STC1775-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1775-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-22-13-000-2020-00150-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de diciembre de 2020, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alcira P\u00e9rez Huertas en calidad de agente oficiosa de Claudia Patricia Erazo Chur\u00f3n y de su menor hijo XXX, contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. y BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., tr\u00e1mite al que fueron vinculados los dem\u00e1s intervinientes del juicio compulsivo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama en la condici\u00f3n antes mencionada, la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de sus apadrinados a la vida digna, a la propiedad privada, al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la vivienda digna, \u00aba tener un nivel de vida adecuado para su sano desarrollo f\u00edsico, mental y social\u00bb, y, a tener una familia y no ser separado de ella, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional y personas jur\u00eddicas accionadas, en el marco del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que en contra de su agenciada adelant\u00f3 el Banco BBVA S.A., con radicado No. 2018-00210-00. <\/p>\n
Exige entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas1, que se ordene: i) al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto, \u00abque se abstenga de continuar el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo [citado] hasta cuando se resuelva de fondo lo relativo a la p\u00e9rdida de capacidad laboral y\/o invalidez de la demandada ejecutada con miras a establecer si hay lugar a la cobertura invocada de la p\u00f3liza de seguros que ampara el cr\u00e9dito hipotecario\u00bb, en particular, \u00abrealizar el remate del bien inmueble\u00bb cautelado en dicha actuaci\u00f3n; ii) al Banco BBVA S.A., \u00absiniestrar la p\u00f3liza del cr\u00e9dito hipotecario que ampara la obligaci\u00f3n (\u2026) y esperar las resultas del proceso de evaluaci\u00f3n realizado por la Compa\u00f1\u00eda de Seguros antes de determinar continuar con la ejecuci\u00f3n y especialmente tener en cuenta los criterios esgrimidos como las causas por las cuales no se pagaron oportunamente las cuotas con miras a establecer si encuadran dentro de la cobertura de los seguros en lo relativo a la incapacidad que evitar\u00eda la constituci\u00f3n en mora y la consecuente activaci\u00f3n de la cl\u00e1usula aceleratoria\u00bb, y, \u00ababstenerse de solicitar el remate en p\u00fablica subasta [el aludido] inmueble\u00bb; y, iii) a la compa\u00f1\u00eda BBVA Seguros Colombia S.A., \u00abrealizar el tr\u00e1mite de evaluaci\u00f3n del siniestro de la p\u00f3liza para determinar si hay lugar a aplicar una cobertura en beneficio de la deudora y, en consecuencia, si corresponde, pagar la totalidad o una parte de la deuda o la mora, respecto de las condiciones del clausulado, todo esto una vez exista una definici\u00f3n final y en firme referente al porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral o incapacidad permanente parcial o invalidez, no antes\u00bb2. <\/p>\n
2. En apoyo de lo pretendido y en cuanto resulta dispensable para resolver la instancia, aduce en lo esencial la agente, que la parte ejecutante no debi\u00f3 iniciar la ejecuci\u00f3n referida en l\u00edneas precedentes, ya que la mora en el pago del cr\u00e9dito perseguido se dio a causa de la enfermedad grave que padece su agenciada, la cual le ha impedido generar ingresos, situaci\u00f3n que \u00e9sta inform\u00f3 oportunamente a fin de que la aseguradora amparara la mentada obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Asevera que desde el inicio del proceso y hasta el 10 de marzo de 2020, el Despacho accionado registr\u00f3 todas y cada una de las actuaciones surtidas en el aplicativo de consulta de la p\u00e1gina Web de la Rama Judicial, sin que diera aviso a las partes de que a partir de ese momento no seguir\u00eda realizado esa tarea, por lo que la demandada, pese a que la conducta desplegada por el despacho va en contrav\u00eda de lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, no advirti\u00f3 la necesidad de estar revisando los estados electr\u00f3nicos todos los d\u00edas, m\u00e1xime cuando estaba convencida que su acreedor esperar\u00eda a que se definiera lo relacionado con la calificaci\u00f3n de su p\u00e9rdida de capacidad laboral para poder seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1ala que el C\u00f3digo General del Proceso ordena enterar a los justiciables de todas las decisiones a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico registrado; sin embargo, fue el apoderado de la parte demandante quien, el 18 de octubre de la citada anualidad, enter\u00f3 a la ejecutada de las actuaciones que se hab\u00edan desarrollado, lo que caus\u00f3 gran sorpresa, pues ya se hab\u00eda fijado para el 30 de noviembre siguiente la diligencia de remate, motivo por el cual su defendida solicit\u00f3 al juez acusado, por un lado, realizar un control de legalidad y declarar la nulidad de lo actuado, peticiones que a\u00fan no han sido resueltas, y por el otro, la suspensi\u00f3n del proceso, solicitud que fue despachada desfavorablemente. <\/p>\n
Finalmente refiere, que la se\u00f1ora Claudia Patricia Erazo Chur\u00f3n vive en la ciudad de Bogot\u00e1, donde tiene fijada su residencia junto a su hijo, quien tuvo que irse a vivir con sus abuelos maternos al municipio de Chachag\u00fc\u00ed, Nari\u00f1o, ante la gravedad de la enfermedad que padece su progenitora; sin embargo, por efecto de la pandemia, \u00e9stos tuvieron que trasladarse a la ciudad de Pasto, precisamente, a la casa que va a ser subastada al interior de la ejecuci\u00f3n censurada, circunstancia que, afirma, torna procedente el reclamo que eleva en favor de sus agenciados a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n3. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto, luego de compendiar las actuaciones que ha desplegado con ocasi\u00f3n del juicio compulsivo objeto de debate, solicit\u00f3 denegar el resguardo implorado, con sustento en que en dicho tr\u00e1mite \u00abse respetaron todas las garant\u00edas procesales, tanto de la parte demandante como de la parte demandada\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que \u00abcon motivo de la pandemia de Covid-19, la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales y la conocida restricci\u00f3n de acceso al palacio de justicia del personal judicial, algunas actuaciones no se han podido cumplir con la normalidad\u2026, entre ellas la que corresponde a la actualizaci\u00f3n del Sistema Siglo XXI\u00bb, ya que \u00abel personal a cargo de dicha labor padece patolog\u00edas en salud que impiden su normal ingreso al juzgado, y por cuanto de manera tard\u00eda la administraci\u00f3n judicial autoriz\u00f3 la instalaci\u00f3n externa del Sistema Siglo XXI para que pudiera ser operado desde un punto alterno\u00bb; no obstante, \u00abel Sistema Siglo XXI, no es el medio de publicaci\u00f3n de los estados electr\u00f3nicos, sino un recurso administrativo de la Rama Judicial que permite y facilita el seguimiento de las actuaciones judiciales a su cargo, menci\u00f3n que no va en contrav\u00eda de la posibilidad de acceso a dicha informaci\u00f3n por parte de los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia; y tan clara es esta afirmaci\u00f3n que incluso cuenta con respaldo jurisprudencial\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo indic\u00f3, que \u00abla accionante s\u00ed conoce los canales de informaci\u00f3n de los estados electr\u00f3nicos del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto, pues incluso interpuso recurso de reposici\u00f3n frente decisi\u00f3n calendada de 06 de noviembre de 2020, mediante la que se neg\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso, por no ajustarse la misma a los presupuestos establecidos por nuestra legislaci\u00f3n procesal\u00bb, am\u00e9n que \u00e9sta \u00abes abogada de profesi\u00f3n, y\u2026 act\u00faa en su propio nombre al interior del proceso judicial en menci\u00f3n\u00bb4. <\/p>\n
b. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A., a trav\u00e9s de apoderado judicial, se opuso al \u00e9xito del amparo rogado, con sustento en que a la entidad financiera que representa \u00abno puede imput\u00e1rsele como obligaci\u00f3n, tal como lo se\u00f1ala la accionante, abstenerse de adelantar la acci\u00f3n judicial ejecutiva de cobro, ni suspender el proceso, ni tramitar el siniestro que ella present\u00f3 a la Aseguradora y por esta le fue negado\u00bb, pues \u00abest\u00e1 plenamente legitimada para continuar con el tr\u00e1mite judicial de ejecuci\u00f3n, donde a la deudora ejecutada ha sido notificada debidamente de las actuaciones\u00bb5. <\/p>\n
c. El representante legal judicial de la compa\u00f1\u00eda BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., tambi\u00e9n se mostr\u00f3 reacia la concesi\u00f3n de la salvaguarda instada, con fundamento en que \u00abla parte accionante no ha presentado una reclamaci\u00f3n formal en contra de la aseguradora solicitando el pago del seguro\u00bb, el cual est\u00e1 supeditado \u00aba un dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral que declare la condici\u00f3n de invalidez (incapacidad total y permanente) para efecto de que nosotros procedamos analizar si es viable el pago o no\u00bb6. <\/p>\n
d. La persona vinculada7, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto, luego de hacer un recuento de las actuaciones realizadas por el juzgado accionado al interior de la ejecuci\u00f3n objeto de revisi\u00f3n constitucional, desestim\u00f3 el amparo rogado, con fundamento en que \u00ablo solicitado en las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela es b\u00e1sicamente la suspensi\u00f3n del proceso ejecutivo hipotecario No. 2018 \u2013 00210 \u2013 00, situaci\u00f3n que siendo resuelta de forma negativa por el juzgado al interior del mencionado proceso, la parte actora no interpuso ning\u00fan medio de impugnaci\u00f3n, siendo susceptible dicho interlocutorio de ser controvertido a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n\u00bb, por lo que \u00abla acci\u00f3n de tutela resulta improcedente, por no atenderse el requisito de subsidiaridad que la rige\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, \u00abrespecto de los hechos relativos al auto mediante el cual se fij\u00f3 fecha para la realizaci\u00f3n de la diligencia de remate del bien objeto de la medida cautelar\u00bb, alusivos a que \u00aba partir del 10 de marzo de 2020 no se registraron actuaciones en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, en donde normalmente hac\u00eda el seguimiento de las [mismas]\u00bb, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, dado que \u00abdesde antes del mes de marzo de los cursantes, notificaba las providencias emitidas al interior del mismo, a trav\u00e9s de la publicaci\u00f3n de los estados f\u00edsicos, como se deja constancia al final de cada una de las providencias del expediente, lo mismo que por estados electr\u00f3nicos\u00bb, sumado a que no era necesario para surtir la notificaci\u00f3n por estado del art\u00edculo 9 del Decreto Legislativo 806 de 2020, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, \u00abenviar a las partes un correo electr\u00f3nico con la informaci\u00f3n\u00bb, decisi\u00f3n que, por dem\u00e1s, \u00abno es contraria a las disposiciones normativas que regulan la materia y es la consecuencia del devenir propio de un proceso ejecutivo hipotecario, que en el presente caso ha agotado sus etapas con garant\u00eda de los derechos de las partes involucradas en el asunto\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo acot\u00f3, que si bien es cierto que \u00aben aplicaci\u00f3n de preceptos constitucionales como el establecido en el art\u00edculo 44 de la Carta Pol\u00edtica, los ni\u00f1os, ni\u00f1as, infantes y adolescentes gozan de una prevalencia en la protecci\u00f3n de sus derechos, y el Estado, la sociedad y la familia debe velar por el cumplimiento de tal prerrogativa fundamental\u00bb, tal prerrogativa no es absoluta, ya que \u00abal interior de un proceso judicial no es de tal raigambre como para indicar que sus titulares no puedan resultar vencidos al interior de una contienda judicial, obviamente con la plena verificaci\u00f3n de garant\u00edas procesales como el derecho de defensa y contradicci\u00f3n, que aqu\u00ed no se han visto agraviados\u00bb8. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 el fallo anterior, aduciendo que esta \u00abno abarc\u00f3 todos los asuntos planteados y se dispuso a fallar exclusivamente en lo que tiene que ver con las razones que invalidan el proceso civil ejecutivo\u00bb, ya que \u00abnada se nos manifest\u00f3 respecto de la vulneraci\u00f3n de los derechos afectados por las acciones y omisiones desplegadas por el BANCO BBVA y BBVA SEGUROS\u00bb, como tampoco sobre \u00abla aparente nulidad en que incurri\u00f3 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto\u00bb9. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de los particulares, el cual se encuentra regulado en el Decreto 2591 de 1991, cuya procedencia est\u00e1 ligada a los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable y no se tengan, est\u00e9n en tr\u00e1mite o se hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, cuando se promueve esta acci\u00f3n tuitiva contra una decisi\u00f3n adoptada por una autoridad judicial, la jurisprudencia constitucional ha decantado una serie de requisitos, hoy llamados, causales de procedibilidad, que posibilitan el estudio de fondo del asunto y que se subdividen en gen\u00e9ricas y espec\u00edficas10. Las primeras, atinentes a que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela, mientras que las segundas, alusivas a vicios o defectos denominados: org\u00e1nico; procedimental absoluto; f\u00e1ctico; material o sustantivo; error inducido; decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; desconocimiento del precedente; y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada por Alcira P\u00e9rez Huertas en calidad de agente oficiosa de Claudia Patricia Erazo Chur\u00f3n y de su menor hijo XXX, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la misma no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues, en lo que toca con la queja enrostrada contra la falta de publicidad (notificaci\u00f3n) de las actuaciones realizadas a partir del 10 de marzo de 2020 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto, dentro del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que adelant\u00f3 el Banco BBVA S.A. frente a la se\u00f1ora Erazo Chur\u00f3n, con radicado No. 2018-00210-00, omisi\u00f3n que, a su juicio, genera la nulidad de actuado, la protecci\u00f3n constitucional rogada es improcedente, toda vez que \u00e9sta, actuando en causa propia en virtud de ser abogada, el pasado 18 de noviembre promovi\u00f3 incidente de nulidad ante el mentado despacho, con las mismas pretensiones y fundamentos a los expuestos por esta v\u00eda excepcional, el cual, seg\u00fan se pudo cotejar del expediente remitido en copia digital por ese estrado judicial, no se le ha impartido tr\u00e1mite, raz\u00f3n por la que el amparo rogado se torna prematuro, ya que no puede acudirse a \u00e9l con \u00e9xito cuando est\u00e1n en tr\u00e1mite los instrumentos ordinarios de defensa, pues ello ri\u00f1e con el car\u00e1cter subsidiario y residual que lo caracteriza, m\u00e1xime cuando, precisamente, la resoluci\u00f3n de los reparos esgrimidos por la tutelante corresponde analizarlos al juez natural, orbita en la que no se puede inmiscuirse el Juez de tutela. <\/p>\n
Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, se ha dicho que \u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC786-2021). <\/p>\n
Situaci\u00f3n que ha justificado la Corte, de tiempo atr\u00e1s, con fundamento en que \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC792-2021). <\/p>\n
3. Por otro lado, basta decir, en relaci\u00f3n con los reproches expuestos contra el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. y la compa\u00f1\u00eda BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., que los mismos deben desestimarse, dado que el citado banco est\u00e1 legitimado para ejercer la acci\u00f3n ejecutiva en contra de la agenciada Claudia Patricia Erazo Chur\u00f3n, ante el incumplimiento en el pago de la obligaci\u00f3n que \u00e9sta adquiri\u00f3 con dicha entidad financiera, y, aunque la agente aduce que por su precario estado de salud no debi\u00f3 proseguirse el cobro, lo cierto es que esa sola circunstancia -per se- no lo suspende, am\u00e9n que, de acuerdo con la informaci\u00f3n que arroja el expediente, la ejecutada guard\u00f3 silencio frente al mandamiento de pago, por lo que desech\u00f3 la oportunidad de formular excepciones de m\u00e9rito y llamar en garant\u00eda a la se\u00f1alada aseguradora, a quien, seg\u00fan ella misma lo afirm\u00f3 al rendir el respectivo informe, no se le ha elevado reclamaci\u00f3n alguna frente a la p\u00f3liza de seguro que ampara el cr\u00e9dito exigido judicialmente, cuyo pago est\u00e1 supeditado \u00aba un dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral que declare la condici\u00f3n de invalidez (incapacidad total y permanente)\u00bb11, dictamen que a\u00fan est\u00e1 en discusi\u00f3n, tal y como lo advirti\u00f3 la misma tutelante; luego, entonces, es indudable que a dichas entidades no se les pueda endilgar la vulneraci\u00f3n alegada, pues han actuado en el marco del ordenamiento jur\u00eddico, raz\u00f3n por la que el reclamo elevado frente a ellas, resulta improcedente. <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, cumple la Sala en advertir, en relaci\u00f3n con la solicitud de compulsa de copias deprecada por el apoderado judicial del Banco BBVA S.A. frente al Magistrado Ponente del fallo opugnado, que no se acceder\u00e1 a dicho pedimento, comoquiera que la Corte no es la autoridad a quien le corresponde determinar si dicho funcionario incurri\u00f3 o no en falta disciplinaria, por lo que es al interesado a quien le incumbe elevar la correspondiente queja, bajo su propia responsabilidad. <\/p>\n
6. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Como en el presente asunto se encuentra involucrado una menor de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar su nombre, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dicha identidad. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Teniendo en cuenta que el juez constitucional de instancia, con el auto admisorio de la demanda de tutela, escindi\u00f3 la queja elevada contra el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto. <\/p>\n
2 De acuerdo con la demanda de tutela anexa al expediente en copia digital allegada v\u00eda correo institucional a la Corte. <\/p>\n
3 Ejusdem. <\/p>\n
4 Informe allegado v\u00eda correo institucional. <\/p>\n
5 Ib\u00eddem. <\/p>\n
6 Cit. <\/p>\n
7 Esto es, el adjudicatario del bien inmueble cautelado en dicho asunto. <\/p>\n
8 Decisi\u00f3n anexa al memorado expediente. <\/p>\n
9 De acuerdo con el escrito acopiado a las diligencias remitidas a la Corte. <\/p>\n
10 Consultar al respecto, C.C. SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20. <\/p>\n
11 As\u00ed est\u00e1 estipulado en los anexos que contiene los amparos del aludido seguro. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1775-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC1775-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-22-13-000-2020-00150-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53619","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53619","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53619"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53619\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53619"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53619"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53619"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}