STC1737-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1737-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 25 de enero pasado por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Fidel Engativ\u00e1 Flori\u00e1n contra el Juzgado Once de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama a trav\u00e9s de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al \u00abm\u00ednimo vital\u00bb, a la vida \u00abdigna\u00bb, a la igualdad, al \u00abdesarrollo de la personalidad\u00bb, a la \u00abfamilia\u00bb y a la defensa, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con decisiones proferidas en el marco del proceso ejecutivo de alimentos que Mar\u00eda Lorena Mojica Foronda en nombre de (DJEM), promovi\u00f3 en su contra. <\/p>\n
Solicita entonces, que \u00abse declare que el Juzgado 11 de familia de Medell\u00edn perdi\u00f3 competencia para conocer del proceso (\u2026) 20190075700\u00bb, y, como consecuencia de ello, se ordene \u00abel env\u00edo inmediato del expediente (\u2026) al Juzgado Promiscuo de Familia de Moniquir\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de tales reparos aduce en compendio y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que aunque tiene otras obligaciones alimentarias respecto de sus tres hijos, y uno de ellos padece de \u00abepilepsia del l\u00f3bulo temporal con medicamentos de \u00e1cido alproico y oscarbapecina\u00bb, el Juzgado Once de Familia de Medell\u00edn libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra, y, orden\u00f3 el embargo y retenci\u00f3n del 50% de su salario. <\/p>\n
Se\u00f1ala que a pesar de que hab\u00eda lugar a la terminaci\u00f3n de la controversia, pues la ejecutante falleci\u00f3 el 6 de septiembre pasado y el menor \u00abest\u00e1 bajo [su] custodia y cuidado\u00bb, el Despacho convocado dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en su contra por la suma de $31.683.645 y lo conden\u00f3 en costas, raz\u00f3n por la cual interpuso recurso de reposici\u00f3n contra esa decisi\u00f3n, que est\u00e1 pendiente de resolverse. <\/p>\n
Indica que comoquiera que el infante estableci\u00f3 su domicilio en la ciudad de Moniquir\u00e1, Boyac\u00e1, circunstancia que puso de presente, inclusive desde la contestaci\u00f3n de la demanda, lo actuado por la Juez aludida \u00abcarece de validez\u00bb; y aunque solicit\u00f3 que por competencia se remitiera el juicio a dicho municipio, hasta la fecha la citada autoridad no se ha pronunciado al respecto, circunstancias todas \u00e9stas que, asegura, lesiona las garant\u00edas esenciales invocadas. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La curadora ad-litem del menor DJEM, despu\u00e9s de pronunciarse sobre los hechos del escrito de tutela, precis\u00f3 que toda vez que su representando vive en la ciudad de Moniquir\u00e1 con su progenitor, con las retenciones ordenadas judicialmente al salario de aqu\u00e9l se \u00able est\u00e1 ocasionando un enorme perjuicio a la familia\u00bb, raz\u00f3n por la cual se debe instar un pronunciamiento al respecto de la autoridad convocada. <\/p>\n
b. El Procurador II de Familia de Medell\u00edn puntualiz\u00f3, en lo fundamental, que la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues est\u00e1n en curso los mecanismos procesales que el actor formul\u00f3 contra las decisiones criticadas en el marco del aludido juicio. <\/p>\n
c. Erik Juli\u00e1n Engativ\u00e1 Mojica vinculado a la presente acci\u00f3n, ratific\u00f3 las quejas expuestas por el gestor del amparo. <\/p>\n
d. La Juez Once de Familia de la citada ciudad se\u00f1alo, en relaci\u00f3n con el recurso de reposici\u00f3n que el actor formul\u00f3 en contra del auto que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en su contra, que \u00abse le est\u00e1 dando el tr\u00e1mite de rigor y se puso en conocimiento del Defensor de Familia y del delegado del Ministerio Publico adscritos a este despach\u00f3 para que emitir\u00e1n concepto al respecto\u00bb; que tan pronto resuelva sobre la particular tem\u00e1tica, se pronunciar\u00e1 en punto de la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n. De otra parte, tambi\u00e9n precis\u00f3, que \u00ab[e]s de importancia advertir que una vez haya lugar a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito dentro de este juicio ejecutivo solo se cobraran al ejecutado las cuotas alimentarias causadas y no pagadas hasta el deceso de la ejecutante, en raz\u00f3n que las cuotas causadas con posterioridad son inejecutables debido a que el adolescente DJEM <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 el amparo deprecado, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, pues el actor \u00abpudiendo hacerlo (\u2026) no cuestion\u00f3, v\u00eda reposici\u00f3n, el auto, de 20 de noviembre de 2019, mediante el cual se decret\u00f3 la medida cautelar de embargo, de la cual se duele ahora\u00bb; agregando que aqu\u00e9l cuando acudi\u00f3 al presente escenario \u00abpas\u00f3 por alto su naturaleza (\u2026) dado que se encuentra en curso la resoluci\u00f3n de la especificada impugnaci\u00f3n horizontal, introducida contra el prove\u00eddo, de 19 de octubre de 2020, que neg\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso y el levantamiento de las cautelas\u00bb junto con la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promovi\u00f3 el accionante, se\u00f1alando, en suma, que no cuenta con otra v\u00eda para lograr el levantamiento de las medidas cautelares decretadas respecto de su salario, pues a pesar de que se le retiene el 50%, lo cierto es que no recibe la totalidad del saldo restante, habida cuenta la obligaci\u00f3n financiera que asumi\u00f3 por la suma de $23.000.000,oo para liquidar la sociedad conyugal con su expareja; que la remisi\u00f3n del litigio al domicilio del adolescente se hace necesaria para que se d\u00e9 cumplimiento a las previsiones del \u00abDecreto 2272 de 1989, numeral 7 art\u00edculo 21 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada, en el presente caso se observa, que lo pretendido concretamente por el se\u00f1or Engativ\u00e1 Flori\u00e1n, es que se ordene al Juzgado Once de Familia de Medell\u00edn, remitir por competencia a los Juzgados de Familia de Moniquir\u00e1, Boyac\u00e1, el proceso ejecutivo de alimentos que Mar\u00eda Lorena Mojica Foronda (q.e.p.d.), promovi\u00f3 en su contra en representaci\u00f3n de su menor hijo DJEM, pues seg\u00fan su criterio, no se ha tenido en cuenta que por el deceso de la progenitora el adolescente, \u00e9ste se encuentra bajo su custodia y cuidado en la \u00faltima de las citadas ciudades. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisadas las documentales allegadas al presente tr\u00e1mite y el informe que rindi\u00f3 la autoridad convocada, no cabe duda del fracaso de lo aqu\u00ed reclamado, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. La Sala advierte de entrada que, estando en tr\u00e1mite precisamente la petici\u00f3n que el actor elev\u00f3 el pasado 3 de noviembre, solicitando el cambio de radicaci\u00f3n del juicio en raz\u00f3n del nuevo domicilio del ejecutante, a voces del inciso 2 del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 28 de la Ley adjetiva, no cabe duda que resulta presuroso reclamar cualquier tipo de pronunciamiento al respecto, hasta tanto la tem\u00e1tica sea resuelta de forma definitiva por la autoridad correspondiente, en la medida en que no puede acudirse con \u00e9xito al amparo cuando est\u00e1n en tr\u00e1mite los instrumentos ordinarios de defensa, pues ello ri\u00f1e con el car\u00e1cter subsidiario y residual que lo caracteriza, no siendo viable pretender reemplazar los senderos legales mediante esta herramienta, dado que el Juez constitucional no puede actuar como si lo fuera de instancia y tampoco puede operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n, por dem\u00e1s alegando la existencia de otros menores pues, tal como ya lo ha definido la jurisprudencia \u00ablos privilegios de los ni\u00f1os no son absolutos, y que la existencia de menores involucrados en la acci\u00f3n no es raz\u00f3n suficiente para conceder la protecci\u00f3n\u2026 En ese sentido\u2026 \u2018mal perspectiva surge cuando, so capa de exaltar el irrefutable apriorismo consistente en que los derechos de los ni\u00f1os son prevalentes a los dem\u00e1s (art\u00edculo 44 Superior), se presentan situaciones en las cuales se soslayan las m\u00ednimas reglas del debido proceso que, sin duda, se erige en el mayor y mejor baluarte para propender por la defensa de ese inter\u00e9s, en tanto que s\u00f3lo adopt\u00e1ndose las decisiones por parte del juez competente, previo el debate judicial con arreglo a las sendas de la legalidad y circunscrito al tema de conocimiento, es que aqu\u00e9l aserto cobra la fuerza que ing\u00e9nitamente encierra, dado que trat\u00e1ndose de situaciones judiciales en que se debaten asuntos atinentes a menores, los jueces deben velar celosamente porque sus actuaciones no vulneren sus caros intereses, lo que se consigue, desde un principio, mediante la observancia de los b\u00e1sicos pilares sobre los que se edifica la administraci\u00f3n de justicia, uno de ellos, el respeto del derecho fundamental al debido proceso\u2019 (CSJ STC3957-2020). <\/p>\n
Sobre el ejercicio prematuro de esta acci\u00f3n constitucional, se ha plasmado que \u00ab\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC1304-2020). <\/p>\n
3.2. Ahora, t\u00e9ngase en cuenta que la mora judicial tiene lugar cuando la actuaci\u00f3n del juzgador desconoce los plazos legales, y carece de un motivo probado y razonable para excusar su tardanza, evento en el que se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia; empero, dicha situaci\u00f3n no se aprecia en el sub examine, dado que la sede judicial criticada justific\u00f3 su actuar precisamente en el desarrollo que ha tenido el proceso, habida cuenta de los recursos procesales que ha interpuesto es actor, argumentos que resultan a todas luces objetivos. <\/p>\n
3.3. De otra parte, y comoquiera que la queja del inconforme tambi\u00e9n se enfila respecto de las medidas cautelares pues, asegura, que tener otras obligaciones en relaci\u00f3n con sus otros hijos y su compa\u00f1era permanente, no cabe duda que cuenta con el mecanismo id\u00f3neo para lograr su cometido precisamente solicitando la reducci\u00f3n del embargo y retenci\u00f3n que le fue decretada respecto de su salario y emolumentos que devenga, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 600 del C\u00f3digo General del Proceso, claro est\u00e1 siempre y cuando se cumplan los requisitos legales para el efecto, situaci\u00f3n que, as\u00ed, torna tambi\u00e9n improcedente el presente reclamo constitucional, al que puede acudirse \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda cercenando los principios del derecho procesal (CSJ STC363-2021). <\/p>\n
4. De este modo, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Como en el presente asunto se encuentran involucrados menores de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar sus nombres, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dicha identidad. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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