STC1779-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1779-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2020-00469-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 25 de enero de 2021, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Uner Augusto Becerra Largo contra el Juzgado Civil de Circuito de Santa Rosa de Cabal. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada en el curso de la acci\u00f3n popular (radicaci\u00f3n 2020-00116) que inici\u00f3. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que en el proceso de la referencia \u00abla juez civil cto (sic) de [S]anta [R]osa de [C]abal rda (sic), profir[i]o sentencia en la a[cci\u00f3n] popular 2020 0116 contra el sr ciudadano NOTARIO [\u00fa]nico en [S]anta [R]osa de [C]abal, donde lo conden[\u00f3] en agencias en derecho a mi favor en 2 smmlv y adem[\u00e1]s le orden[\u00f3] una cau[c]i[\u00f3]n en sentencia, la cual se niega a cumplir\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en resumen, que (i) \u00abse ordene al tutelado que de manera inmediata pague y cancele las agencias en derecho a mi favor (\u2026), y al Notario que cumpla con la [cauci\u00f3n]; (ii) se REQUIERA a la juez (\u2026) a fin [de] q[ue] sancione al NOTARIO por desacato al incumplir lo ordenado en sentencia [y] que no r[e]quiera m[\u00e1]s al notario para que cumpla con la cau[c]i[\u00f3]n ordenada (\u2026); (iii) proceda inmeditamente (sic) a sancionarlo con arresto; y (iv) se ordene al notario inmedi[a]tamente cumplir el pago de costas a mi favor y la [cauci\u00f3n] ordenada en sentencia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda refiri\u00f3 \u00abno ser el organismo competente para adelantar las pretensiones del accionante\u00bb. <\/p>\n
3. La Personera Municipal de Santa Rosa de Cabal aludi\u00f3 que \u00abme atengo a lo que su honorable despacho decida en el asunto por tratarse de competencia de la rama judicial\u00bb. <\/p>\n
4. El Notario \u00danico del Circulo de Santa Rosa de Cabal se opuso a las pretensiones de la demanda, se\u00f1alando que: <\/p>\n
\u00aba) fui convocado a audiencia virtual de pacto de cumplimiento a la cual asist\u00ed. Nunca m\u00e1s fui objeto de citaci\u00f3n personal por correo electr\u00f3nico por parte del Juzgado.; b) el 3 de diciembre de 2020 me env\u00eda un correo electr\u00f3nico amenazando iniciar acci\u00f3n ejecutiva, interese[s] de mora, costas del ejecutivo y retenci\u00f3n de dineros en bancos a nivel nacional, porque el NOTARIO le debe $1.755.606 por agencias en derecho en la acci\u00f3n popular ya conocida; c) Le informo a mi apoderado y efectivamente nos enteramos que el 13 de noviembre de 2020 se profiri\u00f3 sentencia en dicha acci\u00f3n popular, en contra de LA NOTAR[\u00cd]A [\u00da]NICA DEL C[\u00cd]RCULO DE SANTA ROSA DE CABAL; d) radiqu\u00e9 la acci\u00f3n de tutela y el 15 de diciembre de 2020, fue admitida por el Magistrado de esa misma Sala, Dr. Edder Jimmy S\u00e1nchez Calambas, porque considero vulnerado mi derecho fundamental al debido proceso, pues no se me permiti\u00f3 controvertir la sentencia la cual no comparto. Radicado: 66001-22-13-000-2020-00466-00. NO HE SIDO NOTIFICADO DE FALLO y e) En lo dem\u00e1s, la titular del Despacho accionado ser\u00e1 quien tome las determinaciones en cumplimiento de la Constituci\u00f3n y la Ley, no de la voluntad del accionante\u00bb. <\/p>\n
5. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal precis\u00f3 que \u00abse ha dado tr\u00e1mite a todas las 3 solicitudes presentadas por el se\u00f1or Augusto Becerra, por lo que no existe vulneraci\u00f3n alguna a sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo declar\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, pues incumple el presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que \u00abpara la fecha en que se instaur\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, 11 de diciembre \u00faltimo, el actor ni siquiera hab\u00eda acudido al despacho accionado para solicitar se ordenara cumplir el fallo dictado y se iniciara el incidente de desacato respectivo; a ello procedi\u00f3 el 18 siguiente. Es decir que el demandante promovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, en la que formula similares pretensiones a las que elev\u00f3 en aquella petici\u00f3n, sin antes agotar el medio ordinario con que cuenta en la citada acci\u00f3n popular\u00bb, por lo que \u00abel juez constitucional no puede desconocer las herramientas principales de defensa de derechos y adoptar por esta v\u00eda especial determinaciones que son propias del juez ordinario\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada providencia, sin esgrimir argumentos adicionales a los expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el juzgado convocado incurri\u00f3 en una presunta v\u00eda de hecho en la acci\u00f3n popular (radicaci\u00f3n 2020-00116) que inici\u00f3 el accionante, por, supuestamente (i) \u00abno ejecutar lo resuelto en la sentencia del 13 de noviembre de 2020 en contra de la [N]otar\u00eda [\u00da]nica de Santa Rosa de Cabal\u00bb y (ii) no sancionar por desacato a la autoridad acusada de ser renuente. <\/p>\n
2. Subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
Las determinaciones jurisdiccionales son, por regla general, ajenas al examen propio del resguardo, a menos que resulten notoriamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a esta y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, se precisa que la inobservancia de la subsidiariedad se presenta no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos cuya tutela se reclaman o, cuando ejercidos \u00e9stos, se encuentra pendiente su resoluci\u00f3n. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar el asunto sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, se advierte la improcedencia del instrumento constitucional, en la medida en que se pretermite el requisito que viene de comentarse, teniendo en cuenta que, a la fecha, el quejoso no ha acudido al despacho accionado para iniciar el ejecutivo en procura del recaudo de las costas decretadas a su favor en el marco de la acci\u00f3n popular que aquel promovi\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
Por lo anterior, mientras la controversia no sea planteada ante la autoridad cognoscente, a trav\u00e9s de los instrumentos procesales previstos para el efecto, no es posible la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues estar\u00eda invadiendo competencias ajenas, lo que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual del amparo. Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha recalcado que: <\/p>\n
<\/p>\n
En virtud de ese segundo presupuesto, se ha dicho en precedencia que este resguardo no puede emplearse de manera alternativa o supletoria en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su presentaci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1neo con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomado como un recurso adicional de los que el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales\u00bb (CSJ, STC11739-2018, 12 sep.). <\/p>\n
3.2. De otra parte, en relaci\u00f3n con la pretensi\u00f3n de que se ordene sancionar por desacato al funcionario presuntamente renuente a acatar la orden dictada en esa acci\u00f3n constitucional, se observa que, luego de iniciado este tr\u00e1mite, el gestor formul\u00f3 la solicitud correspondiente ante el despacho convocado (f. 3, cd. pruebas), la cual se encuentra en curso, de modo que, como acertadamente precis\u00f3 el tribunal a quo, ese es el escenario id\u00f3neo para exponer los argumentos tra\u00eddos a esta sede; aspecto que inevitablemente torna prematura la interposici\u00f3n de este amparo. <\/p>\n
Al respecto, se ha destacado que se soslaya el mencionado criterio cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco del proceso judicial cuestionado. De la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial u debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (ver, entre otras, STC6172-2015, 21 may. 2015, 2015-00163-01 y STC7886-2016, 16 jun 2016, 2016-01544-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. Conforme a lo expuesto, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo de primer grado constitucional, en tanto el resguardo desatiende el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
4.2. De otra parte, la solicitud de sancionar por desacato se advierte prematura, toda vez que ese tr\u00e1mite incidental fue promovido despu\u00e9s de iniciar esta acci\u00f3n, y, actualmente, se encuentra en curso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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