STC1659-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1659-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00344-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Gloria Esperanza Revilla Garc\u00eda a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, integrada por los magistrados Carlos Giovanny Ulloa Ulloa, Mery Esmeralda Ag\u00f3n Amado y Antonio Boh\u00f3rquez Orduz, y al Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo con radicado 2018-00081, incoado por la aqu\u00ed gestora contra Manuel Antonio Pe\u00f1a Arias, representado por su guardadora M\u00f3nica Mayerly Pe\u00f1a Villabona. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
La tutelante demand\u00f3 compulsivamente a Manuel Antonio Pe\u00f1a Arias para exigirle el pago de la suma de $400.000.000, m\u00e1s los intereses de ley, con sustento en el pagar\u00e9 suscrito por el deudor, el 15 de junio de 2014. <\/p>\n
El 1\u00ba de junio de 2018, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga libr\u00f3 mandamiento de pago. Notificado, el convocado, por conducto de su curadora, aleg\u00f3 su \u201cincapacidad para firmar el t\u00edtulo valor y comprometerse\u201d, \u201ccobro de lo no debido\u201d e \u201cincapacidad econ\u00f3mica de la demandante para dar en pr\u00e9stamo la cuant\u00eda [cobrada]\u201d. <\/p>\n
El 1\u00ba de marzo de 2019, se llev\u00f3 a cabo la audiencia inicial, donde la ejecutante, aqu\u00ed actora, pidi\u00f3 como pruebas para soportar sus pretensiones y controvertir las defensas propuestas por su oponente, la documental aportada con el libelo introductor, el escrito de traslado de excepciones y los testimonios de Edmundo G\u00f3mez, Johan Audrey Mosquera Zapata y Leonor y Nelly Benites Rozo. <\/p>\n
A su turno, la pasiva reclam\u00f3 incorporar los soportes de sus medios defensivos, entre ellos, el expediente de interdicci\u00f3n autenticado. Adem\u00e1s, solicitaron escuchar en declaraci\u00f3n a Claudia Roc\u00edo Pe\u00f1a Arias, Jes\u00fas Ballesteros S\u00e1nchez, Shirley Pe\u00f1a Arias y M\u00f3nica Mayerly Pe\u00f1a Villabona y oficiar a la DIAN y al sector financiero, en aras de verificar la capacidad econ\u00f3mica de la prestamista. <\/p>\n
De manera oficiosa, la falladora orden\u00f3 requerir la historia cl\u00ednica del deudor al Instituto del Sistema Nervioso del Oriente S.A.-ISNOR-, recepcionar testimonio al m\u00e9dico siquiatra Regulo A. Ramos Rodr\u00edguez y practicar pericia para determinar <\/p>\n
\u201c(\u2026) si, teniendo en cuenta la atenci\u00f3n por la especialidad de psiquiatr\u00eda y el dictamen de la Junta Interdisciplinaria del ISNOR, para el 15 de junio de 2014, el referido se\u00f1or, era capaz de discernir, era capaz de decidir por sus intereses, o si la discapacidad mental permanente total y absoluta que se le decret\u00f3 por v\u00eda de interdicci\u00f3n, afectaba esa capacidad de contraer obligaciones para esa fecha (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentencia del 1\u00ba de octubre de 2019, la funcionaria a quo deneg\u00f3 el cobro forzado, tras declarar probada la tesis defensiva del ejecutado, cuya discapacidad mental absoluta, concluy\u00f3, encuentra soporte en el fallo de 13 de mayo de 2016, dictado por el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga y en la experticia allegada a la foliatura. <\/p>\n
En desacuerdo, la quejosa formul\u00f3 apelaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 a la corporaci\u00f3n recriminada, quien, el 6 de agosto de 2020, emiti\u00f3 sentencia ratificando la de primer grado. <\/p>\n
Para la querellante, la sede judicial encausada lesion\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales, por cuanto incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico al no analizar \u201cconjuntamente el caudal probatorio\u201d. Ello, explica la inconforme, por cuanto si bien se demostr\u00f3, la declaratoria de \u201cinterdicci\u00f3n judicial\u201d del moroso, su acreencia es anterior al respectivo pronunciamiento y la juzgadora cognoscente solo orden\u00f3 examinar la epicrisis de ISNOR, pero no la elaborada por la EPS Avanzar M\u00e9dico con miras a determinar si, para cuando naci\u00f3 la obligaci\u00f3n, su contendiente ya era incapaz. <\/p>\n
Al respecto, destaca la existencia de otras obligaciones contra\u00eddas por su deudor, para la misma \u00e9poca -2014-, deduciendo, de esa circunstancia, su cordura. <\/p>\n
De otro lado, cuestiona la imparcialidad del perito designado para evaluar la salud mental de su oponente, pues \u201c(\u2026) se encuentra inmerso en un impedimento y recusaci\u00f3n al ser socio de la cl\u00ednica Isnor, [la cual] emit[i\u00f3] la historia cl\u00ednica del se\u00f1or Manuel Pe\u00f1a y el dictamen de la junta m\u00e9dica que sirve de sustento al proceso de interdicci\u00f3n (\u2026)\u201d y califica de \u201cabsurdo, il\u00f3gico, insensato e irracional pretender que [ella] proporcionar[a] (\u2026)\u201d la historia cl\u00ednica de la mencionada entidad promotora de salud, dada la reserva legal existente sobre la misma. <\/p>\n
Por \u00faltimo, afirma haber aportado el informe t\u00e9cnico elaborado por el especialista Edmundo Jos\u00e9 G\u00f3mez Dur\u00e1n, seg\u00fan el cual, dice la quejosa, \u201c(\u2026) es inaceptable que [el perito designado de oficio] llegue a un concepto de discapacidad mental absoluta sin tener elementos objetivos materia de prueba por ser apreciaciones subjetivas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, \u201crevocar\u201d las determinaciones censuradas para, en su lugar, ordenar al colegiado desestimar el fallo de primer grado y \u201c(\u2026) con sustento en la apreciaci\u00f3n conjunta del material probatorio (\u2026)\u201d, acoger sus pretensiones. <\/p>\n
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1. Respuesta del accionado y de los vinculados. <\/p>\n
Los estrados recriminados defendieron la legalidad de las determinaciones adoptadas en cada una de las instancias del proceso y manifestaron referir su defensa a las consideraciones expuestas en las respectivas providencias. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se advierte, el examen de la presente salvaguarda se circunscribir\u00e1 a la postura prohijada en la segunda instancia, pues con ella se zanj\u00f3 la controversia y, en \u00faltimas, ese es el criterio que se impone jur\u00eddicamente mientras no sea infirmado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La controversia se cifra en determinar si el tribunal censurado incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico por valoraci\u00f3n incompleta y no sistem\u00e1tica de la prueba recaudada, como lo argumenta la promotora, al ratificar la sentencia dictada el 1\u00ba de octubre de 2019, por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga. <\/p>\n
3. Se negar\u00e1 el amparo, por cuanto, si bien, se hallan satisfechos todos los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad, no se advierte configurada ninguna de las causales espec\u00edficas que habilitan la intervenci\u00f3n del juez de tutela, para cuestionar pronunciamientos judiciales. <\/p>\n
En efecto, en su veredicto del 6 de agosto de 2020, la magistratura acusada respondi\u00f3 de manera frontal cada uno de los reparos, aqu\u00ed reiterados por la libelista, formulados a la decisi\u00f3n de primer nivel, con fundamento en la normatividad y el criterio jurisprudencial aplicables, resolviendo el fondo de la litis a trav\u00e9s de un estudio ponderado de los elementos de conocimiento legal y oportunamente arrimados a la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido, desestim\u00f3 la supuesta invalidez del decurso, por la experticia dispuesta por la juez de la causa sobre la historia m\u00e9dica emitida por la Cl\u00ednica ISNOR S.A.S., sin extenderla a la obrante en la EPS Avanzar M\u00e9dico, por no hallar configurada ninguna de las causales enlistadas en la legislaci\u00f3n adjetiva (art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso1) y porque, aun de haberse presentado el vicio, no fue oportunamente debatido. <\/p>\n
As\u00ed razon\u00f3 el colegiado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n realidad no est\u00e1 demostrado en el proceso que haya ocurrido alg\u00fan un hecho gener[ador de] nulidad (\u2026) y menos en lo (\u2026) esgrim[ido por] la parte actora. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201cLa juez de primera instancia en la audiencia inicial, llevada a cabo el 1\u00ba de marzo de 2019, decret\u00f3, en uso de sus facultades y deberes, la pr\u00e1ctica de una prueba pericial, en forma oficiosa, en aras de determinar si para el 15 de junio de 2014, el demandado era capaz de discernir o si la discapacidad mental permanente total y absoluta que se le decret\u00f3 por v\u00eda de interdicci\u00f3n judicial, afectaba su capacidad para contraer obligaciones para esa fecha. <\/p>\n
\u201cEsa facultad-deber que es a la vez, en asuntos donde se discute la capacidad mental de una persona, y esto para contrarrestar la hip\u00f3tesis planteada por la apelante, de que se hizo por fuera de las oportunidades probatorias, realmente, en estos casos (\u2026) es una prueba casi (\u2026) obligatoria, pues se trata de personas [que gozan] de especial protecci\u00f3n constitucional, por ende, las obligaciones tanto de la sociedad y del Estado colombiano, se encuentran reguladas, antes en la Ley 1306 de 2009, ahora 1995 de 2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEstas normas deben interpretarse conforme a las normas de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y los dem\u00e1s pactos, convenios y convenciones internacionales sobre derechos humanos aprobados por Colombia, que integran el bloque de constitucionalidad y tambi\u00e9n, desde luego, a la luz de la Constituci\u00f3n colombiana. <\/p>\n
\u201cDentro de esas obligaciones, podemos citar, por ejemplo, la de garantizar el disfrute pleno de todos los derechos de las personas con discapacidad mental, de acuerdo a su capacidad de ejercicio y proteger especialmente a las personas. <\/p>\n
\u201cBajo ese contexto no se advierte que la juez haya omitido alguna solicitud, alg\u00fan decreto o pr\u00e1ctica de alguna prueba, a instancia de las partes, como para incurrir en la causal alegada. Por el contrario, cumpli\u00f3 con su deber, por las excepciones formuladas por la pasiva, apuntaban a la discapacidad mental del ejecutado para el momento de suscribir el t\u00edtulo valor. <\/p>\n
\u201cPor consiguiente, (\u2026) si tenemos en cuenta que, una vez decretado el dictamen, la actora no elev\u00f3 ninguna solicitud de nulidad, esgrimiendo lo que aqu\u00ed plantea, por el contrario (\u2026) asisti\u00f3 a la audiencia de instrucci\u00f3n y nada se\u00f1al\u00f3 al respecto, debe entonces tenerse por saneado cualquier vicio, si es que en \u00e9l se hubiese incurrido, [empero] es claro que no se incurri\u00f3 en nung[uno] porque el juez de primera instancia y de segunda instancia, puede decretar pruebas de oficio, de acuerdo a los art\u00edculos 169 y 170 del C\u00f3digo General del Proceso, inclusive, hasta antes de fallar para verificar hechos que interesen al proceso y para un mejor proveer. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) Entonces, no es cierto (\u2026) que la juez haya incurrido en una nulidad por decretar esta prueba de oficio, sus oportunidades probatorias van, como ya indiqu\u00e9, hasta antes de fallar y aqu\u00ed es evidente que busc\u00f3 esclarecer el punto nodal del asunto que era la capacidad del demandado, del ejecutado y menos (\u2026) que haya incurrido en esa nulidad o nulidad alguna por no haber decretado de oficio, (\u2026) que se allegara la historia cl\u00ednica que el demandado ten\u00eda en Avanzar M\u00e9dico, pues se contaba con elementos de juicio para fallar, (\u2026) ten\u00eda historia cl\u00ednica en ISNOR, exist\u00edan otras pruebas para [decidir] el asunto y no es cierto que \u00fanicamente se pueda obtener esa prueba a trav\u00e9s del decreto oficioso por el juez, no. <\/p>\n
\u201cSe requiere muchas veces ante la posici\u00f3n de las entidades de salud, pero la misma parte afectada la puede pedir o el juez, tambi\u00e9n la puede pedir a instancia de parte, y en este caso, no se le hab\u00eda solicitado por la parte demandante (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Superado ese t\u00f3pico, pas\u00f3 a analizar el fondo de la cuesti\u00f3n litigiosa, hallando raz\u00f3n a su inferior funcional, quien estim\u00f3 demostrada la incapacidad del creador del t\u00edtulo base de recaudo, dada la patolog\u00eda dictaminada por sus m\u00e9dicos tratantes, con base en la cual fue declarado interdicto, en vigencia de la Ley 1306 de 2009 -el 13 de mayo de 2016-. <\/p>\n
En palabras del ad quem, <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n este caso, se ejercita una acci\u00f3n cambiaria, frente a la cual sabemos que se pueden proponer solamente las excepciones previstas en el art\u00edculo 784 del C\u00f3digo de Comercio, norma que, precisamente, en su numeral 2\u00ba permite (\u2026) proponer como excepci\u00f3n, la que se funde en la incapacidad del demandado (\u2026) al suscribir (\u2026) el t\u00edtulo y esta excepci\u00f3n, [si bien] no fue propuesta en forma denominada (\u2026) de manera t\u00e9cnica por la parte demandada, (\u2026) los hechos en que se ciment\u00f3, claramente aducen y se refieren a ella e, incluso, el nombre [dado] \u201cincapacidad del demandado para firmar el t\u00edtulo valor y comprometerse\u201d (\u2026) m\u00e1s all\u00e1 de que no use la f\u00f3rmula sacramental, pues no existen aqu\u00ed (\u2026), debe entenderse que hace relaci\u00f3n a esa excepci\u00f3n, enlistada en el art\u00edculo 784 (\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201cTambi\u00e9n son premisas normativas los art\u00edculos 1502 y 1503 del C\u00f3digo Civil, normas que disponen que para que una persona se obligue mediante un acto o declaraci\u00f3n de voluntad, son necesarias, entre (\u2026) otros requisitos, que sea legalmente capaz, existiendo s\u00ed, como sabemos, una presunci\u00f3n de capacidad, para todas las personas, excepto para aquellas que la Ley declare incapaces como los menores de edad. Empero, como presunci\u00f3n legal que es, admite prueba en contrario, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 166 del C\u00f3digo General del Proceso. \u201c(\u2026) [A]qu\u00ed, a trav\u00e9s de la prueba respectiva se derrumb\u00f3 esa presunci\u00f3n de capacidad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Acto seguido, evoc\u00f3 el criterio de esta Corporaci\u00f3n acerca de la posibilidad de desvirtuar, mediante prueba id\u00f3nea, la presunci\u00f3n acabada de mencionar y entr\u00f3 a analizar la pericia adosada a la foliatura, por disposici\u00f3n oficiosa de la juez a quo. Para ello, inici\u00f3 describiendo, grosso modo, el contenido de la experticia, resaltando: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Para el efecto, fue designada la Universidad Industrial de Santander (\u2026) que emiti\u00f3 su concepto y fue sustentado en audiencia de instrucci\u00f3n del 1\u00ba de octubre de 2019, al analizar la historia cl\u00ednica del paciente, el especialista se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201cSe trata de un paciente quien, para el a\u00f1o 2014, [llevaba] aproximadamente, 20 a\u00f1os diagn[osticado con] hipertensi\u00f3n arterial, diabetes mellitus tipo 2 y dislipidemia, con una mala adherencia al tratamiento, con complicaciones org\u00e1nicas como retinopat\u00eda diab\u00e9tica bilateral, infartos agudos del miocardio y accidentes cerebrovasculares. En la historia de siquiatr\u00eda como en la junta realizada, se describe que desde el a\u00f1o 2012, presenta alteraciones conductuales y cognitivas, con descuido en su cuidado y aseo personal, irritabilidad, agresividad, describen que en la entrevista reconoce al acompa\u00f1ante y obedece \u00f3rdenes sencillas, pero con fallas en la memoria reciente y en los procesos de c\u00e1lculo matem\u00e1tico. <\/p>\n
\u201cEl perito en la audiencia explic\u00f3 que el trastorno neurocognitivo mayor, anteriormente denominado demencia, que padece el se\u00f1or Manuel Antonio Pe\u00f1a Arias, result\u00f3 afectando uno o m\u00e1s dominios cognitivos, esto es, atenci\u00f3n compleja, funci\u00f3n ejecutiva, aprendizaje, memoria, lenguaje, habilidad perceptual, motora o condici\u00f3n social. <\/p>\n
\u201cQue otro criterio para el trastorno neurocognitivo, es que el d\u00e9ficit cognitivo interfiera con la autonom\u00eda del individuo en sus actividades cotidianas [y] en las historias tanto de siquiatr\u00eda como de sicolog\u00eda, se describe descuido en su aseo personal, lo [cual] no es esperable para una persona que ejerci\u00f3 cargos p\u00fablicos y se pension\u00f3 como docente, adem\u00e1s, (\u2026) se quejaba reiteradamente, en la visita de sicolog\u00eda, por la ausencia de dinero, [es decir,] para mediados del mes, [fecha de] la valoraci\u00f3n, se hab\u00eda gastado todo el dinero de la pensi\u00f3n. <\/p>\n
\u201cPrecis\u00f3 el perito que el trastorno neurocognitivo sufrido por el demandado, ten\u00eda origen vascular, pues fueron evidentes los episodios de ese tipo (\u2026) durante su vida, verbi gratia, los infartos y accidentes cerebrovasculares, precedieron a los cambios conductuales y cognitivos, sin contar [la] afecta[ci\u00f3n de] regiones cerebrales, cruciales en su desempe\u00f1o y explica, por ejemplo, que en 2012, se comprometi\u00f3 la zona del t\u00e1lamo -c\u00e1psula interna- y el globus validus izquierdo y en el 2013 se vio afectada su regi\u00f3n temporo occipital derecha. <\/p>\n
\u201cFinalmente, el profesional de la medicina concluye que el paciente tiene m\u00faltiples factores de riesgo cardiovascular, im\u00e1genes diagn\u00f3sticas que evidencian gran severidad de lesiones vasculares a nivel cardiaco, como cerebral, adem\u00e1s de alteraciones conductuales y cognitivas descritas en las historias realizadas en fechas previas y posteriores a la fecha solicitada por el juzgado, por [ello] se considera que para el 15 de junio de 2014, el paciente ya presentaba un trastorno neurocognitivo de tipo vascular y no estaba en capacidad de discernir y decidir por sus intereses (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Enseguida contrast\u00f3 las conclusiones del experto con los argumentos de la apelante, aqu\u00ed actora, para quien la declaratoria de interdicci\u00f3n no era prueba certera de la incapacidad del demandado, por ser posterior al nacimiento a la vida jur\u00eddica de la obligaci\u00f3n, desestimando tal postura, en atenci\u00f3n a la evidencia de la existencia de las limitaciones cognitivas del suscriptor del pagar\u00e9, desde mucho antes de la emisi\u00f3n de ese t\u00edtulo valor. <\/p>\n
Sobre el tema, sostuvo la colegiatura recriminada: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]omo se explic\u00f3 en precedencia, la suscripci\u00f3n del pagar\u00e9 que se ejecuta, fue en \u00e9poca anterior a la declaratoria de interdicci\u00f3n, de suerte que, en ese momento, se presum\u00eda la capacidad legal del demandado y (\u2026) era necesaria la pr\u00e1ctica de una prueba que (\u2026) se refiriera a la capacidad para esa \u00e9poca. (\u2026) [El] dictamen [aludido] dej\u00f3 sin piso la capacidad del demandado para la fecha de suscripci\u00f3n del pagar\u00e9, fue claro y preciso y conteste (\u2026) concordante con las dem\u00e1s pruebas obrantes en el expediente. <\/p>\n
\u201cN\u00f3tese[,] el perito, quien es m\u00e9dico egresado de la Universidad Industrial de Santander, siquiatra de la Universidad Javeriana, docente de la UIS, valor\u00f3 la totalidad de la historia cl\u00ednica que le fue aportada para esa labor y en ella tuvo en cuenta la totalidad de los episodios cl\u00ednicos, inclusive, algunos conceptos m\u00e9dicos que fueron sometidos a contradicci\u00f3n en el proceso de interdicci\u00f3n judicial del demandado, [adelantado] en el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga, en el [cual] fue reconocida como parte la propia demandante, [quien] tuvo all\u00ed la (\u2026) oportunidad de controvertir. <\/p>\n
\u201cAunado a lo anterior, (\u2026) el dictamen tuvo en cuenta una valoraci\u00f3n siqui\u00e1trica de la Cl\u00ednica ISNOR, realizada el 22 de abril de 2014, [donde] se relacionaron las condutas inapropiadas del demandado, la p\u00e9rdida progresiva de la memoria, (\u2026) se consign\u00f3 (\u2026) que las secuelas proven\u00edan de eventos cardiovasculares, entre 2012 y octubre de 2013. Como conclusiones de ese dictamen se determin\u00f3 que el paciente padec\u00eda, desde esa \u00e9poca de una enfermedad mental cr\u00f3nica, deteriorante, con cuadro de demencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En lo ata\u00f1adero a las reservas de la inconforme, acerca de la objetividad del profesional de la salud designado para elaborar la pericia, consider\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La parte ejecutante pretende restarle eficacia al dictamen del perito Quintero G\u00f3mez, al que hicimos anteriormente referencia de manera amplia (\u2026) arguyendo una amistad y una relaci\u00f3n con el siquiatra R\u00e9gulo Alfonso Ramos, empero, nada de ello le resta credibilidad. En primer lugar, porque como bien lo afirm\u00f3 el perito, al ser cuestionado sobre el punto en la audiencia, no tiene ninguna dependencia sobre ese galeno, que incluso es socio, al igual que \u00e9ste en la Cl\u00ednica Isnor, hasta con mayor participaci\u00f3n accionaria, pero sobre todo, porque [ninguno] de esos aspectos, en realidad, nublaban su imparcialidad, para emitir el dictamen que, valorado en su conjunto con las dem\u00e1s pruebas del proceso, nos permiten concluir, la ausencia de capacidad del demandado para la fecha de suscripci\u00f3n del cartular, al igual que lo decidi\u00f3 la juez de primera instancia. <\/p>\n
\u201cEl perito en la sustentaci\u00f3n del [estudio] explic\u00f3 que, si bien es cierto, los eventos cardiovasculares le dieron una gu\u00eda para determinar el origen de la enfermedad siqui\u00e1trica, \u00e9stos por s\u00ed solos no son determinantes en su conclusi\u00f3n, que las conductas del paciente, son las que le permiten establecer la patolog\u00eda y que, por ende, consider\u00f3 necesario citar a los familiares (\u2026) para demandarlos, incluida la propia demandante como compa\u00f1era permanente. <\/p>\n
\u201cEsas conductas del [ejecutado] fueron ampliamente referidas por los testigos de la parte demandada, entre ellas, Claudia Roc\u00edo Pe\u00f1a Arias, M\u00f3nica Mayerly Pe\u00f1a Villabona, Sirley Pe\u00f1a Arias y Jes\u00fas Ballesteros S\u00e1nchez, todos fueron concordantes en referenciar que en los a\u00f1os 2013 y 2014, en la familia comenzaron a presentarse conflictos por las conductas del se\u00f1or Manuel, quien realizaba actos como orinarse, limpiarse con las manos su propio excremento cuando estaban almorzando, vivir mendigando ante su familia y vecinos a pesar de contar con dos pensiones. <\/p>\n
\u201cTodas estas conductas que comenzaron a presentarse en los a\u00f1os 2013 y 2014, antes de la suscripci\u00f3n del t\u00edtulo valor, que para el perito como para el com\u00fan de las personas, teniendo en cuenta las calidades personales del demandado (\u2026) no se puede concluir otra cosa, que son propias de una persona que adolece de gran discapacidad mental, son las que permiten inferir, precisamente, que el demandado no se encontraba apto para obligarse cambiariamente, independientemente del negocio causal que haya existido entre las partes y por lo que el fallo debe confirmarse. <\/p>\n
\u201cTodas estas pruebas, y no solo el dictamen pericial, conducen a afirmar que no ten\u00eda capacidad para el momento en que firm\u00f3 el t\u00edtulo valor (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La rese\u00f1a precedente, permite evidenciar el an\u00e1lisis individual y conjunto de los elementos probatorios allegados a la foliatura y una respuesta frontal a cada uno de los t\u00f3picos motivo de inconformismo de la hoy gestora, contra el fallo y la actuaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
Estos pronunciamientos, como qued\u00f3 expuesto, obedecen a la aplicaci\u00f3n adecuada de las normas procesales y sustanciales llamadas a regular los aspectos objeto de debate, as\u00ed como a una ponderada valoraci\u00f3n de las pruebas sobre la incapacidad mental sufrida por el ejecutado para el 15 de junio de 2014 y, adicionalmente, el conocimiento de esa condici\u00f3n por parte de la demandante, por tratarse de su compa\u00f1era sentimental. <\/p>\n
Si bien el tribunal no hizo alusi\u00f3n al dictamen referido como \u00faltimo punto de disenso en la demanda de amparo, seg\u00fan el cual no hab\u00eda lugar a conceptuar la enajenaci\u00f3n mental del llamado a juicio ni sobre la existencia de otras obligaciones en cabeza de su deudor, tales r\u00e9plicas no fueron expuestas por la libelista al momento de sustentar la alzada, raz\u00f3n suficiente para cerrar el paso al resguardo, pues no puede pretender adicionar sus reproches contra el fallo de primer nivel por esta v\u00eda. <\/p>\n
Con todo, resulta palmaria la intrascendencia de los ruegos de la quejosa para la resoluci\u00f3n del asunto, en tanto las conclusiones del colegiado, soportadas en la pericia rendida por experto adscrito a la Universidad Industrial de Santander y los testimonios de la pasiva, se muestran coherentes con las condiciones cognitivas reveladas por Manuel Antonio Pe\u00f1a Arias en su entorno familiar y en las diferentes evaluaciones sicol\u00f3gicas y siqui\u00e1tricas practicadas por los galenos tratantes, no solo con posterioridad a la fecha de creaci\u00f3n del cartulario presentado para el cobro, sino mucho antes de ese evento. <\/p>\n
Por lo antelado, la Sala no advierte el yerro f\u00e1ctico denunciado, pues la determinaci\u00f3n rebatida se adopt\u00f3 teniendo en cuenta las probanzas adosadas al plenario y, bajo ese panorama, el ruego tuitivo carece de la aptitud para prosperar frente a quien lo plantea. <\/p>\n
Sobre la apreciaci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La apreciaci\u00f3n conjunta de la prueba consiste en la actividad intelectual que debe realizar el funcionario jurisdiccional, analizando y conjugando los diversos elementos probatorios, en cuya virtud llega a un convencimiento homog\u00e9neo, sobre el cual habr\u00e1 de edificar su fallo, estimativo o desestimativo de las pretensiones, esto es, teniendo como ciertas las alegaciones de hecho en que el demandante basa sus pretensiones, o el extremo resistente sus defensas; o que no lo son (\u2026)2. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En Colombia, seg\u00fan el principio de valoraci\u00f3n racional de la prueba, implantado por mandato del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 176 del Estatuto Procesal vigente, es deber del juez, y no mera facultad suya, evaluar en conjunto los elementos de convicci\u00f3n para obtener, de todos ellos, un resultado homog\u00e9neo o \u00fanico, sobre el cual habr\u00e1 de fundar su decisi\u00f3n final (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Se destaca, el an\u00e1lisis probatorio, se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
4. Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa arbitraria al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, pues, la autoridad demandada defini\u00f3 la controversia teniendo en cuenta las pruebas allegadas al decurso criticado y la normatividad aplicable en la materia y, por tal motivo, no pod\u00eda resolverla de la manera rogada por la accionante. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
5. En torno a la presunta vulneraci\u00f3n de la prerrogativa establecida en el art\u00edculo 13 de la Carta Pol\u00edtica, no est\u00e1 demostrado que, en iguales condiciones a las descritas en esta salvaguarda, la sede judicial accionada hubiese impartido un trato diferente en favor de otras personas. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio rogado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Gloria Esperanza Revilla Garc\u00eda a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, integrada por los magistrados Carlos Giovanny Ulloa Ulloa, Mery Esmeralda Ag\u00f3n Amado y Antonio Boh\u00f3rquez Orduz, y al Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo con radicado 2018-00081, incoado por la aqu\u00ed gestora contra Manuel Antonio Pe\u00f1a Arias, representado por su guardadora M\u00f3nica Mayerly Pe\u00f1a Villabona. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Con ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Con ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 \u201c(\u2026) El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: <\/p>\n
1. Cuando el juez act\u00fae en el proceso despu\u00e9s de declarar la falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia. <\/p>\n
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite \u00edntegramente la respectiva instancia. <\/p>\n
3. Cuando se adelanta despu\u00e9s de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupci\u00f3n o de suspensi\u00f3n, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida. <\/p>\n
4. Cuando es indebida la representaci\u00f3n de alguna de las partes, o cuando quien act\u00faa como su apoderado judicial carece \u00edntegramente de poder. <\/p>\n
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la pr\u00e1ctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. <\/p>\n
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusi\u00f3n o para sustentar un recurso o descorrer su traslado. <\/p>\n
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuch\u00f3 los alegatos de conclusi\u00f3n o la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
8. Cuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley as\u00ed lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio P\u00fablico o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debi\u00f3 ser citado. <\/p>\n
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregir\u00e1 practicando la notificaci\u00f3n omitida, pero ser\u00e1 nula la actuaci\u00f3n posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este c\u00f3digo. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO. Las dem\u00e1s irregularidades del proceso se tendr\u00e1n por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este c\u00f3digo establece (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2 CSJ. SC. Sentencia de 14 de junio de 1982. <\/p>\n
3 CSJ. STC21575-2017 de 15 de diciembre de 2017, exp. 0500022130002017-00242-01. <\/p>\n
4 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
6 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
7 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
8 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
9 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1659-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1659-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00344-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Se decide la salvaguarda impetrada por Gloria Esperanza Revilla Garc\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53605","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53605","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53605"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53605\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53605"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53605"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53605"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}