STC1657-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1657-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00337-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso e igualdad, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Bancolombia S.A. promovi\u00f3 juicio ejecutivo contra la Cooperativa de Transportadores de Carga en Liquidaci\u00f3n, con miras a lograr el recaudo de las sumas de $60.943.809 y $5.000.000, representadas en los pagar\u00e9s n\u00fams. 4320084501 y 4320085468, respectivamente. Por otra parte, solicit\u00f3 librar mandamiento de pago contra la citada compa\u00f1\u00eda y el aqu\u00ed accionante, en calidad de avalista, por $175.000.002, respaldados con un t\u00edtulo, sin n\u00famero, de la misma especie, creado el 14 de febrero de 2012. <\/p>\n
El Juzgado Once Civil del Circuito de Medell\u00edn libr\u00f3 la orden de apremio el 29 de agosto de 2018, corregida el 21 de septiembre siguiente. <\/p>\n
El 22 de octubre posterior, se surti\u00f3 la notificaci\u00f3n del aqu\u00ed querellante, quien se opuso a las pretensiones de la entidad financiera, aduciendo su ajenidad en el negocio causal del cartulario cobrado, pues ese capital fue desembolsado en el a\u00f1o 2018, esto es, seis a\u00f1os despu\u00e9s de su renuncia a la sociedad deudora. En ese contexto, propuso las excepciones de \u201csimulaci\u00f3n de la calidad de garante\u201d, \u201ccancelaci\u00f3n total de la obligaci\u00f3n\u201d, \u201causencia de responsabilidad\u201d, \u201cdesatenci\u00f3n a la carta de instrucci\u00f3n\u201d, \u201cabuso de posici\u00f3n dominante\u201d, \u201cinexistencia del cr\u00e9dito\u201d, \u201cfalsedad ideol\u00f3gica\u201d y \u201cprescripci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Para la representaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n convocada se design\u00f3 un curador ad litem, quien manifest\u00f3 estarse a lo probado en el litigio. <\/p>\n
El 16 de octubre de 2020, el fallador de primera instancia dict\u00f3 sentencia a trav\u00e9s de la cual desech\u00f3 los argumentos defensivos de la pasiva y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, por encontrar vigente el contrato de cr\u00e9dito preferente \u201ca t\u00e9rmino indefinido\u201d, otorgado por Bancolombia S.A. a la Cooperativa de Transportadores hoy en Liquidaci\u00f3n y a su avalista, quien suscribi\u00f3 el pagar\u00e9 en blanco, como persona natural, oblig\u00e1ndose a respaldar \u201ctodas las sumas adeudadas en raz\u00f3n del convenio\u201d, cuya terminaci\u00f3n jam\u00e1s solicit\u00f3. <\/p>\n
En desacuerdo, el tutelante impetr\u00f3 apelaci\u00f3n cuestionando, exclusivamente, la exigibilidad del pagar\u00e9 sin consecutivo, cuyo monto inicial fue cancelado en su integridad, siendo ese el \u00fanico valor garantizado con su firma, pues, adujo, no sign\u00f3 el contrato de empr\u00e9stito esgrimido por el banco actor. <\/p>\n
Al desatar la alzada, en providencia de 11 de diciembre de 2020, el tribunal fustigado confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n recurrida. <\/p>\n
En criterio del promotor, la autoridad plural encartada desconoci\u00f3 sus prerrogativas constitucionales al confirmar la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n en su contra, por una obligaci\u00f3n cuya existencia no se prob\u00f3, pues el \u00fanico soporte allegado fue un listado elaborado por su contendora, donde, seg\u00fan dice, temerariamente y de mala fe, relacion\u00f3 pr\u00e9stamos desembolsados, en el a\u00f1o 2018, a la Cooperativa de Transportadores de Carga en Liquidaci\u00f3n, supuestamente, en virtud del contrato de cr\u00e9dito preferente, suscrito entre esas dos organizaciones, en todo caso, inoponible a \u00e9l como persona natural. <\/p>\n
Esto \u00faltimo, porque solo sign\u00f3 el pagar\u00e9 como avalista de los cr\u00e9ditos otorgados en el a\u00f1o 2012 y ya cancelados por la empresa de econom\u00eda solidaria de la cual se desvincul\u00f3 el 3 de diciembre de ese a\u00f1o. <\/p>\n
3. Solicita, en concreto, dejar sin efecto la sentencia fustigada y, en su lugar, ordenar la emisi\u00f3n de otro pronunciamiento acorde \u201ccon la sentencia de tutela\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y de los vinculados <\/p>\n
1. La magistratura encartada asever\u00f3 no haber lesionado las prerrogativas del quejoso y remiti\u00f3 copia digital de la actuaci\u00f3n recriminada. <\/p>\n
2. El juez de circuito vinculado rese\u00f1\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida en sede de primera instancia y destac\u00f3 la confirmaci\u00f3n de su decisi\u00f3n de m\u00e9rito por parte del superior funcional. <\/p>\n
3. Bancolombia pidi\u00f3 denegar la salvaguarda por improcedente, dada la ausencia de vulneraci\u00f3n a los derechos superlativos del tutelante, advirtiendo que, de acoger los ruegos del impulsor, se quebrantar\u00edan las garant\u00edas de ese establecimiento financiero. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La controversia se cifra en determinar si el tribunal censurado incurri\u00f3 en el yerro f\u00e1ctico enrostrado por el querellante, al mantener inc\u00f3lume la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n en su contra. <\/p>\n
Lo anterior, afirma el petente, aun cuando su condici\u00f3n de avalista feneci\u00f3 con el pago total de la obligaci\u00f3n en virtud de la cual suscribi\u00f3, presionado por Bancolombia, el pagar\u00e9 sin n\u00famero, creado el 14 de febrero de 2012, sin que pudiera considerarse la extensi\u00f3n de su compromiso, como persona natural, al contrato de cr\u00e9dito preferente, firmado, exclusivamente, como representante legal de Cargacoop. <\/p>\n
2. Se negar\u00e1 el amparo, por cuanto no se advierte configurada ninguna de las causales espec\u00edficas que habilitan la intervenci\u00f3n del juez de tutela, para cuestionar la decisi\u00f3n del colegiado. <\/p>\n
La sede judicial rebatida realiz\u00f3 un estudio detallado de los motivos de censura expuestos por el all\u00e1 apelante, aqu\u00ed precursor, frente al fallo de primer nivel, los cuales reitera el gestor por esta v\u00eda, ofreciendo respuesta a cada uno de ellos, de acuerdo con la normativa aplicable al asunto y los medios de cognici\u00f3n oportunamente adosados. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, frente a la alegada inexigibilidad del pagar\u00e9 aducido en su contra, por carecer de un n\u00famero consecutivo, como toda obligaci\u00f3n bancaria, y de la incorporaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos causales, lo cual dijo, le impidi\u00f3 verificar el pago, la colegiatura estim\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sos argumentos no pasan de ser una inconformidad sin fundamento alguno. Por un lado, porque el pagar\u00e9, per se, es suficiente para hacer valer el cr\u00e9dito incorporado, tanto como que seg\u00fan el art\u00edculo 619 del C\u00f3digo de Comercio \u201c[l]os t\u00edtulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y aut\u00f3nomo que en ellos se incorpora\u201d. Por otra parte, en el archivo Excel que se alleg\u00f3 como prueba de los cr\u00e9ditos desembolsados por la demandante a favor de Cargacoop (\u2026) se corrobora que en el presente proceso se est\u00e1n ejecutando saldos de los siguientes empr\u00e9stitos: <\/p>\n
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NOMBRE <\/p>\n
FECHAFINAL <\/p>\n
MONTOINIC <\/p>\n
PLAZO <\/p>\n
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES <\/p>\n
20180207 <\/p>\n
20190207 <\/p>\n
200.000.000 <\/p>\n
12 <\/p>\n
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES <\/p>\n
20180207 <\/p>\n
20190207 <\/p>\n
10.000.000 <\/p>\n
12 <\/p>\n
\u201cLuego, (\u2026) el reproche [consistente en que] \u201cla deducci\u00f3n [de] la juez (\u2026) en realidad no existe en el proceso y resulta ser una inferencia [hecha] con base en la prueba\u201d, (\u2026) no puede ser m\u00e1s insustancial si se tiene en cuenta que a ello est\u00e1 llamado el juez: a valorar las pruebas y fundar en ellas sus decisiones, m\u00e1xime cuando la a quo se preocup\u00f3 por conseguir la relaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, precisamente, porque el demandado se opuso a la prosperidad de las pretensiones alegando que no hab\u00eda ning\u00fan cr\u00e9dito de fondo a favor del banco demandante (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En lo tocante con la ajenidad al contrato de cr\u00e9dito preferente, enarbolada por el aqu\u00ed quejoso, sostuvo el ad quem: <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d [E]l apelante [aduce la inoponibilidad] del reglamento para el cr\u00e9dito preferente (\u2026), pero al mismo tiempo asegura que de acuerdo con sus cl\u00e1usulas primera y novena \u201cde antemano se sab\u00eda que las sumas adeudadas eran las iniciales\u201d, es decir, las que Bancolombia S.A. prest\u00f3 a Cargacoop en 2012, cuando requiri\u00f3 de liquidez para pagar las cesant\u00edas de sus empleados, causadas en el 2011. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) El recurso[,] en el punto[,] se funda en que ese reglamento no est\u00e1 firmado por el se\u00f1or Echeverri Obreg\u00f3n en calidad de persona natural. Empero, en su interrogatorio manifest\u00f3 que \u201cera el gerente y representante legal de la Cooperativa, renunci\u00e9 el 3 de diciembre de 2012\u201d (min.33). <\/p>\n
En adici\u00f3n, sobre el cuestionado convenio de cr\u00e9dito (\u2026) indic\u00f3[:] <\/p>\n
\u201cYo personalmente tramit\u00e9 ese cr\u00e9dito que me ofreci\u00f3 el mismo banco, para que pag\u00e1ramos cesant\u00edas del a\u00f1o 2011, se pagaban en el a\u00f1o inmediatamente siguiente. Se firm\u00f3 ese reglamento de cr\u00e9dito preferente, se dice que esos espacios eran para llenar los espacios de capital m\u00e1s intereses, correspondiente al pr\u00e9stamo indicado, eso era para el desembolso de las cesant\u00edas\u201d (min. 35). <\/p>\n
\u201cPor tanto, al ser cuestionado [sobre] si sab\u00eda que por virtud de ese convenio se pod\u00edan desembolsar diferentes cr\u00e9ditos, contest\u00f3 (\u2026) \u201cno (\u2026) es que el banco lo hace firmar en blanco como gerente y como codeudor, porque si no, no se lo prestan, es a la fuerza (\u2026), yo lo ten\u00eda que firmar\u201d (min 36:55). Sin embargo, a pregunta siguiente [acerca de] la posibilidad de desvinculaci\u00f3n que seg\u00fan la juez de primer grado le otorgaba la cl\u00e1usula 8\u00aa de ese acuerdo, [donde] tambi\u00e9n se dispon\u00eda una duraci\u00f3n indefinida del mismo, sin duda manifest\u00f3 que no hab\u00eda solicitado desvinculaci\u00f3n alguna[,] [explicando:] \u201cpues, es que, digamos que no tengo excusa para decir que yo no lo le\u00eda, pero es que si usted no lo firma no le dan el cr\u00e9dito, es a t\u00e9rmino indefinido, s\u00ed\u201d (min. 39:30) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Al valorar la declaraci\u00f3n vertida por el propio ejecutado, el tribunal infiri\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l apelante, en su calidad de representante legal de Cargacoop, solicit\u00f3 una l\u00ednea de cr\u00e9dito preferente a Bancolombia S.A. (\u2026) [C]onoci\u00f3 el texto completo del reglamento de cr\u00e9dito preferente, e incluso ley\u00f3 su contenido. (\u2026) [S]i bien el mentado reglamento de cr\u00e9dito \u00fanicamente aparece firmado por Cargacoop, el apelante no desconoce haber firmado el pagar\u00e9 ejecutado en su contra, a sabiendas que el mismo hac\u00eda parte de un acuerdo Bancolombia\/Cargacoop para el otorgamiento de cr\u00e9ditos rotativos, credi\u00e1giles y tarjetas de cr\u00e9dito, entre otros[,] enlist[ados por] la representante legal de la primera sociedad. <\/p>\n
Acto seguido, el sentenciador de segunda instancia abord\u00f3 el estudio de la tesis del libelista, seg\u00fan la cual, el pagar\u00e9 en blanco estaba circunscrito al mutuo con ocasi\u00f3n del cual fue creado, estableciendo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [T]odo lo antes considerado con respecto al interrogatorio del demandado, no se orienta m\u00e1s que a la expresi\u00f3n de razones suficientes que dan cuenta de que el apelante firm\u00f3 el pagar\u00e9 cuestionado de forma libre y voluntaria, pues [as\u00ed] alegue una \u201cfirma a la fuerza\u201d, termina reconociendo que sign\u00f3 el cartular para evitar [la negativa del] cr\u00e9dito a Cargacoop, lo cual no se traduce sino en una cosa: el cumplimiento de la pol\u00edtica de riesgos, cr\u00e9dito y garant\u00eda en [donde] el acreedor tiene plena facultad de configuraci\u00f3n, siempre[,] (\u2026) dentro de los l\u00edmites legales. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [R]esulta inoficioso preguntarse si el reglamento para cr\u00e9dito preferente es oponible o no al apelante por no haberlo firmado en calidad de persona natural, [en tanto] la obligaci\u00f3n fue adquirida en virtud de la firma impuesta en el pagar\u00e9 en calidad de avalista, [la cual] no se desconoce en el recurso, resulta ser aut\u00f3noma e independiente y, en cualquier caso, (\u2026) constituye una posici\u00f3n contractual de garant\u00eda [en cabeza del] apelante para todo lo debido por Cargacoop a Bancolombia S.A. <\/p>\n
\u201cEn otras palabras, el se\u00f1or Echeverri Obreg\u00f3n no niega haber firmado el pagar\u00e9 con n\u00famero de solicitud 42974358, como tampoco cuestiona que lo hizo en calidad de avalista de Cargacoop. Por ello, irrelevante resulta que (\u2026) hubiere o no firmado el reglamento de cr\u00e9dito preferente como \u201cpersona natural\u201d, porque la l\u00ednea de cr\u00e9dito se abri\u00f3 a favor de Cargacoop, a quien para el 2012 representaba, al punto que en su interrogatorio reconoci\u00f3 que solicit\u00f3 ese cr\u00e9dito buscando recursos para pagar obligaciones de esa sociedad. <\/p>\n
\u201cLuego, su obligaci\u00f3n deriva es del pagar\u00e9 y no del reglamento para cr\u00e9dito preferente, porque con su firma aval\u00f3 las obligaciones adquiridas por la sociedad mencionada, todas las cuales se suscribieron bajo la vigencia del cuestionado reglamento. Incluso, tanto uno como otro (pagar\u00e9 y reglamento) tiene el mismo n\u00famero de solicitud -42974358-, lo [cual] francamente permite concluir que las relaciones Bancolombia\/Cargacoop se desarrollaban en el marco del convenido tratamiento preferente a t\u00e9rmino indefinido y que, producto de esas relaciones, se desembolsaron sumas de dinero para cuyo respaldo se suscribi\u00f3 un pagar\u00e9 inicial en el 2012, que servir\u00eda de base para la ejecuci\u00f3n de cualquier saldo insoluto. <\/p>\n
Lo \u00faltimo, en consonancia con las cl\u00e1usulas octava y novena del memorado convenio, a cuyo tenor: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Octava. La relaci\u00f3n contractual aqu\u00ed regulada se entiende al t\u00e9rmino indefinido, pero cualquiera de las partes podr\u00e1 darla por terminad[a] en cualquier momento[,] comunicando su decisi\u00f3n a la otra parte, por escrito y con una antelaci\u00f3n de dos (2) d\u00edas\u201d. <\/p>\n
\u201cNovena. El usuario, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 622 del C\u00f3digo de Comercio, ha hecho entrega al Banco de un pagar\u00e9 firmado en el cual se han dejado en blanco los espacios relativos a la cuant\u00eda tanto por capital como por intereses, vencimiento y tasa de inter\u00e9s de mora, el cual est\u00e1 destinado a instrumentar las obligaciones a cargo del usuario y que ser\u00e1 llenado por el banco (\u2026) por todas las [sumas] adeudadas por el usuario (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Para finalizar, se abstuvo de pronunciarse sobre la mala fe y temeridad endilgadas a la entidad crediticia con el escrito de sustentaci\u00f3n allegado en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, porque <\/p>\n
\u201c(\u2026) de tal reproche nada se dijo al momento de introducir el recurso y seg\u00fan el art\u00edculo 328 del [C\u00f3digo General del Proceso] el apelante, al momento de interponer [la impugnaci\u00f3n] en la audiencia, \u201cdeber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior\u201d, lo que sin duda se traduce en que la alegaci\u00f3n en segunda instancia no es el momento procesal adecuado para introducir nuevos reparos en contra de la providencia cuestionada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa arbitraria al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto el fallador plural, despu\u00e9s de apreciar la tesis defensiva propuesta por el all\u00e1 apelante, extrajo, de acuerdo con los elementos de convicci\u00f3n recaudados, que el t\u00edtulo valor suscrito por el quejoso, en calidad de avalista, el 14 de febrero de 2012, lo obligaba frente a los compromisos dinerarios adquiridos por Cargacoop en el marco de la l\u00ednea de cr\u00e9dito preferente por \u00e9l tramitada mientras ejerci\u00f3 la representaci\u00f3n legal de esa organizaci\u00f3n. <\/p>\n
Ello, porque el actor era conocedor de los t\u00e9rminos de aquel negocio financiero, tal como lo reconoci\u00f3 en el interrogatorio de parte, al admitir, incluso, que no ten\u00eda \u201cexcusa para decir que [no lo hab\u00eda le\u00eddo]\u201d, luego, sab\u00eda de la vigencia de ese contrato y a\u00fan as\u00ed no le puso fin cuando renunci\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda, quedando obligado a responder por sus acreencias. <\/p>\n
De esa manera, queda evidenciado el pronunciamiento puntual, claro y razonable del tribunal, acerca de los t\u00f3picos expuestos por el querellante en su alzada, sin que sea viable, por esta v\u00eda, provocar una nueva decisi\u00f3n al respecto, como tampoco es posible adicionar argumentos no debatidos en el escenario natural del litigio, para recuperar oportunidades desperdiciadas. <\/p>\n
4. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
Agr\u00e9guese, el ruego tuitivo no es una instancia adicional para obtener mejores opiniones sobre la valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Frente a tales aspectos, la Corte ha consagrado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
5. En torno a la presunta vulneraci\u00f3n de la prerrogativa establecida en el art\u00edculo 13 de la Carta Pol\u00edtica, no est\u00e1 demostrado que, en iguales condiciones a las descritas en esta salvaguarda, la sede judicial accionada hubiese impartido un trato diferente en favor de otras personas. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Jorge Luis Echeverri Obreg\u00f3n a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, integrada por los magistrados Piedad Cecilia V\u00e9lez Gaviria, Juan Carlos Sosa Londo\u00f1o y Juli\u00e1n Valencia Casta\u00f1o; extensivo al Juzgado Once Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del compulsivo n\u00ba 2018-00443, incoado por Bancolombia S.A. a la Cooperativa de Transportadores de Carga en Liquidaci\u00f3n y el aqu\u00ed gestor. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Con ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Con ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
2 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
3 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1657-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1657-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00337-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021) 1. ANTECEDENTES 1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53604","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53604","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53604"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53604\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53604"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53604"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53604"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}