STC681-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC681-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03257-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga respecto de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular impulsada por el aqu\u00ed actor a Audifarma S.A., radicada bajo el n\u00famero 2016-00596-01. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo, asevera que la corporaci\u00f3n criticada no ha cumplido con los \u201ct\u00e9rminos perentorios\u201d establecidos en la Ley 472 de 1998, para \u201cfallar con celeridad\u201d el litigio subex\u00e1mine. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, \u201cse ordene respetar y aplicar siempre el art\u00edculo 37 [ib\u00eddem]\u201d, y emitir fallo en un lapso no mayor a cuarenta y ocho (48) horas. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el actor ya hab\u00eda presentado un auxilio alegando los mismos hechos expuestos en esta tutela, asunto en el cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, en segunda instancia, desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada en sentencia STL10686-2020. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El resguardo se concreta en establecer si el tribunal criticado vulner\u00f3 las garant\u00edas superiores de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga al no cumplir con el plazo establecido en el canon 37 de la Ley 472 de 1998, para zanjar en segunda instancia la acci\u00f3n popular sublite. <\/p>\n
2. De entrada se advierte que el ruego no sale avante porque el promotor, concurri\u00f3 a esta jurisdicci\u00f3n en reciente ocasi\u00f3n alegando cuestiones similares a las de ahora. <\/p>\n
Se observa, mediante providencia STC8314-2020, expediente N\u00b011001-02-03-000-2020-02486-00, esta Sala concedi\u00f3 el amparo reclamado por el querellante frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en relaci\u00f3n con la acci\u00f3n popular N\u00ba 2016-00596- 01, orden\u00e1ndosele al tribunal confutado <\/p>\n
\u201c(\u2026) que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas siguientes al enteramiento de este veredicto, adopte las medidas que estime convenientes encaminadas a impartirle el tr\u00e1mite que legalmente corresponde al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2019 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Sin embargo; dicha providencia fue revocada en segunda instancia por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en fallo STL10686-2020 de 18 de noviembre pasado, tras argumentar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s claro que la autoridad accionada ha adelantado todos los tr\u00e1mites para el desarrollo del proceso, asimismo que la demora ha sido justificada en virtud de los supuestos f\u00e1cticos ocurridos y la solicitud de pruebas de oficio para proferir la respectiva sentencia, pues se tiene que: i) la acci\u00f3n popular objeto del amparo ingres\u00f3 a despacho el 29 de enero de este a\u00f1o y los t\u00e9rminos procesales fueron suspendidos, por motivos de salubridad p\u00fablica con ocasi\u00f3n de la pandemia denominada COVID-19, desde el 16 de marzo hasta el 26 de junio de este a\u00f1o, de manera que para la fecha los plazos determinados en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso a\u00fan no han vencido; ii) en aplicaci\u00f3n de esa norma, por auto del 8 de septiembre del a\u00f1o en curso, se prorrog\u00f3 por seis meses m\u00e1s el t\u00e9rmino para definir el asunto y se decret\u00f3 una prueba de oficio; iii) contra esa decisi\u00f3n el actor formul\u00f3 recurso, con similares argumentos a los que expuso en la acci\u00f3n de tutela\u00bb; lo que ha impedido cumplir con el plazo mencionado, por lo que, se insiste, no puede endilg\u00e1rsele una mora judicial injustificada a la autoridad cuestionada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]uando la mora es justificada, la tutela no puede abrirse paso, pues el juez de tutela no puede asumir la competencia del funcionario natural porque de hacerlo se comprometer\u00edan los derechos fundamentales que le asisten a las otras personas interesadas en poner fin de manera oportuna sus litigios, aspecto que encuentra soporte en los art\u00edculos 4.\u00b0, modificado por el 1\u00ba de la Ley 1285 de 2009, y 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el art\u00edculo 18 de la Ley 446 de 1998, seg\u00fan los cuales por regla general la resoluci\u00f3n de los procesos debe ser por orden de entrada, salvo las excepciones consagradas legalmente, verbigracia, la del art\u00edculo 16 de la precitada Ley 1285, que faculta a las Salas de los Tribunales Superiores del pa\u00eds para que realicen \u00abun orden de car\u00e1cter tem\u00e1tico para la elaboraci\u00f3n y estudio preferente de los proyectos de sentencia\u00bb, y para tal fin se precisa el procedimiento respectivo, que es perfectamente aplicable a los eventos que ameriten especial atenci\u00f3n, y por ende prelaci\u00f3n de la decisi\u00f3n frente a otros que bien pueden ce\u00f1irse a la escala de turnos\u201d. <\/p>\n
\u201cEn consecuencia, es claro como ya se dijo, que la autoridad accionada no incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n alegada por la parte actora, por lo que no es procedente el presente amparo (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, queda claro, los supuestos f\u00e1cticos ahora cuestionados ya fueron dilucidados por la Corte. Esta Sala ha negado la protecci\u00f3n impetrada en eventos como el presente, si <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Por tanto, es evidente la conducta del querellante, en hacer un uso incorrecto de este excepcional instrumento, pues, invocar supuestos f\u00e1cticos como sustento de un reclamo ya decidido, no s\u00f3lo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los jueces encargados de resolver el caso en un asunto carente de fundamento jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por el cual el Constituyente implement\u00f32 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En lo pertinente, se requiere al accionante para que cese la proposici\u00f3n de hechos inexistentes e infundados como causa de infracci\u00f3n constitucional, pues con ello no hace m\u00e1s que contribuir con la congesti\u00f3n judicial distrayendo la actividad jurisdiccional de la recta y cumplida administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
3. Al margen de lo anterior, revisado el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, se observa que, desde el 16 de diciembre de 2020, el asunto bajo estudio se encuentra al despacho del magistrado ponente para la emisi\u00f3n del respectivo fallo y, teniendo en cuenta que el t\u00e9rmino para emitir sentencia fue prorrogado por seis meses desde el 8 de septiembre pasado -cuesti\u00f3n ya revisada en la salvaguarda antes propuesta por el censor-; ninguna mora se le puede endilgar, en la actualidad, a la corporaci\u00f3n querellada. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. La salvaguarda impetrada ser\u00e1 desestimada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga respecto de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular impulsada por el aqu\u00ed actor a Audifarma S.A., radicada bajo el n\u00famero 2016-00596-01. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. STC de 13 de febrero de 2013, exp. 00168-00; reiterada el 20 de marzo de 2013, 680122130002012-00517-01. <\/p>\n
2 La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 establece \u201c(\u2026) Toda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica \u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
3 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
11 <\/p>\n
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