STC1532-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1532-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01894-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 16 de diciembre de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Agrupaci\u00f3n de Vivienda California Town Houses P.H. contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de la aludida localidad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el coactivo 2015-00479. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de mandatario judicial, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con los autos de (i) 4 de septiembre de 2019 (mediante el cual el convocado aprob\u00f3 el remate efectuado en la referida ejecuci\u00f3n, sin reservar los dineros necesarios para cubrir las cuotas de administraci\u00f3n del inmueble que se le adeudan a la propiedad horizontal); (ii) 4 de febrero de 2020 (con el cual se rechazaron, por falta de legitimaci\u00f3n, los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que la actora formul\u00f3 contra dicho prove\u00eddo); y (iii) 9 de julio de 2020 (a trav\u00e9s del cual se desestim\u00f3 nuevamente el recurso de reposici\u00f3n con el que la accionante insisti\u00f3 en el pago de las cuotas de administraci\u00f3n). <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, se indic\u00f3 en la demanda que, para rechazar de plano las rese\u00f1adas impugnaciones, el accionado arguy\u00f3 que la propiedad horizontal no integraba ninguno de los extremos procesales del ejecutivo n\u00b0 2015-00479, ni tampoco pod\u00eda actuar como tercera interesada en este \u00faltimo juicio, al haber cedido el cr\u00e9dito objeto del recaudo n\u00b0 2015-01115 (en el que se decret\u00f3 el embargo de los remanentes de la primera tramitaci\u00f3n), desconociendo con ello que las cuotas de administraci\u00f3n cuyo pago se le estaban reclamando, correspond\u00edan a mensualidades distintas de las que fueron cedidas. <\/p>\n
3. Pide, en consecuencia, que se dejen sin efecto las fustigadas providencias y que, en su lugar, se ordene que \u00abdel producto del remate se reserve la suma necesaria para el pago de cuotas de administraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El fallador accionado defendi\u00f3 la legalidad de las providencias objeto de censura y pidi\u00f3 desestimar el resguardo por carecer del presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
2. El Juzgado Veintid\u00f3s Civil Municipal de Bogot\u00e1 (ante el cual se adelanta el coactivo n\u00b0 2015-001115) pidi\u00f3 que se le desvinculara del tr\u00e1mite al no haber tenido ninguna injerencia en el proferimiento de las decisiones que cuestiona la accionante. <\/p>\n
3. Valeria Garc\u00eda G\u00f3mez (cesionaria del cr\u00e9dito en el compulsivo n\u00b0 2015-01115) se opuso a la salvaguarda tras se\u00f1alar que las cuestionadas providencias no involucran una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Concedi\u00f3 el amparo por considerar equivocado que el fallador se negara a disponer el pago de las cuotas de administraci\u00f3n en mora causadas en favor de la hoy accionante, por lo que orden\u00f3 \u00abdar estricto cumplimiento al numeral 7\u00ba del art. 455 del C.G.P., y del producto del remate efectuar la reserva para el pago de las cuotas de administraci\u00f3n causadas y que se causen hasta la entrega del bien rematado\u00bb. <\/p>\n
LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n
Las interpusieron Valeria Garc\u00eda G\u00f3mez y el fallador convocado. La primera insisti\u00f3 en las alegaciones con que inicialmente se opuso a la prosperidad del resguardo, y el segundo aleg\u00f3 que \u00abno es posible fijar monto alguno para pagar exclusivamente las cuotas de administraci\u00f3n, pues como se indic\u00f3 el dinero ya fue entregado a la adjudicataria para sufragar el monto de los impuestos, rubro que tambi\u00e9n est\u00e1 contemplado en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 455 del Estatuto Procesal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fallador convocado vulner\u00f3 la garant\u00eda invocada en el escrito introductor, al aprobar la diligencia de remate del inmueble que incumbe a este tr\u00e1mite, sin ordenar la reserva de los dineros que resultaran necesarios para cubrir las cuotas de administraci\u00f3n en mora. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones de naturaleza judicial, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto – razonabilidad de la providencia cuestionada. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el juzgador convocado aprob\u00f3 el remate efectuado en la referida ejecuci\u00f3n, sin reservar los dineros necesarios para cubrir las cuotas de administraci\u00f3n del inmueble que se le adeudan a la propiedad horizontal, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, en raz\u00f3n a que tal determinaci\u00f3n obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas y la jurisprudencia que regulan la materia. <\/p>\n
Para convenir en ello, es importante se\u00f1alar que el fallador encartado fue enf\u00e1tico al indicar que la solicitud de pago y saneamiento que formul\u00f3 la aqu\u00ed accionante (y que el ad quem de este tr\u00e1mite orden\u00f3 acoger) no era viable, principalmente por cuanto \u00aba favor de este asunto \u00fanicamente se consign\u00f3 la suma de $5\u00b4154.182,29, ya que el inmueble fue adjudicado por cuenta de este cr\u00e9dito\u00bb, a lo que agreg\u00f3 que dicha suma ya le hab\u00eda sido entregada al adjudicatario, \u00abal amparo del numeral 7\u00ba del art\u00edculo 455 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, en consideraci\u00f3n a que fue el rematante quien sufrag\u00f3 los impuestos prediales y de valorizaci\u00f3n que el inmueble ten\u00eda pendientes de pago. <\/p>\n
Sobre el mismo particular, m\u00e1s adelante agreg\u00f3 que \u00abel art\u00edculo 455 establece los presupuestos normativos que debe tener la providencia que aprueba la almoneda sin que en ninguno de ellos se le indique al juzgador que debe ordenar el pago de las cuotas de administraci\u00f3n, como lo afirm\u00f3 la recurrente, ya que el numeral 7\u00ba de la misma norma simplemente establece que se deber\u00e1 fijar el valor de la reserva para eventualmente pagar los rubros por los conceptos all\u00ed establecidos, siempre y cuando se acrediten en el t\u00e9rmino establecido y el dinero disponible alcance a solucionar dichas sumas\u00bb. <\/p>\n
Ante tales razonamientos, no cabe tener por acreditado el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador convocado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Seg\u00fan lo rese\u00f1ado, surge evidente que la pretensi\u00f3n de la gestora del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones que la autoridad accionada tuvo para resolver el asunto sometido a su escrutinio, disconformidad que, se itera, excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se revocar\u00e1 la concesi\u00f3n del amparo, porque la determinaci\u00f3n cuestionada fue motivada y lo pretendido por la querellante es anteponer su propio criterio al del juez convocado, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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