STC1788-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1788-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01429-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 29 de septiembre de 2020, que neg\u00f3 la tutela de Ram\u00f3n Emilio Villa Ram\u00edrez frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal que se le adelant\u00f3 al accionante. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae del escrito inicial y los anexos que, el 10 de junio de 2020 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itag\u00fc\u00ed conden\u00f3 al ac\u00e1 accionante a la pena de 84 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abhurto calificado y agravado\u00bb en la modalidad de tentativa, sentencia que ratific\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 31 de agosto de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Acus\u00f3 de \u00abilegal, arbitraria e injusta\u00bb la sanci\u00f3n que le fue impuesta, ya que considera fue \u00abdesproporcionada\u00bb en relaci\u00f3n con la gravedad del delito, ya que aduce, fue \u00abde menor cuant\u00eda (sic)\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, los funcionarios judiciales que lo juzgaron \u00abincurrieron en varias irregularidades de car\u00e1cter sustancial [\u2026] y en un delito grave como es el prevaricato por omisi\u00f3n [\u2026] obraron de forma caprichosa, con deslealtad, mala fe, temeridad y con ese proceder amenazaron mis derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, se infiere que pretende se revoquen las providencias que lo condenaron en el juicio penal que curs\u00f3 en su contra. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Segunda Penal del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, aclar\u00f3 que el procesado Villa Ram\u00edrez se allan\u00f3 a los cargos en la audiencia preparatoria. Sobre la tasaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, explic\u00f3 que, teniendo en cuenta la gravedad del comportamiento, no parti\u00f3 del m\u00ednimo de la pena imponible, sumado al hecho que el enjuiciado no acredit\u00f3 indemnizar los perjuicios a la v\u00edctima, no siendo procedente la rebaja por dicho aspecto. Agreg\u00f3 que el actor a lo largo de la actuaci\u00f3n ha hecho uso desmedido de las acciones constitucionales, abusando del derecho. <\/p>\n
2. Por su parte, el representante judicial de las v\u00edctimas, solicit\u00f3 negar el amparo dado que no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de derecho alguno al procesado; y, al igual que la juez de conocimiento, denunci\u00f3 que Villa Ram\u00edrez ha interpuesto varias acciones de tutela y habeas corpus, relacionadas con el proceso. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al verificar que el accionante omiti\u00f3 recurrir la sentencia de segunda instancia que ratific\u00f3 su condena a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y al no agotar dicho medio de defensa, la solicitud de amparo se torna improcedente. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el quejoso reiterando la argumentaci\u00f3n del escrito introductorio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas denunciadas por el quejoso dentro del juicio penal que se le adelant\u00f3 por el delito de \u00abhurto calificado y agravado\u00bb en grado de tentativa, al imponerle, supuestamente, una pena \u00abdesproporcionada\u00bb considerando la entidad del il\u00edcito. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado presupuesto y su inobservancia ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios y extraordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura la primera modalidad dado que, se pudo verificar que el actor no impugn\u00f3 a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n la sentencia de segundo grado proferida por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala Penal, el 31 de agosto de 2020, mediante la cual confirm\u00f3 la del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, en lo que es materia de reproche, esto es, la tasaci\u00f3n del quantum punitivo impuesto. <\/p>\n
Por tanto, al prescindir de esa oportunidad renunci\u00f3 al mecanismo id\u00f3neo con que contaba para alegar ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, las censuras que ahora plantea. <\/p>\n
De manera que, no puede ahora por esta v\u00eda pretender enmendar esa falta de gesti\u00f3n, siendo entonces el propio interesado quien no respald\u00f3 su posici\u00f3n en el instante procesal adecuado, permitiendo que la decisi\u00f3n del ad quem adquiriera firmeza sin agotar el debate que ahora propone ante el tribunal de cierre de la justicia penal. <\/p>\n
Frente a dicha omisi\u00f3n la Corte ha dicho: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014). <\/p>\n
Entonces, la no utilizaci\u00f3n de los medios de control judicial, torna inviable la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todos los mecanismos de defensa antes de ejercer la tutela. <\/p>\n
En definitiva, se impone ratificar la declaratoria de improcedencia del resguardo por incumplimiento del presupuesto que viene destac\u00e1ndose, lo cual es motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas por la superaci\u00f3n del criterio expuesto. <\/p>\n
3. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Finalmente, el actor cuestion\u00f3 con \u00e9nfasis un presunto proceder irregular por parte de los funcionarios judiciales que conocieron su caso, de quienes aduce, habr\u00edan incurrido en conductas con trascendencia penal y\/o disciplinaria. <\/p>\n
Al respecto, la Sala proh\u00edja lo indicado por la Hom\u00f3loga a quo en el sentido de precisar que, si el gestor del amparo considera que el actuar de quienes lo juzgaron amerita ser examinado por las autoridades competentes, est\u00e1 a su alcance activar directamente tales gestiones, asumiendo la responsabilidad que se pueda eventualmente derivar, ya que, no es el juez de tutela el llamado a interferir en ello, pues ser\u00eda tanto como asumir facultades y funciones que le son ajenas, inherentes a quien est\u00e1 habilitado legal y constitucionalmente para determinar la viabilidad de dichas denuncias. <\/p>\n
Frente a ese punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026\u00bb (CSJ STC13871-2016, STC14669-2016 y STC13994-2017). <\/p>\n
Consecuencia de lo analizado en precedencia, es la ratificaci\u00f3n del fallo de primer grado en el sentido de desestimar la salvaguarda porque: <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El tutelante actu\u00f3 con incuria al no recurrir por v\u00eda de casaci\u00f3n la providencia que en segunda instancia ratific\u00f3 la condena que le fue impuesta, en todo caso, desperdiciando la posibilidad de plantear las alegaciones que por este sendero constitucional propone ante el \u00f3rgano de cierre de la justicia penal. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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