STC1660-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1660-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00363-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Juan Libardo Farf\u00e1n Blanco contra el Juzgado Cincuenta y Seis Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1; extensiva a la Sala Penal del Tribunal Superior el Distrito Judicial de la misma ciudad y a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n de la causa criminal adelantada en contra el quejoso por los delitos de \u201cactos sexuales abusivos y acceso carnal violento con menor de 14 a\u00f1os\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El petente requiere la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas. <\/p>\n
El Juzgado Cincuenta y Seis Penal del Circuito de Bogot\u00e1, mediante fallo de 18 de septiembre de 2018, impuso pena privativa de la libertad de doscientos veintiocho (228) meses de prisi\u00f3n a Juan Libardo Farf\u00e1n Blanco por los punibles de \u201c(\u2026) actos sexuales abusivos y acceso carnal violento con menor de 14 a\u00f1os, ambos agravados y en concurso material homog\u00e9neo y a la vez heterog\u00e9neo (\u2026)\u201d, decisi\u00f3n confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad el 24 de abril de 2019. <\/p>\n
La defensa del investigado impetr\u00f3 demanda de casaci\u00f3n, inadmitida por la Sala especializada de esta Corte el 12 de diciembre siguiente. <\/p>\n
Afirma el gestor que, dentro del comentado decurso, fue sentenciado \u201c(\u2026) solo con los testimonios de los denunciantes (\u2026)\u201d, sin valorarse, debidamente, aquellas pruebas demostrativas sobre su ausencia f\u00edsica para la fecha de los hechos manifestados por la v\u00edctima. <\/p>\n
3. Exige, en concreto, \u201c(\u2026) se demuestre con pruebas f\u00edsicas que estuv[o] en el sitio donde ocurrieron los supuestos abusos (\u2026)\u201d por los cuales fue condenado. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El Juzgado querellado afirm\u00f3 que su actuaci\u00f3n dentro del comentado decurso \u201c(\u2026) ha sido diligente a fin de respetar el debido proceso, la administraci\u00f3n de justicia y los derechos de las partes e intervinientes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal arguy\u00f3 que el actor no atribuye a esa colegiatura \u201c(\u2026) ninguna actuaci\u00f3n espec\u00edfica que hubiere lesionado una garant\u00eda fundamental concreta (\u2026)\u201d, pretendiendo por este mecanismo revivir discusiones zanjadas en cada una de las instancias ordinarias del proceso. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el petente \u201chizo uso del mecanismo de insistencia\u201d frente al auto mediante el cual se inadmiti\u00f3 el remedio extraordinario incoado por \u00e9l; sin embargo, el 13 de marzo de 2020, la Procuradur\u00eda Segunda Delegada ante esa Sala, devolvi\u00f3 el expediente tras considerar \u201cque no hab\u00eda fundamento para insistir ante la Corte\u201d. <\/p>\n
3. El tribunal querellado guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La controversia estriba en determinar si se han quebrantado las prerrogativas superlativas de Juan Libardo Farf\u00e1n Blanco, con la condena de 288 meses de prisi\u00f3n emitida en su contra por los delitos de \u201cactos sexuales abusivos y acceso carnal violento con menor de 14 a\u00f1os\u201d. Para dirimir el presente ruego esta Sala tendr\u00e1 en cuenta el prove\u00eddo de 12 de diciembre de 2019, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario interpuesto en el caso bajo estudio, puesto que con esa decisi\u00f3n el asunto aqu\u00ed censurado cobr\u00f3 fuerza de ejecutoria. <\/p>\n
2. Es palmario el fracaso del amparo, por cuanto fue incoado tard\u00edamente el 5 de febrero de 2021, esto es, luego de m\u00e1s de un (1) a\u00f1o y un (1) mes de proferida la referida providencia, superando el t\u00e9rmino estimado por esta Sala como tempestivo para acudir a esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
En no pocas ocasiones, esta Sala ha dicho: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d1. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, si el censor se demor\u00f3 para presentar la petici\u00f3n constitucional, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta indebida atribuible a los funcionarios querellados y con repercusi\u00f3n directa en las prerrogativas fundamentales invocadas como soporte de tal amparo. <\/p>\n
3. Ahora, si se pasara por alto la anterior falencia, el resguardo tampoco prosperar\u00eda, por ausencia del requisito de subsidiariedad, pues aun cuando el petente acudi\u00f3 en casaci\u00f3n, ese remedio fue inadmitido porque <\/p>\n
\u201c(\u2026) no se demostr\u00f3 en el escrito (\u2026) la configuraci\u00f3n de vicios con la capacidad de enervar la declaraci\u00f3n de justicia hecha en las sentencias de primera y segunda instancia, las cuales al coincidir en el mismo sentido forman una unidad jur\u00eddica inescindible que solo puede ser resquebrajada en virtud de la acreditaci\u00f3n de yerros manifiestos y graves que dejen sin efecto la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto que la cobija (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el promotor desaprovech\u00f3 ese mecanismo extraordinario para ventilar las inconformidades expuestas en este auxilio. <\/p>\n
Frente al t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica al se\u00f1alar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d3. <\/p>\n
El car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n impone al libelista cumplir los requisitos de fondo y de forma consagrados por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es herramienta para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de prerrogativas irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Por los argumentos anteriores, el amparo deprecado ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Juan Libardo Farf\u00e1n Blanco contra el Juzgado Cincuenta y Seis Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1; extensiva a la Sala Penal del Tribunal Superior el Distrito Judicial de la misma ciudad y a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n de la causa criminal adelantada en contra el quejoso por los delitos de \u201cactos sexuales abusivos y acceso carnal violento con menor de 14 a\u00f1os\u201d. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Con ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Con ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. STC 2 de agosto de 2007, exp. 2007-00188-01; reiterada, entre otros pronunciamientos, 16 de mayo de 2013, exp. 00103-01. <\/p>\n
2 AP5413-2019 de 12 de diciembre de 2019. <\/p>\n
3 CSJ STC, de 26 de enero de 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, exp. 00616-00. <\/p>\n
5 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
11 <\/p>\n
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