STC1656-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1656-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00296-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Jaime Gonz\u00e1lez Pati\u00f1o contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, espec\u00edficamente frente al magistrado Jaime Leonardo Chaparro Peralta, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cpertenencia\u201d, incoado por el aqu\u00ed actor a la sociedad Ingenio La Caba\u00f1a S.A. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, entre otras, presuntamente quebrantadas por el querellado. <\/p>\n
Ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Popay\u00e1n, Jaime Leonardo Chaparro Peralta impetr\u00f3 contra Ingenio La Caba\u00f1a S.A., el juicio de \u201cpertenencia\u201d materia de esta salvaguarda. <\/p>\n
En sentencia de primera instancia, el referido despacho, desestim\u00f3 las pretensiones invocadas y orden\u00f3, al aqu\u00ed tutelante, restituir al extremo pasivo el predio inmiscuido, decisi\u00f3n confirmada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la referida ciudad, en fallo de 9 de octubre de 2020. <\/p>\n
El censor impetr\u00f3 recurso de casaci\u00f3n solicitando \u201cla suspensi\u00f3n del cumplimiento de la providencia impugnada\u201d de conformidad con el inciso 4\u00b0 del art\u00edculo 341 del C\u00f3digo General del Proceso1. <\/p>\n
La corporaci\u00f3n querellada, en auto de 5 de noviembre pasado, concedi\u00f3 el mecanismo extraordinario impetrado, fijando el valor de la cauci\u00f3n en $1.038.090.606, decisi\u00f3n no impugnada por el interesado. <\/p>\n
Afirma el censor que acudi\u00f3 a diferentes \u201ccompa\u00f1\u00edas de seguros\u201d para dar cumplimiento a lo dispuesto por el convocado; sin embargo, no pudo conseguir la correspondiente \u201cp\u00f3liza por elevado monto\u201d de la misma. <\/p>\n
Expresa que solicit\u00f3 al colegiado fustigado, \u201crebajar\u201d el valor de la memorada garant\u00eda y concederle \u201camparo de pobreza, dada las dificultades para poder prestar la cauci\u00f3n exigida\u201d, pedimentos denegados en auto de 27 de noviembre de 2020. <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n fue atacada en reposici\u00f3n por el quejoso, \u00fanicamente, en lo concerniente a la negativa a la \u201creducci\u00f3n de la cauci\u00f3n\u201d, remedio desestimado el 16 de diciembre pasado. <\/p>\n
Esgrime el tutelante que, dentro del caso bajo estudio, se vulneraron sus prerrogativas fundamentales, por cuanto: <\/p>\n
\u201c(\u2026) i) el solo hecho de intentar cumplir con [la] exigencia del tribunal se atenta contra [su] m\u00ednimo vital, pues en la actualidad subsiste del producido del trabajo propio desempe\u00f1ado en la finca Praga, recibiendo ganado a utilidad o participaci\u00f3n, y sus ingresos no superan los dos millones de pesos; y ii) al momento [de] negar la solicitud de amparo de pobreza (\u2026) se colige un exceso de ritual manifiesto, ya que el accionado act\u00faa rigurosamente al pie de la ley sustancial y procesal, sin ponderar las situaciones y caracter\u00edsticas que se despliegan de las formas propias de cada juicio (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Suplica, en concreto, se ordene a la corporaci\u00f3n convocada concederle el memorado amparo de pobreza. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Remiti\u00f3 copia de todas las actuaciones desplegadas dentro del comentado decurso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto. <\/p>\n
2. Jaime Gonz\u00e1lez Pati\u00f1o reprocha las siguientes determinaciones: i) auto de 5 de noviembre de 2020, donde el convocado fij\u00f3 el monto de $1.038.090.606 como valor de la cauci\u00f3n para acceder a la suspensi\u00f3n del cumplimiento de la sentencia de segunda instancia; y ii) prove\u00eddo de 27 del mismo mes y a\u00f1o, mediante el cual el tutelado deneg\u00f3 el \u201camparo de pobreza\u201d impetrado en el caso sublite. <\/p>\n
En efecto, las referidas providencias eran susceptibles de impugnarse mediante reposici\u00f3n, procedente a voces de lo establecido en los art\u00edculos 318 del C\u00f3digo General del Proceso2; empero, el interesado no hizo uso de dicha herramienta. <\/p>\n
N\u00f3tese, con relaci\u00f3n al auto de 27 de noviembre de 2020, el tutelante \u00fanicamente recurri\u00f3 el tema de la negativa del tribunal a rebajar el valor de la cauci\u00f3n ordenada en el pleito subex\u00e1mine; sin embargo, aunque en ese mismo prove\u00eddo tambi\u00e9n se resolvi\u00f3 negativamente el memorado amparo de pobreza, el quejoso ninguna inconformidad elev\u00f3, a trav\u00e9s del medio horizontal rese\u00f1ado. <\/p>\n
4. El descuido del convocante le cierra el paso a esta excepcional jurisdicci\u00f3n dada su naturaleza subsidiaria <\/p>\n
Sobre ese aspecto, esta Corte ha sido enf\u00e1tica al se\u00f1alar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
No es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias o descuidos en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa al interior del proceso. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Colegiatura ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a accionante (\u2026), no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria judicial acusada, (\u2026) a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d,7 impone su observancia irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo con lo discurrido, se denegar\u00e1 el ruego impetrado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Jaime Gonz\u00e1lez Pati\u00f1o contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, espec\u00edficamente frente a Jaime Leonardo Chaparro Peralta, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cpertenencia\u201d, incoado por el aqu\u00ed actor a la sociedad Ingenio La Caba\u00f1a S.A. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Con ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Con ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
2 El art\u00edculo 318 del C\u00f3digo de General del Proceso, expresa: \u201cSalvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen\u201d. <\/p>\n
3 CSJ STC, de 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00. <\/p>\n
4 CSJ. STC. 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de noviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, respectivamente. <\/p>\n
5 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3o de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso Furlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
11 <\/p>\n
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