STC1662-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1662-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00387-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Ana Denis Torres Rivera a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por las magistradas Nubia Esperanza Sabogal Var\u00f3n, Clara In\u00e9s M\u00e1rquez Bulla y Adriana Saavedra Lozada, y la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades, con ocasi\u00f3n del juicio de responsabilidad social radicado n\u00ba 2019-00214, incoado por H\u00e1bitat Proyectos Inmobiliarios S.A.S. a la aqu\u00ed gestora y Jorge Enrique Torres Rivera. <\/p>\n
1. La reclamante implora la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, presuntamente violentada por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
H\u00e1bitat Proyectos Inmobiliarios S.A.S. convoc\u00f3 a juicio a la precursora y a Jorge Enrique Torres Rivera, en sus calidades de representante legal principal y apoderado general de esa firma, respectivamente, para que fueran condenados a reintegrar la suma de $120.000.000, m\u00e1s los intereses moratorios, desde el 31 de diciembre de 2018 hasta su pago. <\/p>\n
Lo anterior, con sustento en el incumplimiento de los deberes legales y estatutarios derivados de la labor encomendada, al no rendir cuentas al final de cada per\u00edodo y apropiarse, la demandada, del referido monto, depositado en una cuenta del Banco BBVA, \u201csin dejar huella en la contabilidad\u201d e impidiendo a la compa\u00f1\u00eda ejecutar, a cabalidad, su objeto social. <\/p>\n
El 12 de junio de 2020, la Superintendencia de Sociedades declar\u00f3 pr\u00f3spera la excepci\u00f3n previa de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, enarbolada por el convocado Jorge Enrique y el 27 de agosto siguiente, declar\u00f3 responsable a la aqu\u00ed querellante, de infringir el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 23 de la Ley 222 de 19951, al no haber entregado cuentas de su gesti\u00f3n como administradora por el a\u00f1o 2018; no obstante, desestim\u00f3 las dem\u00e1s pretensiones e impuso a la parte actora sanci\u00f3n por la suma de $6.000.000, ante el fracaso de la acusaci\u00f3n con fundamento en la cual reclamaba indemnizaci\u00f3n, de acuerdo a las previsiones del inciso 4\u00ba del art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso2. <\/p>\n
Lo \u00faltimo, tras verificar la inexistencia de la sustracci\u00f3n alegada para el a\u00f1o 2018, como, entendi\u00f3 el fallador a quo, se adujo en la pretensi\u00f3n cuarta de la demanda y la intervenci\u00f3n de la sociedad en la audiencia inicial. Al respecto, puntualiz\u00f3, <\/p>\n
\u201c(\u2026) si bien la contadora de H\u00e1bitat explic\u00f3 que en el a\u00f1o 2019 Ana Denis se qued\u00f3 con las sumas pagadas por el cliente Mercader\u00eda S.A.S., para lo cual adjunt\u00f3 tambi\u00e9n los extractos bancarios del BBVA para el primer trimestre de esa anualidad, ese despacho[,] por el principio de congruencia no pod\u00eda pronunciarse acerca de una posible apropiaci\u00f3n para esa \u00e9poca (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Inconformes, ambas contendientes recurrieron en apelaci\u00f3n, empero, la censura de la pasiva fue declarada desierta por auto de 22 de octubre de 2020, sin controversia alguna. La organizaci\u00f3n gestora, por su parte, soport\u00f3 su disenso en la inobservancia del deber de interpretar la demanda y la indebida valoraci\u00f3n del caudal probatorio, en tanto la Superintendencia de Sociedades pas\u00f3 por alto la realidad acreditada y debatida durante el curso del litigio, para ce\u00f1irse a una apreciaci\u00f3n exeg\u00e9tica y restrictiva del libelo introductor, cercen\u00e1ndole su verdadero alcance. <\/p>\n
Al desatar la alzada, el 12 de enero de 2021, el colegiado recriminado confirm\u00f3 el numeral primero del fallo impugnado y revoc\u00f3 los dem\u00e1s, para, en su lugar, acoger la totalidad de las pretensiones de la firma comercial all\u00e1 promotora. <\/p>\n
Para la querellante, el tribunal se extralimit\u00f3 en sus funciones y, desconociendo los principios de justicia rogada y congruencia, extendi\u00f3 el \u00e1mbito temporal de la litis m\u00e1s all\u00e1 del a\u00f1o 2018, cuando ese aspecto qued\u00f3 claro en las pretensiones del escrito genitor y en la audiencia inicial, donde su contendora precis\u00f3, como fecha del supuesto desfalco, el 11 de diciembre de dicha anualidad. <\/p>\n
Al declararla responsable por hechos ocurridos en el a\u00f1o 2019, supli\u00f3 la carga probatoria y argumentativa de su contraparte, so pretexto \u201c(\u2026) de desentra\u00f1ar la demanda (\u2026)\u201d, soport\u00e1ndose <\/p>\n
\u201c(\u2026) en una sentencia de la Corte Suprema del a\u00f1o 1936, olvidando que en el siglo 21 las partes tienen las cargas de sagacidad e informaci\u00f3n en un mundo globalizado e hiperconectado, por lo que el [t]ribunal retrocedi\u00f3 en el tiempo, dejando de lado el principio de congruencia y la igualdad de armas entre las partes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
A\u00fan de considerar leg\u00edtimo el proceder descrito, dice la inconforme, no hab\u00eda lugar a declarar probada su responsabilidad en la apropiaci\u00f3n de dineros denunciada, pues ella no confes\u00f3 ni pudo controvertir tal aseveraci\u00f3n y tampoco hay prueba id\u00f3nea capaz de incriminarla, por cuanto solo se esgrimieron los comprobantes de egreso y el balance general, elaborados por la propia demandante. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, ordenar al colegiado \u201cinvalidar\u201d el fallo criticado y emitir uno nuevo \u201crespetuoso de sus garant\u00edas\u201d. <\/p>\n
1. Respuesta del accionado y de los vinculados. <\/p>\n
1. La Superintendencia de Sociedades defendi\u00f3 la legalidad de la determinaci\u00f3n adoptada en primera instancia y resalt\u00f3 la pasividad de H\u00e1bitat Proyectos Inmobiliarios S.A.S. para acreditar el detrimento patrimonial y consecuente perjuicio, lo cual oblig\u00f3 a la pr\u00e1ctica de pruebas oficiosas de cuyo contenido pudo extraerse que la sustracci\u00f3n de dineros tuvo lugar en un lapso distinto al acotado por el extremo gestor, de ah\u00ed, el sentido de su prove\u00eddo. <\/p>\n
2. La magistratura encartada asever\u00f3 no haber lesionado las prerrogativas de la quejosa, quien, resalt\u00f3, guard\u00f3 silencio durante el traslado para sustentar la apelaci\u00f3n frente al veredicto de la Superintendencia de Sociedades, lo cual oblig\u00f3 a declarar la deserci\u00f3n de su alzada. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La controversia se cifra en determinar si el tribunal censurado incurri\u00f3 en los yerros procedimentales y f\u00e1cticos enrostrados por la querellante, al (i) no limitar su pronunciamiento a los hechos acaecidos durante su gesti\u00f3n como administradora por el a\u00f1o 2018, y (ii) declararla responsable de la sustracci\u00f3n de $120.000.000 de la cuenta corriente del Banco BBVA de propiedad de la sociedad all\u00e1 convocante, cuando, seg\u00fan afirma, ning\u00fan medio probatorio tiene la entidad para soportar tal conclusi\u00f3n. <\/p>\n
2. Se negar\u00e1 el amparo, respecto al primer t\u00f3pico planteado, por cuanto no se advierte configurada ninguna de las causales espec\u00edficas que habilitan la intervenci\u00f3n del juez de tutela, para cuestionar la decisi\u00f3n del colegiado; empero, se acceder\u00e1 a la protecci\u00f3n frente al \u00faltimo, por evidenciarse una falta de motivaci\u00f3n, violatoria de la garant\u00eda superlativa reclamada. <\/p>\n
2.1. En efecto, la Sala no encuentra reparo alguno en las consideraciones expuestas por la sede judicial accionada para fundamentar su decisi\u00f3n de extender los efectos del pleito al 2019, no solo por el acierto de su postura en cuanto a la necesidad de privilegiar el derecho sustancial sobre los ritos y, en esa medida, evitar la exigencia de f\u00f3rmulas sacramentales para interpretar los hechos y las pretensiones de la demanda, sino porque tal determinaci\u00f3n no quebrant\u00f3 el derecho de defensa de la tutelante, en tanto durante el desarrollo de la lid fue interrogada acerca de las situaciones acaecidas en el primer trimestre de ese a\u00f1o y se le permiti\u00f3 defenderse frente a la totalidad de los se\u00f1alamientos de su oponente, allegando soportes de gestiones y gastos efectuados y controvirtiendo documentaci\u00f3n bancaria y contable de la cuenta corriente creada y manejada en esa \u00e9poca. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, el sentenciador ad quem estim\u00f3 viable circunscribir la situaci\u00f3n f\u00e1ctica materia del debate a los dos \u00faltimos a\u00f1os de gesti\u00f3n de la gerente, por cuanto <\/p>\n
\u201c(\u2026) si bien H\u00e1bitat Proyectos Inmobiliarios S.A.S., en la s\u00faplica consecuencial de la reclamaci\u00f3n principal, pidi\u00f3 condenar a la parte contendora a reintegrar su patrimonio, en cuant\u00eda de $120.000.000, junto con el inter\u00e9s moratorio generado desde el 31 de diciembre de 2018, \u201cfecha en que la se\u00f1ora Ana Denis Torres Rivera se apropi\u00f3 de tales recursos de propiedad de la demandante y hasta cuando se efect\u00fae el pago (\u2026)\u201d, (\u2026) el juzgador est\u00e1 llamado a interpretar la demanda desentra\u00f1ando el alcance de sus pretensiones de cara a los hechos y aspectos jur\u00eddicos fundantes de las mismas, concretamente, cuando ellas no guardan armon\u00eda con los supuestos f\u00e1cticos o generan incertidumbre sobre lo verdaderamente perseguido, conforme acaece en este asunto. <\/p>\n
\u201cCiertamente, la referencia temporal contenida en la aludida pretensi\u00f3n consecuencial, en modo alguno, acompasa con los hechos tra\u00eddos como sustento de la demanda ni con lo discutido en el transcurso del proceso, en los que todo gir\u00f3 en torno a que la susodicha retenci\u00f3n de dineros endilgada a la demandada tuvo lugar \u201cdurante su administraci\u00f3n\u201d, sin encajarla en un espec\u00edfico per\u00edodo. As\u00ed[,] en el hecho s\u00e9ptimo del escrito introductor se expuso: \u201clos se\u00f1ores (\u2026) durante su administraci\u00f3n incumplieron los deberes legales y estatutarios que el cargo les impon\u00eda, obraron sin atender el deber de cuidado y diligencia en los negocios de su administrada, se apropiaron indebidamente de recursos de la sociedad demandante, obraron sin consultar el deber de cuidado y diligencia en los negocios de su administrada, se apropiaron indebidamente de recursos de la sociedad demandante, obraron sin consultar el mejor inter\u00e9s de la sociedad, sino en pro de satisfacer sus objetivos personales, por lo que sus decisiones no est\u00e1n cobijadas por regla de discrecionalidad que impida verificar sus conductas y sancionarlos, en tanto causaron perjuicios patrimoniales a H\u00e1bitat Proyectos Inmobiliarios S.A.S.\u201d (\u2026)\u201d. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, resalt\u00f3 el ad quem, sin enmarcar en un lapso espec\u00edfico las cr\u00edticas a la actuaci\u00f3n de la aqu\u00ed gestora, lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o hay huella de que esos recursos los haya utilizado para desarrollar el objeto social de la compa\u00f1\u00eda; (\u2026) se apropi\u00f3 de ciento veinte millones de pesos ($120.000.000) que se encontraban en la cuenta bancaria de la sociedad, sin dejar huella en la contabilidad de la empresa, de que tales recursos se hayan utilizado para atender necesidades de la [firma] o para desarrollar su objeto social, situaci\u00f3n f\u00e1ctica que no ubica en un per\u00edodo determinado, ni especifica la fecha en que acaeci\u00f3 el apoderamiento de los dineros sociales endilgado a aquella (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Tales consideraciones no merecen el calificativo de absurdas ni arbitrarias, por el contrario, guardan perfecta armon\u00eda con los principios generales del derecho y el criterio jurisprudencial de esta Corporaci\u00f3n, seg\u00fan los cuales, debe prevalecer el derecho sustancial sobre las formas y, en ese sentido, corresponde al juez velar por la realizaci\u00f3n de la justicia real y no, simplemente, formal en el proceso. <\/p>\n
Al punto, ha sostenido esta Sala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando el lenguaje de la demanda, sin ser indescifrable por completo, no se ajusta a la claridad y precisi\u00f3n indispensables en tan delicada materia\u201d (CLXXXVIII, 139), para \u201cno sacrificar el derecho material en aras de un culto vano al formalismo procesal\u201d (CCXXXIV, 234), \u201cel juzgador est\u00e1 obligado a interpretarla en busca de su sentido genuino sin alterarlo ni sustituirlo, consultando la prevalencia del derecho sustancial, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la soluci\u00f3n real de los conflictos\u201d, realizando \u201cun an\u00e1lisis serio, fundado y razonable de todos sus segmento\u201d, \u201cmediante su interpretaci\u00f3n racional, l\u00f3gica, sistem\u00e1tica e integral\u201d (cas. civ. sentencia de 27 de agosto de 2008, [SC-084-2008], expediente 11001-3103-022-1997-14171-01, \u00e9nfasis de la Sala), \u201csiempre en conjunto, porque la intenci\u00f3n del actor est\u00e1 muchas veces contenida no s\u00f3lo en la parte petitoria, sino tambi\u00e9n en los fundamentos de hecho y de derecho\u201d , bastando \u201cque ella aparezca claramente en el libelo, ya de una manera directa o expresa, ya por una interpretaci\u00f3n l\u00f3gica basada en todo el conjunto de la demanda\u201d (XLIV, p. 527; XIV, 488 y 833; LXI, 460; CXXXII, 241; CLXXVI, 182 y CCXXV, 2\u00aa parte, 185) (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
Luego, si la parte actora del litigio cuestion\u00f3 el desempe\u00f1o de la administradora llamada a juicio, entre otros aspectos, por la presunta defraudaci\u00f3n patrimonial de la organizaci\u00f3n que dirigi\u00f3 hasta el 30 de abril de 2019 y la prueba practicada en la primera instancia permiti\u00f3 debatir los actos ejecutados en ese per\u00edodo, ninguna raz\u00f3n hab\u00eda para, con base en la afirmaci\u00f3n realizada en una de las pretensiones del libelo genitor, atar el estudio y las decisiones de la litis, a la fecha all\u00e1 mencionada, m\u00e1xime, cuando en la audiencia inicial la sociedad promotora indic\u00f3 no tener conocimiento exacto del momento en el cual se produjo la sustracci\u00f3n alegada, de ah\u00ed la necesidad de acudir a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [M]al hizo el fallador de primera instancia en delimitar la presunta acci\u00f3n solamente al a\u00f1o 2018. Sobre todo[,] cuando en el transcurso del proceso se pretend\u00eda[n] probar las situaciones de modo, tiempo y lugar que dieron origen a la acci\u00f3n de la demandada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2.2. En segundo lugar, argumenta la libelista, el tribunal incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, pues, edific\u00f3 su declaratoria de responsabilidad en la defraudaci\u00f3n denunciada, en una supuesta confesi\u00f3n y en dos pruebas fabricadas por quien se benefici\u00f3 de ellas, esto es, dos comprobantes de egreso y un balance general expedidos por el \u00e1rea contable de H\u00e1bitat Proyectos Inmobiliarios S.A.S. Como se indic\u00f3 previamente, esta Sala encuentra insuficiente la motivaci\u00f3n expuesta por la sede judicial encartada para fundamentar la conclusi\u00f3n refutada. <\/p>\n
En lo relacionado con este aspecto, se\u00f1al\u00f3 la colegiatura cuestionada: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Ana Denis confes\u00f3 haber sustra\u00eddo de la cuenta de la demandante un monto de dinero que destin\u00f3 a constituir un fideicomiso en marzo de 2019, sobre el inmueble \u201cEdificio Hotel Chile Inn\u201d de propiedad de la compa\u00f1\u00eda Argolide S.A.S. (\u2026)\u201d <\/p>\n
Sin embargo, de una atenta revisi\u00f3n a las respuestas entregadas por la inculpada, tanto en la contestaci\u00f3n de la demanda como en el interrogatorio de parte, no es dable extraer la aludida confesi\u00f3n, pues ella solo reconoci\u00f3 haber tomado algunos dineros, ni siquiera cercanos a la suma reclamada por su contendora, para constituir una fiducia en favor de los accionistas de las empresas de la familia, con el \u00e1nimo de evitar la descapitalizaci\u00f3n de su administrada. As\u00ed rezan los apartes pertinentes de su escrito defensivo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En virtud de conversaciones sostenidas con el se\u00f1or Ulloa, en donde este manifiesta que a la se\u00f1ora Ana Torres no le corresponde un peso de las sociedades ni de su sociedad conyugal, la se\u00f1ora Torres decide hacer valer su calidad de representante legal principal de las sociedades, acudiendo a las entidades con las que tiene relaciones comerciales y la conocen, con el prop\u00f3sito de evitar una descapitalizaci\u00f3n o endeudamiento infundado de las compa\u00f1\u00edas por parte del se\u00f1or Ulloa, de cara a entorpecer la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que se inicia por su separaci\u00f3n (\u2026)4\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) Respecto de los recursos supuestamente apropiados por la se\u00f1ora Torres Rivera, se debe se\u00f1alar que, si dispuso de algunos de ellos, fueron para costear los gastos derivados de la constituci\u00f3n de la fiducia civil, as\u00ed como el pago de impuestos prediales y asesor\u00edas legales, todo acreditado en el acervo probatorio (\u2026)\u201d (Se destaca). <\/p>\n
Y al absolver el interrogatorio practicado por la funcionaria a quo, inform\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]on respecto a la supuesta apropiaci\u00f3n de $120.000.000, porque no ha sido una apropiaci\u00f3n, como ellos lo mencionan, yo acced\u00ed a algunos recursos para constituir un fideicomiso para el inmueble m\u00e1s importante de la sociedad principal del grupo de empresas que es Argolide, en este fideicomiso los beneficiarios, somos todos los accionistas, yo no hice esto por inter\u00e9s personal, solamente para beneficiar a la sociedad, manteniendo los bienes en el patrimonio de la compa\u00f1\u00eda y as\u00ed evitar la descapitalizaci\u00f3n de las empresas (\u2026) para evitar que este inmueble fuera cedido a la sociedad Signature S.A.S. que como he mencionado anteriormente, es la sociedad que \u00e9l [se refiere a Gustavo Adolfo Ulloa Cer\u00f3n] utiliza para defraudar a la cual ha cedido los derechos fiduciarios econ\u00f3micos, de forma gratuita, que adem\u00e1s fue constituida, solamente para este fin durante el conflicto (\u2026) la mam\u00e1 figura con el 100% de las acciones y \u00e9l en alg\u00fan momento, tambi\u00e9n figur\u00f3 como representante legal, al momento de constituirla y luego (\u2026) coloc\u00f3 a uno de los empleados, a Ren\u00e9 Le\u00f3n quien es ahora el representante legal (\u2026) ese fideicomiso se constituy\u00f3 (\u2026) el a\u00f1o pasado (\u2026) aproximadamente en marzo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La cifra concreta, le mentir\u00eda si le digo que la tengo clara en este momento, sin embargo, como usted acaba de decirlo, puedo aportar los soportes sin ning\u00fan problema, porque la verdad, no lo tengo claro (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Abr\u00ed una cuenta corporativa a nombre de la sociedad con esos mismos recursos, por supuesto (\u2026) en el Banco BBVA (\u2026) pero el valor que estaba en la cuenta de Colpatria, no eran $120.000.000, ni cercanos, era un valor muy, muy bajo, eran, no s\u00e9, posiblemente menos de $10.000.000 o algo similar, no tengo la cifra exacta (\u2026) pero s\u00e9 que no eran $120.000.000 como ellos alegan (\u2026)5\u201d (Se resalta). <\/p>\n
En el mismo sentido, fue contestado el cuestionario formulado por su contraparte, donde reiter\u00f3 no haber tomado la cantidad se\u00f1alada en la demanda y desconocer el estado actual de la cuenta corriente aperturada en el mes de diciembre de 2018 a nombre de H\u00e1bitat Proyectos Inmobiliarios S.A.S., por haber sido removida del cargo de administradora. <\/p>\n
Bajo ese panorama, no era viable considerar confesa la \u201capropiaci\u00f3n\u201d de dineros ni su monto, como lo concluy\u00f3 el colegiado censurado. <\/p>\n
Los dem\u00e1s soportes para arribar a tal tesis, versaron sobre el testimonio de la contadora Giovanna Calder\u00f3n Malaver, quien, memor\u00f3 el estrado accionado, <\/p>\n
\u201c(\u2026) atest\u00f3 que la cuenta en Colpatria de dicha empresa la cancel\u00f3 Ana Denis en octubre de 2018, retirando el saldo existente, vale decir $5.628.911, y luego abri\u00f3 otra cuenta con ese dinero en el banco BBVA a nombre de la misma sociedad (\u2026). Y en el a\u00f1o 2019 hizo retiros sucesivos de esa segunda cuenta, as\u00ed: a) $48.000.000 en enero de 2019, b) $78.000.000 en febrero de 2019, c) 43.000.000 en marzo de 2019 y d) $25.000.000 en abril de 2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El balance general elaborado por el \u00e1rea contable de la all\u00e1 querellante: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los retiros realizados quedaron discriminados en el balance general de la prenombrada sociedad para el a\u00f1o 2019, como otras cuentas por cobrar a socios, directamente a Ana Denis Torres Rivera en la cuant\u00eda de $135.000.000 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y los extractos bancarios de la cuenta debitada: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Seg\u00fan los extractos de la cuenta del Banco BBVA No. 1300490100007933, la encartada retir\u00f3 $48.000.000 y el 14 de enero de 2019 y $87.000.000 el 28 de febrero de 2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, ninguna apreciaci\u00f3n realiz\u00f3 el ad quem en relaci\u00f3n con los reparos oportunamente expuestos por la demandada, acerca de la credibilidad de la citada deponente, dada su relaci\u00f3n de dependencia laboral con su contendora ni sobre los cuestionamientos encaminados a desvirtuar el valor probatorio de los documentos contables aludidos, no solo por provenir de la misma firma presuntamente defraudada, sino por considerar que no eran plena prueba del retiro de dineros de esas arcas, \u00fanicamente, por Ana Denis, pues, la misma compa\u00f1\u00eda certific\u00f3 que en el mes de marzo de 2019, el banco BBVA gir\u00f3 un cheque de gerencia por valor de $48.000.000, a la accionista Rosa Marina Cer\u00f3n de Ulloa, madre de Gustavo Ulloa Cer\u00f3n, exesposo de la aqu\u00ed reclamante. <\/p>\n
As\u00ed lo expres\u00f3 en sus alegatos de conclusi\u00f3n la representaci\u00f3n de la ahora quejosa: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y en lo que respecta a los extractos que nos acaban de trasladar en esta diligencia y que pudimos revisar, de ninguna manera queda acreditado que la se\u00f1ora Ana Denis Torres hizo esos retiros, existen los extractos bancarios que en efecto dan cuenta de [la emisi\u00f3n] de cheques de gerencia, pero los soportes, donde se puede evidenciar qui\u00e9n fue la persona que retir\u00f3 esos cheques, no lo[s] allegaron, habiendo estado ellos en la posibilidad de hacer[lo], de conformidad [con] las cargas procesales (\u2026) determina[das] por el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Y es que esa misma situaci\u00f3n la manifest\u00f3 la se\u00f1ora Giovanna Calder\u00f3n (\u2026) \u2018no, nosotros los pedimos, pero el banco no nos los quiso entregar, eso es mentira su se\u00f1or\u00eda, a esos documentos se puede tener acceso, y es esa la \u00fanica prueba que puede demostrar, si esos cheques de gerencia los retir\u00f3 Ana Denis o no\u2019 (\u2026)6\u201d. <\/p>\n
En esa medida, resultaba ineludible un an\u00e1lisis ponderado de estas circunstancias, expuestas por la llamada a juicio en el escenario natural del litigio y no resueltas ni en la sentencia de primera instancia, por cuanto la Superintendencia de Sociedades no estim\u00f3 procedente entrar a pronunciarse sobre hechos acaecidos en el a\u00f1o 2019, lo cual relevaba a la accionante de controvertir esa decisi\u00f3n, pero, tampoco en el fallo de segundo grado, donde se determin\u00f3 la factibilidad de interpretar la demanda para garantizar el derecho material de la all\u00ed activante. <\/p>\n
Ante una variaci\u00f3n de esa naturaleza, era m\u00e1s exigente el ejercicio de valoraci\u00f3n probatoria a realizar por el juez plural, por cuanto, solo de esa manera se pod\u00edan conciliar las expectativas de justicia de H\u00e1bitat Proyectos Inmobiliarios S.A.S., con los derechos de contradicci\u00f3n y defensa de su otrora representante legal, quien solo con el fallo de segunda instancia tuvo certeza del marco temporal de los hechos por los cuales ser\u00eda juzgada. <\/p>\n
2.3. Desde esa perspectiva, refulge diamantina la incursi\u00f3n del estrado criticado en el defecto f\u00e1ctico endilgado, pues la motivaci\u00f3n del prove\u00eddo definitorio de 12 de enero de 2021, es insuficiente para dar adecuada respuesta a la defensa enarbolada por la precursora, cuyo fundamento medular consisti\u00f3 en la inexistencia de la apropiaci\u00f3n de dineros de la compa\u00f1\u00eda demandante para su propio inter\u00e9s, pues, los tomados, conforme sostuvo, no ascendieron a m\u00e1s de $10.000.000 y fueron utilizados en el pago de los gastos de la constituci\u00f3n de una fiducia en favor de los accionistas de la organizaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Varios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de motivar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n del fallo y muestra la transparencia con que act\u00faan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional. <\/p>\n
El deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones tomadas en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso. <\/p>\n
Frente a la tem\u00e1tica planteada, memor\u00f3 esta Sala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [Es] menester dejar sentado que la motivaci\u00f3n de las [providencias] constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir \u201cla funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
\u201c(\u2026) La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
En consecuencia, se dejar\u00e1 sin valor ni efecto lo decidido en los numerales segundo, tercero y cuarto de la parte resolutiva del prove\u00eddo de 12 de enero de 2021, para que el colegiado fustigado desate, nuevamente, la apelaci\u00f3n, tomando en consideraci\u00f3n lo expuesto en l\u00edneas anteriores. <\/p>\n
5. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada por virtud del control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19698, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo a lo discurrido, se otorgar\u00e1, parcialmente, el auxilio implorado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER parcialmente la tutela solicitada por Ana Denis Torres Rivera a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por las magistradas Nubia Esperanza Sabogal Var\u00f3n, Clara In\u00e9s M\u00e1rquez Bulla y Adriana Saavedra Lozada, con ocasi\u00f3n del juicio de responsabilidad social con radicado 2019-00214, incoado por H\u00e1bitat Proyectos Inmobiliarios S.A.S. a la aqu\u00ed gestora y Jorge Enrique Torres Rivera. <\/p>\n
SEGUNDO: DEJAR sin valor ni efecto lo resuelto en los numerales segundo, tercero y cuarto de la parte resolutiva del prove\u00eddo de 12 de enero de 2021, para que el colegiado fustigado desate, nuevamente, la apelaci\u00f3n frente al fallo de primer grado, tomando en consideraci\u00f3n la situaci\u00f3n expuesta en l\u00edneas anteriores y dejada sin resoluci\u00f3n en el pronunciamiento reprochado. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
CUARTO: Si este fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Con ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Con ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 \u201c(\u2026) Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplir\u00e1n en inter\u00e9s de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. <\/p>\n
En el cumplimiento de su funci\u00f3n los administradores deber\u00e1n: <\/p>\n
1. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. <\/p>\n
2. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2 \u201c(\u2026) Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que resulte probada, se condenar\u00e1 a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo Superior de la Judicatura, Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, o quien haga sus veces, una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3 CSJ SCC. 6 May. 2009 Rad. 2002-00083-01, citada en CSJ STC8831-2015 jul. 8 de 2015, rad. 2015-00269-01 y en CSJ STC4341-2018 Abr. 4 de 2018, rad. 2017-00733-01. <\/p>\n
4 V\u00e9ase p\u00e1gina 7, numeral 10 del escrito de contestaci\u00f3n. <\/p>\n
5 R\u00e9crord 1:16:50 de la audiencia celebrada el 12 de junio de 2020. <\/p>\n
6 V\u00e9ase r\u00e9cord 2:46:05 de la audiencia celebrada el 27 de agosto de 2020. <\/p>\n
7 CSJ. Civil. 22 de mayo de 2003, Rad. 00526-01, invocada el 10 de agosto de 2011, Rad. 00168-02. <\/p>\n
8 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
9 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
10 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1662-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1662-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00387-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Se decide la salvaguarda impetrada por Ana Denis Torres Rivera […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53607","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53607","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53607"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53607\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53607"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53607"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53607"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}