STC1781-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1781-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo el 26 de enero de 2021, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Teresa P\u00e9rez Garc\u00eda, contra la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Tunja – Boyac\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Obrando en nombre propio, la querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad, trabajo, y \u00abacceso a cargos p\u00fablicos\u00bb, supuestamente vulneradas por la autoridad acusada, en desarrollo del concurso de m\u00e9ritos de que trata el Acuerdo n\u00ba 160 de 1994. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del presente auxilio. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Teresa P\u00e9rez Garc\u00eda se inscribi\u00f3 en la citada convocatoria para el cargo de \u00abOficinista operador de sistemas en Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, grado once\u00bb. Precisa, que super\u00f3 todas las etapas del proceso de selecci\u00f3n, por lo que estuvo en la lista de elegibles, sin embargo, no pudo acceder al cargo, al parecer, porque finaliz\u00f3 la vigencia de esta sin que lograra posesionarse. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La accionante, manifiesta que solicit\u00f3 ante la autoridad convocada la \u00abhomologaci\u00f3n del cargo\u00bb, petici\u00f3n que le fue denegada, mediante Resoluci\u00f3n n\u00ba 84 de 16 de septiembre de 2003, por lo que formul\u00f3 reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria, recursos que le fueron despachados desfavorablemente, el 20 de noviembre y 17 de diciembre de 2003, destac\u00e1ndose que \u00ab(\u2026) el cargo para el cual concurso (sic) la peticionaria existe en la planta de personal de este consejo, haciendo inaplicable la figura de homologaci\u00f3n. De otra parte, y de forma netamente ilustrativa, al examinarse el contenido de la petici\u00f3n inicial como del memorial de recurso, lo que busca la recurrente, es que se le incluya en el registro de los cargos de los Juzgados recientemente creados, circunstancia que resulta viable empero bajo la figura administrativa de cambio de sede, prevista en el art\u00edculo 165 de la Ley 270 de 1996, reglamentada a trav\u00e9s del Acuerdo 1395 de 2002 del Consejo superior de la Judicatura, y no como se pretende, esto es, a trav\u00e9s de la figura de la Homologaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Inconforme con los referidos actos administrativos, el 12 de enero de 2021, la gestora promueve el presente amparo, cuestionando la legalidad \u00e9stos, y entre sus m\u00faltiples reproches, relieva que \u00abcumpl[\u00f3] con todas las exigencias requeridas por el operador judicial y no se tuvo en cuenta en condiciones administrativas determinadas para la calificaci\u00f3n y clasificaci\u00f3n del concurso de carrera administrativa respecto de las vacantes a llenar mediante concurso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se \u00ab[revoquen] los actos administrativos que dieron origen a la negacion de haber podido acceder a ser tenida en cuenta para el cargo que concurs[\u00f3], ya que al parecer o presuntamente la logistica y protocolos en [su] caso personal no tuvieron la claridad que orientar\u00e1 (sic) al operador judicial a ser tenida en cuenta para la vacante respectiva para la cual se concursaba\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
El Consejo Seccional de la Judicatura de Tunja \u2013 Boyac\u00e1, inform\u00f3 que \u00ablos hechos esgrimidos en la accio\u0301n de tutela por parte de la accionante, se refieren tra\u0301mite administrativo llevado ante el Consejo Superior de la Judicatura y la Direccio\u0301n de la Unidad de Administracio\u0301n de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, generados por parte de la convocatoria establecida mediante Acuerdo No. 160 de 1994 modificado y adicionado por los Acuerdos 166 de 1994; 04 y 014 de 1995; 90, 273,281 y 298 de 1996\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3, que la gestora cuestiona concretamente los siguientes actos administrativos \u00abi) Resolucio\u0301n 84 del 16 de septiembre de 2003 por medio del cual niega la homologacio\u0301n del cargo solicitado por la ahora demandante; ii) Resolucio\u0301n 98 del 20 de noviembre de 2003 por medio del cual no repone la decisio\u0301n contenida en la Resolucio\u0301n 84 del 16 de septiembre de 2003 y concede un recurso de apelacio\u0301n; iii) Resolucio\u0301n 2 del 17 de diciembre de 2003 por medio del cual se resuelve la apelacio\u0301n y confirma la decisio\u0301n emitida en las Resoluciones 84 y 98 de 2003\u00bb. <\/p>\n
Adujo, que \u00aben cuanto al oficio CSJBOY20-2529 del 25 de septiembre de 2020 proferido por este Consejo Seccional, se debe manifestar que lo solicitado por la sen\u0303ora Teresa Pe\u0301rez es la inclusio\u0301n de la lista de elegibles actual y\/o en la lista de elegibles que se conforme para la provisio\u0301n en propiedad del cargo de auxiliar judicial en sistemas grado 4; pero ello, es improcedente trata\u0301ndose de una convocatoria de hace ma\u0301s de 20 an\u0303os, da a entender que pretende revivir la posibilidad de un tra\u0301mite administrativo o judicial frente a un concurso de me\u0301ritos abierto en el an\u0303o 1994, lo cual es improcedente\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3, que \u00abcomo se menciono\u0301 en el oficio CSJBOY20-2529 de conformidad con lo establecido en el arti\u0301culo 165 de la Ley 270 de 1996, los registros de elegibles tienen una vigencia de cuatro (4) an\u0303os; por lo tanto, el registro de elegibles de la cual la sen\u0303ora Teresa hizo parte no se encuentra vigente (\u2026) En cuanto a las dema\u0301s afirmaciones de los hechos, son juicios a priori por parte de la demandante y fundamentos juri\u0301dicos de normas que hacen parte del ordenamiento juri\u0301dico colombiano\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo, porque incumple los presupuestos de la inmediatez y la subsidiaridad. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la convocante, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial, y adem\u00e1s precis\u00f3 que \u00abel despacho al parecer no tuvo en cuenta de forma concreta, clara y precisa todo lo referente a lo que se manifesto (sic) [en el acapite de pretensiones]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si el Consejo Seccional de la Judicatura de Tunja \u2013 Boyac\u00e1, vulner\u00f3 las garant\u00edas esenciales reclamadas por la gestora en desarrollo del concurso p\u00fablico de m\u00e9ritos convocado mediante el Acuerdo No. 160 de 1994 modificado y adicionado por los Acuerdos 166 de 1994; 04 y 014 de 1995; 90, 273,281 y 298 de 1996. <\/p>\n
El procedimiento breve y sumario estatuido en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, tiene cabida para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza, que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuando el interesado carece de otro instrumento id\u00f3neo de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha reiterado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias exclusivas de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance instrumentos ordinarios de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
Teresa P\u00e9rez Garc\u00eda, el 12 de enero de 2021, formul\u00f3 el presente auxilio, pretendiendo b\u00e1sicamente que se dejen sin efecto los siguientes actos administrativos (i) Resolucio\u0301n 84 del 16 de septiembre de 2003 que neg\u00f3 la homologacio\u0301n del cargo solicitado por la ahora demandante; (ii) Resolucio\u0301n 98 del 20 de noviembre de 2003 que resolvi\u00f3 desfavorablemente la reposici\u00f3n frente a la precitada decisi\u00f3n; (iii) Resolucio\u0301n 2 del 17 de diciembre de 2003 que desat\u00f3 la apelacio\u0301n y confirm\u00f3 las anteriores resoluciones. <\/p>\n
Sin embargo, encuentra esta Sala que habr\u00e1 de confirmarse la improcedencia del resguardo, por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
3.1. Improcedencia del resguardo contra actos administrativos. <\/p>\n
Por regla general, los actos administrativos son ajenos al escrutinio del juez de tutela, pues este \u00faltimo no puede arrogarse facultades que son propias de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa. Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, indistintamente de cu\u00e1l sea su naturaleza, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, donde los disconformes pueden allegar los elementos demostrativos que estimen del caso y explicar ampliamente los argumentos que aqu\u00ed esbozan, sin que este camino pueda convertirse en senda paralela a la normativamente reglada (CSJ. STC5278 4 may. 2015). <\/p>\n
De manera que, al verificar las censuras objeto de esta queja constitucional las cuales se encaminan a cuestionar aspectos relativos a la legalidad de los prenombrados actos administrativos de car\u00e1cter particular, la solicitud de amparo se torna improcedente, pues la interesada, debi\u00f3 agotar los mecanismos dispuestos en la legislaci\u00f3n vigente, para la \u00e9poca en la que se expidieron dichos actos administrativos para proponer dicho debate. <\/p>\n
3.2. Incumplimiento del requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace frente a los actos administrativos de 16 de septiembre, 20 de noviembre, y 17 de diciembre de 2003 no atienden el postulado que viene de comentarse, ya que la presente tutela se radic\u00f3 el 12 de enero de 2021, es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la eventual afectada debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas. <\/p>\n
De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al principio de temporalidad del resguardo, por lo tanto, aunque el mentado requisito podr\u00eda flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que exculpen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, esto es, situaciones como la debilidad manifiesta, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores, dichas circunstancias no fueron acreditadas en este caso. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El auxilio ser\u00e1 desestimado porque incumple los presupuestos de la subsidiariedad y la inmediatez. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por lo rese\u00f1ado en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
8 <\/p>\n
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