STC1776-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1776-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00417-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Regina de Bel\u00e9n Varona L\u00f3pez contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la misma ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la localidad en cita y los intervinientes en el coactivo n\u00ba 2001-00962. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, la accionante reclama la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, el cual estima trasgredido con los autos \u2013de primera y segunda instancia- de 4 de octubre de 2019 y 3 de febrero de 2021, mediante los cuales los juzgadores encartados negaron la solicitud de nulidad que ella formul\u00f3 con fundamento en la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario materia del recaudo, contrariando, seg\u00fan su criterio, la normativa y los precedentes jurisprudenciales que rigen el asunto. <\/p>\n
2. En consecuencia, pide que se deje sin efecto lo actuado en dicho juicio \u00abincluyendo el mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistratura accionada dijo atenerse al contenido de la providencia que censura la accionante. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dijo ser ajeno a las providencias materia de censura, por cuanto envi\u00f3 el expediente a los jueces de ejecuci\u00f3n despu\u00e9s de haber emitido sentencia en el coercitivo que incumbe a esta tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Juez Tercera Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 hizo un breve recuento de lo acontecido en la ejecuci\u00f3n que aqu\u00ed interesa y enfatiz\u00f3 que las providencias que all\u00ed se emitieron no involucran una v\u00eda de hecho que habilite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por lo que pidi\u00f3 desestimar la salvaguarda. <\/p>\n
4. Systemgroup S.A.S. dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa dado que las pretensiones est\u00e1n dirigidas contra dos autoridades judiciales por el proferimiento de providencias en las que no tuvo participaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal convocado lesion\u00f3 la garant\u00eda fundamental invocada en el libelo introductor, al confirmar la desestimaci\u00f3n de la solicitud de nulidad que formul\u00f3 la aqu\u00ed accionante con fundamento en la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario objeto de la ejecuci\u00f3n que se adelanta en su contra. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones de naturaleza judicial, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto – razonabilidad de la providencia cuestionada. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual se refrend\u00f3 la negativa impartida a la petici\u00f3n de invalidez procesal elevada por quien hoy acciona, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado, en raz\u00f3n a que tal determinaci\u00f3n obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas y la jurisprudencia que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, la magistratura inici\u00f3 memorando que \u00abson principios orientadores, el de taxatividad y especificidad, conforme a los cuales, no existe una circunstancia con potencialidad de estructurar el yerro sin que normativamente est\u00e9 tipificada, de modo que, no es pertinente acudir a criterios anal\u00f3gicos para extender la declaraci\u00f3n a hip\u00f3tesis diferentes de las contempladas por el Legislador. El art\u00edculo 135 ibidem, establece que deber\u00e1 ser alegada por el sujeto con inter\u00e9s para proponerla. Igualmente reza que el Funcionario rechazar\u00e1 de plano la \u201c\u2026 que se proponga despu\u00e9s de saneada o por quien carezca de legitimaci\u00f3n…\u201d. A su turno, el canon siguiente, estipula que se entender\u00e1 convalidada cuando: la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente; quien ten\u00eda inter\u00e9s, la convalid\u00f3 en forma expresa antes de haber sido renovada la actuaci\u00f3n anulada; o, si a pesar del vicio, el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, anot\u00f3 que, \u00aben el caso sub-examine, la solicitud de invalidez se soporta, en lo medular, en la falta de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n que tuvo origen en un cr\u00e9dito otorgado en UPAC. En esas condiciones, reitera el impugnante que el juicio debi\u00f3 declararse terminado, en tanto que se desconoci\u00f3 la ley de vivienda 546 de 1999; y, de contera, la extensa l\u00ednea jurisprudencial de la honorable Corte Constitucional y Suprema de Justicia que han tratado sobre su obligatoriedad en esta clase de causas. A su juicio, se configura la causal prevista en el numeral 2 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. La se\u00f1ora Juez la rechaz\u00f3 in limine al considerar que la parte demandada, desde vieja data, ha venido actuando a trav\u00e9s de diferentes abogados sin que hubiera alegado las circunstancias aqu\u00ed expuestas. Adem\u00e1s, advirti\u00f3 que el requisito extra\u00f1ado, ha sido un asunto discutido en las dos instancias\u00bb. <\/p>\n
Demarcada en esos t\u00e9rminos la controversia, anunci\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n confutada habr\u00e1 de refrendarse\u00bb en consideraci\u00f3n a que \u00absi bien el par\u00e1grafo del art\u00edculo 135 ibidem, estipula que la causal en comento no es susceptible de convalidaci\u00f3n, en el caso particular, tal como lo resalt\u00f3 la se\u00f1ora Juez, es evidente que en otrora oportunidad la entonces togada que apoder\u00f3 a los convocados solicit\u00f3 clausurar el asunto con estribo en supuestos similares que, en concreto, se resumen en la ausencia de la reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n. V\u00e9ase que, al efecto, en decisi\u00f3n del 16 de junio de 2016, la autoridad de primer grado la encontr\u00f3 fundada, pero al ser objeto de alzada, la Colegiatura en prove\u00eddo del 13 de diciembre siguiente, la revoc\u00f3, para en su lugar, continuar el tr\u00e1mite correspondiente. Y es que el t\u00f3pico en cuesti\u00f3n, qued\u00f3 claro que no es plausible exigir la reestructuraci\u00f3n porque no concurren las exigencias tanto legales como jurisprudenciales. As\u00ed las cosas, no cabe la menor duda que tal cuesti\u00f3n, ciertamente, ya fue zanjada mediante una providencia que se encuentra debidamente ejecutoriada, torn\u00e1ndose, en consecuencia, inviable volver sobre ello, en tanto que aceptar un nuevo escrutinio, implicar\u00eda desconocer instituciones como la cosa juzgada y la seguridad jur\u00eddica que rodean la determinaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando no vislumbra el despacho situaciones diferentes o modificativas de la anterior\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abtampoco es admisible pretextar argumentos an\u00e1logos para que se d\u00e9 impulso a la solicitud de invalidez, como verbi gratia, la nulidad constitucional consagrada en el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica, bajo el rasero que no se cumpli\u00f3 con la restructuraci\u00f3n, frente a lo cual no es mucho lo que resta por se\u00f1alar, puesto que lo esbozado por el interesado, en puridad, no se sit\u00faa en los supuestos del canon superior que pregona que el \u00fanico evento en que podr\u00e1 declararse, ser\u00e1 aqu\u00e9l en el que la prueba haya sido obtenida con desconocimiento de los mandatos legales que regulan su decreto, pr\u00e1ctica e incorporaci\u00f3n, con mayor raz\u00f3n cuando se impida o imposibilite ejercitar el derecho de contradicci\u00f3n por parte del sujeto procesal contra el cual se pretende hacer valer aqu\u00e9lla, supuestos que, se insiste, no corresponden al caso de marras\u00bb. <\/p>\n
Como se ve, la determinaci\u00f3n que ahora cuestiona la querellante reprodujo lo dicho en el auto de 13 de diciembre de 2016, mediante la cual la fustigada colegiatura, frente a una solicitud de reestructuraci\u00f3n con id\u00e9ntico sustrato f\u00e1ctico a la petici\u00f3n de invalidez que incumbe a esta tramitaci\u00f3n, consider\u00f3 improcedente ese remedio contractual, en observancia a que la eventual terminaci\u00f3n del juicio hipotecario en nada contribuir\u00eda a salvaguardar el predio de los ejecutados, dado el embargo de remanentes decretado respecto de ese juicio. <\/p>\n
En aquella oportunidad, el tribunal precis\u00f3 que \u00abel Alto Tribunal de Justicia, ha reiterado que \u201c\u2026la decisi\u00f3n de culminar el coercitivo por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito solo puede evitarse en caso de existir embargo de remanente 8\u2026), por cuanto, al acaecer tal circunstancia, implica prima facie que cualquier intento de reestructuraci\u00f3n ser\u00eda f\u00fatil, pues en ese evento s\u00ed resulta evidente la poca solvencia econ\u00f3mica de la obligada\u201d. En este orden de ideas, si bien no existe duda que el derecho a la reestructuraci\u00f3n era aplicable al sub lite por haber sido una obligaci\u00f3n adquirida antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999, para la adquisici\u00f3n de vivienda a largo plazo, al revisar el expediente se observa que mediante oficio 3188 del 30 de octubre de 2003, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 comunic\u00f3 al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que mediante prove\u00eddo del 26 de septiembre de esa anualidad, se \u201cdecret\u00f3 el EMBARGO de los remanentes y\/o bienes que por cualquier causa se llegaren a desembargar\u2026\u201d\u00bb. <\/p>\n
Ante tales razonamientos, no cabe tener por acreditado el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador convocado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Seg\u00fan lo rese\u00f1ado, surge evidente que la pretensi\u00f3n de la gestora del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones que la autoridad accionada tuvo para resolver el asunto sometido a su escrutinio, disconformidad que, se itera, excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la solicitud de amparo en estudio, porque la determinaci\u00f3n cuestionada fue motivada y lo pretendido por la querellante es anteponer su propio criterio al del juez convocado, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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