STC1789-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1789-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2021-00004-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda el 2 de febrero de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Subagan Soga S.A., contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Planeta Rica, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas todas las partes e intervinientes al interior del asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Como sustento del reclamo manifiesta, en resumen, que formul\u00f3 proceso ejecutivo contra Inversiones Fedapa S.A.S., tr\u00e1mite que le correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo del Circuito de Planeta Rica \u2013 C\u00f3rdoba, autoridad que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Sostiene que en la referida actuaci\u00f3n se \u00aborden\u00f3 comisionar al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Zarzal, para llevar a cabo la diligencia de secuestro de un inmueble, despacho que a su vez subcomision\u00f3 al secretario de gobierno municipal de esa localidad, diligencia que fue practicada el 22 de noviembre de 2019 y donde se present\u00f3 oposici\u00f3n por parte del se\u00f1or Lu\u00eds Ernesto Primero Ru\u00edz, quien manifest\u00f3 ser poseedor del bien, sin embargo, no acredit\u00f3 tal condici\u00f3n en ese momento\u00bb. <\/p>\n
Afirma que el 29 de noviembre de ese a\u00f1o, Primero Ru\u00edz \u00abactuando en nombre propio\u00bb present\u00f3 un escrito de oposici\u00f3n y el 16 de septiembre de 2020, el estrado \u00abagrega el despacho comisorio, le da tr\u00e1mite al incidente sin establecer si se admite o no y sugiere al incidentista que se constituya a trav\u00e9s de apoderado judicial, lo que crea una extralimitaci\u00f3n y no muestra imparcialidad en el tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
Relata que \u00abdel traslado que se corri\u00f3 a las partes, present\u00f3 dos memoriales en los que solicit\u00f3 repulsar el escrito de oposici\u00f3n por cuanto al juzgado comisionado no se le otorg\u00f3 la facultad de recibir memoriales o peticiones, adem\u00e1s que fue presentado directamente, sin la intervenci\u00f3n de un abogado, contrariando lo dispuesto en el art\u00edculo 73 del C.G.P.\u00bb, sin embargo, por auto fechado 19 de noviembre de ese a\u00f1o, el accionado \u00abdeneg\u00f3 sus solicitudes\u00bb y en su lugar orden\u00f3 fijar fecha para la audiencia y en ella decidir lo que en derecho corresponda, determinaci\u00f3n que considera lesiona sus derechos fundamentales, toda vez que \u00abdesconoci\u00f3 de manera tajante los principios y preceptos constitucionales, al no aplicar en debida forma la ritualidad establecida en el art\u00edculo 597 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Pretende, en consecuencia, que a trav\u00e9s de esta excepcional v\u00eda se ordene a la autoridad convocada \u00abdeclarar la ilegalidad de los autos de fecha 16 de septiembre y 19 de noviembre de 2020 y se rechace por carente de derecho de postulaci\u00f3n y se tenga por no presentado el incidente allegado por el se\u00f1or Lu\u00eds Ernesto Primero Ru\u00edz\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Planeta Rica \u2013 C\u00f3rdoba, solicit\u00f3 no acoger las pretensiones de la empresa accionante, toda vez que en el auto de fecha 19 de noviembre de 2020 \u00abpara efectos de resolver los pedimentos del abogado ejecutante, se le indic\u00f3 que el juzgado comisionado estaba plenamente habilitado para recibir el memorial de oposici\u00f3n presentado por el se\u00f1or Lu\u00eds Ernesto Primero Ru\u00edz conforme lo estipulado por el art\u00edculo 40 del C.G. del P. y respecto a la carencia del derecho de postulaci\u00f3n del opositor se expres\u00f3 en esa decisi\u00f3n que precisamente esa fue la raz\u00f3n por la cual el despacho lo exhort\u00f3 para que designara apoderado judicial, pues, desconocer por tal motivo la oposici\u00f3n que fue planteada, comportar\u00eda un exceso ritualismo que sacrifica el derecho de defensa y contradicci\u00f3n que le asiste al tercero interesado, quien, por dem\u00e1s, ulteriormente procedi\u00f3 a otorgarle poder a un profesional del Derecho, adem\u00e1s, ser\u00eda un contrasentido tener la oposici\u00f3n como extempor\u00e1nea, por haberse presentado antes de la fecha en que este Juzgado orden\u00f3 agregar el despacho comisorio\u00bb. <\/p>\n
2. El apoderado judicial del vinculado Luis Ernesto Primero Ru\u00edz, se opuso a la prosperidad del amparo para cuyo efecto se\u00f1al\u00f3 que la quejosa no hizo uso del recurso de reposici\u00f3n contra la providencia fechada 19 de noviembre de 2020 si la consideraba contraria a derecho. <\/p>\n
3. El titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Zarzal realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones adelantadas al interior del despacho comisorio que le correspondi\u00f3 tramitar y agreg\u00f3 que \u00abno ha vulnerado derecho alguno de la sociedad accionante, por cuanto no es el llamado a dar respuesta a lo solicitado por el extremo actor\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda por considerar que no satisface el presupuesto de subsidiariedad, en consideraci\u00f3n a que \u00abla acci\u00f3n de tutela no constituye un mecanismo alterno o paralelo para resolver problemas jur\u00eddicos que deben ser resueltos al interior del tr\u00e1mite procesal que se encuentra en curso\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la sociedad querellante con los mismos argumentos de su escrito inicial y agreg\u00f3 que \u00abla actuaci\u00f3n debi\u00f3 invalidarse en los casos en que interviene cualquier otro sujeto que deba concurrir al proceso por intermedio de un representante legal o vocero, sin la presencia de \u00e9ste, igual consecuencia se originar\u00e1 del hecho de permitir la participaci\u00f3n de un abogado, en nombre de uno de los sujetos procesales, sin encargo para actuar\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la promotora del amparo agot\u00f3 todos los mecanismos de defensa establecidos en la ley para plantear las anomal\u00edas que denuncia su libelo introductor y, de superarse lo anterior, si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta irregularidad \u00aben el tr\u00e1mite de la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro presentada por Lu\u00eds Ernesto Primero Ru\u00edz\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y el que a continuaci\u00f3n pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre, entre otras hip\u00f3tesis, cuando se dejan de emplear los medios ordinarios de defensa que contempla el ordenamiento para plantear las irregularidades que las partes estimen trasgresoras de sus garant\u00edas fundamentales, lo cual constituye incuria. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
Dicha circunstancia se advierte en el caso que se analiza, toda vez que, si la empresa gestora consideraba lesionados sus derechos con la decisi\u00f3n fechada 19 de noviembre de 2020 que neg\u00f3 su solicitud de \u00abrepulsar el escrito de oposici\u00f3n impetrado por el se\u00f1or Lu\u00eds Ernesto Primero Ru\u00edz\u00bb, soportada en que \u00abal juzgado comisionado no se le otorg\u00f3 la facultad de recibir escritos de oposici\u00f3n y adem\u00e1s porque el memorial fue presentado directamente, sin la intervenci\u00f3n de un abogado\u00bb, no hizo uso del recurso de reposici\u00f3n para expresar su desacuerdo, de conformidad con el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Con dicha omisi\u00f3n, la convocante desaprovech\u00f3 la oportunidad de exponer, por medio del mecanismo de defensa ordinario id\u00f3neo, todas las inconformidades que ahora manifiesta respecto a la decisi\u00f3n del fallador convocado, lo que impide abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada. <\/p>\n
As\u00ed, la no utilizaci\u00f3n de los medios de control judicial pertinentes reafirma la inviabilidad de la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a las explicaciones dadas en precedencia, se respaldar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia del auxilio deprecado, pero por haberse desatendido el requisito de la subsidiariedad en la modalidad de incuria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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