STC1665-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1665-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00425-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Samuel Eduardo Valencia S\u00e1nchez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, espec\u00edficamente frente al magistrado Juli\u00e1n Alberto Villegas Perea, con ocasi\u00f3n del juicio de responsabilidad m\u00e9dica adelantado por el quejoso y otros a Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. E.P.S., la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar del Valle del Cauca Comfamiliar Andi \u2013Comfandi y Sonia Elsy Llanos. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El quejoso exige la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente quebrantados por la autoridad jurisdiccional querellada. <\/p>\n
2. Como fundamento de su ruego, asevera que, en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia STC3771-2020, emitida por esta Corte, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en segunda instancia, mediante fallo de 6 de julio pasado, concedi\u00f3 las pretensiones invocadas en el pleito subex\u00e1mine, condenando al extremo pasivo a pagar los perjuicios ocasionados por el fallecimiento de Sandra Edith S\u00e1nchez Garc\u00eda, madre del aqu\u00ed actor. <\/p>\n
Asegura que los demandados realizaron el pago ordenado en el referido pronunciamiento, depositando el dinero en la cuenta del juzgado de primer grado; sin embargo, Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. E.P.S., efectu\u00f3 la consignaci\u00f3n de $81.292.763, \u201ca \u00f3rdenes\u201d de la corporaci\u00f3n querellada. <\/p>\n
Manifiesta que, mediante prove\u00eddo de 21 de septiembre anterior, el convocado dispuso \u201c(\u2026) la conversi\u00f3n del dep\u00f3sito judicial en cuesti\u00f3n, con destino a la cuenta del Banco Agrario No. 760012031011 del Juzgado Once Civil del Circuito de [la citada ciudad] (\u2026)\u201d; sin embargo, esa orden no se ha materializado, aun cuando ha insistido en \u201cm\u00faltiples oportunidades\u201d en la realizaci\u00f3n de dicha actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Afirma acudir a esta senda, pues no sabe \u201c(\u2026) qu\u00e9 otra medida tomar (\u2026)\u201d para obtener el \u201c(\u2026) el pago de los dineros reconocidos (\u2026)\u201d a su favor en el caso bajo estudio. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, instar al colegiado fustigado a realizar la conversi\u00f3n del memorado t\u00edtulo judicial y \u201c(\u2026) ordenar a quien corresponda el pago de intereses moratorios (\u2026) causados desde el 25 de julio de 2020 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el 4 de febrero pasado, el Banco Agrario de Colombia verific\u00f3 la conversi\u00f3n exigida por el actor, la cual no pudo ser realizada de \u201cforma m\u00e1s \u00e1gil\u201d dada la dificulta para efectuar el \u201cregistro de firmas\u201d ante esa entidad financiera, situaci\u00f3n informada a la apoderada del quejoso v\u00eda correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El accionante persigue que, a trav\u00e9s de este instrumento de protecci\u00f3n constitucional, se materialice lo dispuesto en el auto de 21 de septiembre de 2020, a trav\u00e9s del cual el funcionario confutado orden\u00f3 convertir con destino a la \u201ccuenta judicial\u201d del Juzgado Once Civil del Circuito de Cali, el \u201cdep\u00f3sito\u201d consignado por Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. E.P.S. dentro del comentado litigio, y se disponga el pago de \u201cintereses moratorios\u201d por la tardanza en el cumplimento de ese prove\u00eddo. <\/p>\n
2. Se advierte el fracaso del amparo por sobrevenir un \u201checho superado\u201d, pues revisadas las pruebas aportadas por el accionado, se colige que, la conversi\u00f3n del t\u00edtulo judicial exigida por el actor, fue realizada el 4 de febrero de 2021, encontr\u00e1ndose tal dep\u00f3sito, pendiente para su pago. <\/p>\n
As\u00ed lo ilustra las siguientes im\u00e1genes: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se disipan los supuestos f\u00e1cticos frente a los cuales el gestor encauz\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas superlativas, por cuanto la actuaci\u00f3n extra\u00f1ada por aqu\u00e9l, ya fue realizada, por tanto, el actor debe solicitar el pago del memorado t\u00edtulo judicial a la autoridad competente, en este caso, al Juzgado Once Civil del Circuito de Cali. <\/p>\n
Sobre la figura del hecho superado, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
3. Ahora, respecto del reconocimiento de intereses moratorios exigidos en el libelo genitor, tal pretensi\u00f3n no puede salir avante, pues dicha exigencia no apunta a la defensa de una garant\u00eda fundamental, sino de los intereses meramente econ\u00f3micos del promotor, lo cual desvirt\u00faa la procedencia del mecanismo estudiado, por cuanto seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica fue instituido solamente para \u201cla protecci\u00f3n inmediata de [los] derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquiera autoridad p\u00fablica\u201d. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha indicado, <\/p>\n
\u201c(\u2026) la tutela no fue instituida para obtener el resarcimiento de perjuicios econ\u00f3micos o el reconocimiento de derechos patrimoniales, sino que fue concebida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. En virtud de las consideraciones expuestas se negar\u00e1 el amparo deprecado. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Samuel Eduardo Valencia S\u00e1nchez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, con ocasi\u00f3n del juicio de responsabilidad m\u00e9dica adelantado por el quejoso y otros a Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. E.P.S., la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar del Valle del Cauca Comfamiliar Andi \u2013Comfandi y Sonia Elsy Llanos. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese lo resuelto a los interesados mediante telegrama u mensaje de datos y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Con ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Con ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
3 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
7 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1665-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1665-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00425-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Samuel Eduardo Valencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53609","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53609","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53609"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53609\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53609"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53609"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53609"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}