STC1785-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1785-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-13-000-2020-00172-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 18 de enero de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Brinks de Colombia S.A., contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n constitucional n\u00b0 2020-00231. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Actuando por intermedio de apoderada judicial, la sociedad querellante, solicita la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, presuntamente vulneradas por la autoridad convocada al proferir el fallo de segunda instancia en virtud de la precitada acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
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2. Como sustento del reclamo manifiesta, en resumen, que Weimar Augusto Valera Pe\u00f1a, Leonardo Fabio Marbello Ditta y Edgar Giovanny Chala Mu\u00f1oz formularon en su contra solicitud de amparo, tras considerar vulneradas las prerrogativas esenciales al m\u00ednimo vital, vida en condiciones dignas y trabajo, tr\u00e1mite que le correspondi\u00f3 en primera instancia al Juzgado Octavo Civil Municipal de Villavicencio, autoridad que mediante providencia de 3 de junio de 2020 la neg\u00f3 por improcedente. <\/p>\n
Que impugnada la decisi\u00f3n, le fue asignada al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, despacho que el 20 de noviembre siguiente \u00abmodific\u00f3 la determinaci\u00f3n del a-quo para en su lugar conceder el auxilio implorado respecto de Leonardo Fabio Marbello Ditta y Edgar Giovanny Chala Mu\u00f1oz\u00bb y le orden\u00f3 \u00abrealizar los tr\u00e1mites administrativos correspondientes para garantizar el pago oportuno del salario y prestaciones legales a que tengan lugar los trabajadores, por el tiempo de suspensi\u00f3n del contrato y exhort\u00f3 a los accionantes que en el t\u00e9rmino de tres meses contados a partir de la notificaci\u00f3n del fallo, ventilen ante la jurisdicci\u00f3n laboral su caso con el fin que sea all\u00ed donde se resuelva de manera definitiva sobre las pretensiones solicitadas en la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Afirma, que con la anterior providencia \u00abse incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho, toda vez que no se tuvo en cuenta el material probatorio aportado en la contestaci\u00f3n de la tutela; de manera errada se interpret\u00f3 la norma contenida en el art\u00edculo 51 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, que establece la causales por medio de las cuales se puede suspender v\u00e1lidamente los contratos de trabajo y se realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n inexacta de la violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de los accionantes y de la viabilidad de la acci\u00f3n de tutela por no demostrarse la ocurrencia de un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio, se opuso a la prosperidad del amparo para cuyo efecto indic\u00f3 que \u00abla presente acci\u00f3n constitucional est\u00e1 dirigida contra la sentencia de tutela proferida el 20 de noviembre de 2020, escenario en el que la accionante particip\u00f3 como accionada y cont\u00f3 con los mecanismos legales y las oportunidades procesales para allegar pruebas y formular los argumentos pertinentes. Igualmente, es id\u00f3neo advertir que la Corte Constitucional ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar que no procede \u201cla tutela contra tutela\u201d, en el sentido que no es viable atacar una sentencia proferida por el juez constitucional por un mecanismo id\u00e9ntico, comoquiera que ello pondr\u00eda en entredicho principios tan esenciales como la cosa juzgada y la seguridad jur\u00eddica aunado a que la sociedad actora cuenta con otro mecanismo adicional, correspondiente a la revisi\u00f3n de la decisi\u00f3n ante la autoridad competente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los vinculados Weimar Augusto Varela Pe\u00f1a, Leonardo Fabio Marbello Ditta y Edgar Giovany Chala Mu\u00f1oz pidieron denegar la protecci\u00f3n, toda vez que \u00abla petici\u00f3n incoada por la parte accionante no demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable y un da\u00f1o inminente necesario para que la petici\u00f3n de amparo proceda como mecanismo transitorio\u00bb.<\/p>\n
3. El Juzgado Octavo Civil Municipal de esa ciudad, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por cuanto \u00abde la lectura del escrito se advierte que la inconformidad de la tutelante recae en la actuaci\u00f3n realizada por el superior y no en las actuaciones surtidas por este estrado que se han emitido conforme a la normatividad vigente y se le ha seguido el tr\u00e1mite garantizando el debido proceso y derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 la salvaguarda al considerar que no es procedente para cuestionar providencias de similar naturaleza y porque \u00abresulta palmaria la ausencia del requisito de subsidiariedad en tanto que esta queja constitucional se promovi\u00f3 sin agotar el mecanismo de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico le brinda, vale decir el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional en donde puede elevar petici\u00f3n o el ruego de insistencia seg\u00fan el reglamento de esa alta corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la empresa querellante reiterando los argumentos se\u00f1alados en el escrito inicial y agreg\u00f3 que el fallo del tribunal \u00abno se ajusta a los hechos y antecedentes que motivaron la acci\u00f3n de tutela, ni a los derechos impetrados\u00bb pues \u00abel mayor argumento y punto central de la desacertada decisi\u00f3n es negar la protecci\u00f3n de derecho constitucional, solo por no haber agotado el requisito de subsidiariedad limitando dicha protecci\u00f3n, sin tener en cuenta que lo que se busc\u00f3 por la acci\u00f3n de tutela por v\u00eda de hecho como medio constitucional, fue la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que le asisten, ya que la actuaci\u00f3n de la accionada careci\u00f3 totalmente de fundamento objetivo, siendo su decisi\u00f3n el producto de una actitud arbitraria y caprichosa que trajo como consecuencia la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por la sociedad accionante al modificar la sentencia proferida por la primera instancia para en su lugar \u00abconceder parcialmente el resguardo respecto a dos de los accionantes y ordenarle el pago de salarios y prestaciones legales por el tiempo de suspensi\u00f3n del contrato\u00bb dentro de la tutela interpuesta en su contra conocida con el radicado 2020-00231. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Improcedencia de la tutela contra providencias de la misma naturaleza. <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00 (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01, reiterada entre otras en STC4241-2016, 7 abr. 2016, rad. 00031-01). <\/p>\n
Asimismo, la postura de la Corte Constitucional es reiterada respecto de la improcedencia del auxilio bajo las circunstancias enunciadas, ya que: \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Por ello, se ha venido sosteniendo que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n, no se resuelven con una nueva demanda de id\u00e9ntico linaje, porque de hacerlo \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, reiterada en STC111-2018, 18 ene. 2018, rad. 00260-02, entre otras) <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la queja constitucional, con sujeci\u00f3n en las premisas que preceden, la Corte establece que el resguardo invocado no se abre paso, comoquiera que se dirige contra una sentencia de tutela, desatendiendo as\u00ed una de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad del amparo. <\/p>\n
En efecto, el actual ataque lo encamina la empresa querellante con el fin de quebrantar el fallo de segunda instancia proferido por la autoridad convocada el 20 de noviembre de 2020, en el marco de la acci\u00f3n de tutela que impetr\u00f3 en su contra Leonardo Fabio Marbello Ditta y otros, por cuanto, en su criterio, \u00abincurri\u00f3 en v\u00edas de hecho al ordenarle el pago de salarios y prestaciones legales fundado en consideraciones inexactas al no tener en cuenta las pruebas aportadas en la contestaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, se insiste en que la inconformidad que se suscite frente a un fallo de tutela, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo instrumento, pues para ese efecto, el ordenamiento jur\u00eddico previ\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, como instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
\u00abDe tiempo atr\u00e1s la jurisprudencia de esta Sala, siguiendo al efecto lo definido sobre el particular por la Corte Constitucional en la sentencia SU-1219 del 2001, tiene decantado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente para alegar la configuraci\u00f3n de arbitrariedades cometidas en una sentencia proferida en un proceso de igual naturaleza, habida cuenta de que tal decisi\u00f3n es susceptible de la eventual revisi\u00f3n que corresponde realizar a aqu\u00e9lla, tr\u00e1mite dentro del cual se pone fin al debate constitucional. <\/p>\n
Si el presunto defecto es de fondo y se materializa en el fallo de la acci\u00f3n de tutela, contra esa providencia no es viable interponer posteriormente otra acci\u00f3n de igual naturaleza, toda vez que los mecanismos jur\u00eddicos id\u00f3neos establecidos para analizar la constitucionalidad de una sentencia de amparo se concretan \u00fanicamente en la impugnaci\u00f3n del fallo de primera instancia y en la revisi\u00f3n a cargo de la Corte Constitucional. <\/p>\n
Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. <\/p>\n
Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u201ccomo el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u201d [sentencia del 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00]\u00bb (CSJ STC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, citada entre otras muchas en STC-2483-2016 y STC, 26 may. 2020, rad. 01054-00). <\/p>\n
En ese sentido, n\u00f3tese que el fallo dictado en segundo grado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio el 20 de noviembre de 2020, no ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional, en la medida en que a\u00fan est\u00e1 pendiente el tr\u00e1mite de la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, por tanto, acudir a la tutela para refutar esa decisi\u00f3n \u00abequivaldr\u00eda a suplantar la funci\u00f3n que la propia Constituci\u00f3n ha encomendado a \u00e9sta \u00faltima\u00bb (T-307\/15). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto en precedencia, se impone respaldar lo decidido por el tribunal, mediante el cual se declar\u00f3 la improcedencia del amparo implorado, pues aunado a que se dirigi\u00f3 contra una sentencia dictada dentro de un asunto de similar estirpe, a\u00fan no se ha definido su revisi\u00f3n por el \u00f3rgano de cierre de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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