STC1786-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1786-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76001-22-03-000-2021-00016-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 5 de febrero de 2021, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Mar\u00eda Elena Villota Ortega contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, Veinte Penal del Circuito y Quince Penal de Control de Garant\u00edas, as\u00ed como la Fiscal\u00eda Cuarenta y Dos Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica, todos de la misma ciudad, y Olga Luc\u00eda Villota Ortega. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali se adelanta ejecutivo en su contra, por lo que solicit\u00f3 el desglose el t\u00edtulo valor objeto de recaudo, con la finalidad de aportarlo al Instituto de Medicina Legal, para que le realicen una prueba pericial y allegarla al proceso penal que tambi\u00e9n se le inici\u00f3, por la presunta comisi\u00f3n del delito de falsa denuncia. <\/p>\n
Sin embargo, agreg\u00f3 que la autoridad civil neg\u00f3 el pedimento, en tanto, conforme al art\u00edculo 116 del C\u00f3digo General del Proceso, debe ser un juez penal quien haga el respectivo requerimiento; por lo que acudi\u00f3 al hom\u00f3logo Veinte Penal del Circuito de esa ciudad para que procediera a oficiar en tal sentido, pese a lo cual, se le precis\u00f3 que no era posible, pues la iniciativa probatoria es de las partes y no del juez. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, ante esa negativa, alleg\u00f3 memorial al Juzgado Quince Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de Cali con el mismo prop\u00f3sito, pero tambi\u00e9n se deneg\u00f3 tal solicitud porque, en criterio del despacho, no puede practicar una prueba pericial reviviendo una etapa procesal ya surtida, como es la audiencia preparatoria. Igualmente, la Fiscal\u00eda Cuarenta y Dos Seccional de esa localidad arguy\u00f3 que el momento procesal oportuno ya feneci\u00f3. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pidi\u00f3, en resumen, que \u00abse ordene al [J]uzgado 2 [C]ivil del [C]ircuito de [E]jecuciones de [S]entencias de Cali para que remita al [I]nstituto de [M]edicina [L]egal de Cali el t\u00edtulo valor pagar[\u00e9], en documento original, que fue fundamento del proceso civil ejecutivo propuesto por Olga Lucia Villota Ortega en contra de Mar\u00eda Elena Villota Ortega, radicado con el n[\u00fa]mero 760013103000320150017600, de tal forma que se pueda realizar la prueba pericial solicitada por la defensa\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses manifest\u00f3 que \u00abel 20 de agosto de 2019, se tomaron en la sede de Medicina Legal de Cali, muestras manuscriturales a la se\u00f1ora Mar\u00eda Elena Villota y se inform\u00f3 a su abogado que deb\u00eda allegarse el original del pagar\u00e9. Mediante oficio del 15 de octubre de 2019 (\u2026), se inform\u00f3 al apoderado de la actora que a la fecha no se hab\u00eda aportado el original del pagar\u00e9, indispensable para adelantar el an\u00e1lisis solicitado. Se advierte que ning\u00fan perito del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se ha presentado al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali a revisar el pagar\u00e9\u00bb. <\/p>\n
2. El apoderado de la denunciante en la causa penal expuso que \u00aben un proceso penal bajo el sistema penal acusatorio, le corresponde esa las partes allegar los -Medios de prueba- elementos materia de prueba, evidencia f\u00edsica e informaci\u00f3n legalmente obtenida al juicio; no que el juez obre de oficio. Ni es admitida la prueba trasladada de un despacho judicial a un proceso penal. Y si en gracia de discusi\u00f3n lo que pretende es allegar un dictamen pericial de grafolog\u00eda y lofoscopia o dactiloscopia, de los grafos e impresi\u00f3n dactilar de su prohijada, tuvo que descubrirlo hasta la audiencia preparatoria, que para este proceso penal se llev\u00f3 a cabo entre las sesiones del 16 de agosto de 2019 ante el Juzgado 20 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali como juez a quo; y en la sesi\u00f3n del 20 de septiembre de 2019 ante el Tribunal Superior de Cali Sala Penal como juez ad quem\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, agreg\u00f3 que \u00abel juicio inici\u00f3 en el proceso penal hace mucho tiempo atr\u00e1s; la fiscal\u00eda ya agot\u00f3 y practic\u00f3 sus medios de prueba \u2013 probando con expertos en grafolog\u00eda y lofoscopia que tanto la huella y la firma son uniprocedentes de MAR\u00cdA ELENA VILLOTA ORTEGA, hecho que prueba objetivamente su falsa denuncia contra persona determinada, pruebas periciales que el defensor NO REFUT\u00d3 pudi\u00e9ndolo hacer en juicio\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda Seccional Cuarenta y Dos de Cali se\u00f1al\u00f3 que \u00abdentro de la participaci\u00f3n del defensor, en la correspondiente audiencia preparatoria de juicio llevada a cabo el 16 de agosto del 2019, enunci\u00f3 las pruebas que pretend\u00eda hacer valer sin que hubiera descubierto dict\u00e1menes periciales concretos y espec\u00edficos, siendo ese el momento oportuno para hacerlo conforme al art\u00edculo 356 numeral 2 y 3 ley 906 de 2004, as\u00ed como tampoco hizo uso de las dem\u00e1s facultades consagradas en el inciso 4 del art\u00edculo 344 y 415 \u00eddem. De esta manera, se observa que el se\u00f1or defensor est\u00e1 supliendo posibles falencias de su estrategia defensiva utilizando una acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali refiri\u00f3 que \u00absi bien, mediante escrito virtual del 11 de agosto de 2020, el abogado William Javier Suarez Su[\u00e1]rez, en calidad de defensor en la investigaci\u00f3n penal que se tramita en contra de la se\u00f1ora Mar\u00eda Elena Villota Ortega, solicit\u00f3 desglose del t\u00edtulo valor base de la ejecuci\u00f3n (\u2026), lo cierto es que mediante auto 1137 del 14 de agosto de ese mismo a\u00f1o se neg\u00f3 la petici\u00f3n de acuerdo a lo establecido en el literal d, numeral 1 del art\u00edculo 116 del C.G.P., como quiera que no fue solicitado por un juez penal en el marco de un proceso por falsedad del documento\u00bb. <\/p>\n
5. El hom\u00f3logo Quince Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de la misma ciudad precis\u00f3 que \u00ablo solicitado por el apoderado de la se\u00f1ora MARIA ELENA VILLOTA ORTEGA, hoy accionante, a juicio de este despacho era improcedente, habida cuenta que no estaba dentro de las competencias que la Ley 906 de 2004, le confiere en cuanto a la posibilidad de ordenar pruebas especiales al Juez de Control de Garant\u00edas. Decisi\u00f3n que fue objeto del recurso de apelaci\u00f3n por parte del petente el cual le fue concedido y como consecuencia de ello enviadas las diligencias al centro de servicios judiciales a efecto de que fuera repartido al superior funcional y sea desatado el recurso de alzada\u00bb. <\/p>\n
6. El Juzgado Veinte Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali argument\u00f3 que \u00abel 21 de septiembre de 2020, el defensor solicit\u00f3 mediante correo electr\u00f3nico que se oficiara al Juzgado Civil del Circuito para que allegara al Instituto de Medicina Legal los documentos para realizar las pruebas de dactiloscopia y grafolog\u00eda. El despacho, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico [de la misma fecha], le respondi\u00f3 al profesional del derecho que no era posible atender la solicitud porque la pr\u00e1ctica de las pruebas es de la parte y no del juez, como lo disponen [los] art\u00edculo[s] 268, 269 y 270 del C.P.P.\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 el amparo, porque \u00abrevisado el proceso ejecutivo y repasada la providencia cuestionada, la Sala no aprecia defecto que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias que pide la accionante, en tanto para decidir como lo hizo se respald\u00f3 en el contenido normativo previsto en el art\u00edculo 116 del C.G.P., por cuanto no se dan los supuestos de la norma procesal para acceder al desglose y particularmente porque no ha sido ordenado por un Juez Penal, de ah\u00ed que independientemente de que se comparta o no las consideraciones del Juzgado cuestionado, la Sala no observe defecto reprochable constitucionalmente, recu\u00e9rdese que la tutela no est\u00e1 prevista para imponer un criterio independientemente de que se comparta o no las razones del Juzgador, adem\u00e1s sobre la negaci\u00f3n de desglose nada reclam\u00f3 la ahora accionante\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, adujo que \u00abse sabe que en el Juzgado Veinte Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, se adelanta un proceso penal por el presunto delito de falsa denuncia contra persona determinada en contra de Mar\u00eda Elena Villota Ortega, que en audiencia del 16 de agosto de 2019 dicho juzgado accedi\u00f3 a recibir las pruebas periciales enunciadas por el abogado de la se\u00f1ora Villota Ortega, que el 21 de septiembre de 2020 el abogado defensor le solicit\u00f3 al juzgado oficie al Juzgado de Ejecuci\u00f3n Civil para que desglose el t\u00edtulo valor para practicar la prueba pericial, ante lo cual en esa misma fecha el Juzgado Penal no accedi\u00f3 porque \u201cla iniciativa para la pr\u00e1ctica de pruebas es de la parte y no del juez de conformidad con los arts. 268, 269 y 270 del cpp\u201d (sic), frente a ello, el abogado no realiz\u00f3 ninguna manifestaci\u00f3n o contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, recalc\u00f3 que \u00abel Juzgado Quince Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas, neg\u00f3 lo solicitado porque \u201cno estaba dentro de las competencias que la Ley 906 de 2004, le confiere en cuanto a la posibilidad de ordenar pruebas especiales al Juez de Control de Garant\u00edas\u201d, decisi\u00f3n que fue apelada, recurso que se encuentra pendiente de resoluci\u00f3n, de ah\u00ed que tambi\u00e9n se vea la improcedencia del amparo constitucional por subsidiaridad; [porque] a esta acci\u00f3n constitucional sumaria no es factible acudir sino despu\u00e9s de agotar los medios de defensa judicial que se tienen al interior de determinado proceso\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El apoderado de la censora recurri\u00f3 la precitada sentencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abel juicio contra Mar\u00eda Elena Villota Ortega se encuentra para intervenir el turno de la defensa y no se ha podido obtener la colaboraci\u00f3n de un funcionario u \u00f3rgano de la justicia que le indique al se\u00f1or [J]uez [S]egundo de [E]jecuciones [C]iviles que env\u00ede el titulo valor a Medicina [L]egal a efecto de que se practique la prueba pericial de dactiloscopia y grafolog\u00eda\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades enjuiciadas incurrieron en presunta v\u00eda de hecho en los asuntos que se revisan, en tanto, de un lado, (i) el juzgado civil habr\u00eda negado la solicitud de desglose del t\u00edtulo valor objeto de recaudo; mientras que, por su parte, (ii) los estrados penales habr\u00edan desestimado el requerimiento formulado en el mismo sentido, lo que afectar\u00eda las garant\u00edas procesales de la enjuiciada. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali neg\u00f3 la solicitud impetrada por la gestora, relacionada con el desglose del t\u00edtulo valor objeto de recaudo en dicha causa para aportarlo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, sobre el particular, el estrado civil convocado se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: \u00abse avizora a folio 129 y ss. escrito mediante el cual el abogado William Javier Su\u00e1rez, defensor en la investigaci\u00f3n penal que se tramita contra la se\u00f1ora Mar\u00eda Elena Villota Ortega, solicita el desglose del t\u00edtulo valor base de la presente ejecuci\u00f3n, con el fin de ser enviado al Instituto de Medicina Legal a efecto [de] que se practique prueba pericial de grafolog\u00eda y dactiloscopia, para ser aportado como prueba dentro de dicha investigaci\u00f3n, petici\u00f3n que ser\u00e1 despachada de manera [des]favorable de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 116 del C.G.P., como quiera que no fue solicitado por un juez penal en procesos sobre falsedad material del documento\u00bb (f. 138, cd. principal). <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterios de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. Frente a lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
3.3. Por \u00faltimo, en cuanto a los reproches endilgados a los despachos penales, cabe resaltar que, tal como manifest\u00f3 el Juzgado Quince Penal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Cali, en la audiencia preliminar de autorizaci\u00f3n de pr\u00e1ctica de pruebas realizada el 18 de enero de 2021, se despach\u00f3 desfavorablemente el pedimento de la inconforme, en tanto, en criterio de la autoridad, lo requerido \u00abno estaba dentro de las competencias que la Ley 906 de 2004 le confiere en cuanto a la posibilidad de ordenar pruebas especiales al Juez de Control de Garant\u00edas\u00bb, determinaci\u00f3n frente a la cual el mandatario judicial de aquella interpuso apelaci\u00f3n, recurso que fue concedido y que est\u00e1 pendiente de definici\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, se ratifica la improcedencia del amparo, teniendo en cuenta que, al estar en curso el remedio procesal pertinente para conjurar la supuesta vulneraci\u00f3n alegada, se torna abiertamente improcedente la intervenci\u00f3n del juez excepcional, pues, en este caso, el proceso penal es el escenario id\u00f3neo para exponer los argumentos tra\u00eddos a esta sede. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el precedente de esta Corporaci\u00f3n tiene decantado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, mientras existan otros medios de defensa para discutir y resolver los aspectos tra\u00eddos por esta v\u00eda, o estos se encuentren en curso, el juez constitucional no puede incursionar para reemplazar los senderos legales debidamente establecidos, ya que este excepcional auxilio no constituye una instancia adicional o alternativa de la actividad a cargo del funcionario llamado a resolver el juicio. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. La determinaci\u00f3n proferida por la autoridad de ejecuci\u00f3n civil se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
4.2. Sobre la queja formulada en punto al proceso penal, se observa que, a la fecha, est\u00e1 pendiente de resoluci\u00f3n la alzada propuesta por el defensor de la aqu\u00ed censora, de modo que ese es el escenario en el que deber\u00e1 exponer los argumentos tra\u00eddos a esta sede. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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