STC688-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC688-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2020-00235-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el siete (7) de diciembre de 2020 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Murillo Ramos contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origina la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
El accionante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente conculcado por la autoridad judicial accionada en el tr\u00e1mite de ejecuci\u00f3n seguido contra Doris Murillo Ramos por Mario Zureck Esteban, asunto con radicado 2015-00522. <\/p>\n
En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar al despacho fustigado resolver cada una de las preguntas por \u00e9l formuladas en el derecho de petici\u00f3n que radic\u00f3 el 10 de marzo de 2020. <\/p>\n
Fundament\u00f3 sus pretensiones en que el despacho criticado se reh\u00fasa a contestarle 8 cuestionamientos que \u00e9l present\u00f3 a trav\u00e9s de un derecho de petici\u00f3n cuya respuesta, incompleta e inconclusa, le fue notificada el 7 de julio de 2020. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga relat\u00f3 el tr\u00e1mite que ha surtido el proceso 2015 \u2013 00522, del cual avoc\u00f3 conocimiento previa orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y remisi\u00f3n que hiciere el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga. <\/p>\n
Adujo que con auto de 24 de junio de 2020 en punto al derecho de petici\u00f3n objeto de esta controversia constitucional, se le manifest\u00f3 al peticionario la imposibilidad de impulsar tr\u00e1mites que se rigen por normas procesales y que cualquier inconformidad en el juicio debe rebatirse usando los recursos que el estatuto adjetivo dispone para tal efecto. <\/p>\n
2. El apoderado judicial de Mario Zureck Esteban en el proceso 2015 \u2013 00522 aport\u00f3 contestaci\u00f3n manifestando su oposici\u00f3n a las quejas del actor constitucional, sin embargo, su manifestaci\u00f3n no ser\u00e1 tenida en cuenta toda vez que no aport\u00f3 poder especial para actuar en defensa de los derechos e intereses del vinculado en este tr\u00e1mite. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo invocado tras revisar que las pretensiones esbozadas por el actor en el derecho de petici\u00f3n radicado el 10 de marzo de 2020, a excepci\u00f3n de dos, tienen como finalidad enderezar, en t\u00e9rminos del accionante, las irregularidades procesales que seg\u00fan \u00e9l ocurren en el tr\u00e1mite de ejecuci\u00f3n de sentencia, de donde no se les aplica dicha prerrogativa, a m\u00e1s de que los dem\u00e1s cuestionamientos aluden a conceptos del propio peticionario. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor del resguardo constitucional critic\u00f3 la sentencia de primera instancia aduciendo que no es m\u00e1s que ret\u00f3rica jur\u00eddica, pese a que advirti\u00f3 que \u00e9l no quiere que le resuelvan asuntos de fondo en el proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC de 11 may. 2001, rad. 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En punto al derecho de petici\u00f3n en el que reitera el quejoso se basa su solicitud de amparo, debe recordarse c\u00f3mo esta Sala en reiterada jurisprudencia ha se\u00f1alado que no se puede impulsar las actuaciones judiciales a trav\u00e9s de solicitudes de petici\u00f3n, pues \u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial, deben resolverse de acuerdo a las formas propias de cada juicio\u00bb, por lo que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 y 31 mar. 2000. rad. 4822 y 4867, reiteradas en CSJ STC 8086-2019, 20 jun.). <\/p>\n
De esta manera, sobre la eventual vulneraci\u00f3n de garant\u00edas iusfundamentales en tal \u00e1mbito, esta Corporaci\u00f3n ha enfatizado que: <\/p>\n
As\u00ed, cuando por v\u00eda de tutela se aduce el desconocimiento del precepto 23 de la Carta Pol\u00edtica por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto vinculado a la litis y, de ser afirmativa la respuesta, el amparo devendr\u00e1 improcedente, por las razones expuestas. <\/p>\n
En el presente caso, la Sala tras una revisi\u00f3n detallada de cada uno de los ocho (8) \u00edtems del derecho de petici\u00f3n adiado el 10 de marzo de 2020, encuentra que todas ellas est\u00e1n encaminadas a criticar: (I) los plazos con los cuales se han tramitado las solicitudes allegadas al proceso ejecutivo hipotecario; (II) las conductas que ha tenido el apoderado del ejecutante; y (III) la negativa a darle tr\u00e1mite en segunda instancia a sus cuestionamientos con presunta violaci\u00f3n al debido proceso; peticiones que evidentemente son de naturaleza judicial, de all\u00ed que su derecho fundamental de petici\u00f3n no sea relevante. <\/p>\n
3. No obstante ser lo anterior suficiente para desestimar el ruego constitucional, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, como quiera que el promotor carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el juicio objeto de su censura, por no ser parte de dicha contienda. <\/p>\n
Sobre el alcance del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia constitucional ha considerado que: <\/p>\n
la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (C.C. T-878 de 2007). <\/p>\n
De all\u00ed que acerca de la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o fueron reconocidos como intervinientes. <\/p>\n
Al respecto, la Sala precis\u00f3: <\/p>\n
En un asunto de contornos similares al presente (\u2026) que \u2018al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u2019 (sentencia de 26 de noviembre de 2010, exp. 11001-22-03-000-2010-01168-01, reiterada en fallo de 26 de julio de 2012, exp. No. 13001-22-13-000-2012-00198-01) (CSJ STC 24 oct. 2012, rad. 00171-01, reiterado en STC2689-2015, 11 mar. 2015, rad. 00421-00). <\/p>\n
Pues bien, observa la Corte que el peticionario no es parte en el proceso hipotecario atacado, por cuanto atendi\u00f3 la diligencia de secuestro solicitando, bajo la denominaci\u00f3n de \u00aboposici\u00f3n\u00bb, le fuera dejado el bien cautelado en dep\u00f3sito debido a que ostenta un contrato de comodato signado con la ejecutada, petici\u00f3n que en este \u00faltimo sentido interpret\u00f3 el estrado judicial accionado y a la que accedi\u00f3. <\/p>\n
Y si bien es cierto que a lo largo del proceso el juzgador censurado admiti\u00f3 su intervenci\u00f3n en otros estadios procesales, incluso a trav\u00e9s de gestor judicial -de lo que se ha valido el tutelante para dilatar el juicio coactivo-, tales actuaciones no menguan la conclusi\u00f3n de la Corte, en la medida en que de all\u00ed no puede derivarse inter\u00e9s alguno en la soluci\u00f3n de la contienda, la cual compete \u00fanicamente al acreedor y a su deudora. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se advierte que el accionante no ostenta la calidad de parte ni de interviniente en el tr\u00e1mite atacado, por lo que no puede promover el resguardo para atacar las actuaciones emitidas en \u00e9l. <\/p>\n
4. Lo sucintamente consignado impone declarar la improcedencia del resguardo constitucional invocado, por lo que habr\u00e1 de confirmarse la sentencia impugnada, aunque por motivos diversos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada, con base en las precedentes motivaciones y no las del a-quo. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio m\u00e1s expedito a las partes e interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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