STC684-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC684-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00095-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Socorro Hern\u00e1ndez Maestre frente a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, concretamente, contra el magistrado \u00d3scar Marino Hoyos Gonz\u00e1lez; actuaci\u00f3n a la cual se orden\u00f3 vincular a la Presidencia de dicha colegiatura y al Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de resoluci\u00f3n de contrato de compraventa, radicado con el n\u00famero 2017-00264, promovido por la gestora a V\u00edctor Ponce Parodi. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La querellante reclama la protecci\u00f3n de la prerrogativa a la petici\u00f3n, presuntamente conculcada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden como hechos que soportan la presente salvaguarda los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
En el decurso criticado, el 8 de agosto de 2018, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar dict\u00f3 sentencia de primera instancia denegatoria de las pretensiones, determinaci\u00f3n recurrida en apelaci\u00f3n por el extremo activo. <\/p>\n
El 30 de julio de 2019, la accionante present\u00f3 \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d ante la corporaci\u00f3n cuestionada, solicitando fallar \u201cel negocio de la referencia\u201d, pedimento atendido en prove\u00eddo de 2 de agosto siguiente, informando: <\/p>\n
\u201c(\u2026) en cuanto a su caso, cuando el asunto tenga el turno para ello, as\u00ed se proveer\u00e1 (en el momento le aparecen 113 procesos civiles en turno adelante del suyo, sin contar con el flujo de los asuntos con prelaci\u00f3n constitucional y legal, los procesos de familia, los laborales y los de responsabilidad penal para adolescentes que igualmente deben atenderse) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El 4 de noviembre de 2020, la inicialista pidi\u00f3 informar el turno asignado a su expediente para fallo, manifestando ser \u201c(\u2026) una persona de la tercera edad[,] campesina y analfabeta (\u2026)\u201d y el 25 ulterior, la autoridad censurada neg\u00f3 el impulso procesal indicando: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Cabe advertir que, mediante prove\u00eddo del 2 de agosto de 2019, se dio respuesta de manera oportuna a la solicitud de la accionante y en el cual se le informa que \u201cen cuanto a su caso, cuando el asunto tenga el turno para ello, as\u00ed se proveer\u00e1; en el momento le aparecen 113 procesos civiles en turno adelante del suyo, sin contar el flujo de los asuntos con prelaci\u00f3n constitucional y legal\u201d (\u2026). Actualmente, le preceden aproximadamente 65 procesos civiles, por lo tanto, se le informa a la peticionaria que el proceso se encuentra en el Despacho en espera del correspondiente turno asignado. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]adas las reiteradas solicitudes que tienen por objeto informar el turno asignado que tiene el proceso en este Despacho Judicial, y considerando que, el d\u00eda 4 de noviembre de 2020 se solicit\u00f3 dar impulso al proceso, el cual fue presentado por el apoderado judicial de la accionante, esta agencia judicial no advierte elementos que permitan considerar la posibilidad de alterar los turnos, pues ha sido asidua la jurisprudencia en sostener que dicha posibilidad se puede configurar frente a casos excepcionales o de extrema urgencia, adicionando a ello que la solicitud de la peticionaria es semejante a la de muchos de quienes se encuentran en turno anterior a ella (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Alegando la mora injustificada en la resoluci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n impetrada en el sublite, la promotora pide, en concreto, se ordene a la autoridad querellada dirimir la instancia. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
1. A solicitud de esta Corte, la Secretar\u00eda del colegiado censurado remiti\u00f3 copia digital del acta de la audiencia de fallo de primer grado. <\/p>\n
2. El titular del despacho a cargo de las diligencias dio cuenta de la atenci\u00f3n a todos los requerimientos de la quejosa, adjuntando ejemplar electr\u00f3nico de los respectivos pronunciamientos. Basado en ello, asegur\u00f3 no haber vulnerado prerrogativa alguna a la quejosa y record\u00f3 la impertinencia del \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d en tr\u00e1mites judiciales. <\/p>\n
3. La presidencia del tribunal convocado hizo \u00e9nfasis en la congesti\u00f3n judicial afrontada por esa corporaci\u00f3n, as\u00ed como en las medidas en proceso de implementaci\u00f3n para superarla y pidi\u00f3 tomar en consideraci\u00f3n dichas circunstancias al momento de decidir sobre el resguardo. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Cuando se elevan solicitudes a autoridades judiciales calificadas por los interesados como derechos de petici\u00f3n y tocantes con litigios a su cargo, deben diferenciarse las eventualidades en las cuales se est\u00e1 buscando el impulso del procedimiento o la emisi\u00f3n de una determinada providencia, de aqu\u00e9llas exigiendo una actuaci\u00f3n administrativa, tal como el desarchive de un expediente. <\/p>\n
Las primeras se relacionan con la ley del proceso y se rigen bajo esas reglas, simplemente se formulan, las m\u00e1s de las veces, para soslayar el cumplimiento y ejecuci\u00f3n del tr\u00e1mite jur\u00eddico de enjuiciamiento, que regula el derecho p\u00fablico subjetivo de acci\u00f3n, de contradicci\u00f3n o el de tutela judicial efectiva. Las segundas, por el contrario, se enmarcan dentro de la prerrogativa supralegal de petici\u00f3n y son susceptibles de ampararse por esta v\u00eda constitucional1. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha tenido la oportunidad de se\u00f1alar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]as solicitudes para ser resueltas por los administradores de justicia en el interior de los procesos judiciales, no se rigen por el derecho de petici\u00f3n y la regulaci\u00f3n de \u00e9ste en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo [hoy C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo], ya que como ha puntualizado la jurisprudencia, las peticiones que presenten las partes y los intervinientes en asuntos relacionados con la litis tienen un tr\u00e1mite en el que se aplican las reglas del proceso. Es por eso que no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
2. Examinado el reparo constitucional, se colige que la promotora censura la tardanza del funcionario accionado en resolver la apelaci\u00f3n impetrada frente a la decisi\u00f3n de 8 de agosto de 2018, mediante la cual se denegaron sus pretensiones. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resulta evidente que el pedimento, en modo alguno, apareja una cuesti\u00f3n administrativa, pues lo pretendido es obtener un pronunciamiento de orden judicial, con el cual se finiquite el litigio promovido contra V\u00edctor Ponce Parodi. <\/p>\n
En consecuencia, no puede invocarse la protecci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n, pues el mismo, se insiste, no tiene cabida en las actuaciones judiciales, las cuales deben desarrollarse acorde con el debido proceso. <\/p>\n
3. Respecto de las situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a esta especial protecci\u00f3n, esta Corte ha sostenido la procedencia del auxilio si su explicaci\u00f3n no es v\u00e1lida, es decir, cuando <\/p>\n
\u201c(\u2026) aquellas (\u2026) denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (Sentencia de 29 de abril de 2011, Exp. T. No. 11001-22-10-000-2011-00094-01) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEntender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los per\u00edodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. [Pol.]), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso (\u2026)\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cOtro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019\u00bb (Sentencia de 20 de septiembre de 2011, exp. 11001 02 03 000 2011 01853 -00) (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
4. Proyectadas las anteriores premisas en el decurso objeto de estudio, la Sala no advierte que exista una tardanza injustificada en el impulso de la gesti\u00f3n del funcionario denunciado. <\/p>\n
Lo anterior porque, si bien la apelaci\u00f3n interpuesta por la gestora fue admitida por la sede judicial atacada el 24 de octubre de 2018 y a\u00fan no ha sido desatada, ello no obedece a negligencia o descuido del servidor, sino a los problemas estructurales de exceso de carga laboral del colegiado enjuiciado, agudizada por los efectos nocivos de la crisis mundial por la Covid-19, los cuales han impactado a todos los sectores de la sociedad y el Estado, entre ellos, a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
En efecto, no puede desconocerse la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos decretada a partir del 16 de marzo de 2020 a nivel nacional, medida prorrogada, para el caso de la resoluci\u00f3n de recursos de apelaci\u00f3n contra sentencias, hasta el pasado 22 de mayo, aunada a las restricciones de acceso a las sedes judiciales y, por consiguiente, a los expedientes, cuya digitalizaci\u00f3n implica una mayor inversi\u00f3n de tiempo y esfuerzo, encaminado a dar soluci\u00f3n a las controversias puestas a consideraci\u00f3n de la judicatura. <\/p>\n
Adicionalmente, es de ver la atenci\u00f3n brindada por el estrado criticado, a cada una de las solicitudes elevadas por la impulsora, a quien se le han explicado las dificultades enfrentadas por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, por encontrarse a cargo de m\u00faltiples decursos de distinta especialidad, entre ellos, los conflictos de competencia, las acciones de tutela y h\u00e1beas corpus, que gozan de prelaci\u00f3n a la hora de ser decididos. <\/p>\n
En el mismo sentido, la interesada ha sido enterada de la cantidad de procesos civiles recibidos con antelaci\u00f3n al suyo en el despacho cuestionado, lo cual equivale al turno asignado a su expediente para fallo, que, para el 25 de noviembre de 2020, cuando se resolvi\u00f3 la \u00faltima petici\u00f3n elevada al accionado, era el \u201c65\u201d. <\/p>\n
As\u00ed lo puntualiz\u00f3 el sentenciador ad quem en el auto de la mencionada calenda, cuyo contenido vale la pena memorar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Cabe advertir que, mediante prove\u00eddo del 2 de agosto de 2019, se dio respuesta de manera oportuna a la solicitud de la accionante y en el cual se le informa que \u201cen cuanto a su caso, cuando el asunto tenga el turno para ello, as\u00ed se proveer\u00e1; en el momento le aparecen 113 procesos civiles en turno adelante del suyo, sin contar el flujo de los asuntos con prelaci\u00f3n constitucional y legal\u201d (\u2026). Actualmente, le preceden aproximadamente 65 procesos civiles, por lo tanto, se le informa a la peticionaria que el proceso se encuentra en el Despacho en espera del correspondiente turno asignado (\u2026)\u201d (Negrilla para destacar). <\/p>\n
En ese orden de ideas, no puede endilgarse una tardanza injustificada al estrado convocado, como lo depreca la querellante. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 1969, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, permite, no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo con lo discurrido, se negar\u00e1 la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Socorro Hern\u00e1ndez Maestre frente a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, concretamente, contra el magistrado \u00d3scar Marino Hoyos Gonz\u00e1lez; actuaci\u00f3n a la cual se orden\u00f3 vincular a la Presidencia de dicha colegiatura y al Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de resoluci\u00f3n de contrato de compraventa, radicado con el n\u00famero 2017-00264, promovido por la gestora a V\u00edctor Ponce Parodi. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 V\u00e9ase, entre otras, las sentencias dictadas en los exp. 2015-00229-01 y 2016-01329-01. <\/p>\n
2 CSJ STC 2 de agosto de 2002, rad. 00199-01, reiterada el 6 de febrero de 2008, rad. 00389-01. <\/p>\n
3 CSJ. STC de 3 de julio de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-01337-00; ratificada el 25 de septiembre de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-02061-00. <\/p>\n
<\/p>\n
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