STC685-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC685-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2020-00372-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de diciembre de 2020 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados Audifarma S.A., Alcald\u00eda y Personer\u00eda de Pereira y de La Tebaida, la Defensor\u00eda del Pueblo y Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, Regionales de Risaralda y Quind\u00edo, el Procurador Delegado II-1 para Asuntos Civiles y Laborales, as\u00ed como los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene al estrado acusado \u00abaplicar derecho sustancial sin olvidar que quien act\u00faa en las acciones constitucionales\u2026 es un ciudadano lego en derecho\u2026\u00bb; \u00abcontinuar el tramite de la acci\u00f3n popular terminada anormalmente [v]iolando abiertamente Art 5, 6 ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998\u00bb; \u00abdigitali[zar] todo lo actuado en la acci\u00f3n popular y se [l]e brinde copias aut\u00e9nticas a fin que obre en acci\u00f3n penal y en acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por [e]rror judicial\u00bb; \u00abconceder la alzada frente al auto que termin[\u00f3] la acci\u00f3n popular\u2026\u00bb; y se \u00abvincule al delegado en esta acci\u00f3n popular a [f]in que pruebe en derecho como garantiz\u00f3 el debido proceso\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que en la actuaci\u00f3n criticada se aplic\u00f3 la aludida figura, viol\u00e1ndose los art\u00edculos 5 y 6 de la Ley 472 de 1998; que frente a dicha determinaci\u00f3n present\u00f3 recursos de reposici\u00f3n, apelaci\u00f3n, s\u00faplica y pidi\u00f3 nulidad, puesto que la misma no se aplicaba en acciones constitucionales, empero, el estrado nunca tramit\u00f3 la alzada ni la queja impetrada, y solo se limit\u00f3 a confirmar la decisi\u00f3n emitida. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda adujo que no promovi\u00f3 la acci\u00f3n popular objeto de reclamo constitucional; que su intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a observar la defensa de los derechos e intereses colectivos, \u00absituaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por intermedio de la Procuradur\u00eda Regional y Provincial en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba\u00bb, el que debe ser convocado por el Juzgado, con el fin de llegar a un acuerdo de voluntades, y contar con la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
2. Audifarma S.A. indic\u00f3 que carec\u00edan de soporte las manifestaciones del accionante; que se acusa sin tener pruebas ni certeza de la vulneraci\u00f3n que se alega; y que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no eran los llamados a dirimir el asunto. <\/p>\n
3. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, pues no era el organismo competente para adelantar las pretensiones del promotor; adem\u00e1s que no hab\u00eda transgredido derecho fundamental alguno y el peticionario contaba con otros mecanismos de defensa. <\/p>\n
4. La Alcald\u00eda de Pereira refiri\u00f3 que se aten\u00eda a lo probado en la presente acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
5. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad remiti\u00f3 el link de consulta del expediente criticado. <\/p>\n
6. La Alcald\u00eda de La Tebaida adujo que se aten\u00eda a lo que se resolviera, pues si bien se encontraba vinculado dentro de la acci\u00f3n popular criticada, no hab\u00eda conculcado ninguna prerrogativa esencial. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que el accionante no present\u00f3 memoriales ni elev\u00f3 solicitudes en los t\u00e9rminos descritos en la tutela -recursos, nulidades, digitalizaci\u00f3n del expediente y peticiones al Ministerio P\u00fablico-, raz\u00f3n por la que no exist\u00edan acciones u omisiones transgresoras o amenazantes de los derechos invocados; y que tampoco cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, pues el auto que termin\u00f3 la acci\u00f3n popular por desistimiento t\u00e1cito data del 17 de septiembre de 2018, esto es, hace m\u00e1s de dos a\u00f1os. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n aduciendo que era curioso que no se acumularan sus tutelas; que un auto ilegal no ataba aunque estuviera en firme, por lo que se deb\u00eda continuar con el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular, mas cuando present\u00f3 recursos que no se concedieron en tiempo; que era curioso que se vinculara a Leandro Giraldo a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, pero en la acci\u00f3n popular tutelada se le denegara a saciedad el enteramiento por ese medio; que pretende que \u00abno se cristalice un da\u00f1o irremediable por exceso ritual\u00bb; y que a la autoridad acusada \u00abno gusta responder [sus] tutelas y simplemente remite un link\u00bb por lo que se debe aplicar el Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre el prove\u00eddo criticado de 17 de septiembre de 2018; y la interposici\u00f3n de la tutela el 19 de noviembre de 2020, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que fuera demostrado ning\u00fan motivo que justifique esa tardanza. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026 si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. Al margen de lo anterior, lo cierto es que la referida determinaci\u00f3n de dar por concluida la acci\u00f3n popular bajo la figura del desistimiento t\u00e1cito se ajust\u00f3 a la postura imperante en esta Corte, frente al particular, para ese momento (expuesta, entre muchos otros, en fallos STC20192-2017 y STC8356-2018), la cual tan s\u00f3lo vari\u00f3 con la emisi\u00f3n de la sentencia de tutela STC14483-2018 (7 nov., rad. 2018-00755-01), cuya nueva doctrina, acorde con lo dispuesto por esta Corporaci\u00f3n, s\u00f3lo \u00abse aplicar\u00e1 desde su adopci\u00f3n el 1\u00ba de diciembre de 2018 en sentido gen\u00e9rico\u00bb (STC236-2019, 21 en., rad 2018-01088-01), esto es, frente a decisiones emitidas con posterioridad a la aqu\u00ed cuestionada. <\/p>\n
En un asunto con alguna simetr\u00eda al de ahora, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente, esta Sala dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
\u2026concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que desde la fecha de proferimiento del auto de 26 de agosto de 2016, que confirm\u00f3 el del d\u00eda 8 anterior, por [el] cual el Juzgado encausando termin\u00f3 la acci\u00f3n popular\u2026 por desistimiento t\u00e1cito, y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 14 de noviembre de 2018, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, recientemente en un asunto con id\u00e9ntica situaci\u00f3n f\u00e1ctica, la Sala dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
\u2026es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que los prove\u00eddos que determinaron la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito en las demandas que originan las quejas acumuladas en el este asunto, datan del 8 de agosto de 2016\u2026, y los autos que resolvieron la reposici\u00f3n formulada y a su vez negaron la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n ocurrieron el 26 de agosto de ese mismo a\u00f1o\u2026; mientras que los presentes resguardos fueron radicados el 14 de noviembre de 2018\u2026, es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n
En todo caso, es pertinente se\u00f1alar que para el 8 de agosto de 2016, fecha en que se decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito, dicha figura era aplicable para las acciones populares seg\u00fan el criterio mayoritario de esta Sala, de ah\u00ed que no pueda predicarse una v\u00eda de hecho por parte de la autoridad judicial cuestionada (CSJ, STC215-2019, 17 en. 2019, rad. 2018-01094) (CSJ STC719-2019, 31 en., rad. 2018-01092-01). <\/p>\n
4. Ahora bien, en lo atinente a los recursos impetrados, es de advertirse que no se vislumbra que el accionante los hubiera propuesto, raz\u00f3n por la que el reclamo se torna improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01). <\/p>\n
5. De otro lado, frente a los argumentos tra\u00eddos en la impugnaci\u00f3n relativos a la aplicaci\u00f3n del Decreto 2591 de 1991 ante la falta de contestaci\u00f3n del despacho convocado, lo cierto es que tal argumento no es de recibo, en la medida en que el juzgador querellado dio respuesta a la solicitud de amparo, sumado a que el reclamo constitucional se efectu\u00f3 de cara a una actuaci\u00f3n judicial, por lo que s\u00f3lo con verificar el decurso procesal era suficiente para proferir una determinaci\u00f3n. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, n\u00f3tese que insatisfechos los presupuestos enunciados, no es procedente que el juez constitucional se ocupe del fondo de la situaci\u00f3n puesta en su conocimiento, sin que por dem\u00e1s las alegaciones del censor derruyan tal conclusi\u00f3n, destacando que no se puede, como el lo pretende, equiparar el rito de la acci\u00f3n de tutela con el del tr\u00e1mite popular. <\/p>\n
7. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC685-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC685-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2020-00372-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53642","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53642","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53642"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53642\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53642"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53642"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53642"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}