STC683-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC683-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2020-00328-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se deciden las impugnaciones interpuestas contra los fallos proferidos el 1\u00b0 de diciembre de 2020 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de las acciones de tutela acumuladas (radicaciones 2020-00328 y 2020-00329) promovidas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3: (i) \u00abdeterminar si la juez cometi\u00f3 prevaricato al terminar una acci\u00f3n constitucional, como lo es la acci\u00f3n popular\u2026, con figura llamada desistimiento t\u00e1cito\u00bb; (ii) \u00abse ordene nulidad de todo lo actuado\u00bb; (iii) \u00abdigitalizar todo lo actuado en la acci\u00f3n popular\u2026\u00bb; y (iv) \u00abse ordene al procurador delegado en acciones populares y al defensor del pueblo en Pereira\u2026 para que prueben en derecho como actuaron en la acci\u00f3n popular tutelada y prueben si cumplieron ley 734 de 2002\u00bb. <\/p>\n
2. Como soporte de sus pretensiones manifest\u00f3 el gestor que act\u00faa en la \u00abacci\u00f3n popular 660013103003 2013 01140 00, donde la juez de manera ilegal termin\u00f3 la acci\u00f3n popular\u2026 y nunca se pronunci\u00f3, como lo pidi\u00f3, a fin de saber\u2026 si comet\u00eda prevaricato al terminar la acci\u00f3n popular, con figura no aplicable en acciones populares llamada desistimiento t\u00e1cito\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira inform\u00f3 que en ese despacho judicial \u00abno se tramita ni proceso, ni acci\u00f3n popular alguna radicada con el n\u00famero 2013 1140\u00bb. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo destac\u00f3 que \u00ablas pretensiones enunciadas por el accionante no vinculan a [esa] Entidad y su resoluci\u00f3n no se encuentra dentro de [sus] competencias\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 el amparo por temeridad, habida cuenta que \u00abesta acci\u00f3n de tutela, es id\u00e9ntica a la identificada con el radicado 66001221300020200032900 de la que tambi\u00e9n conoce este despacho, es obvio entonces que hay identidad de partes, objeto y causa porque las demandas en uno y otro tr\u00e1mite, son las mismas\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor del resguardo resalt\u00f3 que \u00abel auto ilegal no ata aun en firme\u00bb, por lo que pidi\u00f3 \u00abse ordene nulidad del auto que desconoci\u00f3 art 5 ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n
2. Verificada la demanda de tutela y las probanzas allegadas a esta sumaria tramitaci\u00f3n, advierte la Corte que el reclamo constitucional elevado est\u00e1 llamado al fracaso, comoquiera que el asunto criticado, contrario a lo que adujo el peticionario, no corresponde a una acci\u00f3n popular, que se hubiese terminado por desistimiento t\u00e1cito, de ah\u00ed que el hecho alegado por el promotor se torna inexistente. <\/p>\n
Entonces, teniendo en cuenta que la situaci\u00f3n de hecho que causaba la supuesta amenaza a las garant\u00edas fundamentales del tutelante es inexistente, la solicitud de amparo no tiene ninguna raz\u00f3n de ser, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (subraya y negrilla fuera de texto) (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
3. En consecuencia, por las razones anteriormente consignadas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
4 <\/p>\n
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