Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528, PCSJA20- 11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20-11556 y PCSJA20-11567 expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura; y, segundo, para dichos asuntos fueron implementadas plataformas virtuales para su tramitaci\u00f3n, precisamente con el objeto de impedir la comparecencia de los usuarios a las sedes judiciales. <\/p>\n
Ahora bien, es cierto que dicho criterio eventualmente puede flexibilizarse a partir de razones suficientes que lo justifiquen, esto es, situaciones acreditadas como la debilidad manifiesta por condiciones como la interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores (como ocurre respecto de los asuntos que involucran derechos de orden pensional); as\u00ed lo ha apuntado la Corte Constitucional en repetidas ocasiones, en sentencias como la SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3.2. La subsidiariedad. <\/p>\n
Por otra parte, constituye raz\u00f3n adicional para predicar el fracaso de la petici\u00f3n, la naturaleza subsidiaria y residual de la acci\u00f3n de tutela, en tanto \u00e9sta no es el escenario id\u00f3neo para suscitar en plenitud el debate propuesto en torno a la definici\u00f3n de la custodia y cuidado personal del menor de edad. <\/p>\n
Ciertamente, el art\u00edculo 21 del C\u00f3digo General del Proceso posibilita que conflictos como el que ac\u00e1 se presenta, los desate \u00aben \u00fanica instancia\u00bb el juez de familia del domicilio del menor, particularmente bajo los asuntos contemplados en los numerales 3\u00b0 y 7\u00ba que refieren a \u00ab3. De la custodia, cuidado personal y visitas de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios\u00bb, y, \u00ab7. De la fijaci\u00f3n, aumento, disminuci\u00f3n y exoneraci\u00f3n de alimentos, de la oferta y ejecuci\u00f3n de los mismos y de la restituci\u00f3n de pensiones alimentarias\u00bb. <\/p>\n
En las condiciones descritas, por cuanto para solucionar la situaci\u00f3n tra\u00edda en sede de tutela, la peticionaria tiene a su disposici\u00f3n herramientas jur\u00eddicas que ordinariamente prev\u00e9 el ordenamiento legal, el mecanismo excepcional invocado no se muestra viable, pues es claro que antes de acudir a \u00e9l, es deber de la supuestamente afectada utilizar las acciones y recursos disponibles seg\u00fan la normativa vigente y aplicable. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que se desatiende el requisito de la subsidiariedad, cuando se acude a la presente acci\u00f3n sin que previamente hubiera intentado la ordinaria que prev\u00e9 el legislador, ya que la tutela no se estableci\u00f3 \u00abpara sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, citada en STC11960-2019, 12 sep. 2019, rad. 00153-01). <\/p>\n
Por lo discurrido se impone la convalidaci\u00f3n de la sentencia impugnada. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. Se confirma la negativa de la salvaguarda porque la tutelante, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional para cuestionar las decisiones dictadas al interior del tr\u00e1mite de medida de protecci\u00f3n, sin que se advierta una raz\u00f3n que justifique la tardanza. <\/p>\n
4.2. Y porque la demanda desatiende el car\u00e1cter subsidiario, ya que la accionante tiene a disposici\u00f3n otras v\u00edas jur\u00eddicas ordinarias para solicitar la custodia del menor. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC1529-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC1529-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2020-00535-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53595","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53595","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53595"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53595\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53595"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53595"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53595"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}