STC1530-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1530-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 16 de diciembre de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carmen Sonia Rubiano Ortiz contra el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes al interior del asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad jur\u00eddica presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que el Fondo de Prestaciones Econ\u00f3micas, Cesant\u00edas y Pensiones – FONCEP formul\u00f3 proceso verbal en su contra para que se declarara que \u00abi) le otorg\u00f3 un cr\u00e9dito por valor de $32.931.040, para la adquisici\u00f3n del apartamento identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-1393230; ii) el plazo para pagar la suma en menci\u00f3n, garantizada adem\u00e1s con hipoteca, fue de 180 meses; iii) la primera cuota deb\u00eda cancelarse el 5 de noviembre de 1996; iv) la demandada acepta que sobre la deuda cancelar\u00eda intereses a una tasa correspondiente a la correcci\u00f3n monetaria m\u00e1s 5 puntos y v) la demandada adeuda la suma de $79.770.300, correspondiente al valor del capital, intereses y seguros calculados hasta el 31 de agosto de 2018\u00bb, asunto que le correspondi\u00f3 al Juzgado Veintis\u00e9is Civil Municipal de Bogot\u00e1, autoridad que mediante sentencia de 29 de noviembre de 2019 neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Sostiene que la parte activa interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual le fue asignado al Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de esta ciudad, despacho que el 4 de noviembre de 2020 revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n del a-quo \u00abbajo una indebida valoraci\u00f3n de las pruebas practicadas y sin motivaci\u00f3n declar\u00f3 existente la obligaci\u00f3n pretendida por el extremo demandante; concepci\u00f3n que se ciment\u00f3 en una especulaci\u00f3n subjetiva del tutelado, pues dentro de la parte considerativa de su fallo, ni siquiera manifiesta la obligaci\u00f3n de la cual surge este valor, ni las inconsistencias que presenta el documento denominado \u201cCartera Hipotecaria Comportamiento del Cr\u00e9dito\u00bb, irregularidad que afect\u00f3 sus prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide se ordene a la autoridad accionada \u00abdejar sin valor ni efectos la sentencia de segunda instancia que revoca el fallo proferido por el juzgado de primera instancia y proferir providencia debidamente motivada en las pruebas que obran en el expediente y con los hechos que se dejaron de probar por parte de la entidad demandante\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, se opuso a la prosperidad del amparo para cuyo efecto se\u00f1al\u00f3 que \u00abdentro de la parte motiva del fallo proferido en segunda instancia, se explic\u00f3 de forma detallada, el an\u00e1lisis probatorio que llev\u00f3 a esta funcionaria judicial a tomar la decisi\u00f3n que en derecho corresponde, sin que se evidencie alguna vulneraci\u00f3n al debido proceso, encontrando probado que FONCEP antes FAVIDI le otorg\u00f3 un pr\u00e9stamo a la se\u00f1ora CARMEN SONIA RUBIANO ORT\u00cdZ, de conformidad a la documentaci\u00f3n allegada, el comportamiento del cr\u00e9dito e interrogatorios de parte, con el fin de establecer que se encontraba probada la suma de $79.770.330\u00bb. <\/p>\n
2. La titular del Juzgado Veintis\u00e9is Civil Municipal de esta ciudad, manifest\u00f3 que no ha lesionado derecho fundamental alguno a la actora, puesto que la determinaci\u00f3n cuestionada fue proferida por el fallador de segunda instancia. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 la protecci\u00f3n tras considerar que no puede predicarse irregularidad alguna respecto a la decisi\u00f3n fechada 4 de noviembre de 2020, toda vez que \u00abse ofreci\u00f3 una extensa ilustraci\u00f3n sobre las razones que justificaban imponer el monto de la condena y en tal sentido, no hay forma de inferir yerro may\u00fasculo por el hecho de haberse declarado, que s\u00ed existi\u00f3 un contrato de mutuo, a cargo de la accionante y en favor de FONCEP, pues obra en el expediente, prueba que soporta el perfeccionamiento de ese contrato real y de sus pormenores seg\u00fan lo resalt\u00f3 el juez accionado\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la tutelante con los mismos argumentos de su escrito introductor y agreg\u00f3 que el tribunal \u00abprofiri\u00f3 un fallo que no se ajusta a los hechos antecedentes que motivaron la presente acci\u00f3n constitucional, ni a los defectos procedimentales desarrollados en la misma, los cuales dejaban en evidencia la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, pues existi\u00f3 un desconocimiento del material probatorio recaudado y practicado en el proceso verbal- defecto f\u00e1ctico y decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales en dar cuenta de los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la legitimidad de su \u00f3rbita funcional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de la querellante al revocar la sentencia proferida por el a quo para en su lugar acceder a las pretensiones del asunto formulado en su contra, incurriendo con ello en \u00abindebida valoraci\u00f3n del material probatorio recaudado y falta de motivaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Del cotejo realizado a los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n, con la informaci\u00f3n proporcionada por los intervinientes y la obtenida de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, comoquiera que la providencia que revoc\u00f3 la sentencia de primera instancia y accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda formulada contra la accionante por el Fondo de Prestaciones Econ\u00f3micas, Cesant\u00edas y Pensiones \u2013 FONCEP, se aprecia coherente, razonable y motivada. <\/p>\n
3.1. En efecto, para fundamentar su decisi\u00f3n el accionado advirti\u00f3 que \u00abdescendiendo al estudio de las pruebas debe decirse que respecto a la escritura p\u00fablica 2593 del 12 de julio de 1996 de la Notar\u00eda 58 de Bogot\u00e1, intervinieron en el acto la Fiduciaria Tequendama S.A. como vendedora y la se\u00f1ora Carmen Sonia Rubiano Ortiz como compradora, quien a su vez le hipoteca el inmueble a favor de FAVIDI hoy FONCEP, encontrando clara para esta instancia la cl\u00e1usula cuarta, visible a folio 12. Dicho documento que reza: \u201cCuarta. El valor del cr\u00e9dito hipotecario ser\u00e1 la suma de $32.931.040; se cancelar\u00e1 en quince a\u00f1os que equivalen a 180 cuotas mensuales a una tasa correspondiente a la correcci\u00f3n monetaria vigente m\u00e1s cinco puntos y al resultado de esta operaci\u00f3n se le sumar\u00e1 el valor de la doceava parte de la prima de seguros calculada para cada a\u00f1o determin\u00e1ndose as\u00ed el valor de la mensualidad\u201d. <\/p>\n
Con la suscripci\u00f3n de esta escritura p\u00fablica 2593 del 12 de julio de 1996, la se\u00f1ora Carmen Sonia Rubiano Ortiz conoc\u00eda y aceptaba las obligaciones adquiridas, as\u00ed como los pagos establecidos de la suma mutuada, es m\u00e1s debe resaltarse que de igual forma lo indic\u00f3 la juez a quo dentro de su exposici\u00f3n realizada respecto de los hechos demostrados dentro del proceso, sentido del fallo y fallo proferido donde qued\u00f3 demostrado para esa instancia que hab\u00eda un contrato con obligaciones entre las partes y un desembolso del dinero del cual se pagar\u00eda a 180 meses, no obstante, lo anterior la juez de primera instancia neg\u00f3 las pretensiones pero en la parte motiva s\u00ed hizo estas consideraciones y lleg\u00f3 a estas conclusiones que acabo de indicar. <\/p>\n
A su vez en la contestaci\u00f3n de la demanda presentada, frente al pronunciamiento de los hechos a folio 296 es posible evidenciar en el numeral diecis\u00e9is lo siguiente: \u201cD\u00e9cimo Sexto. Es cierto que se constituy\u00f3 hipoteca abierta sobre el bien a favor de FAVIDI para respaldar la obligaci\u00f3n a mi cargo, en esta se mantuvieron las mismas condiciones que aparecieron en la promesa de compraventa\u201d y finaliza diciendo que \u201cpara mayor ilustraci\u00f3n se permit\u00eda citar la cl\u00e1usula cuarta tomada de la escritura 2593 en la que se evidencian las condiciones de pago\u201d esto se indic\u00f3 en la contestaci\u00f3n de la demanda, por otro lado, en el numeral dieciocho, se indic\u00f3: \u201cDieciocho. Es cierto que el capital recibido por mi poderdante fue de $32.931.040 representado en el 80% del valor del apartamento que le fue entregado, desafortunadamente las condiciones de pago y la forma de aplicar la correcci\u00f3n monetaria difieren de lo pactado inicialmente. <\/p>\n
Entonces en atenci\u00f3n a lo expuesto y de conformidad al estudio de los medios de prueba allegados al presente proceso, para esta juzgadora de segunda instancia se encuentra probado que FONCEP antes FAVIDI le otorg\u00f3 un pr\u00e9stamo a la se\u00f1ora Carmen Sonia Rubiano Ortiz por un valor de $32.931.040 con un plazo de 180 meses para pagar la suma mutuada con una correcci\u00f3n monetaria m\u00e1s cinco puntos para la adquisici\u00f3n de una vivienda identificada con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50C-1393230\u00bb (audio 3:56 a 7:35 minutos). <\/p>\n
Quisiera insistir en lo siguiente, para esta instancia ser\u00eda muy complejo y contraevidente no declarar o manifestar cuando las pruebas documentales han indicado, como las pruebas del interrogatorio, como ya se hizo el estudio y como ustedes mismos lo han dicho y confesado, que la deuda no exista, porque la deuda existe, tanto es as\u00ed, que incluso se encuentra en mora, confesado por la misma parte demandada, entonces para este despacho ser\u00eda contraevidente decir como lo indic\u00f3 la juez de primera instancia, no obstante el estudio juicioso que hizo, pues, considero que cometi\u00f3 un yerro al concluir de manera equivocada, porque no obstante, reconocer que existe y que era de tal valor el cr\u00e9dito, por no lograr dilucidarse por ella los $79.770.330 no accedi\u00f3 a las pretensiones, pero una cosa distinta que no haya entendido, pues considerado en su real entender y saber, que esos $79.770.330 estaban claramente indicados y otra es negar la existencia de la deuda por parte de la se\u00f1ora demandada, eso por un lado y por el otro lado, tambi\u00e9n quisiera insistirle y precisar a\u00fan m\u00e1s, el tema de la acci\u00f3n que se pretendi\u00f3, la acci\u00f3n que se emprendi\u00f3 por parte de FAVIDI es declarativa, es decir que FAVIDI consider\u00f3 bien o mal, no tenemos por qu\u00e9 entrar a juzgarla, consider\u00f3 bien o mal que no exist\u00eda t\u00edtulo ejecutivo y que deb\u00eda acudir a un declarativo para que un juez precisamente declarara la existencia de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Primero estaba en todo su derecho porque, as\u00ed como tambi\u00e9n lo dijo la juez de primera instancia es facultativa la acci\u00f3n que se ejerza, que se logre o no a trav\u00e9s de sentencia, es otra cosa, pero ten\u00eda todo el derecho de iniciar la acci\u00f3n y por ninguna parte podemos indicar y considerar que la acci\u00f3n que se emprendi\u00f3 fue una acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa, no me voy a referir a nada diferente a la r\u00e9plica que hizo la parte demandada en su momento porque como claramente se le indic\u00f3 en la audiencia pasada, la parte demandada no apel\u00f3 por lo mismo, por tanto, no podr\u00edamos fallar nada al respecto, pero s\u00ed es cierto que la acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa no fue la que dio lugar a esta demanda y a este proceso, primero porque las pretensiones del apoderado de la parte demandante son claras, son meramente declarativas, es absolutamente un derecho incierto que hay que reconocer y que aqu\u00ed se reconoci\u00f3 y segundo porque la acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa solamente puede pedirse de manera subsidiaria a una acci\u00f3n principal y este no fue el caso, entonces para FAVIDI ni para esta juzgadora existe acci\u00f3n de enriquecimiento en debate\u00bb (audio 12:36 a 17:16 minutos). <\/p>\n
3.2. Como acaba de verse, la decisi\u00f3n adoptada por el juzgado accionado no configura defecto f\u00e1ctico o de otra \u00edndole, por consiguiente, lejos est\u00e1 de desencadenar en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, y cuando ello es as\u00ed, la actuaci\u00f3n obedece a los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al juez constitucional para inmiscuirse en el asunto. <\/p>\n
En este orden, se ha dicho y reiterado que cuando la determinaci\u00f3n objeto de censura no genera flagrante vulneraci\u00f3n a derecho fundamental alguno, no abre paso a la protecci\u00f3n invocada en tanto lejos est\u00e1 de obedecer a capricho o arbitrariedad del fallador encartado, ya que: \u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, citada entre otras en STC1548-2019, 14 feb. 2019, rad. 2018-00210-01). <\/p>\n
N\u00f3tese que lo pretendido por la querellante es hacer prevalecer su criterio y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que la desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n tutelar, la cual no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Conforme a las precisiones dadas en precedencia, se ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n del amparo implorado, en atenci\u00f3n a que lo resuelto en el tr\u00e1mite cuestionado, no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n a trav\u00e9s de esta senda jur\u00eddica. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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