STC1790-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1790-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2021-00083-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 28 de enero de 2021 proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 el Grupo Argos S.A. contra la Superintendencia de Sociedades \u2013Delegatura para Procedimientos Mercantiles. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante, actuando a trav\u00e9s de mandataria judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada en el curso de una acci\u00f3n revocatoria concursal que inici\u00f3. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que la sociedad Fundiciones y Componentes Automotores \u2013 Fundicom S.A.S. fue admitida a proceso de reorganizaci\u00f3n por parte de la Superintendencia de Sociedades, y que luego de eso la aqu\u00ed gestora compareci\u00f3 al tr\u00e1mite en su calidad de acreedora junto con Fucol S.A., promoviendo la enunciada acci\u00f3n revocatoria concursal contra Fundicom y Talestris Latinoam\u00e9rica Inc. <\/p>\n
Lo anterior, con el prop\u00f3sito de que se revocara el contrato de compraventa celebrado entre estas dos \u00faltimas sociedades, \u00absobre el inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-417424 contenido en la Escritura P\u00fablica No. 249 del 18 de marzo de 2014, operaci\u00f3n efectuada dentro de los dieciocho meses anteriores a la iniciaci\u00f3n del proceso de reorganizaci\u00f3n de Fundicom S.A.S (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, explic\u00f3 que \u00abel inmueble objeto del contrato de Compraventa cuya revocatoria concursal fue solicitada se readquiri\u00f3 nuevamente por parte de FUNDICOM a TALESTRIS seg\u00fan consta en Escritura P\u00fablica N\u00b0 1116 del 6 de abril de 2015, otorgada en la Notar\u00eda 44 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1\u00bb, por lo que \u00absi bien el inmueble retorn\u00f3 al patrimonio de FUNDICOM qued\u00f3 por fuera de los activos que conforman la masa de la reorganizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, agreg\u00f3 que, despu\u00e9s de surtidas las etapas pertinentes, el precitado asunto fue dirimido el 21 de febrero de 2020, decisi\u00f3n en la cual se \u00abreconoc[i\u00f3] conjuntamente a las demandantes, a t\u00edtulo de recompensa, el 40% de la suma efectivamente recuperada, cuyo pago se har\u00e1 efectivo en el momento en que los dineros que debe devolver Talestris Latinoam\u00e9rica Inc. ingresen al patrimonio de Fundiciones y Componentes Automotores S.A.S. en Reorganizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que, inconforme parcialmente con esa determinaci\u00f3n, propuso apelaci\u00f3n y queja, pero el fallador no concedi\u00f3 la alzada por considerar que la decisi\u00f3n es de \u00fanica instancia, y otorg\u00f3 la queja, frente a la cual la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se abstuvo de tramitarla, tras colegir que \u00abla acci\u00f3n revocatoria es de \u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, el 9 de julio de 2020, solicit\u00f3 al Grupo de Acuerdos de Insolvencia en Ejecuci\u00f3n, entre otros aspectos, \u00abrequerir a FUNDICOM para que efect\u00fae los registros contables a que da lugar la sentencia proferida (\u2026); que se tenga en cuenta que, para efectos del proceso, la revocatoria ordenada implica que el inmueble objeto de la venta revocada estar\u00eda dentro de los activos de la sociedad Fundicom S.A.S. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, al resolver, la autoridad dict\u00f3 auto el 31 de julio siguiente, en el que accedi\u00f3 a lo pedido, a\u00f1adiendo que \u00abpara efectos del proceso de reorganizaci\u00f3n y del cumplimiento del respectivo Acuerdo, la revocatoria ordenada por la Superintendencia de Sociedades en la sentencia referida, implica que el inmueble objeto de la venta revocada estar\u00eda dentro de los activos de la sociedad Fundicom S.A.S desde el momento de la solicitud de admisi\u00f3n al proceso de reorganizaci\u00f3n, por lo cual hace parte de la prenda general de los acreedores\u00bb. Expuso que, el 6 de agosto de 2020, present\u00f3 solicitud de aclaraci\u00f3n, la cual fue denegada. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pidi\u00f3, en resumen, \u00abDEJAR SIN EFECTOS la decisi\u00f3n consignada en el punto Octavo, concordante con el punto Cuarto, de la sentencia proferida por el Superintendente Delegado para Insolvencia Ad-hoc en la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento llevada a cabo el 21 de febrero de 2020, en la que condicion\u00f3 el pago de la recompensa establecida en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 74 de la Ley 1116 de 2006 a favor de FUCOL y GRUPO ARGOS al ingreso de los dineros que debe devolver TALESTRIS al patrimonio de FUNDICOM\u00bb y \u00abORDENAR (\u2026) que reconozca que el valor de la recompensa, es decir, el cuarenta por ciento (40%) de la suma de Nueve Mil Setecientos Veintisiete Millones Doscientos Treinta y Nueve mil Doscientos Treinta y Tres Pesos M\/Cte ($9.727.239.233,00) debidamente indexada desde la fecha del contrato hasta la fecha de la sentencia, debe pagarse inmediatamente\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Delegatura para Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades manifest\u00f3 que \u00abel accionante pretende que, dentro del \u00e1mbito de un proceso de insolvencia, se le otorguen beneficios por encima de los dem\u00e1s acreedores, a\u00fan de trabajadores, pensionados o fiscales, sin que al efecto haya generado un beneficio efectivo para la sociedad en reorganizaci\u00f3n. V\u00e9ase como mediante la acci\u00f3n revocatoria se pretende reintegrar el patrimonio de la sociedad para tener mayores activos con los cuales pagar a los acreedores, empezando por aquellos que requieren de mayor protecci\u00f3n constitucional, y luego s\u00ed efectuar el pago a los dem\u00e1s acreedores\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, \u00abal lograr este beneficio para la sociedad, se premia a quien directamente busc\u00f3 ese beneficio mediante el reconocimiento de un incentivo equivalente al 40% de los bienes reintegrados al activo social. Y est\u00e1 bien, cuando se logra ese aumento en los activos tangibles y valorables, en beneficio de los acreedores al aumentar la masa de bienes a distribuir, es un justo precio. Sin embargo, el tutelante pretende que un bien inmueble que al momento de iniciar la acci\u00f3n revocatoria era de propiedad de la sociedad en insolvencia, se tenga en cuenta como recuperado por \u00e9l\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, adujo que \u00aben el caso en concreto, resulta claro que lo pretendido es \u201cDEJAR SIN EFECTOS la decisi\u00f3n consignada en el punto Octavo, concordante con el punto Cuarto, de la sentencia proferida por el Superintendente Delegado para Insolvencia Ad-hoc en la audiencia de Instrucci\u00f3n y Juzgamiento llevada a cabo el 21 de [f]ebrero de 2020\u201d, [que] fue objeto de recurso de queja (\u2026) resuelto en auto de 12 de junio de 2020, quedando ejecutoriado el 19 del mismo mes y a\u00f1o y allegado al proceso y radicado con n\u00famero 2020-01-518683. As\u00ed las cosas, en el mejor de los casos, los seis meses debe contarse desde el 19 de junio de 2020, lo que da un plazo m\u00e1ximo para interponer la tutela hasta el 19 de diciembre de 2020, el cual a la fecha de la interposici\u00f3n ya estaba vencido\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 el resguardo deprecado porque \u00abla potencial afectaci\u00f3n a las garant\u00edas constitucionales que se peticiona amparar no viene cierta y ostensiblemente acreditada, motivo por el cual no hay lugar a tomar medida de protecci\u00f3n para conjurar un da\u00f1o a los postulados que se pide proteger con ocasi\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional, am\u00e9n que tampoco se present\u00f3 la tutela dentro de un t\u00e9rmino prudencial para la salvaguarda de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, concluy\u00f3 que \u00abcomoquiera que la inconformidad se dirige contra la sentencia proferida el 21 de febrero de 2020, concretamente, frente al ordinal octavo de su parte resolutiva, se tiene que han transcurrido m\u00e1s de 6 meses entre la providencia que resolvi\u00f3 del recurso de queja (12-junio-2020) y la interposici\u00f3n de esta s\u00faplica, sin que se observe una justa causa que haga razonable dicho lapso, pues no es de aceptaci\u00f3n el argumento de la interposici\u00f3n de la petici\u00f3n de fecha 9 de julio de 2020, como quiera que la misma no se dirig\u00eda y no ten\u00eda vocaci\u00f3n de modificar la decisi\u00f3n tomada por el operador judicial, por tanto, no se cumple con el requisito de inmediatez que caracteriza el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La apoderada de la sociedad censora recurri\u00f3 la precitada sentencia reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial, y agregando que \u00abes claro que el bien fue recuperado para la prenda general de los acreedores como efecto de la acci\u00f3n revocatoria interpuesta y adelantada por la sociedad accionante, como bien lo se\u00f1al\u00f3 el Grupo de Acuerdos de Insolvencia en Ejecuci\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades. Efecto que el Delegado para Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades quiere negar insistiendo como lo hace en la respuesta a la tutela en que el bien no fue recuperado\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, agreg\u00f3 que \u00abel Tribunal fija el t\u00e9rmino de seis (6) meses como taxativo, desconociendo la jurisprudencia constitucional que reitera que debe analizarse las circunstancias de cada caso, a m\u00e1s de que desde la ejecutoria de la queja interpuesta por el accionante trascurrieron seis meses y 28 d\u00edas e ignor\u00f3 el hecho de que en el presente caso se present\u00f3 un hecho nuevo que cambi\u00f3 las circunstancias del caso concreto (\u2026), consistente en el reconocimiento de la Superintendencia de Sociedades del beneficio inmediato derivado para la prenda general de los acreedores como resultado de la prosperidad de la acci\u00f3n revocatoria concursal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el curso de la acci\u00f3n revocatoria concursal, porque, pese a que accedi\u00f3 a las pretensiones de la gestora, supuestamente habr\u00eda desconocido en la parte resolutiva lo dispuesto por la Ley 1116 de 2006, en tanto \u00abel inmueble objeto de la compraventa revocada retorn\u00f3 a la prenda general de los acreedores reconocidos en el proceso de reorganizaci\u00f3n\u00bb, por lo que, en su criterio, \u00abla recompensa a favor de la parte demandante no est\u00e1 sujeta a la condici\u00f3n contenida en el numeral Octavo [del fallo]\u00bb. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ago. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resaltado y negrillas fuera de texto. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la demanda constitucional debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
3.1. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, y de las pruebas allegadas al plenario, encuentra la Sala que habr\u00e1 de ratificarse la negativa del a quo constitucional, comoquiera que el cuestionamiento formulado a trav\u00e9s del amparo no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que se supera con notable amplitud el t\u00e9rmino de seis (6) meses considerado como razonable por la jurisprudencia para acudir a este mecanismo excepcional, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que la decisi\u00f3n refutada por la recurrente, proferida por la Delegatura para Asuntos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades, en el marco de la acci\u00f3n revocatoria concursal, data del 21 de febrero de 2020, al paso que el recurso de queja \u2013por la negativa a conceder la apelaci\u00f3n, ya que es un tr\u00e1mite de \u00fanica instancia\u2013 fue dirimido el 12 de junio siguiente, por lo que, a\u00fan si se contabilizara el t\u00e9rmino desde \u00faltimo extremo temporal, se incumple con el prenotado requisito de procedibilidad; teniendo en cuenta que el amparo se intent\u00f3 el 14 de enero de 2021. <\/p>\n
Ahora bien, no pasa por alto la Sala que la memorialista arguy\u00f3 que la mentada exigencia temporal no deb\u00eda contarse desde las precitadas resoluciones, sino desde el 28 de agosto de 2020, fecha en la cual qued\u00f3 ejecutoriado el prove\u00eddo de 31 de julio de esa misma calenda, mediante el cual el Grupo de Acuerdos de Insolvencia en Ejecuci\u00f3n de la entidad querellada resolvi\u00f3 favorablemente una solicitud de la convocante; sin embargo, tal como afirm\u00f3 la Delegatura para Asuntos Mercantiles, ese plazo \u00abno puede computarse desde el momento en que el Grupo de Acuerdos de Insolvencia en Ejecuci\u00f3n emiti\u00f3 su pronunciamiento, porque \u00e9ste, no es el juez de la acci\u00f3n revocatoria, corresponde a dependencias separadas e independientes de la Superintendencia de Sociedades\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, es oportuno destacar que la pretensi\u00f3n principal se circunscribe a \u00abDEJAR SIN EFECTOS la decisi\u00f3n consignada en el punto Octavo, concordante con el punto Cuarto, de la sentencia proferida por el Superintendente Delegado para Insolvencia Ad-hoc en la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento llevada a cabo el 21 de febrero de 2020\u00bb, y no otra determinaci\u00f3n diferente, por lo que, bajo ese contexto, resultan infructuosos los esfuerzos argumentativos tendientes a variar el momento desde el cual se debe computar el t\u00e9rmino prudencial fijado por la jurisprudencia. <\/p>\n
3.2. De otra parte, tampoco se adujo en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al principio de temporalidad del resguardo, pues, si bien es cierto que puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, esto es, situaciones como la debilidad manifiesta, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores, como ocurre respecto de los asuntos que involucran derechos de orden pensional, ello no sucedi\u00f3 en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n
Es decir, la recurrente no ofreci\u00f3 ninguna justificaci\u00f3n de por qu\u00e9 no acudi\u00f3 a la salvaguarda constitucional en un plazo razonable. Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Entonces, bajo ese contexto, no evidencia la Sala la concurrencia de alguno de los eximentes del presupuesto de inmediatez, por lo que este ser\u00e1 el criterio que se impondr\u00e1 para la confirmar la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n rogada, lo cual releva a esta particular justicia de ahondar en an\u00e1lisis de otras tem\u00e1ticas, lo que sin duda est\u00e1 condicionado a la superaci\u00f3n del referido requisito temporal. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La sociedad interesada tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el principio de inmediatez, y no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n v\u00e1lida que justificara esa tardanza, raz\u00f3n por la cual se ratificar\u00e1 la negativa del tribunal a quo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1790-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC1790-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2021-00083-01 (Aprobado en Sala de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 28 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53633","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53633","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53633"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53633\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53633"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53633"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53633"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}