STC1763-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1763-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-00353-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Ernesto Carlos Yances Lanziano contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad y las partes e intervinientes en el proceso declarativo n\u00b0. 2012-00207. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en su propio nombre, acude a esta herramienta supralegal buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso y defensa\u00bb que estima vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Dice que en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena cursa el proceso mencionado, promovido por Construcciones F&R Ltda., a trav\u00e9s del cual se persigue la resoluci\u00f3n de un contrato de promesa de compraventa celebrado sobre un inmueble ubicado en aquella ciudad. <\/p>\n
Refiere que, liquidada la aludida persona jur\u00eddica, acudieron al tr\u00e1mite \u00abMosel S.A.S. y Mart\u00ednez Caballero S. A. S. [como socios de aquella] pretendiendo ser aceptados como sucesores procesales\u00bb pero que tal petici\u00f3n fue desestimada por la c\u00e9lula judicial con auto de 24 de febrero de 2020, \u00abargumentando que el simple hecho de haber sido socios de la extinguida sociedad\u2026 no los convierte en sucesores procesales, pues se hace necesaria la adjudicaci\u00f3n de los derechos comprometidos en el litigio, si los hubiere\u00bb <\/p>\n
Afirma que las referidas sociedades apelaron tal determinaci\u00f3n y que, mediante auto de 15 de diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Cartagena, la revoc\u00f3 y les reconoci\u00f3 la condici\u00f3n pretendida \u00abcontraviniendo el inciso segundo del art\u00edculo 68 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb <\/p>\n
Sostiene que la determinaci\u00f3n de la colegiatura ad quem adolece de \u00abdefecto procedimental [sic] y f\u00e1ctico\u00bb toda vez que, por una parte \u00ab[no] se pod\u00edan tener como sucesores procesales\u2026 a los ex-socios [sic] Mosel S.A.S. y Mart\u00ednez Caballero S.A.S. porque, seg\u00fan el art\u00edculo 68 del C. G. del P. esta calidad se debe reconocer cuando al disolverse y liquidarse la empresa, quienes que se presentan como sucesores procesales, debieron previamente ser reconocidos como adjudicatarios de los derechos litigiosos, o las eventuales obligaciones que puedan impon\u00e9rseles en el proceso, lo cual no aconteci\u00f3\u2026\u00bb raz\u00f3n que tambi\u00e9n les impide \u00abpresentarse al proceso como litisconsortes cuasi necesarios [sic]\u00bb y por otra, \u00abno existe la prueba documental donde est\u00e9 consignada la adjudicaci\u00f3n del derecho litigioso a favor de los ex-socios [sic]\u00bb <\/p>\n
3. Pretende, entonces, el amparo de las prerrogativas iusfundamentales arriba indicadas; empero, no formula pretensi\u00f3n concreta. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA AUTORIDAD ACCIONADA <\/p>\n
Y DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado del Tribunal Superior de Cartagena, que fungi\u00f3 como ponente de la providencia cuestionada, sostuvo que en ella \u00abse expresaron con claridad y suficiencia los soportes f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, as\u00ed como los precedentes jurisprudenciales que [le] sirvieron de base\u00bb circunstancia que desvirt\u00faa \u00abcualquier arbitrariedad o ligereza\u00bb am\u00e9n que lo pretendido por el promotor es \u00abimponer una propia interpretaci\u00f3n a su favor del art\u00edculo 68 del C.G.P., sin atacar el punto medular de la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Segundo Civil del Circuito de aquella misma ciudad pidi\u00f3 denegar el resguardo en lo que a ese despacho concierne porque \u00abla inconformidad del accionante no se encuentra enfilada respecto a decisiones adoptadas por ese juzgado\u00bb. <\/p>\n
3. Por conducto de apoderado judicial, las sociedades Mart\u00ednez Caballero S.A.S. y Mosel S.A.S., solicitaron declarar la improcedencia de la salvaguarda habida consideraci\u00f3n que \u00abel auto proferido por el Tribunal\u2026 es claro de principio a fin y fue dictado de acuerdo a la normatividad [sic] legal vigente aplicable al caso concreto\u00bb de all\u00ed que no exista la vulneraci\u00f3n alegada por el accionante. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas por el quejoso dentro del proceso de resoluci\u00f3n de contrato 2012-00207 promovido en su contra por Construcciones F&R Ltda., al reconocer, en segunda instancia, a las sociedades Mosel S.A.S. y Mart\u00ednez S.A.S. como sucesoras procesales de aquella, desconociendo, seg\u00fan dice, el contenido del art\u00edculo 68 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que el amparo no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
3.1. Razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Efectuado el estudio pertinente a los argumentos de la presente salvaguarda y con observancia de las piezas procesales adosadas al expediente, es preciso indicar, desde ya, que no se acceder\u00e1 al resguardo solicitado, pues no se observa la vulneraci\u00f3n alegada por el promotor, comoquiera que la determinaci\u00f3n judicial objeto de censura emerge coherente, razonable, motivada y fundada en las disposiciones legales y precedentes jurisprudenciales aplicables al caso concreto. <\/p>\n
En efecto, en el auto de segunda instancia, por medio del cual se reconoci\u00f3 a las compa\u00f1ias Mosel S.A.S. y a Mart\u00ednez Caballero S.A.S. como sucesoras procesales de Construcciones F&R Ltda., revoc\u00e1ndose por esa v\u00eda la decisi\u00f3n del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena que la hab\u00eda desestimado, la colegiatura ad quem, luego de hacer un breve recuento de la actuaci\u00f3n procesal surtida, de consignar los reparos concretos formulados por los censores contra la determinaci\u00f3n de primer grado y de rememorar lo que disponen los art\u00edculos 68 del Estatuto Ritual General y 225 del C\u00f3digo de Comercio, abord\u00f3 el estudio del asunto sometido a su escrutinio, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no hay duda de la extinci\u00f3n de la sociedad Construcciones F&R Ltda. pues obra en el dossier acta de liquidaci\u00f3n definitiva y su registro en C\u00e1mara de Comercio\u2026 Asimismo, que sus socios eran (i) Mosel Ltda., (ii) Mart\u00ednez Caballero Ltda. (ambas hoy S.A.S.) y (iii) el se\u00f1or Ricardo Roma Porra (\u2026)\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, con apoyo en el precedente de esta Corporaci\u00f3n, consignado en la determinaci\u00f3n de 7 de noviembre de 2007 (rad. 2005-00872), as\u00ed como del Consejo de Estado en la sentencia de 25 de noviembre de 2009, dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Sobre el particular se lee en la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia lo siguiente: \u201cDesde luego que, como tambi\u00e9n se advirti\u00f3, aunque se hubiera liquidado y extinguido en el curso del juicio, el fallo no acusar\u00eda la anormalidad que se le atribuye, como tampoco la fusi\u00f3n por absorci\u00f3n que se dio entre\u2026 y\u2026 porque en esos casos el proceso prosigue su marcha y a la persona jur\u00eddica extinguida la sucede el adjudicatario del derecho controvertido o de las condenas que puedan sobrevenir en tanto que a la fusionada, la sociedad interviniente en la fusi\u00f3n, sucesores que soportan los efectos de la sentencia, haci\u00e9ndose presentes en el juicio, en uso de la potestad que para el efecto se les concede, manteni\u00e9ndose al margen de \u00e9l. As\u00ed lo estatuye el art. 60 del C. de P.C.\u201d <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de acreditarse la adjudicaci\u00f3n del derecho ac\u00e1 reclamado a alguien en particular, es esa la persona llamada a intervenir a t\u00edtulo de sucesor procesal como adjudicatario del derecho controvertido o de las condenas que puedan sobrevenir. Con todo, cuando no exista ese adjudicatario concreto, nada impide que los ex socios [sic] de la sociedad comparezcan al proceso en esa calidad. <\/p>\n
En ese sentido ha se\u00f1alado el Consejo de Estado: <\/p>\n
\u201cEntonces, resulte viable que previamente a la liquidaci\u00f3n o extinci\u00f3n de la persona jur\u00eddica, \u00e9sta \u00faltima haya suscrito negocios jur\u00eddicos particulares en los que se cedan derechos y obligaciones, raz\u00f3n por la que, el cesionario o adquirente en estos eventos podr\u00e1 acudir al proceso para solicitar le sea reconocida su condici\u00f3n de sucesor. De otro lado, tambi\u00e9n ser\u00e1n sucesores aquellas personas llamadas a t\u00edtulo universal al debatir la titularidad de un derecho inter\u00e9s debatido dentro del proceso <\/p>\n
Al respecto la doctrina ha puntualizado, con especial sind\u00e9resis, lo siguiente: <\/p>\n
\u201cla sucesi\u00f3n puede ser a t\u00edtulo gratuito\u2026 o a t\u00edtulo oneroso\u2026 sea por acto entre vivos\u2026 o por causa de muerte\u2026 la norma \u00faltimamente citada contempla la sucesi\u00f3n procesal\u2026 en caso de extinci\u00f3n de una persona jur\u00eddica\u2026 ocupan su puesto\u2026 o los ex socios [sic] si no se adjudic\u00f3 el derecho litigioso o el bien respectivo (\u2026)\u201d\u00bb <\/p>\n
As\u00ed, a la luz del material probatorio obrante en la actuaci\u00f3n, resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en el acta que da fe de la liquidaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de los derechos de la sociedad en mentes, los ac\u00e1 discutidos se pretendieron adjudicar a quien fungi\u00f3 como liquidador; no obstante, en foliatura se observa actuaci\u00f3n anterior de \u00e9l quien pretendi\u00f3 ser tenido como sucesor, pero el juzgado concluy\u00f3 que aquel acto no produce efectos por deficiencias en su constituci\u00f3n (\u2026 confirmado en segunda instancia en auto del 02 de febrero del a\u00f1o siguiente). <\/p>\n
Luego, el derecho litigioso o el bien no fue debidamente adjudicado, o al menos no se ha demostrado lo contrario; en ese orden de ideas, de conformidad a la jurisprudencia ut supra, pueden concurrir como sucesores procesales los ex socios [sic] del ente societario liquidado (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Contrario al sentir del convocante, para la Sala la anterior determinaci\u00f3n se encuentra debidamente sustentada, en tanto que se advirtieron las razones jur\u00eddicas para tener como sucesoras procesales de Construcciones F&R Ltda., a Mosel S.A.S. y a Mart\u00ednez Caballero S.A.S., observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que se busca es anteponer la propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica a la de la autoridad jurisdiccional, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
3.2. De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional <\/p>\n
Ahora, en cuanto a la afirmaci\u00f3n del promotor referente a la indebida apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n realizada por la autoridad judicial querellada, es preciso indicar que la herramienta supralegal no es el instrumento adecuado para atacar el ejercicio valorativo y sind\u00e9resis de los jueces ordinarios, puesto que tal actividad encuentra soporte en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en el art\u00edculo 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Este instrumento no es una instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario y a ella no es dable acudir para censurar la forma en que el juzgador estim\u00f3 las pruebas llevadas a su conocimiento, menos aun cuando los supuestos errores no pasan de ser \u2013como en este caso\u2013 meras discrepancias en la apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n entre el tutelante y la realizada por la autoridad jurisdiccional, cobijada por la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad. <\/p>\n
Admitir la postura del querellante implicar\u00eda una nueva revisi\u00f3n de instancia que har\u00eda al juez de amparo alejarse de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, situaci\u00f3n que no puede ser prohijada por esta Corporaci\u00f3n, pues pac\u00edficamente se ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01) <\/p>\n
4. Conclusiones <\/p>\n
Como consecuencia de lo discurrido, se denegar\u00e1 el amparo solicitado porque: <\/p>\n
4.1. La providencia objeto de escrutinio no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda, en tanto contiene un criterio razonable y ponderado y, <\/p>\n
4.2. No es posible, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, censurar la hermen\u00e9utica de los funcionarios cognoscentes, comoquiera que no se trata de una instancia adicional o paralela a las establecidas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese, por un medio expedito, lo resuelto a las partes y en, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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