STC1756-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1756-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-00097-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Julio Mario Rey Hern\u00e1ndez contra las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de la Seccional de Norte de Santander y Arauca. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude al presente instrumento reclamando la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que estima vulnerado por las autoridades convocadas dentro del proceso disciplinario 2016-00449. <\/p>\n
2. Del extenso escrito introductor, as\u00ed como de los elementos de convicci\u00f3n allegados, se puede extractar que en contra del quejoso se adelant\u00f3 la actuaci\u00f3n disciplinaria referida en precedencia, producto de la queja formulada por Yolly del Pilar Contreras Ochoa, en la que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Seccional de Norte de Santander y Arauca, emiti\u00f3 fallo sancion\u00e1ndolo con suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado por dos meses, al encontrarlo responsable de la falta prevista en el art\u00edculo 37-1 de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n fue apelada por el promotor del resguardo, a trav\u00e9s de apoderado de confianza, y posteriormente confirmada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Superior el 19 de noviembre de 2020. <\/p>\n
3. El accionante funda su reclamo en que la corporaci\u00f3n ad quem supuestamente no resolvi\u00f3 de fondo una petici\u00f3n de nulidad incoada en la impugnaci\u00f3n vertical, am\u00e9n que no cont\u00f3 con una \u00abadecuada defensa t\u00e9cnica\u00bb pues la abogada que lo represent\u00f3 oficiosamente al comienzo de la actuaci\u00f3n \u00abno surti\u00f3 los efectos propios de un defensor\u00bb habida consideraci\u00f3n que \u00absolo se present\u00f3 a las audiencias sin que representara algo m\u00e1s que el requisito para desarrollar un tr\u00e1mite judicial, m\u00e1s no se observa una estrat\u00e9gia [sic] que llevare a buscar la protecci\u00f3n de las garant\u00edas procesales\u00bb; empero, no formula pretensi\u00f3n concreta. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Sala dilucidar si las autoridades judiciales accionadas vulneraron, dentro del proceso disciplinario 2016-00449, las garant\u00edas invocadas por Julio Mario Rey Hern\u00e1ndez, al sancionarlo, como responsable de la falta descrita en el art\u00edculo 37-1 de la Ley 1123 de 2007, con dos meses de suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. De la razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Si bien Julio Mario Rey Hern\u00e1ndez extiende el reclamo a actuaciones surtidas dentro del juicio que se sigui\u00f3 en su contra, se observa que el n\u00facleo de la queja se contrae a cuestionar la valoraci\u00f3n e inferencias a las que arribaron los jueces disciplinarios en los fallos de primera y segunda instancia, de ah\u00ed que el examen que haga esta Corporaci\u00f3n deba circunscribirse a la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2020 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por cuanto fue la que defini\u00f3 la discusi\u00f3n aqu\u00ed planteada, tal como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
Aclarado lo anterior, la Corte resalta que ninguna irregularidad se advierte en la determinaci\u00f3n objeto de reproche, pues en ella, la colegiatura convocada, adem\u00e1s de resolver una petici\u00f3n invalidatoria planteada por el disciplinable en similares t\u00e9rminos a los que aqu\u00ed propone, efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n razonada y pormenorizada no solo de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que rode\u00f3 la queja formulada por Yolly del Pilar Contreras Ochoa, sino de los medios de convicci\u00f3n allegados al expediente. <\/p>\n
En efecto, en torno a la solicitud de nulidad la Sala Jurisdiccional Disciplinaria dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Frente a lo anterior, se debe negar de plano la petici\u00f3n de nulidad planteada pues la petici\u00f3n hecha no fue debidamente presentada ya que el defensor de confianza del disciplinable no adecu\u00f3 los hechos a ninguna de las causales expl\u00edcitas de la que est\u00e1n contenidas en el art\u00edculo 98 de la Ley 1123 de 2007, situaci\u00f3n que deja sin piso jur\u00eddico la petici\u00f3n del recurrente, pues las nulidades son taxativas y mal hizo en enunciar unas situaciones que en su sentir nulitaban [sic] la actuaci\u00f3n, sin proceder a encajarlas en alguna de las causales espec\u00edficas de la normatividad previamente expuesta (\u2026)\u00bb <\/p>\n
No obstante, pese a la deficiencia detectada en la postulaci\u00f3n, la colegiatura realiz\u00f3 un examen oficioso de la actuaci\u00f3n a efectos de determinar si existi\u00f3 alguna irregularidad con la entidad suficiente para invalidarla: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) entrando a determinar si se presentan o no irregularidades procesales que vulneren el debido proceso en punto del derecho de defensa t\u00e9cnica del togado, se inicia por abordar el hecho que seg\u00fan el defensor de confianza del disciplinable gener\u00f3 nulidad de la actuaci\u00f3n, es decir, que ni siquiera se valor\u00f3 por el a quo la grav\u00edsima conducta prevaricadora del Juzgado Promiscuo Municipal de Herr\u00e1n, al se\u00f1alar \u201cen especial, la inexacta aplicaci\u00f3n de normas del C Gnral. Del P [sic]\u201d. De lo expuesto por el recurrente, la Corporaci\u00f3n carece de facultad de discrepar sobre las decisiones de los jueces que gozan de autonom\u00eda e independencia para el ejercicio de sus funciones, para tal efecto el Juzgado\u2026 emiti\u00f3 la providencia del 16 de abril de 2016, en cuanto a la actuaci\u00f3n procesal bajo el radicado No. 201500015-00, declarando la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito; por tanto, cualquier inconveniente que se haya presentado deber\u00e1 resolverse a instancias del propio juzgado de conocimiento y no en esta sede disciplinaria. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, tampoco encuentra esta Corporaci\u00f3n nulidad alguna en el plenario de primera instancia, toda vez que se le respetaron los derechos al investigado y se desarroll\u00f3 acorde al procedimiento disciplinario establecido en la Ley 1123 de 2007, por lo que la Sala considera infundado el argumento del recurrente, no es menos cierto que el actuar de a quo no est\u00e1 enmarcado como violatorio del derecho fundamental al debido proceso en relaci\u00f3n con la defensa del abogado encartado, pues si se le nombr\u00f3 una defensora de oficio fue por la inasistencia del letrado a esta Corporaci\u00f3n y con miras a garantizar el derecho de defensa se le asign\u00f3 un defensor de oficio, contrario a lo que manifest\u00f3 el recurrente que es una vulneraci\u00f3n a la defensa del letrado (\u2026)\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, abord\u00f3 el estudio del caso concreto en punto de la conducta desarrollada por el profesional del derecho enjuiciado y la responsabilidad que le podr\u00eda caber, de cara a los hechos puestos de presente por quien formul\u00f3 la queja disciplinaria y de los medios de convicci\u00f3n practicados en la instancia, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la Sala debe referirse a uno de los argumentos planteados en el recurso de apelaci\u00f3n referente a que en este caso la indiligencia se present\u00f3 fue por parte de la quejosa quien no colabor\u00f3 con la notificaci\u00f3n del demandado y por ello el proceso fue abandonado por el disciplinado. Este argumento no es de recibo\u2026 pues el inculpado ten\u00eda un poder vigente con el cual present\u00f3 una demanda, es decir, activ\u00f3 el aparato jurisdiccional del Estado\u2026 y aun cuando la quejosa acept\u00f3 colaborar con la notificaci\u00f3n, esto no lo excluye de su responsabilidad profesional, pues como se ha manifestado\u2026 la labor de los abogados es indelegable e irremplazable por lo que est\u00e1 m\u00e1s que demostrada la falta endilgada al letrado, pues su indiligencia desat\u00f3 el archivo del proceso\u2026 por terminaci\u00f3n anormal, desistimiento t\u00e1ctico y a\u00fan pudiendo recurrir esta decisi\u00f3n, no lo hizo lo que itera\u2026 es muestra del desinter\u00e9s frente al caso que origin\u00f3 la queja disciplinaria. <\/p>\n
(\u2026) As\u00ed pues, de conformidad con los elementos de convicci\u00f3n aportados oportuna y legalmente al presente disciplinario, con claridad se evidencia que efectivamente el abogado inculpado incurri\u00f3 en una actuaci\u00f3n omisiva y negligente frente al encargo que le hab\u00eda sido encomendado por la quejosa. <\/p>\n
En este sentido, debido a la omisi\u00f3n del aqu\u00ed disciplinado, su cliente se vio privada de tener la posibilidad de tener una representaci\u00f3n oportuna en el asunto\u2026 pues en encartado por su negligencia abandon\u00f3 el proceso y ante el acuerdo de voluntades entre \u00e9ste y la querellante lo incumpli\u00f3 sin adelantar adecuadamente la gesti\u00f3n profesional para la cual hab\u00eda sido contratado. <\/p>\n
En torno a los componentes de la falta consagrada en el art\u00edculo 37-1 de la Ley 1123 de 2007, atribuida al aqu\u00ed demandante, expres\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) frente a la falta a la debida diligencia profesional\u2026 en reiteradas oportunidades esta Corporaci\u00f3n ha pregonado que cuando el abogado asume una representaci\u00f3n mediante contrato, poder o nombramiento oficioso, se obliga a realizar en su oportunidad una serie de actividades procesales en orden a favorecer la causa confiada a su gesti\u00f3n; cobra vigencia a partir de ese momento el deber de atender con celosa diligencia los asuntos encomendados, cargo que envuelve la obligaci\u00f3n de actuar positivamente con prontitud, celeridad, solicitando pruebas, presentando alegaciones, interrogando a los testigos, interviniendo en las diligencias e interponiendo recursos en las oportunidades previstas en la ley procesal aplicable al caso. <\/p>\n
Por lo tanto, cuando el abogado injustificadamente\u2026 abandon\u00f3 las actuaciones pertinentes en el tr\u00e1mite para el cual lo contrat\u00f3 la querellante\u2026 incumpli\u00f3 [el mandato] configur\u00e1ndose as\u00ed\u2026 la falta establecida en el numeral 1 del art\u00edculo 37 de la ley 1123 de 2007 (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Y, finalmente, luego de discurrir sobre la ausencia de causales que justificaran el comportamiento del disciplinado, la conciencia con la que actu\u00f3 y la graduaci\u00f3n de la sanci\u00f3n irrogada, concluy\u00f3 que la misma se tornaba necesaria, proporcional y razonable, am\u00e9n que cumpl\u00eda con el fin de prevenci\u00f3n particular \u00abentendido este como el mensaje de reflexi\u00f3n para los profesionales del derecho, en el presente caso para el litigante Julio Mario Rey Hern\u00e1ndez para que en el futuro se abstenga de incurrir en conductas consagradas como faltas o incumpla sus deberes en el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado\u00bb <\/p>\n
Es claro, pues, que la sentencia objeto de reproche est\u00e1 debidamente sustentada en tanto que, por una parte, la Corporaci\u00f3n indic\u00f3 las razones por las cuales la pretensi\u00f3n invalidatoria del aqu\u00ed actor no ten\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad, por no haberse verificado la vulneraci\u00f3n aducida y, por otra, encontr\u00f3 acreditada la falta disciplinaria por la que hab\u00eda sido denunciado. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no se observa el acaecimiento de una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, entre otras cosas, porque la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar el amparo, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que m\u00e1s all\u00e1,\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen del criterio que la Sala pudiera tener frente al razonamiento expresado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en torno al asunto debatido, mientras el mismo no se observe infundado, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de indiscutible desafuero judicial <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se impone negar el amparo porque, seg\u00fan se verific\u00f3, la decisi\u00f3n cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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